Mañana se produce la primera de las movilizaciones importantes contra los "recortes" o el "tijeretazo" que llevó a cabo el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
El Real Decreto - Ley tiene aspectos claramente inconstitucionales, que ya serán oportunamente explotados mediante su impugnación anunciada por los sindicatos, federaciones de rama y confederación seguramente. Pero al margen de este hecho evidente, el desvalor político de la norma es excepcional. Ya se ha hablado en este blog del efecto que produce texto legal al desvalorizar del trabajo público, hecho que no sólo hay que ponerlo en relación con las remuneraciones que en el sector privado perciben los trabajadores con cualificación o responsabilidad semejante a los empleados públicos a los que "con criterios de progresividad" - segun dice el RDL 8/2010 - se les reduce de forma importante sus salarios, sino con la propia materialidad de un trabajo en los servicios públicos que dan sentido al Estado democrático. Es un trabajo el de los empleados públicos que vertebra aspectos esenciales del estado social y que mantiene servicios que soportan con su acción la realidad del Estado y la posibilidad de derechos de ciudadanía social y política. Ese trabajo se considera sobrepagado y por tanto sobrevalorado respecto del prestigio social que merece y al valor que la sociedad está dispuesta a asignarle.
La consecuencia es que el poder político afirma así en la norma la depreciación del trabajo y de la profesionalidad del funcionario: una profesionalidad devaluada en términos de aceptación y de utilidad social.
Pero además el Real Decreto Ley supone nada mas y nada menos que la eliminación de golpe de la negociación colectiva en el sector de los empleados públicos. La negociación colectiva "especial" que regula el Estatuto Básico del Empleado Público para regular la relación de servicio del funcionario público, pero también la negociación colectiva "común", de la que la constitución reconoce la "fuerza vinculante" y que el RDL 8/2010 elimina en un tema tan central como la determinación del salario, que forma parte del núcleo esencial de la negociación colectiva desde su origen histórico - los contratos de tarifa - hasta hoy. Si la negociación colectiva y su producto, el convenio colectivo, puede ser inaplicado en sus condiciones básicas por un acto discrecional del gobierno sobre la base de una estimación de los mercados financieros y de la financiación de la deuda, con ello se está afirmando a la vez la supresión de la función institucional de los sindicatos en la representación y regulación autónoma de los intereses económicos y sociales de los trabajadores. No es por tanto con arreglo a un discurso sobre los "sacrificios" , los "esfuerzos de contención" o la "imposibilidad de mantener un estilo de vida" como se debe valorar la norma gubernamental española, sino en términos de respeto o no de las estructuras institucionales democráticas del sistema de relaciones laborales en nuestro país, que el RDL 8/2010 vulnera directamente.
Y qué gran regalo hace el gobierno socialista a la derecha política, poder eliminar el núcleo de lo pactado en convenio colectivo, hacer ineficaz la fuerza vinculante de lo acordado y hacer inservible la acción de los sindicatos en la regulación de las condiciones de empleo y trabajo de los empleados públicos sobre la base de una apreciación discrecional de ciertas estimaciones de los mercados financieros. Será difícil luego al partido socialista argumentar en contra de decisiones semejantes que pueda adoptar el Partido Popular en el gobierno, en la estela de autoritarismo y de antisindicalidad que deja el RDL 8/2010.
Mañana está convocada una huelga en el empleo público y una manifestación en Madrid a las 18,30, de Cibeles a Alcalá para responder a esta ofensiva antisocial del fundamentalismo economicista que se expande por toda Europa y que comienza a instalarse sin ambages entre nosotros. Allí estaremos.
1 comentario:
Caro Simón, has de saber que tu serie de posts blogueros de los últimos días sobre la huelga del empleo público han servido a las fuerzas funcionariales del trabajo y la cultura de la izquierda potencialmente refundable ( si el tiempo no lo impide), para construir un argumentario "ad hoc" ampliamente difundido. Igualmente has de saber que de entre el bloque de sólidas y fundadas razones que apuntas la que más éxito ha tenido como "enganche" de cierto personal indeciso ha sido la que llama a la dignidad profesional de los empleados públicos y su relación con la valorización social de los servicios públicos. Al menos así pude comprobarlo en la asamblea informativa que celebraron aquí en mi centro de trabajo nuestros compañeros dirigentes sindicales, y en la que se personaron algunos funcionarios del grupo A1 y A2, sacándome de mi tradicional aislamiento en este tipo de saraos, a los que sólo suele asistir junto al que suscribe el personal de servicios, ordenanzas, reprografía, y algunos auxiliares. Toda vez que nuestros queridos delegados no terminaban de coger al toro por los cuernos, debí superar la prudencia con la que trato de conducirme en estos casos, en los que trato de evitar que me consideren el listillo de la reunión y que "manipulo políticamente" las asambleas, como me dijo en privado una vez alguien de UGT, y repetí tu argumentario, poniendo especial énfasis en la cuestión de la profesionalidad a la que aludes creo que es en tu segundo post de la serie. El resultado fue que estos que te digo de los niveles más altos y que habían acudido a una asamblea por primera vez salieron convencidos de que había que ir a la huelga. En fin, esperemos que no se quede ahí y que el resultado sea suficiente como para coger fuerza ante la que parece irremisible huelga general. Un fuerte abrazo. Julián.
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