COMIENZA AGOSTO, SIGUEN LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS Y SINDICALES EN HONDURAS

Comienza el mes de agosto y muchos ciudadanos se encaminan - como el propio cuidador de este blog - hacia el merecido reposo anual. Pero no hay vacaciones para las violaciones de derechos humanos y sindicales. El caso de Honduras ha sido denunciado por la Confederación Sindical Internacional en el comunicado de ayer que reproducimos aquí.

Serias violaciones de derechos humanos y sindicales tras el golpe de estado en Honduras

Bruselas, 31 de julio de 2009:La CSI condena una vez más contundente el Golpe de Estado en Honduras, ejecutado por fuerzas militares el 28 de junio al secuestrar, destituir y expulsar del país al presidente Manuel Zelaya Rosales, como lo hiciera junto con su organización regional, la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) el 8 de julio de 2009.

El repudio internacional al golpe de estado ha sido masivo, tanto a nivel político como sindical y la comunidad internacional a través de la Asamblea de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos han expresado su condena y rechazo al golpe militar y han solicitado de manera unánime y contundente el retorno al orden constitucional y el respeto del estado de derecho a través de la restitución de Manuel Zelaya su Presidente legítimo.

No obstante, a pesar de la presión ejercida sobre el gobierno de facto de Micheletti, entre ellas la suspensión de Honduras de la Carta Democrática de la OEA decretada tras el golpe de Estado del pasado 28 de junio, la suspensión de la ayuda económica y militar de EE UU y la revocación de visas a cuatro prominentes golpistas, la situación no se ha resuelto, la intermediación del Presidente Oscar Arias no ha avanzado ni se ha cumplido el Acuerdo de San José para la reconciliación nacional y el fortalecimiento de la democracia en Honduras presentado a las partes el 22 de julio.

La CSI condenó el Golpe de Estado en Honduras, ejecutado por fuerzas militares el 28 de junio al secuestrar, destituir y expulsar del país al presidente Manuel Zelaya Rosales, junto con su organización regional, la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) el 8 de julio de 2009. (http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Resolucion_Honduras_CE_de_la_CSA_-_EN.pdf )

Tras el golpe de Estado se han constatado graves violaciones a los derechos humanos por lo menos 8 asesinatos, más de 150 detenciones y heridos, múltiples amenazas, cercenamiento de la libertad de expresión e información y restricciones a la libertad de circulación, en un contexto de clara persecución política que afecta especialmente a dirigentes políticos y sindicales, defensores/as de derechos humanos, líderes sociales, periodistas, ciudadanos/as extranjeros/as, entre otros. Integrantes de la resistencia nacional fueron brutalmente reprimidos por el ejército y la policía nacional, entre ellos campesinos, obreros, estudiantes, amas de casa, maestros, vendedores ambulantes y 250 personas fueron apresados por la policía y militares en Olancho durante una toma de carretera para protestar contra el régimen golpista y exigir la restauración del orden democrático en el país.

Dado que no hay indicios de una pronta restitución del orden institucional, la CSI reclama a la ONU, la OEA, la Unión Europea, los Gobiernos y la comunidad internacional en general que hagan todo lo necesario a fin de:

* Mantener su condena al golpe de Estado y que insista de forma más enérgica la restitución a la brevedad de Manuel Zelaya, Presidente constitucional de Honduras y así restaurar la democracia en ese país;
* Mantener la suspensión de las relaciones diplomáticas con el régimen de facto y de toda ayuda económica o financiera;
* Desconocer todas las medidas, decretos y disposiciones implementadas por el gobierno de facto
* Implementar todas las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos y sindicales
* Apoyar la decisión de la Unión europea de suspender las negociaciones del Acuerdo de Asociación con América central hasta que se restituya el orden constitucional en el país
* Apoyar en todo lo posible la próxima misión internacional de solidaridad de la CSI y la CSA con sus tres afiliadas en Honduras, la CUTH, la CTH y la CGT.

ÚLTIMO NÚMERO DE LA REVISTA DE DERECHO SOCIAL.

La aparición del número 46 de la Revista de Derecho Social es, como cada trimestre, un acontecimiento, que moviliza a multitud de lectores, analistas e interesados genéricos. En la fotografía, se puede apreciar la reagrupación de afinidades selectivas que éste hecho cotidiano produce entre un importante número de estudiantes y becarios de investigación en ciencias del trabajo de la Universidad Popular Angel Rozas de la ciudad de Parapanda.

Acaba de salir el número 46 de la Revista de Derecho Social, correspondiente a abril-junio del 2009. La revista mantiene su apuesta por una intervención teórica activa en la realidad social española, desde una perspectiva garantista de los derechos de los trabajadores y de las organizaciones sindicales que les representan.

En esta ocasión, la reflexión que propone el Editorial de este número 46 - ¿por qué no proponer al Consejo Editorial una publicación ordenada de una selección de los editoriales de la RDS, que darían un buen reflejo de la evolución del derecho del trabajo español desde 1998 hasta la actualidad? – gira sobre el trabajo cultural que el área social y política que considera central en la sociedad el hecho del trabajo debe llevar a cabo para conseguir una hegemónica cultura del trabajo. Esta reflexión se continúa en un “experimento” que se pone en práctica en la sección de Debate, en la que un laboralista – Rafael Sastre – y un penalista – Juan Terradillos – analizan a partir de la literatura naturalista española la imagen del trabajador que resulta de la misma, a partir eso sí de la constatación previa de la ausencia de esta figura en la percepción del mundo que transmite aquella literatura. Los dos autores de referencia son Pardo Bazán y Blasco Ibáñez, cuyas respectivas obras – poco conocidas – La Tribuna (1883) y El Intruso (1904), son examinadas por ambos profesores de manera que nos ofrecen pistas muy sugerentes sobre la forma de construir la identidad obrera y el lenguaje que lleva consigo este empeño.

En la sección de Estudios, resulta muy relevante el tema del despido. Un artículo de Antonio Baylos recoge las consideraciones que sobre el despido individual y la garantía del derecho al trabajo este autor había venido haciendo en el Seminario internacional organizado por la Fundación 1 de mayo en abril de este año, y en las Jornadas de Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO en Albacete, en junio. Su texto es en definitiva una prolongación del libro que, con Joaquín Pérez Rey, ha publicado recientemente en Trotta, El despido o la violencia del poder privado, y que acaba de publicar su segunda edición en julio de 2009. Además del artículo de Baylos, Daniel Toscani realiza un examen instrumental de las garantías del trabajador ante los supuestos de despido arbitrario o provocado por el empresario.

Junto a ello, el número 46 de la Revista incluye un muy sugerente trabajo de los profesores de EHU/UPV, Mikel de la Fuente y Juan Hernández Zubizarreta, que enfoca el tema de las empresas transnacionales y las posibilidades del control de la regulación por las mismas de los derechos laborales a partir de la acción social y sindical. Se trata de un texto que sin duda será objeto de debate y comentario extenso. Para cerrar el apartado de Estudios, Miguel Ángel Purcalla expone el “estado de la cuestión” de la introducción del teletrabajo como sistema de organización del trabajo tanto el las empresas privadas como en los organismos públicos.

Como se sabe, la RDS dedica un amplio espacio a la crónica de las decisiones jurisprudenciales, reseñando las más relevantes y seleccionando algunas para un comentario teórico más detenido. Es el caso del tratamiento de los datos personales de los ciudadanos europeos no nacionales, que realiza Susana Rodríguez Escanciano (universidad de León), sobre una decisión del TJCE, o los más incisivos comentarios de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre historial clínico y derecho a la intimidad, que lleva a cabo Jaime Cabeza, de la Universidad de Vigo, o la criticable doctrina del Tribunal Supremo sobre el despido objetivo por descentralización productiva que realiza Carlos Alfonso, de la Universidad de Valencia.

Cierra el examen jurisprudencial un texto de la profesora de la Universidad de Cádiz, María Revelles, sobre derecho penal del trabajo en el que se analiza el art. 316 CP como norma penal en blanco. En el apartado de negociación colectiva y conflictos, Alejandra Selma, de la Universidad de Murcia, se adentra en el confuso problema de la negociación colectiva de los trabajadores autónomos.

Por último, una sección de bibliografía ofrece la reseña de algunas novedades editoriales con relevancia en materia jurídico-laboral.

NUEVA REVISTA DE LA FUNDACIÓN 1 DE MAYO: EN TORNO AL DIÁLOGO SOCIAL

Acaba de publicarse en la red el último número de la Revista de la Fundación 1 de mayo, que se dedica en su práctica totalidad, a analizar los vericuetos y las desavenecias del acuerdo en materia de política social ante la crisis. Rodolfo Benito dedica a este tema una presentación que se incorpora al sumario. En la foto, algunos lectores de la Revista comentan estos temas a la salida del Ateneo Karl Korsch de la ciudad de Parapanda.

Revista de la Fundación 06 Agosto 2009

El número de Agosto de la Revista de la Fundación recoge los textos de Ramón Górriz, Antonio Baylos, Joaquín Aparicio, Carlos Prieto, Amaia Otaegui y los indicadores sobre datos de situación de convenios colectivos, ERE y expedientes del Fogasa. En la presentación del número 6, Rodolfo Benito señala que "se equivoca la CEOE. El giro radical dado a sus propuestas en la negociación del diálogo social supone de hecho dar la espalda a un escenario de crisis". [DESCARGAR PDF]



Indice Revista 06 Agosto 2009
Rodolfo Benito
La posición de la CEOE ha hecho imposible que la negociación pudiera culminar con un acuerdo.

Ramón Górriz
¿Es necesaria una reforma de la articulación de la negociación colectiva?

Antonio Baylos
CEOE y diálogo social: ¿una decisión sin costes?

Joaquín Aparicio
Las cuotas a la Seguridad Social no se deben rebajar.

Carlos Prieto
Crisis económica, reforma laboral y régimen de empleo.

Amaia Otaegui
Superar las diferencias salariales a través de la negociación colectiva.

Indicadores
Datos de situación de convenios colectivos, EREs y expedientes del Fogasa.

Presentación Revista 06 Agosto 2009

Rodolfo Benito
La posición de la CEOE ha hecho imposible que la negociación pudiera culminar con un acuerdo
Hay una primera constatación en esta fase del dialogo social, la actitud de CEOE y su trayectoria errática y contradictoria en la mesa de negociación, que ha culminado con la presentación de un documento-propuesta, el del 23 de julio, ponía patas arriba un proceso en el que CEOE estaba participando.

El documento de CEOE ha sido sobre todo una enmienda a la totalidad al proceso de dialogo social, que tenia una única pretensión, tal y como se ha puesto de manifiesto en las conversaciones de los últimos días, la de reabrir toda la negociación volviendo a poner encima de la mesa temas tales, como el abaratamiento del despido y la reducción de cotizaciones sociales, que de común acuerdo habían quedado aparcados para favorecer el dialogo y abrir las expectativas para poder alcanzar un acuerdo.

Sin duda el documento base que se estaba discutiendo tenia marcadas insuficiencias, como las relativas a la protección social a las personas o la tan sensible y conflictiva reducción de las cotizaciones sociales.
Pero la posición de la CEOE ha hecho imposible finalizar con éxito esta parte de la negociación, en la que la protección a las personas y las medidas de estimulo a la economía son prioritarias.

El documento de 23 de Julio de CEOE ha buscado la imposición de un programa de máximos inasumibles para los sindicatos, y para la sociedad española, que se adentra por caminos que suponen la reducción de derechos para los trabajadores y trabajadoras, además de volver a posiciones que han venido debilitando un modelo de crecimiento sostenible y productivo en nuestro país y que están en la génesis de fuerte desempleo que ha alcanzado, en este periodo de crisis aguda, la sociedad española.

Y cierto es lo que quizá solo sea una casualidad, pero los giros en la negociación que ha ido produciendo la CEOE, han coincidido con un encuentro, por cierto no discreto, sino publico con el Partido Popular y de otra con la publicación de los datos de empleo del segundo trimestre de la Encuesta de Población Activa en los que ya se preveía un nuevo incremento del desempleo.

Ahora bien con encuentros o sin ellos, la vía para salir de la crisis, en ningún caso puede ser la de la reducción de los costes laborales desde una continua presión sobre el factor trabajo, como tampoco la de infligir una sustancial descapitalización del sistema de seguridad social, que en si mismo es un factor de cohesión social y por tanto de crecimiento, o la de la descausalizacion del despido junto a su abaratamiento.

Se equivoca la CEOE, el giro radical dado a sus propuestas, supone de hecho dar la espalda a un escenario de crisis, que exige de una salida concertada a la misma, pero sobre bases sustancialmente distintas a las de insistir en un mercado laboral altamente precarizado como base fundamental de la actividad económica e industrial a desarrollar en nuestro país en los próximos años.

Las medidas han de resultar coherentes y alinearse con las causas de la crisis económica. Si resulta unánime la opinión de la inexistencia de conexiones entre la actual crisis económica y la regulación del mercado de trabajo, no resulta en modo alguno congruente querer aprovechar la presente situación para reducir o eliminar derechos sociales. O en palabras más enérgicas, es políticamente indecente pretender desplazar a los trabajadores una parte sustancial de los costes de la crisis económica.

No son momentos para sacar nuevas ventajas de la crisis, sino para arrimar el hombro en la dirección de trabajar sobre iniciativas y medidas que exigen, además de un fuerte compromiso público, de un fuerte compromiso, también empresarial, en materia de inversión y de creación de empleo.

De la crisis no se sale deteriorando los derechos laborales y reduciendo el papel de los sistemas de protección. Numerosos estudios económicos coinciden en que la desregulación del mercado de trabajo es incompatible con un incremento relevante de la productividad.
Y se equivocaría el Gobierno si no entiende que medidas como la de la protección a las personas que estando en situación de desempleo carecen de algún tipo de prestación, se puede saldar con una medida de alcance temporal de seis meses, que siendo un avance, es a todas luces insuficiente, más teniendo en cuenta la persistencia de la crisis y el alto volumen de personas que en los próximos meses, dejaran también de tener algún tipo de ingreso.

Como es necesario y urgente adoptar nuevas medidas de estimulo a la economía, algunas de ellas muy avanzadas en el proceso de negociación, que han de contribuir a reducir de un lado la actual tasa de desempleo y de otro iniciar la transición para el tan demandado cambio en el patrón de crecimiento.

Proceso este, el del cambio en el modelo productivo, que se ha de abordar con la participación activa de los agentes sociales y no desde meros procesos de información y consulta.

El cambio de patrón de crecimiento exige de una estrategia a medio y a largo plazo, que no puede realizarse ni a golpe de reformas legales ni por acumulación de medidas inconexas y coyunturales. Y ello exige además apostar por cambio proactivo frente a ajuste pasivo
Como es preciso también un fuerte liderazgo institucional, junto a redefinir el papel de lo público y su relación y coordinación con el sector privado. La norma del sector público, en ningún caso puede ser la espontaneidad y mucho menos basar sus acciones en el cortoplacismo.

Los sindicatos han reiterado el compromiso con el dialogo social, que no es otra cosa que un firme compromiso también por el empleo y los derechos sociales.