Absorbidos por los sucesos europeos, en especial con la potente
degradación de los derechos humanos que se está produciendo en la Unión Europea
en torno a la denominada “crisis” de los refugiados y la resolución del Consejo
europeo de marzo de este año con el acuerdo con Turquía y las deportaciones
masivas de refugiados, en clara denegación de las normas internacionales,
se está descuidando la atención sobre otros escenarios de conflicto abierto muy
problemáticos que se alinean con un panorama global en el que el neoliberalismo
se muestra como un formidable enemigo de la libertad de los pueblos y de los
derechos humanos. Es el caso de Brasil, en donde la democracia se encuentra
amenazada.
Dilma Rouseff, presidenta de Brasil tras un ajustado escrutinio, no
debería haber vencido las elecciones. Los brasileños deberían haber elegido al
candidato que lideraba la coalición de centro-derecha. Este era el designio del
poder económico-financiero en Brasil, que se correspondía con la necesidad de
dar un giro político definitivo en todo el continente sudamericano, y en
especial en los dos grandes actores económicos y políticos de la zona,
Argentina y Brasil. En Argentina, en gran medida merced a los errores del
kirchnerismo en la selección de candidatos y la conocida patrimonialización del
espacio público por el peronismo, los pronósticos del conglomerado
económico-financiero se cumplieron, y lograron la victoria de Macri y su gobierno repleto de CEOs de
las correspondientes multinacionales. En Venezuela, el sistema chavista se
encuentra fuertemente debilitado pese a su presidencialismo, ante la victoria
de una oposición eficientemente unida desde la extrema derecha hasta una parte
del centro-izquierda, que le ha arrebatado el control del parlamento. Son bien
conocidas las dificultades del gobierno democrático de Ecuador, y la
legitimidad de Evo Morales en
Bolivia se encuentra muy deteriorada, tras la pérdida del referéndum. En Chile,
el programa de reformas de progreso de Bacehelet
se estrella una y otra vez con una oposición post-pinochetista que tiene
sólidos aliados en el interior del bloque mayoritario de gobierno, y reproduce
los esquemas básicos del neoliberalismo autoritario que se impuso en materia
económica y social en la transición a la democracia. Perú se desliza hacia un
posible escenario electoral en el que la sombra del fujimorismo y su
autoritarismo político y social es una amenaza muy presente, y Colombia,
paradójicamente, abre un espacio de debate político democrático interesante con
la posible transición que lleve consigo las conversaciones de paz y los
esfuerzos por la reinstalación de los combatientes en un tejido social lacerado
por el neoliberalismo, la privación de derechos sindicales y la guerra. Frente
a ese panorama, sólo Uruguay, con la nueva victoria del Frente Amplio y Brasil,
con la re-elección de Rouseff,
expresaban el consenso mayoritario de los ciudadanos respecto de las políticas
de progreso y de emancipación social en un contexto global especialmente
contrario a las mismas.
Pero Brasil es en si mismo un
continente y su peso específico en materia económica y en el contexto
internacional, algo decisivo. Sucede además que el modelo de desarrollo
económico y social que éste país había ido construyendo en los dos períodos de
presidencia de Lula (2002-2010) y en el primer
cuatrienio de Dilma (2010-2014), estaba
posiblemente agotado, y la capacidad del PT de generar un nuevo diseño de las
políticas de reforma y de transformación social, se encontraba paralizada entre
la división interna en este Partido entre sus sectores social-liberales y los
que por el contrario mantenían, de manera más inteligente, la necesidad de dar
un salto en la estrategia de reforma. Esta paralización interna del PT
permitía, tras las últimas elecciones, una contra-ofensiva de los sectores que
habían perdido las mismas, de manera que a través de una estrategia de
movilización social orientada mediáticamente, pudieran recuperar no sólo la
iniciativa política – obligando al gobierno Dilma a concesiones importantes en su política económica – sino a
algo más importante, la ablación de esta mayoría democrática conseguida
mediante el peso de los votos de las clases subalternas, a fin de cuentas superior numéricamente. Un resultado que debía revertirse.
A partir de un plan
minuciosamente ejecutado, el elemento central de la acusación que permitiera la
reversión del resultado democrático era la denuncia de la corrupción del PT –
que había ya tenido importantes precedentes en años anteriores, estando Lula de presidente - , la complicidad
con la misma de la presidencia de la república y, de manera muy especial, la
implicación del ex presidente Lula
en la misma, cuestión fundamental puesto que es conocido que la popularidad de
éste y su capacidad de liderazgo impediría, si se presentara como es seguro en
las próximas elecciones, la victoria de un nuevo candidato conservador. De tal
manera que, a través de las investigaciones sobre los vínculos entre la gran
compañía estatal de combustible, Petrobrás, y una serie de dirigentes del PT en una amplia operación de lavado de dinero,
surge la acusación explícita a Lula de que posee un ático espectacular en Sao
Paulo, como fruto ilícito de cohechos y sobornos de la compañía. La operación
es dirigida a través de un juez que la inicia, en Curitiba (Paraná), que en sus
propios autos se identifica con el sujeto providencial que puede acabar con
Lula como en Estados Unidos se acabó con Nixon en el Watergate, y que
desarrolla toda una serie de acciones claramente vulneradoras de las garantías que
debe rodear a cualquier proceso penal de imputación a una persona, desde la
conducción forzada, mediante enorme despliegue policial, a declarar al
imputado, cuando éste se podía perfectamente personar voluntariamente, hasta la
autorización de las escuchas telefónicas del ex presidente con sus abogados y
con la propia presidenta de la República, en plena privación de la intimidad.
Estas actuaciones penales, con la plena adhesión del aparato policial, están
retroalimentadas por una impresionante campaña de opinión que lleva a cabo el
grupo mediático más importante del país – O
Globo – que a su vez mantiene una importante tensión movilizadora mediante
la convocatoria de actos de repulsa a la corrupción e impresionantes
manifestaciones en donde ya abiertamente se pide no sólo la dimisión – el impeachment – de la Presidenta (tramitado en la Cámara de Diputados en diciembre del 2015), sino
directamente la declaración de un estado de excepción que gestionen las fuerzas
armadas y revierta la decisión democrática que eligió a Dilma Rouseff.
El diseño mediático-policial, es
acompañado por las fuerzas políticas de la oposición, pero no lo protagonizan,
apareciendo correctamente como comparsas de una operación de la que pueden
beneficiarse, pero sólo cumpliendo el rol de legitimar a posteriori el golpe
blanco que organiza y dirige el complejo económico-financiero brasileño. La inestabilidad política que normalmente se analiza como un elemento negativo para la economía no parece importar ahora, cuando la inestabilidad proviene de una amplia operación de desestabilización democrática. El
clima de odio entre ciudadanos – muy teñido por un prejuicio de clase y de raza
– forma parte de este diseño, y da por supuesto que la resistencia del PT y de
las clases populares puede quebrarse. Sin embargo, las manifestaciones del 18
de marzo en todo el país – una marea de color rojo, frente a la que ostentaba
los colores amarillo y verde de la bandera nacional que distinguían las
efectuadas el día 13 del mismo mes contra la presidenta Dilma y por el
procesamiento del ex presidente Lula y, mas en extenso, contra el propio Partido de los Trabajadores – pusieron de manifiesto que la mayoría
democrática tiene todavía un fuerte arraigo de masas.
El juego no ha terminado. La
presidenta ha nombrado a Lula ministro en su gabinete, y esta decisión ha sido
a su vez suspendida por otro juez federal – del que por otra parte se ha
conocido su posición política públicamente exteriorizada de extrema oposición a
Dilma y al PT – y esta decisión ha
sido confirmada por otro juez del Supremo Tribunal. Es por tanto posible que en
los próximos días Lula ingrese en
prisión por orden del mesiánico juez Moro.
Lo que está claro es que el diseño desestabilizador es eficaz y está
generando un clima de enfrentamiento civil extremadamente fuerte, que sin
embargo no se conoce en su complejidad ni se explica por los medios de
comunicación de cobertura global, ni particularmente por los medios españoles,
siempre proclives a reproducir la visión de sus colegas brasileños, y por tanto
a alimentar el proyecto político que quiere deslegitimar y revertir el
resultado electoral que llevó a la presidencia de la República a Dilma Rouseff. Es cierto que Brasil no
es Honduras – recordemos el golpe que desalojó al presidente Zelaya del poder y lo sustituyó por
gobiernos títeres que han procedido a la vulneración sistemática de los
derechos humanos en aquel país – pero el diseño de golpe blanco – la
destitución de la Presidenta, su sustitución por otra autoridad del Estado y la
tutela militar y policial de esta reversión democrática – es muy semejante.
Cuando la presión mediática ha sido más fuerte, en perfecta sincronía con la
acción policial, se han producido numerosos asaltos a las sedes sindicales y
del PT, cuyos militantes están en estado de alerta defendiendo sus locales
reunidos en asamblea.
Es decir, que el golpe puede
costar caro a sus promotores. Hay una amplia movilización popular en contra,
que se ha expresado de forma contundente en la calle el viernes pasado. La
crisis en la izquierda brasileña no ha impedido que se cerraran filas en contra
de este intento de desarmar la democracia.
También en el ámbito de lo jurídico se suceden los pronunciamientos
sobre el aspecto estrictamente garantista y constitucional de estos procesos de
desestabilización. Hay muchas declaraciones – desde los colegios de abogados,
especialmente agraviados por la ruptura sistemática de las comunicaciones entre
letrado y cliente, hasta jueces y magistrados que ponen en duda la actuación
del juez instructor, por su carácter mesiánico y por el rol protagonista
mediático que asume con entusiasmo, como su condición de miembro del Opus Dei –
pero aquí en el blog traemos a colación la que han realizado un amplio grupo de
juristas mineros – de Minas Gerais – que ha organizado un viejo amigo y
propagandista de este blog, Jose Eduardo de Resende Chaves Junior, o sea, Pepe
Chaves, al que se han adherido una larga serie de profesores y magistrados
en el ámbito internacional, y del que se ofrece aquí la versión en castellano.
La situación en Brasil merece por
tanto la atención de los progresistas de Europa, porque denota la agresividad
del poder económico-financiero y el universo político antidemocrático que nutre
su acción y alimenta su influencia. También la cada vez mayor capacidad de los
medios de comunicación para construir escenarios políticos alejados del debate
sobre las condiciones reales de existencia, sustituyéndolo por imágenes y
hechos distorsionados que proyectan una falsa realidad manipulada para generar
impulsos de violento rechazo del cuadro democrático, donde las condicionantes
de clase – las clases medias – y de raza, determinan necesariamente el rechazo
a un sistema que permite mayorías sostenidas por las clases subalternas en las
que el color de la piel no funciona como un elemento discriminatorio.
La democracia en Brasil está
amenazada. Hay que defenderla, y se comienza a hacerlo extendiendo las llamadas
a la solidaridad que desde aquel país nos envían a los demócratas progresistas
del resto del mundo, en especial a los que nos consideramos tal en el ámbito
del Estado español.
Este es el texto del manifiesto:
JURISTAS DE BRASIL (ESTADO DE
MINAS GERAIS) EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA
Para el poder ideológico que
ataca a la democracia en forma disfrazada, lo importante no es vivir en una
democracia, sino que la gente ingenuamente crea que vive en ella. Lo mismo
ocurre con el Estado Constitucional. Ahora lo que vemos que sucede de manera
agresiva es un teatro en el que la forma oculta el contenido. Juicios,
procesamientos, coches de policía, parlamentarios, periódicos, televisión,
togas, birretes, trajes y corbatas... un aparato tragicómico, todo para
justificar el desmantelamiento de un proyecto de transformación social.
Parece que ya no hay espacio para
el “golpe de Estado” al estilo de los años 1960 y 1970. Los tanques de guerra
en las calles, las detenciones sin orden judicial, la tortura abierta, no
parecen complacer a la mayoría de la opinión pública mundial. Los golpes son
ahora más sofisticados. Los medios de comunicación parecen haber perdido la
vergüenza respecto a la manipulación, distorsión y ocultación de los hechos.
Hay más tecnología para ensimismar a las personas, y el teatro del absurdo es
permanente. Asistimos al espectáculo de las cárceles, la exposición de las
personas a la destrucción pública.
El discurso de lucha contra la
corrupción es instrumentalizado para ocultar los verdaderos intereses que lo
mueven, y la historia parece repetirse: Sucedió en 1954 con Getúlio Vargas y en 1964 con Gulart.
En medio de todo esto, un grupo
de personas están perdidas en el fuego cruzado de la guerra ideológica que
fomenta el odio a la diferencia. Estudiar, entender lo que está sucediendo, es
posible y necesario.
Los militares tienen la función
constitucional de preservar la soberanía nacional democrática, nunca podrían
intervenir para destruirla como algunos pocos desean. Estamos en medio de una
guerra ideológica y económica. La solución es más democracia, mayor
participación, información pluralista y respeto a la Constitución.
Lo que se espera de las
autoridades estatales y sus poderes es la imparcialidad que les da sentido. El
espíritu republicano, más allá de las creencias personales y las ideologías, impone
a todos los ciudadanos responsables de la interpretación y aplicación de la
ley, del poder judicial o del Ministerio Público, una rigurosa imparcialidad en
el ejercicio de sus funciones.
En el desempeño de estas
funciones vitales no puede haber preferencias o antipatías ni –mucho menos–
odio político o de cualquier otro orden. Estos ciudadanos, en el ejercicio de
sus funciones, no pueden tener otra ideología que la que constitucionalmente
está precisada: el respeto a la ley, a la Constitución, a las normas, a los
principios y a los valores que fija la propia Constitución. Están vinculados
por estos conceptos fundamentales, inmodificables por cualquier mayoría
parlamentaria o por cualquier decisión que se corresponda con una opinión
pública aunque haya obtenido un amplio consenso mediático. Se vinculan, así, a
la misión esencial de la función judicial de preservar la norma constitucional
de garantía de los derechos fundamentales de la persona humana.
El papel de la Constitución, en
la democracia, es evitar que tentaciones mesiánicas puedan llegar a ser en
algún momento coercitivamente eficaces. No hay necesidad de probar el veneno
para descubrir que mata. No necesitamos volver al autoritarismo para saber que
mata, tortura y destruye. La Constitución es intocable; sus preceptos
fundamentales y básicos sobre el sistema de derechos y de garantías se
confunden con la democracia.
La lista de adhesiones
internacionales se puede ver en la entrada en paralelo que se abre en el blog
hermano “Ciudad Nativa”: Manifiesto de juristas con adhesiones internacionales
