NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN ITALIA. ¿CRISIS DE SISTEMA?

Los sistemas nacionales europeos de negociación colectiva están suifriendo cambios importantes. Hay un esquema de organziación de la norma colectiva diferente que emerge de las instrucciones de las autoridades monetarias en la crisis y que busca una modificación importante del alcance del poder contractual del sindicato. A continuación se inserta un relato sobre las modificaciones del 2010 - 2012 del sistema contractual italiano.

La llegada al poder nuevamente – tras el 2006 - de la coalición conservadora “Pueblo por las Libertades” comandada por Berlusconi en el 2008, comenzó a inducir cambios muy relevantes en materia de relaciones laborales y, muy especialmente, en el sistema sindical de hecho vigente en Italia. Ante todo, y de forma muy llamativa, mediante la ruptura de la unidad de acción entre los tres grandes sindicatos confederales y el aislamiento de la CGIL como “sindicato de la oposición”. Este clima de división que conduce a una cada vez más frecuente práctica de “acuerdos separados” y ello pese a que  se realizan esfuerzos importantes por intentar ofrecer un frente común y un proyecto de acción en la negociación colectiva. 

Así, en 2008 los tres sindicatos confederales establecen unas líneas directivas para reformar “la estructura de la negociación colectiva”, en donde se revisa el acuerdo de 1993 y se acuerda dar mucho más espacio a la capacidad de las representaciones sindicales de llegar a acuerdos de empresa – el “segundo nivel” – de manera que los convenios colectivos nacionales deben necesariamente prever las materias y los supuestos que estos convenios de empresa deben regular, recomendándose en concreto el tema de los componentes salariales de la productividad y calidad del trabajo y los procedimientos de información y consulta sobre los aspectos financieros de la empresa para poder “leer” su programa de acción, junto con las materias de formación profesional, organización del trabajo y flexibilidad negociada, entre otras.

Pero este acuerdo no impide la firma de algunos convenios colectivos nacionales muy significativos como el de los metalmecánicos, por los sindicatos “no mayoritarios”, sin el acuerdo de la FIOM-CGIL, el sindicato ampliamente dominante en el sector, ni tampoco la división sindical basada en la valoración negativa de una serie de reformas laborales emprendidas por la coalición conservadora sostenidas por CISL-UIL, y la consiguiente conflictividad político-social mantenida, de forma muy decidida, por la CGIL como figura canalizadora de la oposición social, que también se va manifestando en la emergencia de otros movimientos no organizados de forma permanente, como el “pueblo violeta” del movimiento de mujeres, u otros colectivos de trabajadores precarios y desempleados, con especial relevancia de los correspondientes al sector del conocimiento y de la escuela y su alianza con un importante movimiento estudiantil.

Pero es en el 2010 cuando el sistema sindical italiano conoce un punto de inflexión a partir de la imposición violenta de una “legalidad” unilateral de empresa que se coloca fuera de la norma estatal y del sistema de negociación colectiva, creando un espacio de regulación propio basado sobre un mecanismo de sumisión que sustituye la lógica bilateral del conflicto y de la negociación. Este consiste, en síntesis, en condicionar la posibilidad de existencia de la acción sindical en la empresa a la aceptación previa del proyecto empresarial sobre el empleo y las condiciones de trabajo. Es el caso FIAT, conocido también por el nombre de su administrador general, Marchione, a partir de la absorción de FIAT por la Chrysler norteamericana. 

El proceso de los hechos es largo y contiene toda una serie de actos de violencia económica típicos, desde la organización de referéndums entre los trabajadores de la empresa para que elijan libremente prescindir de sus condiciones salariales de trabajo, sustituidas por unas mucho menores, o perder sus puestos de trabajo por cierre de la planta y traslado de la producción a otros países, a la desafiliación de la empresa de la organización empresarial estatal, Cofindustria, para no aplicar el convenio colectivo nacional a sus trabajadores, y, en fin, la de interpretar una norma reformada por referéndum, el art. 19 del Estatuto de los Trabajadores, en el sentido de entender que sólo los sindicatos firmantes de un convenio colectivo tenían derecho a tener reconocida representación sindical en la empresa, de manera que la FIOM – la federación de trabajadores metalúrgicos de la CGIL – quedaba expulsada de la empresa FIAT al no haber añadido su firma a un acuerdo de empresa firmado por la dirección de FIAT y las estructuras sindicales de CSIL y UIL.

Los tribunales italianos comienzan a establecer, en una larga serie de decisiones, la antisindicalidad evidente de este plan de exclusión de un sindicato con plena implantación en la empresa y mayormente representativo en todo el país, del espacio de la empresa FIAT sobre la base de que, en uso de su libertad de contratación, no haya suscrito el acuerdo de empresa  - por otra parte derogatorio de condiciones laborales fijadas en el convenio nacional de categoría (Sobre el contencioso judicial, con inserción de las principales sentencias que condenan a FIAT por actuación antisindical, cfr. http://www.cgil.it/tematiche/default.aspx?ARG=GIURIDICO). Pero esta deriva concreta del plan empresarial no es lo importante, sino su significado como “crisis del sistema” sindical italiano. Este es el interrogante que se planteó la revista Lavoro e Diritto, en su fascículo 2 del 2011, dedicado monográficamente al “Caso Fiat. ¿Una crisis de sistema?”.

En efecto, la conmoción que produjo en el entero sistema de relaciones laborales de la capacidad de una gran empresa de imponer sus propias condiciones de legalidad al margen de lo regulado normativa y convencionalmente, allegando incluso consensos sindicales a su plan, se hizo notar a la vez que la crisis de financiación del Estado italiano se agravaba – 2011 – y produjo una serie de reacciones opuestas. Por un lado, los sindicatos llegaron a un acuerdo interconfederal en agosto de 2011, en el que se señalaba la posición central en el sistema de la negociación colectiva nacional de sector pero a la vez se admitía la posibilidad de acuerdos derogatorios de algunas materias de estos – especialmente en materia salarial, de organización del trabajo y uso flexible del tiempo de trabajo – si bien sometiendo estos acuerdos a ciertas condiciones. Se intentaba en efecto recuperar de forma ambigua un compromiso que permitiera someter este tipo de acuerdos de separación o derogatorios del régimen convencional aplicable a una empresa no sólo a la previsión expresa de un convenio colectivo nacional, sino también al condicionamiento de un acuerdo en sede empresarial que fuera adoptado por el sindicato o sindicatos que supusieran la mayoría de la RSU, o que se sometiera a un referéndum entre los trabajadores. (Un análisis del acuerdo en U. Romagnoli, “El ambiguo compromiso del Acuerdo Interconfederal italiano del 28 de junio de 2011 “, Revista de Derecho Social nº 55 (2011), pp. 13 ss.)

El Acuerdo de agosto de 2011 firmado por la CGIL, la CISL y la UIL requería un desarrollo posterior que sin embargo ha quedado abortado ante el nuevo discurrir de la crisis y la incorporación al panorama legislativo italiano de una norma, interpretada como una de las “reformas estructurales” exigidas por las autoridades monetarias europeas, incluida en la ley presupuestaria para el 2012 (legge di manovra).

En efecto, el artículo 8 de la Ley 148/2011 de 14 de septiembre, regulaba la negociación colectiva de empresa y territorial infranacional – el llamado “segundo nivel” – y denominaba a estos convenios con el neologismo de  “acuerdos de proximidad”. Se trataba de acuerdos cuyos objetivos fijados legalmente eran muy variados, porque iban desde  un incremento del empleo y de la calidad del trabajo, la regularización del trabajo irregular, incrementos de la competitividad salarial, a la gestión de las crisis de empresa o restructuración de empleo, inversiones y puesta en marcha de nuevas actividades. Para ello los “acuerdos de proximidad” podían utilizar varias medidas desde implantación de nuevas tecnologías, modificación de categorías y de la clasificación profesional, uso de contratos de trabajo atípicos, externalización de actividades y mecanismos de solidaridad en la cadena de subcontratación, uso flexible del tiempo de trabajo, regulación de las modalidades de ingreso en la empresa, medidas de conversión de contratos atípicos en estables, y regulación de las modalidades de extinción. Lo más decisivo de esta regulación sin embargo estaba constituido por su “blindaje” normativo. Los acuerdos de proximidad podían derogar las disposiciones legales reguladoras de las materias señaladas así como los preceptos relativos de los convenios colectivos nacionales de sector sobre dichas materias. Además contiene un mandato de “convalidación” de los acuerdos derogatorios de empresa aprobados y suscritos antes del 28 de junio de 2011 que puedan subsumirse en la función y el objetivo de los “acuerdos de proximidad”. Es evidente la influencia de los acontecimientos que rodearon el Caso Fiat durante 2010 y comienzos del 2011 en esta disposición, que pretende expresamente convalidar los acuerdos de aquella empresa  - no en vano esta disposición se conoce como el “párrafo FIAT” – y que, por otra parte, colisiona directamente con el Acuerdo Interprofesional de agosto de 2011.

El precepto legal descrito ha sido unánimemente criticado por los sindicatos y la doctrina laboralista, señalando la inconstitucionalidad de esta disposición que elimina la fuerza imperativa de la legislación laboral y que inaplica sin control el convenio colectivo nacional de sector, debilitando de forma definitiva su fuerza vinculante. Un elenco de comentarios sobre las dudas de inconstitucionalidad y el quebrantamiento de obligaciones internacionales del estado italiano sobre el respeto de la negociación colectiva, en http://www.cgil.it/tematiche/Documento.aspx?ARG=GIURIDICO&TAB=4&ID=16816 . De forma muy enérgica, U. Romagnoli, “Il Diritto del lavoro torna al Medioevo”, en la revista digital Eguaglianza e libertà, http://www.eguaglianzaeliberta.it/articolo.asp?id=1433 o el texto, también el la misma revista, de L. Mariucci “L’articolo 8? Copiato dai cinesi”, http://www.eguaglianzaeliberta.it/articolo.asp?id=1416.

En cualquier caso la persistencia de la crisis y la propuesta de nuevas reformas en materia laboral tras la constitución del Gobierno Monti – en particular la reforma del mercado de trabajo que lleva a cabo la Ley n. 92, de 28 de junio de 2012, donde se incluye la modificación del emblemático art. 18 del Estatuto de los Trabajadores, rebajando su garantía de empleo en el caso de los despidos ilegítimos por causas económicas – hace que el marco regulador italiano se encuentre en una situación inestable, de difícil concreción hoy en día.

No obstante, lo que se puede afirmar es que, pese a la crisis de sistema que ha inducido la “epifanía” del orden normativo de la empresa a partir del Caso Fiat en el 2010, la negociación colectiva italiana permanece en parámetros cuantitativos bastante fijos. Según los datos de ISTAT para julio de 2012, los convenios colectivos nacionales de sector regulan las condiciones de trabajo y empleo del 71% de los trabajadores ocupados, pero con ciertas diferencias entre los sectores económicos, muy alta en la industria y en el sector agrícola (en torno al 90% de los trabajadores de éstos) y también en el sector de los servicios privados (un 80%). Otros sectores – categorie – están pendientes de renegociar sus convenios colectivos. La excepción la supone los convenios colectivos del empleo público – tres millones de empleados públicos – a los que la ley 122/2010 impidió la renovación de los convenios colectivos que regulaban sus condiciones de trabajo, ordenando el bloqueo de las negociaciones y la congelación por tanto de los tratamientos retributivos hasta el 2013.  Salvo en este importante sector, al que se ha bloqueado el derecho de negociación colectiva sobre la base de las exigencias de contención del gasto público impuestas por las autoridades monetarias europeas a los países con dificultades de financiación de su deuda pública y privada, el resto de categorias cuyo convenio está pendiente de concluir no es muy relevante respecto del total de trabajadores encuadrados en convenios colectivos sectoriales vigentes.

LECTURAS DE VERANO: GARCÍA MONTERO, MARKARIS, WOLF

Mientras el BCE se congratula del hecho que en España la renta salarial disminuya drásticamente en el próximo año, que los costes empresariales sean mínimos – en cotizaciones sociales, porque ya conocemos que los empresarios declaran que sus ingresos medios no superan a los de un mileurista – y que en fin la banca siga con sus óptimas inversiones sin ningún riesgo  ni responsabilidad  porque se sabe cubierta por el Estado, el verano transcurre, africano en el centro y en el este peninsular, más amable en el noroeste en el que se halla el titular de este blog. Y en este cuadrante noroeste se aprovecha el descanso estival  para llevar adelante ciertas lecturas de verano.

 

Aunque se inscriben en géneros literarios distintos, todas las lecturas hablan sobre la crisis desde lugares diferentes.

 

La primera es una forma explícita de resistencia a los procesos destructivos del capital y de su creencia autoritaria en la desigualdad social como causa eficiente de la riqueza material. Luis García Montero ha escrito un hermoso libro, Una forma de resistencia (Algaguara, Madrid, 2012), que presentó en público en la Fundación 1 de mayo ante una audiencia entusiasta, entre la que se contaba quien esto escribe. Luis García Montero es un magnifico poeta y a él se debe el título del blog hermano “Ciudad Nativa” como también son de García Montero los versos que abren el acceso a esa bitácora.

Una forma de resistencia es un libro que descansa sobre un recuento de las cosas en las que queda enredada la vida de las personas. Dice Luis García Montero que los dramas sociales y las especulaciones se acaban concretando en la angustia de unos seres humanos obligados a separarse de sus cosas para convivir con la hostilidad de un mundo extraño. Contra la llamada destrucción creativa del capitalismo, las metáforas y las cosas intentan conservar una voluntad humana de amor por la vida, un respeto por el pasado que somos. Y en la evocación de esas cosas – la butaca, las gafas, las tarjetas postales, los relojes, las copas, los libros dedicados – aparece el aprecio de las mismas, no el precio de éstas, como un paisaje de la propia existencia, los fetiches del recuerdo que transforman en un deseo de rebeldía, una forma de resistencia que se basa en un mundo con contenido y con historia alejado del espacio vacío y abstracto que marca el dinero y la forma de la mercancía. Sin ceder a las ganas de rendirse a la imposibilidad de argumentar, opinar o simplemente existir como sujeto activo en una democracia de reglas no democráticas, el poeta abre su memoria de madera y su melancolía de forma optimista a las cosas del futuro para dejar a nuestros herederos un lugar, no un descampado. El mundo que se merecen, con historia, generosidad y sentido, sin hipotecas ni fantasmas. Existir no puede ser un ejercicio permanente e insaciable de devorar el vacío. La lección que transmite este hermoso libro es que el aprecio de las cosas habla de un mundo lleno, con dolor y amor propio, donde la vida cuenta, donde la vida cuenta con atención sus cosas.

 

Petros Markáris ha construido un personaje, el comisario de policía ateniense Kostas Jaritos, muy alejado de los moldes del investigador privado marginal y marginado por el sistema, el “ojo privado” que ofrece una visión desencantada y crítica de la sociedad, al estilo de Pepe Carvalho, pero también de las creaciones literarias de policías atípicos como su pariente siciliano, el comisario Montalbano. Jaritos es un funcionario bastante común, con una vida familiar ordinaria y una existencia burocrática normalizada, que manifiesta una ironía profunda ante el transcurso de las cosas y de los hechos que se presentan como enigmas por resolver. En la novela Con el agua al cuello (Tusquets, Barcelona, 2012), el marco histórico en el que se desarrolla el relato es el correspondiente a la Grecia de la crisis del euro, en el 2010, y es la crisis en efecto el verdadero protagonista de una historia en la que, para intriga del lector, son decapitados consecutivamente un importante banquero, un relevante exponente de las agencias de calificación o rating, un prestamista y un agente de cobros en impagados.  Grecia y Atenas en continuas manifestaciones y cortes de tráfico, la tutela de la acción de gobierno desde el exterior, la degradación de las condiciones de empleo y de protección social de los empleados públicos y de la clase trabajadora – pero de manera muy detallada respecto de la policía, los médicos y los profesores – la persistencia del paro y la ruina de los pequeños empresarios, la presencia continua de un mercado negro y de una inmigración irregular sobre la que se hacen recaer tantas sospechas, conforman el paisaje inolvidable de la trama. Grecia como un espejo que explica la encrucijada de los países periféricos europeos y el futuro de unas condiciones de vida cada vez más degradadas para sus habitantes, víctimas de las políticas del rigor impuestas violentamente desde las autoridades monetarias europeas. 

 

La tercera de las lecturas del comienzo del mes de agosto se relaciona también con la crisis y el capitalismo expropiador de las conciencias y de las existencias de las personas, pero de una forma menos directa. La escritora alemana – germano-oriental – Christa Wolf, pasó un curso académico en 1991-1992 en la Universidad de Santa Mónica, en California. Se ausentaba así de su “pequeño país”, Alemania, tras los acontecimientos de 1989-1990 que habían producido el “cambio” que puso fin a la RDA y la inclusión del Este en la República Federal. En La ciudad de Los Ángeles o el abrigo del Dr. Freud (Alianza, Madrid, 2012), la autora hace el relato novelado de esa estancia como forma de plantear una serie de reflexiones sobre el “ser” alemán: la culpa  por el genocidio y la guerra generada por el nazismo y las clases dominantes alemanas, el fracaso y la culpa de pertenecer a la Alemania socialista. Christa Wolf es comunista y demócrata, y en la novela explica su vida y el aprendizaje político, intelectual y emocional durante su existencia en una Alemania que reaccionaba frente al infierno del nazismo y de la guerra y quería un mundo diferente. A fin de cuentas, de preguntas retóricas queríamos prescindir. Era evidente que la antigua sociedad, cuyas clases dominantes habían causado la catástrofe, había de sufrir un vuelco completo. Era evidente que los hasta ahora oprimidos habían de recibir su oportunidad. Y la recibieron. El Estado favorecía a la gente pobre, familias en cuyo seno habían nacido hasta entonces mujeres de la limpieza y obreros de fábrica ponían a estudiar a sus hijos e hijas, en las universidades había un espíritu de renovación ¿era eso poco tal vez? El relato no es para nada lineal, se intercala y reaparece fragmentariamente, a medida que se describen relaciones y discusiones, paseos  y paisajes americanos.

Christa Wolf fue muy crítica con el socialismo implantado en la RDA, una vez que comprobó que no se dirigía hacia una transformación real de las condiciones culturales y sociales de la población. Fue perseguida y vigilada por la Stasi, y como anticapitalista resultó asimismo una persona no querida en el oeste, incluso con una breve temporada en una prisión del Berlín oeste en 1951. En el libro se desvelan los retazos y los restos de la memoria de esa presencia incómoda del intelectual crítico. Un hecho banal, haber colaborado marginalmente en 1959 en una investigación dirigida por la policía política germano-oriental, sirve para que en 1991 la prensa alemana democrática la convierta en una sicaria de la dictadura estalinista. De esta forma su existencia democrática, socialista y anticapitalista, quedaba anulada ante ese “colaboracionismo” con una policía política que, apenas cinco años después de esa “colaboración”, comenzaría una larga e intensa persecución contra ella, con internamientos en centros psiquiátricos, censura y ostracismo. Pero ese episodio, que en la novela la autora conoce en su período de estancia americano, es el eje de una reflexión dialogada sobre el socialismo y la historia del siglo XX. Hay muchas más cosas dentro de La ciudad de Los Ángeles o el abrigo del Dr. Freud, pero seguramente la centralidad de este punto explica su tardía publicación, 2010, un año antes de la muerte de su autora, el 1 de diciembre de 2011, y la importancia  que tuvo para su reflexión sobre la memoria y la acción colectiva emprendida. La dificultad de explicar lo vivido, de entender la utopía en la realidad concreta que es objeto de la existencia, y de hacerlo desde un país como Estados Unidos en el que la palabra comunismo genera una reacción negativa de manera inmediata, es uno de los ejes de la narración. Los hechos, alineados unos junto a otros, no dan como resultado la realidad, entendéis. La realidad tiene muchos estratos y muchas facetas, y los hechos puros y duros son su superficie. Las medidas revolucionarias pueden ser duras para los afectados, los jacobinos no se andaban con chiquitas, los bolcheviques tampoco. Nosotros no habríamos negado que vivíamos en una dictadura, la dictadura del proletariado. Una época de transición, una época de incubación del hombre nuevo, ¿entendéis? “Quienes queríamos preparar el suelo para la amabilidad no podíamos ser amables nosotros mismos”, a eso me atenía yo. No amábamos nuestro país tal como era, sino tal como iba a ser. Tal como es no seguirá siendo, de eso estábamos convencidos.

Hay más cosas, en efecto, en el libro de esta escritora siempre compleja y sugerente. Juega con los sentidos del idioma, las diferencias sustanciales entre la conceptualización de las cosas y de los sentimientos en alemán y su dificultad para hacerlo en inglés. Aparece un contrapunto entre el exilio alemán, preferentemente judío, y su relación ambivalente con Alemania, descripciones muy sustanciosas y precisiones  sobre la política y la economía de Estados Unidos y sobre el tratamiento de la realidad social en los medios de comunicación – los “motines” raciales de South Los Angeles en 1991 – su actualidad política y el unilateralismo norteamericano en materia internacional, con el arranque de la primera guerra de Irak. Pero también sobre aspectos menos conocidos como el rastreo de la emigración alemana antinazi de los años 30, de Brecht a Thomas Mann, que recrearon “Weimar bajo las palmeras” de Los Ángeles hasta su posterior diáspora mediante la actuación del Comité de Actividades Antinorteamericanas. Describe bellísimos paisajes, hace saber cómo el tiempo pasa, y cómo la inmensa fuerza de atracción de los muertos, del pasado, no debe condicionar el presente, la búsqueda de nuevos caminos, el gran viraje hacia un replanteamiento del mundo y de su transformación, hacia el comienzo, que sólo obstaculiza la edad.

Un hermoso libro sobre la crisis, como se ha pretendido mostrar.

VIOLENCIA ANTISINDICAL EN COLOMBIA

La publicación de un informe sobre la violencia antisindical en Colombia de 1984 a 2011, ha dado pie a varios comentarios sobre el mismo publicados por la revista Cultura y Trabajo, de la Escuela Nacional Sindical de Colombia, que nos ha señalado el amigo y corresponsal de este blog, Edgardo González, el mismo autor de una monografía espléndida que lleva por título La difícil libertad sindical en Colombia, y que constituyó en lo esencial su tesis doctoral por la UCLM. El presente artículo es obra de un investigador de la Universidad de Bremen, en Alemania, Rainer Dombois, y resulta, como se comprobará, extremadamente interesante. El tema de los asesinatos de sindicalistas colombianos, ha sido rigurosamente secuestrado de las informaciones sobre la Colombia de Uribe a pesar de su gravedad y de los evidentes indicios de cooperación en este asesinato masivo y programado de los aparatos del estado colombiano. A continuación se ofrece íntegro el citado artículo y se conecta el mismo con otro que se publica en paralelo en el blog hermano Ciudad Nativa, Violencia contra los sindicalistas y actividades antisindicales 1984 - 2011

La violencia antisindical y la vulnerabilidad del sindicalismo colombiano

EN LA HISTORIA DE LOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS LA VIOLENCIA FÍSICA CONTRA LOS SINDICALISTAS SURGIÓ EN LA FASE DE institucionalización de las relaciones industriales: la libertad de asociación y el derecho a la huelga y a la negociación colectiva se impusieron contra la resistencia encarnizada de los empresarios y en contra del derecho vigente y del poder del Estado. Los sindicalistas también se convirtieron en víctimas de la violencia física en las dictaduras, cuando se suspendieron los derechos de ciudadanía políticos e industriales. En esta etapa, fueron encarcelados, e incluso asesinados, como en el tiempo del fascismo en las guerras sucias de las dictaduras militares de los años setenta y ochenta. En ambos casos las entidades del Estado fueron las que aplicaron la violencia, ya fuera en nombre del orden estatal tradicional o de manera irregular e ilegal.

La violencia antisindical en Colombia no encuadra bien con este patrón: se realiza en el contexto de un orden democrático y de relaciones industriales institucionalizadas que, en principio, deberían permitir la solución no violenta de conflictos de intereses colectivos. Además, Colombia ha ratificado un gran número de convenios de la OIT, entre ellos los que aseguran los derechos fundamentales. Por lo tanto, son incomprensibles la extensión de la violencia irregular contra los sindicalistas (no ligada a la ley ni a la moral), tanto como su impunidad (1).

Los trabajos que el consorcio de institutos de investigación ha desarrollado bajo el techo del PNUD son un aporte muy valioso para esclarecer el enigma. Presentan descripciones y explicaciones precisas de la dinámica de la violencia antisindical y la impunidad y sacan conclusiones prácticas. Con base en datos consolidados, las investigaciones sobre el contexto histórico-político-social y las formas, dinámicas y causas de la violencia, la persecución penal y las medidas preventivas, dan respuestas a muchas preguntas abiertas.

En este escrito no hay suficiente espacio para hacerle una valoración adecuada a este trabajo precursor del consorcio. Ante el espectro tan amplio de temas voy a limitarme a unas pocas preguntas tratadas en algunos de los informes.

La violencia contra sindicalistas ¿Es una violencia sistemática? ¿Qué relaciones tiene con actividades gremiales conflictivas? ¿Qué relaciones tiene con conflictos políticos en el país, sobre todo con el conflicto armado? ¿Qué impacto tiene en la capacidad organizativa y contestataria de los sindicatos?

Hago referencia sobre todo, a las respuestas que saco de los estudios del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep, 2010), de la Corporación Nuevo Arcos Iris (CNAI, 2010) y del Informe Final (PNUD, 2011). Voy a complementar mi lectura con algunas conclusiones acerca de la vulnerabilidad de sindicatos frente a la violencia.

¿Una violencia no selectiva?

En la discusión colombiana, con frecuencia se ha mantenido que los sindicalistas no forman blancos específicos de la violencia. Los informes, sin embargo, indican la aplicación sistemática y selectiva de la violencia contra líderes sindicales y trabajadores sindicalizados. La violencia se ha concentrado en determinados sindicatos y regiones (PNUD, 2011: 177). Más del 60% de los asesinatos entre 1986 y 2009 tuvieron como víctimas a miembros de tres sindicatos: Fecode (31%), Sintrainagro y los sindicatos bananeros antecesores (27,5%) y la USO (4,5%). Se obtiene una idea de la extensión de la violencia dirigida a sindicatos pequeños cuando estos datos se ponen en relación a los números de afiliados: Sintrainagro, con aproximadamente 16.000 miembros en Urabá, sufrió 708 asesinatos; la USO contó 115 asesinados entre sus afiliados –en 1984 tenía 12.000 miembros y después de la restructuración y privatización, 4.000 (CNAI, 2010: 24). Pero otros sindicatos pequeños también fueron afectados por violencia masiva: los de los cementeros de Puerto Nare, los de los palmeros y hasta el sindicato de la rama judicial.

La violencia antisindical también se ha distribuido de una manera muy desigual en el territorio colombiano. Se concentró en regiones como el Magdalena Medio y Urabá, y en algunos departamentos, principalmente en Antioquia y Santander, pero también en el Valle, Cesar y Magdalena.

El perfil y las explicaciones de la violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados

El perfil de la violencia antisindical –las formas, las regiones y los sindicatos más afectados– que muestran los informes, es más preciso que las explicaciones. El Cinep asume una relación causal con las “acciones contenciosas sindicales”, formas de paros legales o ilegales aplicados para lograr conquistas laborales o sociales o para defenderse de la violación de sus derechos:

“… en general toda esa violencia suele ocurrir con más intensidad en los momentos y sectores en donde hay más actividad sindical contenciosa, en especial cuando se acude a la huelga. Concomitantemente, será menor cuando dicha actividad decrece, pues en parte ha cumplido su objetivo de debilitar al sindicalismo. Así lo constatamos al observar que la violencia contra los trabajadores sindicalizados, tanto en el plano nacional como en los siete sectores específicos que estudiamos, parece incrementarse en los momentos de auge de la lucha sindical, articulada muchas veces a la popular. Y la respuesta violenta es más dura –masacres y asesinatos selectivos– cuanta más fuerza independiente hayan desplegado los sindicatos” (Cinep, 2010: 2).

La hipótesis de un nexo causal, sin embargo, no está sustentada por los datos (ver Cinep, 2010: 53): las fases de violencia excesiva –en los años 1996 y 1997 y entre 2000 y 2003– no han coincidido con fases fuertes de la movilización sindical.

El equipo del CNAI, mientras tanto, concede mayor peso en la explicación a la dinámica del conflicto armado y a las luchas políticas y militares por el poder local y territorial. Los sindicatos y sindicalistas más envueltos en estos conflictos han estado más expuestos a la violencia:

“La acción política al lado de las guerrillas o la lucha autónoma por la democracia desató una respuesta atroz y desproporcionada de las elites regionales, de agentes del Estado y de fuerzas ilegales” (CNAI, 2010: 10).

Los lugares del conflicto armado han sido, al mismo tiempo, los centros de la violencia, la cual apunta ya sea a las actividades sindicales o a las actividades de los trabajadores sindicalizados en organizaciones políticas o sociales. La CNAI distingue dos fases destacadas de la violencia, en cuyo intermedio se produjo un cese definido por la desmovilización de una parte de las guerrillas y por el acuerdo sobre la nueva constitución en 1991.

En la primera fase de la década de los ochenta los conflictos tratan, sobre todo, del poder local. En el marco de la apertura democrática y descentralización política los sindicatos y/o los sindicalizados participan en la movilización política y social. Esta última es a menudo respaldada, instrumentalizada o aprovechada por los grupos guerrilleros y encuentra una respuesta violenta por parte de las elites locales, de los paramilitares y de mandos militares (CNAI, 2010: 64f).

Los años noventa, mientras tanto, en muchas regiones del país están enmarcados en la lucha militar por el poder territorial de los paramilitares y sus aliados entre las elites económicas y políticas regionales, mandos militares y narcotraficantes, por un lado, y la guerrilla, por otro. La polarización de los actores en los territorios disputados y sobre todo la expansión del dominio paramilitar y parapolítico llevan a la estigmatización, persecución y expulsión de los miembros de organizaciones políticas y sociales inconformes (CNAI, 2010: 72).

Finalmente, en los últimos años, con el desplazamiento de la guerrilla a zonas más marginales del país y después de la desmovilización del núcleo paramilitar, la violencia se ha disminuido, pero queda en un nivel preocupante.

Los estudios de caso elaborados por los dos equipos sobre los sindicatos y las regiones más afectados por la violencia contra sindicalizados, señalan las limitaciones en las explicaciones generales, que no tienen en cuenta suficientemente la diversidad de los motivos de la violencia.

El conflicto armado –según mi lectura de los informes– forma el contexto principal de la violencia antisindical. Las relaciones de los sindicatos y/o los sindicalizados con este contexto, empero, pueden ser más o menos estrechas. Veamos algunos ejemplos de esas relaciones de los sindicatos más afectados por la violencia.

Convergencias políticas-ideológicas. El ejemplo de la USO, un sindicato clasista, independiente y con posiciones y demandas políticas (sobre todo las de la política petrolera) que fueron compartidas por grupos políticos de izquierda y sus grupos guerrilleros. La fuerte capacidad de movilización de sus afiliados, la participación en acciones de movimientos sociales y el respaldo no invitado de sus actividades por la guerrilla, contribuyeron a tachar y criminalizar a los dirigentes de este sindicato como seguidores de la guerrilla, y los expuso a la violencia de paramilitares y mandos militares, a pesar de que el sindicato se distanciara cada vez más de las actividades guerrilleras (PNUD, 2011: 83ff; CNAI, 2010: 48f, 76f, 127ff; Cinep, 2010: 155ff).

Alianzas con actores armados. El ejemplo de los bananeros del Urabá (PNUD, 2011: 92ff; CNAI, 2010: 72ss; CINEP, 2010: 113ff). En la década de los ochenta los dos sindicatos son controlados por organizaciones políticas de la izquierda y sus brazos armados-grupo guerrillero. Las actividades sindicales reivindicativas se veían –conforme al principio de la combinación de todas formas de lucha– como parte de una estrategia integral y contaban con el respaldo del potencial de violencia de la guerrilla. Estas alianzas estratégicas no les dejaban mucho espacio de autonomía a los sindicatos y exponían a sus líderes y miembros a la violencia irregular de los paramilitares o de los mandos militares.

En la década de los noventa la violencia contra sindicalizados llegó a sus extremos cuando la lucha territorial entre los grupos guerrilleros y paramilitares fue sobrepuesta por conflictos violentos entre los desmovilizados del Ejército Popular de Liberación (EPL) y los grupos guerrilleros que seguían activos. En esta fase se les adscriben más asesinatos de miembros de Sintrainagro a las guerrillas que a los paramilitares (PNUD, 2011: 98).

Después de que las guerrillas fueron expulsadas de la región, la violencia física bajó; el sindicato se consolidó y logró conquistas considerables en relaciones laborales más bien cooperativas (PNUD, 2011: 101f).

El conflicto armado muchas veces se ofreció como pretexto para aplicar violencia contra las actividades políticas, sociales o sindicales de dirigentes sindicales o trabajadores sindicalizados.

Actividades políticas o sociales. El caso de Fecode, la federación más grande del país y con cobertura nacional. El perfil de la violencia dirigida en contra de los miembros de esta organización es más heterogéneo porque sus miembros han estado involucrados en conflictos de diferente índole.

Los educadores en general, comparten características que les hace particularmente vulnerables. Por un lado, su organización tiene una alta capacidad de movilización, no solo por sus intereses gremiales, sino también por las políticas de educación. Los educadores como profesionales se convierten, por otro lado, en protagonistas críticos en las regiones, militan en organizaciones políticas, movimientos sociales e iniciativas ciudadanas. Por estas razones, no solamente en los centros del conflicto armado han sido discriminados y criminalizados como subversivos, sino que también se han vuelto blanco de una “violencia estratégica” que apunta a su papel público por parte de las elites locales y regionales (PNUD, 2012: 74ff).

Actividades sindicales contenciosas. Los ejemplos de la Drummond, del sector energético de la Costa Atlántica y de la Cooperativa Coolechera –apropiada por los paramilitares (CNAI, 2010: 185ff). Estos son casos de violencia dirigida a actividades gremiales: debido a sus reivindicaciones y sus luchas contra la privatización o contra despidos los dirigentes sindicales, fueron tachados de guerrilleros y víctimas de la violencia paramilitar.

Los casos indican que la violencia contra sindicatos, dirigentes sindicales y trabajadores sindicalizados tiene fuentes, actores y motivos muy distintos (PNUD, 2011: 103ff). A menudo es muy difícil distinguir si la violencia apunta a la organización sindical y a las actividades sindicales o a las actividades políticas y sociales de los afiliados en otros contextos organizacionales.

La vulnerabilidad de los sindicatos colombianos

El poder sindical se alimenta de fuentes diversas, no sólo de su capacidad de movilización y en su conflictividad (Wright, 2000). La debilidad del sindicalismo colombiano en el mercado de trabajo y en la sociedad tiene varias causas: estructurales –la alta informalidad del empleo–; organizacionales –afiliación muy baja y fragmentación–; institucionales –derecho laboral restrictivo–; políticas –la marginalización y discriminación en el sistema político institucional; culturales –la falta de respaldo por parte de la opinión pública (PNUD, 2011: 15ss).

Tales condiciones, sin embargo, no explican la violencia a la cual las organizaciones y sus miembros han sido expuestas en las tres décadas pasadas.

Un factor explicativo es, sin duda, la precarización del Estado, que no tiene el monopolio de la violencia, no puede garantizar el orden legal y no protege las relaciones laborales de la intervención de los actores externos. Así, tradicionalmente los intereses privados han podido imponerse mediante la violencia irregular. En las décadas pasadas, además, ha aumentado la diversidad de organizaciones y actores que han aplicado y difundido la violencia irregular, entre autodefensas, paramilitares, narcos, ‘Bacrim’, guerrillas y hasta los mismos agentes del Estado. En estas condiciones, los sindicatos fácilmente se convierten en blancos de la violencia, porque con sus actividades gremiales y sociales afectan las relaciones de poder. Entre los sindicatos colombianos, aquellos que están politizados, se vuelven más vulnerables. Combinan actividades gremiales conflictivas con discursos, críticas y actividades de la oposición política; a menudo es difícil distinguir cuál aspecto es más importante. Con esto, no solamente tienden a sobrecargar, tanto a la organización, como a sus afiliados. En el contexto del conflicto armado y la polarización política, también corren el riesgo de ser asociados a una banda; más peligroso aún, cuando sus discursos políticos parecen estar cerca a los de un grupo armado. Los análisis de la CNAI han revelado estos riesgos.

Sin embargo, sería demasiado fácil ver a los sindicatos sólo como víctimas de los procesos violentos. La politización tiene unas implicaciones no suficientemente tratadas en los informes del PNUD. La politización de los sindicatos se manifiesta en la lucha de grupos o fracciones políticas por el control de las organizaciones sindicales. Algunos grupos políticos –a menudo marginales– en la tarima política institucional tratan de tal manera ganar influencia.

De esta forma las organizaciones sindicales pierden autonomía, se prestan para ser instrumentalizadas y corren el riesgo de que sus actividades parezcan guiadas sobre todo por intereses políticos.

Este tipo de politización tendría un impacto fuerte en los procesos internos de las organizaciones sindicales: si las actividades sindicales se controlan desde centros de decisión externos, se dañaría la participación democrática interna, porque las directrices políticas se imponen de manera autoritaria.

¿Debilitamiento del sindicalismo?

Desde los años ochenta la afiliación sindical en Colombia ha decrecido de una manera dramática; esta tasa hoy, es la más baja entre los grandes países sudamericanos. Es claro que este proceso no solamente se debe a la violencia a la que los sindicatos y sus miembros han sido expuestos en este lapso, sino también a otros factores explicativos, como la restructuración económica, las reformas laborales y los cambios en las formas de contratación en el transcurso de la apertura económica.

Sorprende además, las observaciones en el informe final del PNUD: Fecode y Sintrainagro –entre las organizaciones más golpeadas por la violencia– han podido mantener sus altos niveles altos de afiliación (PNUD, 2011: 145).

La fuerte disminución de acciones sindicales contenciosas en las últimas dos décadas es interpretada por el equipo del Cinep como otro indicio de un sindicalismo debilitado. Pero ¿la frecuencia de huelgas y otras formas de la lucha laboral, son indicadores de la fuerza y del poder de los sindicatos?

El equipo de la CNAI ofrece otra explicación: intereses y demandas políticas que por mucho tiempo orientaban las actividades contenciosas sindicales, se han desplazado a la tarima política para ser presentados por el Polo Democrático Alternativo como una alianza de los grupos políticos de la izquierda (CNAI, 2010: 110/111; PNUD, 2011: 81). Esto no implicaría un debilitamiento de los sindicatos, sino más bien su despolitización: la separación de las actividades gremiales de las políticas. Tal despolitización podría contribuir a descargar las actividades sindicales, no solamente de la intervención de los actores internos, sino del estigma de la politiquería o, aún más grave, de la alianza con la subversión. Podría ayudar a disminuir la desconfianza de que se escondan intereses o estrategias políticas detrás de las actividades sindicales. Podría ampliar los espacios de la autonomía de los sindicatos.

¿Es cierto que la autonomía de los sindicatos y su capacidad de dar fuerza a los intereses de los trabajadores frente al capital, se manifiesten en la frecuencia de huelgas y otras formas del paro organizado? No hay un modelo único de un sindicalismo auténtico ni de la acción sindical. Los sindicatos pueden realizar políticas exitosas de representación de intereses, y mantener su autonomía frente al capital y los actores externos por caminos muy diferentes, con estrategias y orientaciones político-ideológicas diferentes –como se muestra en Colombia y en otras partes (Dombois/Pries, 2000; Hyman, 2001). La disminución de las actividades sindicales contenciosas, por lo tanto, podría indicar –así el ejemplo de Sintrainagro– no tanto el debilitamiento o la pérdida de autonomía, sino más bien una reorientación de la política sindical que ha generado resultados considerables: la despolitización por un lado, y la adaptación de nuevas formas más cooperativas y más exitosas, de negociar compromisos de intereses.

(1)En no más del 6% de casos de los más de 2.700 asesinatos se han condenado los autores materiales (PNUD, 2011: 156).

Bibliografía

Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, 2010, “Evaluación de la judicialización de delitos contra trabajadores sindicalizados”, Informe, Bogotá, DeJusticia.

Centro de Investigación y Educación Popular, 2010, “Incidencia de la violencia contra los trabajadores sindicalizados y evolución de su protesta”, Informe, Bogotá, Cinep.

Corporación Nuevo Arco Iris, 2010, “La relación entre el conflicto armado y la victimización de los trabajadores sindicalizados 1984-2009”, Informe, Bogotá, CNAI.

Dombois, Rainer/Pries, Ludger, 2000, Relaciones laborales entre mercado y Estado. Sendas de transformación en América Latina, Caracas, Nueva Sociedad.

Fundación Ideas para la Paz, 2010. “Estudio sobre la cultura frente al sindicalismo en Colombia”, Informe, Bogotá, FIP.

Hyman, Richard, 2001, Trade Union Research and Cross-national Comparison (online), London, LSE Research Online htpp://prints.lse.ac.uk/archive/00000757.

PNUD, 2011, “Reconocer el pasado, construir el futuro”. Informe sobre violencia contra sindicatos y sindicalizados 1984-2011.

Wright, Eric Olin, 2000, “Working Class Power, Capitalist Class Interests, and Class Compromise”, American Journal of Sociology, University of Chicago, Vol. 105, Nº 4, January, pp. 957-1002.

Autor: Rainer Dombois Universidad de Bremen, Alemania,