La utilización del recorte del gasto público como exigencia de los mercados para paliar el déficit público - a la que entre nosotros ha dado lugar el Real decreto - Ley 8/2010 - no siempre tiene la finalidad confesada de ahorrar y restringir partidas de gasto. En muchas ocasiones lo que persigue es la depreciación del trabajo de los empleados públicos, la erosión de los servicios de interés general, y, muy especialmente, demostrar que los acuerdos y pactos colectivos a los que han llegado las administraciones públicas con los sindicatos más representativos pueden ser inaplicados por la sola voluntad de las empleadoras públicas simplemente alegando "los sacrificios necesarios" de forma puramente unilateral.
Se demuestra así que el convenio colectivo no es un derecho de los trabajadores representados por los sindicatos pactantes, sino una mera concesión unilateral cuya vigencia depende en exclusiva de la decisión política de la administración pública expresada en términos de pura discrecionalidad. Ejemplos especialmente relevantes de esta utilización de las "medidas de recorte" los encontramos en estos días en el conflicto del Metro de Madrid, donde la presidenta de la Comunidad de Madrid quiere aplicar ilegalmente a este personal una reducción salarial pese a que se han detectado suficientes partidas presupuestarias no salariales para conseguir el ahorro que la CAM había declarado perseguir como finalidad. El objetivo en el Metro de Madrid es conseguir inaplicar el convenio y demostrar que la autonomía colectiva sindical es superflua, aunque se insista en que se busca ahorrar determinada cantidad de dinero en la empresa pública. Para ello se alienta de nuevo la confrontación y el conflicto, que naturalmente repercute sobre la ciudadanía de la capital, privados o restringidos en su movimiento por la ciudad. En este círculo nada virtuoso, los medios de comunicación cierran el mecanismo al denunciar el egoismo de unos trabajadores que no quieren ser solidarios con el resto de los empleados públicos y que además acuden a una medida de presión adjetivada siempre como salvaje y dañina para la ciudadanía, sin que nadie repare ni siquiera de pasada en la ilegalidad de la actuación del poder público de la CAM, y en la agresión continua a los derechos fundamentales de los trabajadores que ésta está realizando.
El uso desviado de estas medidas de recorte del gasto social se continua en otros asuntos muy importantes. Javier López, en su blog - por cierto uno de los mejor configurados y alimentados de los que tienen los dirigentes sindicales - acaba de denunciar la progresiva obsesión del gobierno de la CAM en deteriorar la enseñanza pública después de haber intervenido durante los últimos años degradando la sanidad. El texto que publica el blog amigo de Javier López es suficientemente explicativo y se reproduce a continuación:
Más allá de Zapatero, Esperanza Aguirre entra como elefante en cacharrería en la enseñanza. Suspende el Acuerdo Sectorial del Personal Funcionario docente. Suspende el acuerdo para la mejora de retribuciones del profesorado de la enseñanza concertada. Los interinos no cobrarán las vacaciones. Se retiran los incentivos a la jubilación anticipada del profesorado. Se suspenden las licencias retribuidas de estudios. Se reduce la formación del profesorado. Se reducen las asignaciones a la formación gestionada por organizaciones sindicales. Se reducen las horas sindicales pactadas. Incorpora nuevos recortes a las Universidades Públicas Madrileñas, que vienen a sumarse a recortes anteriores que incumplen los Acuerdos con los Rectores y que supusieron ya caídas del 70 por ciento en las inversiones.
Esperanza Aguirre entra a saco en la Enseñanza, mucho más allá de lo planteado por el Decretazo de Zapatero.
Si algo conviene salvar, en tiempos de crisis, es precisamente, la enseñanza, que preserva a las generaciones futuras de los peores efectos sociales de la crisis.
En cuanto al profesorado, no sólo tendrá efectos salariales, también en su formación, en la renovación de efectivos y en sus derechos sindicales, incumpliendo Acuerdos firmados.
Habría otras posibilidades, si de lo que se trata es de reducir gastos, de buscar una mayor eficacia y eficiencia en el gasto. Actuar sobre el gasto educativo en el profesorado, supone debilitar la calidad de la enseñanza. Ponen en riesgo el futuro. Un sistema educativo deteriorado tarda mucho en recomponerse. Pero eso parece que importa poco en el Madrid gobernado por Aguirre.
¿Nadie encuentra en estas acciones de una comunidad autónoma una clara desviación de sus competencias constitucionalmente determinadas ni un desprecio absoluto a la legalidad vigente, que debería ser corregida? Este tipo de decisiones políticas deterioran directamente los derechos fundamentales de la ciudadanía social que están en la base del pacto constitucional democrático, y no se deberían considerar como "asuntos internos" de una Comunidad autónoma sobre la que no puede realizarse ninguna intervención política ni jurídica.
El caso de Italia debería servir de contrapunto, en especial en lo que se refiere a la resistencia de la sociedad civil, organizada formalmente en los sindicatos y en asociaciones civiles, pero también inorgánicamente a través de la construcción de redes de información y de activismo contra la degeneración del estado social y la destrucción del sistema de libertades. La lucha última contra la "Ley Mordaza" de Berlusconi resulta emblemática, con una huelga absoluta en los medios de comunicación que, posiblemente por otras causas, reflejan una pluralidad ideológica de la que carecemos en este país. También aquí se ha empleado la política de recortes para agredir e imposibilitar la existencia de medios de opinión hostiles al gobierno de Berlusconi y sus aliados.
La reacción ha sido fuerte y el caimán que tan bien describió Nani Moretti está arrinconado políticamente y debilitado por los escándalos de corrupción. Falta sin embargo el sujeto político alternativo que pueda catalizar en el plano electoral este derrumbe de la democracia.
Hay todo un mundo político-periodístico-editorial en Italia hecho de cooperativas, o de empresas de partido o autónomas, como Il Manifesto , que actúan "sin patrones y sin padrinos" y que se resisten al estrangulamiento económico que llevan padeciendo desde hace tiempo y que ahora se acentua mediante una norma de "ahorro" de subvenciones que posibilita la ayuda a los medios de comunicación escritos, pero que la somete a una concesión discrecional sobre cuanto y quien se recibe, que ha generado un fuerte rechazo.
Il Manifesto ha decidido convocar su reunión semanal del Comité de redacción el 14 de julio ante Montecitorio, sede del Congreso de los diputados italiano, para no ser reducidos al silencio o controlados. Lo harán en compañía de sus lectores y amigos, de las redes de solidaridad que forman los colectivos de trabajo sobre los que basa su labor de información y de opinión. Su lucha denuncia los vínculos estrechos entre el poder público y los intereses antidemocráticos del poder privado del dinero y de la ganancia en el sistema capitalista. Exactamente lo que sucede en esta parte de Europa que llamamos España.
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