El tiempo
pasa rápido. Ya comienza el mes de mayo y hemos dejado atrás el rechazo del
decreto-ley sobre la prórroga de los alquileres gracias a los votos de las tres
derechas en un parlamento en el que la ausencia de ministros socialistas
permitió que todas las personas comprendiéramos que la iniciativa que
permitiría a más de tres millones de españoles estar tranquilos por dos años
sinu que grandes tenedores o fondos buitres aprovecharan para aumentar sus
alquileres era una reivindicación de SUMAR, muy bien recibida por los votantes
de todos los partidos y que sin embargo ha sido torpemente rechazada. El
discurso de Bustinduy, medido en el contenido y en la forma, permanecerá
como expresión de una estrategia política que acabará triunfando gracias a la
extensa movilización promovida y lograda, que se prolongará en este mes de mayo
en nuevos actos. El 1º de mayo ha sido también un momento importante en el
apoyo de esta reivindicación por los sindicatos confederales, que además lo han
incorporado a su Propuesta Sindical Unitaria como un elemento central de la
misma, a la vez que ha servido para reafirmar el compromiso de los trabajadores
y trabajadoras de este país por la paz y contra la guerra.
El problema de fondo es que
paulatinamente se va vaciando de contenido la democracia. La paz y el rechazo
de la guerra como instrumento d e conquista o de dominio de una nación sobre
otra había sido una conquista central de nuestra civilización, y la capacidad
de las Naciones Unidas de mediar en todo tipo de conflictos, pese a su limitada
intervención, había resultado importante como expresión e las reglas que regían
en un orden mundial multilateral que se acomodaba a la globalización económica
y financiera como el espacio en el que se manifestaban la dependencia y la
subordinación entre naciones y se expresaba la enorme desigualdad entre sus
gentes. Ese marco de referencia ha variado sustancialmente ante la irrupción de
una política agresiva e imperialista de Estados Unidos tanto en el comercio
mundial al como en la intervención dominante y violenta tanto en América Latina
y el Caribe como en el deterioro de su relación con algunos países de la Unión
Europea, y especialmente mediante el apoyo sin restricciones al genocidio y a
los crímenes de guerra de Israel, que le ha llevado a la guerra ilegal contra
Irán y la invasión de Líbano, por el momento. En el ámbito interno, Trump está
dinamitando todos los controles institucionales posibles a su actuación, y
quiere reformular las reglas electorales para evitar una derrota en las
elecciones a medio término de noviembre de 2026. Mientras tanto, su actuación
está generando una seria crisis energética en Occidente, a la vez que asfixia
económicamente Cuba y amenaza con invadirla. La impunidad de la que hace gala
hoy el imperialismo norteamericano y su aliado incondicional, el Estado de
Israel, suponen una amenaza directa contra el derecho internacional y las
reglas de convivencia entre las naciones que están siendo continuamente
vulneradas sin respuesta.
Pero no sin consecuencias. Esa
violencia exaltada y convertida en la regla de acción de una superpotencia
mundial se está trasladando también a las pautas de comportamiento que deben
seguir las fuerzas políticas, en especial las que fundan su programa en una
visión plenamente autoritaria y excluyente de otros sujetos que son
considerados enemigos a los que hay que aislar y anular en el campo político y
social. Hay las suficientes señales de la configuración de un programa de acoso
y exclusión de organizaciones sociales y políticas – comenzando por los
sindicatos- que revertirá en cambios trascendentales en la reducción de
derechos ciudadanos, recortes en el gasto social y las prestaciones sociales,
hostilidad antisindical y represión del conflicto, además de un excepcional
incremento de la privatización de los servicios de interés general y de los
bienes comunes.
Todo ello hace saltar las alarmas
sobre el peligro en el que se encuentra el sistema democrático, dado que los
mecanismos de la representación política aparecen contaminados por la capacidad
de orientación y de indicación que se efectúa con el concurso de medios de
comunicación y redes sociales y la pérdida de una cultura ciudadana democrática
que oscila cada vez más hacia la emoción y la imagen estereotipada como
elementos determinantes del sufragio. La redirección de los debates públicos
hacia estos elementos hace que no se tengan en cuenta una buena parte de los
elementos estructurales que han ido mejorando la existencia colectiva de la
gente, y en especial de la gente trabajadora, en un arco temporal ya lo
suficientemente amplio como para efectuar un juicio global sobre este período
que ha permitido un crecimiento en derechos y en mejores condiciones de trabajo
y de vida muy notable, que sin embargo no es valorado – ni siquiera recordado –
en el espacio del debate político, centrado en asuntos mucho mas personalizados
y contingentes, que marcan redes sociales y creadores de opinión posteriormente
replicados en el Congreso y en als declaraciones públicas que a su vez
retroalimentan las informaciones de los medios de comunicación.
Hay excepciones, ciertamente, como
sucedió con el debate sobre la reducción de jornada o actualmente con el de la
vivienda y en concreto con la solución de urgencia de la prórroga de los
alquileres, pero en general el destino de la política aparece desligado de las
grandes cuestiones que afectan al conjunto de la ciudadanía. La obsesión por el
liderazgo, la personificación en el líder de circunstancias carismáticas y la
condensación en su persona de todas las energías negativas o positivas,
funciona también como un mecanismo de despotenciación democrática, entendida
como incapacidad de ser reconocida la política como una acción colectiva y
general de grupos sociales que pretenden realizar una cierta idea de sociedad y
atender a los problemas reales de la población. Es siempre complicado colocar
en primer plano de la política la problemática de la explotación laboral y la
necesidad de dotar a la gente trabajadora de instrumentos de defensa y de
reivindicación para ampliar sus derechos y mejorar sus salarios y sus
condiciones de trabajo. Ese ámbito de la vida social, que es fundamental, se
escinde de la acción política tal como se presenta en la contienda electoral, y
no ocupa el espacio primordial que sin embargo cualquier fuerza de izquierdas
debería asignarle como elemento básico del proyecto de reformas que se quiere
llevar a cabo a través de la representación política electoral.
Este proceso debe funcionar
también a la inversa. Es decir, el trabajo y el mecanismo de subordinación que
plantea el sistema de libre empresa debe ser objeto prioritario de atención de
la política si se quiere cambiar la sociedad a partir de la acción parlamentaria
y de gobierno. Pero también es imperativo que en el espacio-empresa se plantee
la necesidad de reforzar y modificar los mecanismos democráticos que posibilite
la intervención de las personas que trabajan en las decisiones de las empresas
en materia de empleo y de condiciones de trabajo.
El Ministerio de Trabajo y
Economía Social entendió que este era un terreno importante de intervención
política y encargó un Informe sobre Democracia en el trabajo a una comisión
internacional que presidió la profesora Isabelle Ferreras. Un resumen de
su contenido y propósitos se ha publicado en este blog y puede encontrarse
aquí: https://baylos.blogspot.com/2026/02/el-informe-de-la-comision-internacional.html.
El encargo formalmente se insertaba en la necesidad de desarrollar el art.
129.2 CE tras casi cincuenta años de no haberlo activado. Pero si esto es así,
y en efecto el Informe lo que procede es a ofrecer un análisis teórico de los
retos que la participación de las personas trabajadoras plantea a la
organización de la empresa en el marco de la economía de mercado y a
suministrar algunas soluciones de carácter técnico-jurídico, lo que hay detrás
es un planteamiento político fundamental: la empresa no puede quedar, como
institución central del tejido económico y social de nuestro país, sin
incorporar elementos democráticos en su estructura y acción social.
Es una reivindicación democrática
muy sentida ya desde el comienzo del debate constitucional. Marcelino Camacho
insistía en una frase célebre que la democracia no puede quedarse a las puertas
de la verja de las fábricas, y los trabajadores y las trabajadoras no se
despojaban en los vestuarios de la empresa junto con su ropa de calle, también
de sus derechos como ciudadanos y ciudadanas. Es más, cuando insistió y logró
mediante una enmienda del PCE que se incluyera en el art. 35 CE la necesidad de
un Estatuto de los Trabajadores, su idea era la de crear un texto legal que
garantizase, en la empresa y en los lugares de trabajo, los derechos
fundamentales de ciudadanía que gozaban
las personas trabajadoras también mientras efectuaban su prestación de trabajo,
siguiendo el ejemplo del Statuto dei Lavoratori italiano.
La empresa es una entidad
fundamental en torno a la que se diseñan las relaciones económicas del llamado
libre mercado, y su existencia está garantizada institucionalmente por el
Estado y los poderes públicos. Pero es además un sujeto político que construye
relaciones sociales y que sin embargo se concibe como un espacio inmune a las
formas democráticas que necesariamente tienen que acompañar a las entidades que
se despliegan en el espacio público y privado de nuestra sociedad. Como diría
el profesor Umberto Romagnoli, el enigma de la empresa consiste en que es un
elemento central en la configuración del sistema democrático, que no se
considera tal si no reconoce la libre empresa, pero la empresa en su gobierno y
estructura repelen cualquier instancia democrática. “La empresa puede ser
monárquica o republicana, pero nunca democrática”.
La empresa es un espacio en el
que se ejerce un poder privado sobre las personas que trabajan para ella cuya
única legitimación es el dinero y la capacidad de éste de producir beneficios.
Es un poder que no se discute ni se comparte y que determina en lo concreto una
parte relevante de la vida de las personas. Durante la permanencia en el
trabajo, la existencia de estas personas es siempre ordenada, dirigida, alejada
de la capacidad de incidir en las decisiones que les afectan directamente en su
empleo y en su existencia social.
Pero esta suerte de inmunidad
frente a las reglas democráticas en su gobierno tiene que ser necesariamente
abolida. Y la forma de hacerlo es doble, de un lado, a través de la ampliación
de los derechos de información y consulta de las representaciones colectivas y
sindicales sobre las decisiones fundamentales de la empresa no solo sobre las
relaciones de trabajo sino sobre la propia organización de la empresa, su
construcción compleja y descentralizada. De otro, interviniendo en el propio
gobierno de las sociedades mediante su participación en sus órganos de
gobierno, en la línea de las mejores experiencias europeas al respecto.
Estas dos formas de
democratización – la vía de la “voz” y la vía de la propiedad – implica dar
cumplimiento al precepto constitucional del 129.2 CE y la urgencia de conocer
la empresa como un sujeto que debe acomodar su estructura y su gobierno a
reglas democráticas en las que las personas trabajadoras participen en –
condicionen la- toma de decisiones.
Al margen de la difusión que se
está efectuando sobre el contenido del Informe en el espacio del conocimiento
experto, y a nivel internacional, es imprescindible que este tema se integre en
el debate y la discusión política actual.
Se trata además de un problema de
perspectiva. El tema de la democracia en el trabajo implica necesariamente
reivindicar un enfoque clasista, que establece la crítica social y política al
trabajo y la explotación como eje central del cambio social y por tanto como
seña de identidad de la acción política de la izquierda. Una forma de abordar
el conflicto y el proceso de reformas que reivindica la labor de la
intervención pública y colectiva sobre el trabajo, al lado ciertamente de la
reivindicación de los derechos de ciudadanía y de la prestación de servicios
públicos o la invención de nuevos derechos
- derecho al cuidado – pero sin que este aspecto importante, volcado
sobre la reforma del Estado, opaque o sustituya la necesidad de reformar la
empresa y las relaciones de explotación que se producen en este espacio de
dominio.
Una implicación por consiguiente
de los sujetos políticos y de los sindicatos de clase, que debe incorporarse al
discurso general y formar parte del campo en disputa de las posibilidades
concretas de modificar el marco institucional actual.
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