EL OBJETIVO NO DECLARADO DE LA REFORMA LABORAL: EL SINDICATO Y SU ACTUACIÓN REPRESENTATIVA: UN ESCRITO DE PÉREZ REY.

La reforma laboral impulsada por el gobierno se contempla fundamentalmente desde la perspectiva de sus efectos sobre el mercado de trabajo y las garantías de empleo. El texto que traemos a este blog del que es autor Joaquín Pérez Rey, pone el acento por el contrario en un objetivo no declarado ni aparente de un proceso de involución regresiva de la normativa laboral acompañado de una auténtica creación de un horizonte ideológico sostenido desde diversos frentes, que no busca sino reducir la influencia del sindicato y su capacidad de acción representativa como sujeto representativo de los trabajadores como categoría social y por tanto como figura que defiende de forma consecuente la consolidación del Estado social como conquista democrática irrenunciable para la ciudadanía. El texto, que se reproduce a continuación, ha sido comentado y debatido en los ambientes culturales de Parapanda, donde ha gozado de una amplísima aprobación. En la foto, el autor conversa animadamente sobre el mismo en la reunión del Colectivo de Jóvenes Juristas Críticos previa al merecido descanso vacacional del verano.

El sindicato en la diana

Joaquin Pérez Rey

(UCLM)

Digámoslo sin ambages: es el sindicalismo de clase el único actor de peso que asume la defensa del modelo social europeo. Es una tarea que desarrolla en incómoda soledad, dada la debilidad parlamentaria de la izquierda real y la renuncia de los partidos socialdemócratas a adoptar salidas a la crisis distintas de las propugnadas por el neoliberalismo. Sólo el movimiento obrero entiende, al margen de la situación de crisis, que los derechos sociales son un fundamento irrenunciable de la democracia y del bienestar de los ciudadanos.

Esta condición de llanero solitario tiene, naturalmente, graves consecuencias. El sindicato, escollera última en la que golpean las reformas regresivas de la legislación social, se convierte en un objetivo a batir. Lejos ya los tiempos de la legislación promocional y de su consideración como pieza clave de unas relaciones laborales democráticas y presididas por la paz social.

La ofensiva contra el sindicato, que además éste no puede contrarrestar de forma eficaz privado como está del acceso a los principales medios de comunicación, se estructura básicamente en torno a dos estrategias. La primera consiste en deslegitimarlo poniendo en duda su honradez e independencia; la segunda, de tintes más estructurales, pasa por atacar sus instrumentos de acción, fundamentalmente la negociación colectiva y la huelga mediante reformas jurídicas y comportamientos autoritarios.

La deslegitimación del sindicato es un hecho evidente. Un batallón de mass media se emplean a fondo en alimentar sospechas sobre la financiación de las organizaciones sindicales, ponen en duda la actuación de sus liberados cuando no los criminalizan directamente, niegan su independencia del poder político, las acusan de beneficiarse de los despidos, de ser insensibles al desempleo o las condenan al ostracismo informativo. La lista podría ser tan interminable como exenta de fundamento. Es llamativo que ninguno de estos juicios pueda encontrar apoyo en noticias veraces y que, a diferencia del universo de la política, el sindicalismo confederal no se vea afectado por escándalos de corrupción.

Pero además del intento de crear un estado de opinión desfavorable para el sindicalismo de clase, la ofensiva a la que nos referimos se afana también en privar a las organizaciones sindicales de los mecanismos de acción que les son propios por vías que, cuando menos, se sitúan en la frontera de la Constitución. Conviene precisar que se da aquí un salto cualitativo, no es ya que la actividad sindical busque ser debilitada por fórmulas de ingeniería jurídica (las estrategias de organización empresarial vienen trabajando en este sentido desde hace décadas), sino que el poder público pone en jaque directamente los instrumentos que conforman la autonomía colectiva.

El ataque a la negociación colectiva no tiene precedentes. La rebaja salarial en el empleo público, escandalosa por sí misma, lo es todavía más si se tienen en cuenta sus formas, que pasan por dejar en letra muerta centenares de convenios y acuerdos colectivos tantos de funcionarios, como de personal laboral o de empresas públicas. Con ello la fuerza vinculante del convenio de la que habla el art. 37.1 CE no sólo parece una broma pesada, sino que la posición institucional del sindicato queda extremadamente debilitada, dando alas al discurso que lo considera inútil una vez que los acuerdos a los que llega de nada sirven. Algo similar sucede con la negociación colectiva en la empresa privada, donde la huida del convenio sectorial mediante acuerdos de empresa que aquél no puede condicionar ni administrar, dejan fuertemente debilitada la figura del convenio como principal norma sectorial, insistiendo en abrir vías de agua que, reiteramos, no generan exclusivamente una minusvaloración de lo negociado sino también del negociador.

El conflicto colectivo en general y la huelga en particular no escapan, antes al contrario, a esta embestida al poder sindical. Junto con los excesos del lenguaje (huelga salvaje, huelga insolidaria, huelga como mera maniobra política; maquinación…) la respuesta a los paros de trabajadores es profundamente autoritaria y no sólo, que también, mediante la clásica vía del abuso en la imposición de servicios mínimos. De la mano de los intentos de hacer irrelevante el cese productivo mediante la imposición de un mínimo desproporcionado de actividad, caminan la amenaza nada velada del “sólo conseguirán acabar en la calle” y la advertencia de que se tomarán todos los medios para acabar con el paro, desde la militarización del servicio a su privatización. Es difícil concebir una actuación más antidemocrática y reaccionaria, más alejada de la consideración de la huelga como un derecho fundamental y más despreciativa con los sindicatos convocantes que, en numerosas ocasiones, no piden otra cosa que el cumplimiento de los convenios colectivos vigentes. La crisis se usa como moralina que condena todo conato de resistencia a los sacrificios que se imponen a los trabajadores, reputando el conflicto como un ejercicio de insolidaridad y a sus promotores como manipuladores. Y en este caldo de cultivo se avanzan incluso propuestas para acometer el desarrollo legal de la huelga en términos limitativos, aun cuando el régimen jurídico actual, en buena medida preconstitucional, ofrezca ya amplias posibilidades de restricción del conflicto.

Y ahí no acaban las cosas. El debilitamiento de la estabilidad en el empleo y el aumento del poder empresarial de despido, objetivos de la última reforma laboral, permiten a la arbitrariedad y la represalia instalarse con comodidad en el seno de las empresas, afectando, claro es, a las posibilidades de expresión democrática y al ejercicio de la libertad sindical en los centros de trabajo.

Además la facilitación del despido, que transita por la vía de banalizar sus causas y sus formas e impedir su control judicial, repercute muy negativamente en el seguimiento sindical de los despidos en la empresa (significativo es en este sentido la extensión de la improcedencia en detrimento de la nulidad a los despidos objetivos con carencias formales, entre ellas la información a los representantes de los trabajadores) y en las estrategias sindicales, muy exitosas en ocasiones, de juridificación de los conflictos. Así, por lo que a este segundo aspecto se refiere, el carácter testimonial (cuando no contraproducente) del control judicial de los despidos rápidos o express, en los que abunda la reforma, expulsa al sindicato y sus instrumentos jurídicos del proceso y los convierte en testigos mudos de la arbitrariedad patronal, impidiéndoles compensar en el terreno judicial las dificultades de la acción sindical de la empresa.

Sería, para concluir, insensato no advertir que este ataque al sindicalismo constituye uno de los efectos más severos de la crisis económica, y del que sólo cabe esperar un abundamiento en el empobrecimiento democrático al que asistimos. El reino de los mercados no parece dispuesto a dejar pasar la oportunidad de debilitar el poder sindical, consciente, como es, de que con ello los cascotes de la crisis caerán sobre los trabajadores.