SOBRE JUSTICIA DEMOCRÁTICA

La relación entre la judicatura y el franquismo está en el centro del debate político que liga la memoria histórica con la necesidad de reconocer la ilegitimidad de las decisiones realizadas bajo el manto de un ordenamiento jurídico autoritario y criminal. En ese sentido, la mención especial que la Fundación Abogados de Atocha ha realizado en su 33 aniversario a Justicia Democrática como organización democrática y antifranquista, y que recibió el magistrado Martín Pallín, como recoge la foto, sirve de base para recordar que no todos los jueces aceptaron el orden jurídico y político de la dictadura.




JUSTICIA DEMOCRÁTICA aparece como organización clandestina en los años 70, en un contexto claramente hostil, porque, con el Ejército, el Poder Judicial fue sin lugar a dudas el reducto más intransigente del franquismo, como se pudo comprobar con ocasión del proceso de legalización del PCE. El régimen creo tribunales especializados en la represión - el TOP y sobre todo la jurisdicción militar – dejando en un ámbito “neutro” al resto de los componentes de la magistratura, que podían interpretar el derecho “sin mancharse las manos” directamente, guardando silencio así frente a los crímenes de la dictadura que cometían otros. Los miembros de Justicia Democrática eran, como señaló el libro que recogía los documentos que elaboraron hasta su primer congreso en 1977, los jueces contra la dictadura, que pagaron con la postergación y el aislamiento su compromiso por la democracia y su lucha antifranquista. De forma intuitiva posiblemente, conscientemente después, inventaron el uso alternativo del derecho, es decir, profundizaron en el examen de la norma hasta encontrar un significado democrático, cuestión especialmente relevante en el campo de lo penal y en el laboral. En ese camino favorecían las posiciones de los abogados laboralistas y penalistas que defendían a los luchadores antifranquistas represaliados por el sistema.

Como señala JOSE MARIA LASO, la labor de Justicia Democrática no se limitaba a efectuar un uso alternativo del Derecho en sentido democrático. Simultáneamente investigaban y recopilaban informaciones sobre la antijurídica represión que el régimen franquista efectuaba, en todos los sentidos, la corrupción, y las arbitrariedades en el seno de la judicatura y la magistratura, etc. Todo ello con la finalidad de denunciarlo públicamente en ediciones clandestinas que causaron, por su coraje y rigor, gran impacto en distintos medios jurídicos.

Como organización clandestina, se integraron en la Junta Democrática, pero en función de la plural composición interna, mediaron en la integración tardía del instrumento unitario de la oposición. En su primer congreso, en 1977, que todavía mantuvieron en estricta clandestinidad, los acuerdos textuales todavía guardan un fuerte sabor de exigencia de democracia radical. La crónica de El País de aquel evento, firmada por BONIFACIO DE LA CUADRA, recordaba que JD se comprometía a promover un sindicato cuyas características, composición y funcionamiento serán objeto de un estudio posterior al congreso y en íntima relación con la evolución de la situación política; la condición de miembro del poder judicial no puede impedir la pertenencia a partidos políticos y organizaciones sindicales, rechazándose, en cambio, la posibilidad de desempeñar cargos directivos; JD debe promover en todo momento, una aplicación del Derecho tendente al desarrollo democrático de la sociedad, sino que se criticaba la creación de una Audiencia Nacional, reafirmándose en sus peticiones clásicas, entre ellas, las de amnistía total, abolición de la pena de muerte, supresión de la discriminación normativa por razón de sexo, derogación total del decreto-ley antiterrorismo, cooficialidad de idiomas en el proceso, supresión de las facultades sancionadoras de la Administración que invaden el ámbito del poder judicial, control pos los tribunales de la policía judicial y supresión del fuero policial.

Justicia Democrática no resistió el paso de la Transición, y se transformó, de forma pragmática tras el desarrollo del art. 127.1 CE que impedía a los jueces el derecho de sindicación y el de afiliación a los partidos políticos, en una asociación profesional, Jueces para la Democracia. Pero su imagen antifranquista, su importancia estratégica en la consecución de espacios de libertad dentro del derecho y en la afirmación de una política democrática de la actividad judicial, permanecen intactos, como la memoria de tantos de sus miembros hoy desaparecidos: Antonio Carretero, Jesús Vicente Chamorro, Plácido Fernández Viagas, Paco Huet, Claudio Movilla y tantos otros cuyos nombres el movimiento obrero español no olvidará jamás por su decidida posición a favor de la libertad y de la democracia en la larga noche de piedra del franquismo.