EXALTACIÓN DEL CAUDILLO DE ESPAÑA, FRANCISCO FRANCO, A LA JEFATURA DEL ESTADO

Tras tanto tiempo en el que la crónica de los tribunales ha versado casi monográficamente sobre las acusaciones de rebelión que gravitan sobre los y las encausadas en el procès, injustamente privados de libertad desde hace más de un año, esta mañana se ha conocido la decisión de la sección cuarta de la sala tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo en la que la rebelión militar facciosa contra el gobierno legítimo de la República ha resultado ser asumida en el razonamiento del Auto.

En efecto, para nuestro Tribunal Supremo la fecha a partir de la cual el general Franco se convierte en jefe de Estado es el 1 de octubre de 1936, es decir en el momento en el que se resuelve el liderazgo de la rebelión militar que se afianzará definitivamente una vez eliminado Mola en 1937 y apartados otros aspirantes no africanistas. En esa fecha, sólo la Alemania de Hitler y la Italia mussoliniana reconocen al bando rebelde. En la mitología franquista, la República no era un estado legítimo y por tanto a partir del 18 de julio de 1936 todas sus instituciones y sus normas deberían entenderse inválidas y por consiguiente deberían ser removidas del ordenamiento. Las famosas directrices secretas sobre la feroz represión de los militantes de los partidos y sindicatos democráticos que elaboró el general Mola y aseguró en su minuciosa ejecución el general Franco, fueron la hoja de ruta de la reconstrucción violenta y sanguinaria de la sociedad civil que se creaba en la retaguardia de los frentes de guerra contra el régimen republicano democrático. Para la dictadura, era importante establecer que la legitimidad de su rebelión se había establecido desde el inicio de la misma, sin esperar a la derrota de la República entre febrero y marzo de 1939, con la caida de Madrid. Por eso, una vez ya victoriosa la dictadura militar facciosa, se instituyó como fiesta nacional el día 1 de octubre, en homenaje a la exaltación del Caudillo de España, Francisco Franco, a la Jefatura del Estado, vulgarmente conocido como “Día del Caudillo”.

Esa es la fecha que el Tribunal Supremo ha asumido en el texto de su Auto en el que suspende la exhumación de los restos del dictador del faraónico mausoleo de Cuelgamuros. Para los magistrados de este Tribunal por tanto la exaltación del Caudillo se constituye en la fecha del cambio de régimen sin ni siquiera mencionar la ilegitimidad constitutiva de éste como fruto de una rebelión militar contra un sistema democrático, ni desde luego tener en cuenta que el gobierno de la República era quien detentaba la representación internacional del Estado español. Una parte de la prensa ha aludido a este tema definiéndolo como un “tropezón” de los magistrados, pero su significación política e ideológica es mucho más relevante.

El Auto de la Sala Tercera – recordemos, la que cambió recientemente la doctrina de la misma sobre el tema de las hipotecas incorporando las directrices de las instituciones financieras – es plenamente criticable. Por razones democráticas, pero también jurídicas. A continuación se incorpora el comunicado que sobre el mismo ha efectuado la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, en donde se expresan muy adecuadamente los reproches a dicha decisión judicial. Pero conviene recordar que esta es la Sala que, conformada en los últimos siete años, sobre la base de las instrucciones y orientaciones planeadas por Carlos Lesmes, deberá enjuiciar los actos y reglamentos del gobierno. Ya podremos sospechar cuáles serán las resoluciones que puedan elaborar unos jueces que incorporan a su argumentario jurídico la exaltación del caudillo a la Jefatura del Estado.

Este es el Comunicado :

COMUNICADO SOBRE EL AUTO DEL TRIBUNAL SUPREMO QUE SUSPENDE LA EXHUMACIÓN DE LOS RESTOS DEL DICTADOR

1. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Sección 4ª, compuesta por cuatro magistrados y una magistrada, ha suspendido por Auto de 4 junio de 2019, con carácter cautelar, el Acuerdo del Consejo de Ministros para la exhumación de los restos del dictador Franco. No podemos sino lamentar esta decisión que confirma la incapacidad de la justicia española para perseguir los crímenes de la dictadura y reparar a las víctimas de las atrocidades contra la vida y los derechos fundamentales que se cometieron.

2. La decisión es insólita por la argumentación que desarrolla porque afirma, sin ofrecer explicación alguna, que si se estimase la demanda y se anulase el acuerdo del Gobierno para la exhumación y esta se hubiera realizado, aunque no fuese materialmente irreversible, sería perjudicial para la familia y para el interés público, incluso señala que habría coincidencia entre estos intereses. Algo incomprensible. Los restos del dictador se encuentran enterrados en un inmueble de titularidad estatal, lo que lo convierte en asunto esencialmente público. El Valle de los Caídos es una construcción ejecutada por presos políticos mediante trabajos forzados, que se ha convertido en el monumento de exaltación del dictador y de la dictadura, y de olvido y desmemoria de sus crímenes. Donde sólo figuran su nombre y el de un jefe fascista. Los restos de miles de víctimas de la represión son anónimos y fueron allí llevados sin contar con la voluntad de sus familiares.  

3. La exhumación de los restos mortales del dictador es una medida que expresa el interés general de protección a las víctimas de la dictadura, mediante esta forma de reparación moral y simbólica, para poner fin a la obligada convivencia del máximo perpetrador y de sus víctimas en un lugar religioso, creencia que muchas de las víctimas no profesaban. Además, es un requerimiento de la legalidad internacional en materia de derechos humanos, como han puesto de manifiesto diversos organismos y actores del sistema de Naciones Unidas, que han solicitado a España la exhumación. 

4. Es una resolución insólita también por el tratamiento que otorga al dictador, a quien considera jefe de Estado sin otra connotación. De un aparato estatal de facto, surgido de la violencia, no sometido a la legalidad y no homologado en la Comunidad Internacional de su época. Tanto tiempo después de la Constitución y de la promulgación de la Ley de memoria histórica, y dos años después de la proposición no de ley aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados sin votos en contra instando al Gobierno a exhumar los restos del dictador para sacarlos del Valle de los Caídos, parece mentira que el Tribunal Supremo manifieste esa falta de sensibilidad y de respeto hacia el principio democrático y el principio de legalidad. 

5. Por fin, parece un sarcasmo la protección cautelar y urgente del interés familiar del dictador frente al desentendimiento y abandono del Estado a los familiares de tantas víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que todavía esperan justicia y reparación.

5 de junio de 2019

EL SECRETARIADO

ANTE LA REUNIÓN DEL CENTENARIO DE LA OIT: EL CUADERNO DE INFORMACIÓN SINDICAL SOBRE EL CENTENARIO Y EL SEMINARIO SOBRE TRABAJO DOMÉSTICO Y EL CONVENIO 189 OIT.

Del 10 al 21 de junio de este año se celebra la 108ª reunión de la Conferencia Internacional de la OIT, de especial relevancia al tratarse de la reunión del Centenario de esta organización, que ha sido preparado con antelación mediante la discusión de los grandes temas – las conversaciones – que intentaban encuadrar el futuro del trabajo que poderes públicos, sindicatos y empresarios, quieren que se haga realidad.  El seguimiento de estos debates en lo que respecta a nuestro país se ha ido realizando minuciosamente por este blog, a cuyas numerosas entradas en este sentido remitimos.

La participación en estos debates del sindicato de CC.OO. ha sido constante y muy activa, y como organización mandante de la OIT ha mantenido una fuerte presencia tanto en la disposición de los eventos como en la exposición pública de sus planteamientos, sin descuidar las aportaciones al comité científico que seleccionaba y valoraba los textos que desde el ámbito académico se presentaban a los sucesivos seminarios.

Anticipándose ahora a la reunión de la CIT del centenario, CCOO ha organizado para mañana, 5 de junio, dos actos que quieren resaltar la importancia de la dimensión internacional de los derechos laborales y sindicales, derechos que deben ser considerados de carácter universal frente a los cuales no puede alegarse ni la situación de excepcionalidad política (o geopolítica) ni la incidencia de la crisis económica.

El primero de estos actos consiste en la presentación de un Cuaderno de Información Sindical preparado por la secretaría confederal de internacional, que se dedica al centenario de la OIT. El texto hace un recorrido que va desde la aproximación histórica de la presencia de CCOO en esta agencia hasta las experiencias más recientes en las diversas comisiones y espacios de la OIT, pasando por la revisión crítica de las normas internacionales del trabajo y la aportación de CCOO a las cuatro Conversaciones de la Iniciativa del Futuro del Trabajo.

Unai Sordo, secretario general de CCOO prologa el documento. Al prólogo le siguen las notas de la secretaria de Internacional y Cooperación, Cristina Faciaben. El Cuaderno incorpora además diferentes intervenciones del director de la Oficina de la OIT en España, Joaquín Nieto y del director general de la OIT, Guy Ryder.

El Cuaderno contiene una numerosa nómina de autores que abordan desde diferentes puntos de vista la influencia de la OIT, y la importancia en definitiva de la intervención sindical en este nivel de producción normativa que tiene una poderosa influencia en países como América Latina y que en el sur de Europa castigado por la crisis financiera y de la deuda soberana ha vuelto a recobrar su virtualidad como defensa de un nivel mínimo infranqueable de derechos. Entre los autores y autoras se encuentran: Fernando Rocha (Escuela del Trabajo - Director del área de Estudios y Proyectos de la Fundación 1º de Mayo); Bruno Estrada (Economista. Adjunto a la Secretaria General de CCOO); Antonio Baylos (Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Castilla La Mancha; Juan Moreno y Javier Doz, antiguos secretarios confederales de relaciones internacionales de CCOO; Alejandra Ortega (consejera técnica OIT para CCOO en las CIT) e Isabel Araqui (coordinadora secretaría Internacional y Cooperación); Raquel Gómez, consejera técnica de CCOO para la comisión normativa sobre violencia y acoso en el trabajo esta comisión (Secretaría confederal de Mujer e Igualdad); Carles Bertrán, responsable de migraciones de CCOO de Catalunya y director del Centro de Información para Trabajadores Extranjeros (CITE); Isidor Boix y Víctor Garrido, secretaría de Acción Sindical Internacional de Industria CCOO – Coordinador Acuerdo Marco de Inditex.

El Cuaderno está dedicado a la memoria de Miguel González Zamora, fallecido el pasado 30 de noviembre de 2018 y al que se le tributó un homenaje del que también este blog se ha hecho eco y que puede consultarse aqui: En recuerdo de Miguel González Zamora, un hombre bueno . Miguel coordinó durante varios años la delegación de CCOO durante las Conferencias Internacionales de Trabajo de la OIT en Ginebra.

Estos textos se presentarán mañana en el Consejo Económico y Social, a las once de la mañana, con la intervención del Secretario general de CCOO, Unai Sordo, Cristina Faciaben, secretaria de Internacional y Cooperación de CCOO, Elena Blasco, secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO y el director general de la Oficina de la OIT en España, Joaquín Nieto.

En esa dirección, ya por la tarde de ese mismo día 5 de junio, a las 16,00 en la sede de CCOO, en Fernandez de la Hoz 12, se celebrará un seminario, dirigido por Alejandra Ortega, para examinar la incidencia y la importancia del Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo doméstico en el marco del trabajo decente. Uno de los objetivos del seminario es el de insistir en el cumplimiento por el nuevo gobierno de la ratificación por España de dicho convenio de la OIT, un compromiso al que se llegó en el acuerdo presupuestario alcanzado entre el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea y el Gobierno de Pedro Sánchez, que sin embargo no fue cumplido por éste durante los meses sucesivos hasta la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales.

El seminario, que se anuncia como “Acto Público” relaciona correctamente la igualdad de género, el trabajo en el hogar y el Convenio 189 OIT. Tras un encuadre jurídico de la materia que llevará a cabo Concepción Sanz, profesora asociada de Castilla La Mancha y experta en este asunto, intervendrán asimismo Pilar Expósito, secretaria de la mujer de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO, y Esther Caballés, Directora de la Fundación Pau i Solidaritat de la CONC.

Dos actos por tanto que se conectan con la lucha internacional por los derechos laborales y la participación sindical en la OIT. Dos buenos momentos para la reflexión y el debate sobre cuestiones decisivas en la ordenación de las relaciones laborales. Y un consejo de amigo. Asistir a estos actos puede ser además muy beneficioso para alejarse de tanto ruido y tanta furia como se despliega en el ámbito de los pactos post-electorales y sus protagonistas.

IRRUPCIÓN DEL CAMBIO TECNOLÓGICO Y DISCURSO SOBRE LA CRISIS

(En la imagen, el "macro juicio" sobre Deliveroo celebrado en los Juzgados de lo social de Madrid el 31 de mayo de este año) 

Hay una cierta visión distópica del futuro marcado por la irrupción del cambio tecnológico que anuncia destrucción de empleos y liberación de excedentes, sustitución del trabajo humano por la inteligencia artificial, imposición del lenguaje matemático como forma de expresión no sólo de modelos de negocios, sino también de modelos sociales, heterodirección de los procesos económicos y desplazamiento del trabajo productivo al cognitariado en un esquema fuertemente concentrado y diferenciado de retribución del mismo en función de su valor estratégico en la era de la digitalización.

Es una visión del cambio social que produce la irrupción tecnológica digital y de la automatización que se presenta como un destino que prescindirá del trabajo humano tal como lo conocemos. No es que The Winter is coming, no son los caminantes blancos de GOT quienes nos amenazan con atravesar el muro de hielo del tiempo. Es una suerte de regreso a un tiempo sin derechos que se estiman incompatibles con un futuro tecnológicamente avanzado. Se plantea la obsolescencia de los derechos y del sujeto que los produce, el sujeto colectivo que representa el trabajo asalariado, que está construido sobre los valores de la igualdad y la solidaridad.  Unos valores que se estiman incompatibles con un mundo nuevo diseñado en torno a un mercado global accesible desde cualquier parte del orbe, basado en la libertad de cada cual y en el individualismo propietario.

Se parte así de un trabajo fragmentado y fisurado, sin referencias políticas a un modelo de sociedad que sitúa en el centro de su compromiso comunitario el trabajo como elemento de cohesión social, por el contrario medido por su valor económico como artículo de intercambio. El trabajo depende de la libertad de la persona que sólo encuentra en el mercado las posibilidades de su realización como deseo y como potencia en el consumo de los bienes y servicios que necesita.

El relato que acompaña este discurso describe ese futuro sombrío como un hecho natural, un fenómeno irresistible que precipita a toda la humanidad, y en especial a los países desarrollados, en él. Comparte con otros discursos – como el del cambio climático – una denuncia de la catástrofe en la que un hecho social, cultural o político va a colisionar con la humanidad, pero mientras que en este último caso se pronostica una reacción popular, una actuación en su contra para poder evitarlo, la irrupción tecnológica es imparable, parece gravitar sobre un mundo ordenado que el futuro digital y robotizado está cuestionando.

Sin embargo, este contexto evocado no se corresponde con la realidad. Estamos ante un mundo profundamente desigual e injusto, un mundo dividido y escindido en razón de la riqueza tanto a nivel global como en el interior de cada uno de los estados nacionales. Un mundo con amplias zonas en guerra,  con recursos naturales saqueados y violentados, con hambre y sufrimiento y grandes crisis humanitarias y en el que se conoce impresionantes movimientos migratorios como respuesta a la imposibilidad de vivir en el lugar que uno habría elegido. En el año 2018 han sido 260 millones la población que se ha desplazado por motivos económicos, ideológicos y políticos. Un mundo que amplía el contingente global de trabajadores, con cada vez más personas calificados como trabajadores formales – respecto de la cantidad, que se reduce, de trabajo informal propio de la economía irregular – pero en el que la libertad sindical no es preservada en numerosas regiones del globo como enseña el Informe Anual de la CSI sobre violación de derechos, que puede consultarse en este enlace Indice Global de Derechos  en las que ser sindicalista implica arriesgar la vida, la seguridad personal y el empleo, desde Egipto a Colombia.

La percepción tan expandida de la irrupción del cambio tecnológico de la era digital y de la robotización como una especie de vendaval social, económico y político que recorrerá el mundo desarrollado, se ha extendido a continuación de los discursos sobre la crisis y la necesidad de adecuar las estructuras económicas y las instituciones laborales a ésta que nos ha ocupado en los últimos años. Pues bien, la hipótesis que se mantiene en esta entrada del blog es que el discurso de la crisis y el de la irrupción tecnológica se solapan y se alternan en la idea de desarmar en el plano colectivo de las relaciones laborales y reducir el nivel de derechos de los trabajadores.

El recorrido de la crisis y su influencia sobre la regulación de las relaciones laborales y la protección social es largo, ya dura un decenio, a partir de la sucesión de crisis vividas con especial intensidad en los países del sur de Europa, como España. Crisis financiera generalizada a la que sigue la crisis de la deuda soberana en aquellos Estados en los que el endeudamiento público era decisivo para sostener la quiebra del sistema financiero y finalmente crisis democrática con remodelación de los parámetros constitucionales, cambio en el sistema de partidos y fuerte deslegitimación social de las instituciones democráticas nacionales y europeas. En definitiva la crisis se resolvía en la subsunción de la soberanía estatal – nacional en el plan de gobierno de las instituciones financieras, que sometía cualquier proyecto político al pago de la deuda, imponiendo las reformas constitucionales que ello requiriera, como sucedió con la reforma del art. 135 de nuestra Constitución, y condicionaba directamente las políticas sociales y la propia institucionalidad laboral a este hecho, a partir de las reformas de la legislación sobre la materia.

Es decir, la crisis se presentaba como el detonante de una situación de excepción, un momento constitucional destituyente de la consideración del Estado democrático como un Estado social, y que lo sustituía por un modelo de liberalismo autoritario en las relaciones laborales. La utilización de la crisis como dispositivo disciplinario de las relaciones laborales se manifestó en España a través de las reformas laborales que extendieron y profundizaron la flexibilización de las relaciones de trabajo y la disminución de las garantías del despido, el incremento de la unilateralidad empresarial y la reducción del poder sindical en la negociación colectiva. Una intervención de choque que se acompañaba ideológicamente de la entronización del emprendimiento y del sujeto emprendedor como trasunto del trabajador autónomo, la descolectivización del trabajo y la debilitación del sujeto sindical, la revalorización de la capacidad regulativa directa de la autonomía individual como eje de la activación económica. Un formidable esfuerzo por una nueva regulación neoautoritaria de las relaciones laborales que fue avalado por el Tribunal Constitucional a través del juicio de ponderación sobre el que basaba sus decisiones según el cual la condición de la recuperación del empleo pasaba por la restricción de los derechos individuales y colectivos derivados del trabajo.

Este discurso sobre la crisis, muy combatido social y políticamente, se prolonga y se alía con el de la irrupción tecnológica, en un intento de volver a ganar credibilidad y legitimidad. El cambio tecnológico requiere flexibilidad en las modificaciones en el tejido empresarial y en la liberación de excedentes de mano de obra, impone nuevos modelos de negocio y genera nuevos empleos que no se pueden reconducir a la regulación del contrato de trabajo que está anclada en esquemas fordistas, favorece directamente la autonomía en la prestación del trabajo y la consideración prioritaria del individuo como sujeto creativo y autocontrolado en la producción.

De esta manera, el discurso sobre el cambio tecnológico se acopla al relato justificativo de la reforma laboral y lo justifica desde posiciones más “estructurales” ligadas al cambio del sistema productivo. Da un paso más, porque desaconseja la reversibilidad de la reforma laboral ya realizada y aconseja la “profundización” de la misma.

En efecto, se considera que la velocidad de los cambios productivos hace inviable un principio de estabilidad en el empleo, y obligan a resituar la negociación colectiva en la empresa, fundamentalmente a través de acuerdos informales sobre materias concretas, sin que sea recomendable mantener un sistema de negociación colectiva articulada sectorialmente bajo la dirección sindical. La novedad tecnológica revaloriza el trabajo autónomo que debe, eso sí, dotarse de nuevos derechos que se desplazan al espacio de la protección social, liberando al empresario del coste de la cotización al sistema de Seguridad Social y de la carga de los derechos individuales y colectivos que constriñe su libertad y su capacidad unilateral de decisión. Ello conduce a pronosticar la descolectivización de las nuevas instancias de regulación porque la homogeneidad en el tratamiento de las condiciones de trabajo no resulta compatible con la nueva era tecnológica. Se niega la identidad colectiva común derivada del hecho material del trabajo por cuenta ajena, de forma tal que las nuevas condiciones de la normalidad social han de estar desprovistas de una identidad colectiva tal como la conocemos.

No son elucubraciones generales sobre el tiempo por venir. Ambos discursos, el de los cambios urgidos por la crisis y la inminencia de los cambios producidos por la era digital y la robotización, se están continuamente utilizando en estos momentos. Sostienen las opiniones de la Ministra Calviño cuando exige no mirar al pasado y preservar la reforma laboral, pero también las monótonas consignas antisociales del Banco de España, sea cual sea el color político de su Director general, que siempre exigen “profundizar” en la flexibilización laboral,  como asimismo alimentan los argumentos de la representación legal de las empresas tecnológicas como Glovo o Deliveroo frente a la actuación de la inspección de trabajo o las demandas de sus trabajadores, como puede comprobarse del relato del llamado “macro juicio” que se ha celebrado en Madrid el 31 de mayo. Contrarrestar ambos discursos es una tarea ideológica y cultural, pero va a requerir ante todo una acción político-social fuerte, en la que está involucrada la vicisitud que acompaña la formación del nuevo gobierno, pero también la actuación a corto y a medio plazo del sindicalismo. Seguiremos dando cuenta de estos procesos en próximas entradas del blog, si los lectores y lectoras del mismo nos siguen prestando su amable confianza.