SOBRE LOS ACUERDOS DE INVERSIONES. RELIEVES CRÍTICOS Y PROPUESTAS REGULATIVAS.

Se ha celebrado en Bruselas un encuentro internacional sobre los Acuerdos Internacionales de inversiones y sus efectos nocivos sobre los países emergentes y la posibilidad por parte de los mismos de desarrollar políticas de control de estas inversiones a través de las empresas transnacionales. Por parte española a este encuentro, cuya fase final se celebró en el Parlamento europeo, ha asistido, con papel relevante, Juan Hernández Zubizarreta, conocido amigo y compañero de los círculos de Parapanda en las delegaciones de los mismos en el País Vasco. El texto del Seminario es bien indicativo:

Los Acuerdos Internacionales de Inversiones (AII) –bajo la forma de Tratados Bilaterales de Inversiones (TBIs) y tratados de Libre Comercio (TLCs)- representan una amenaza para la gobernanza democrática y el interés público. Estos acuerdos socavan el derecho de los gobiernos a legislar a favor del interés público, el trabajo decente, los derechos humanos y la sustentabilidad ambiental. Los AII entregan derechos extraordinarios a las empresas transnacionales (ETNs), sin ningún tipo de obligación o contraprestación, permitiéndoles demandar estados soberanos ante tribunales internacionales, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Los inversionistas y las firmas de abogados usan cada vez más estos acuerdos y no dudan en desafiar las regulaciones nacionales a nivel social, ambiental y económico, si éstas amenazan con reducir la rentabilidad de las inversiones corporativas.

La evidencia es inequívoca al mostrar que un marco de inversiones basado en los derechos de los inversionistas sin obligaciones vinculantes no contribuye al desarrollo sustentable. No obstante, desde los años 90, los países desarrollados han presionado consistentemente por un marco vinculante de protección de los inversionistas, al tiempo que se han resistido a reconocer algún tipo de obligaciones de los mismos. Como anotó la analista política Susan George “la agenda de las empresas no ha cambiado desde finales de los 90, cuando el Acuerdo Multilateral de Inversiones, negociado secretamente dentro de la OCDE, fue derrotado por la acción ciudadana”.

En el contexto de la crisis económica global, tanto los Estados Unidos como la Unión Europea (UE), así como otros países del G20 han intensificado la búsqueda de AII y TLCs, los cuales incluyen cada vez más disposiciones de protección a las inversiones.

La agenda de los regímenes de inversiones tiene actualmente un alto perfil político en la UE, pues bajo el Tratado de Lisboa, las competencias sobre inversiones se han trasladado desde los Estados miembros al nivel de la UE. Tal es el caso con las negociaciones de TLCs, en los cuales la Comisión Europea (CE) ha adquirido el poder de negociar también AIIs. Este traslado de competencias “post-Lisboa” también significa que todos los TBIs existentes deberán alinearse en esta nueva dirección política. Ello también significa que los capítulos de inversiones serán integrados a los TLCs –como ocurre, por ejemplo, en el caso del TLC UE-India. En este sentido, las ETNs son cobijadas por una arquitectura de la impunidad, que les permite demandar con el fin de generar cambios en las economías nacionales y políticas de desarrollo en los países donde planean operar.

En el caso del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) y en la actual plataforma de AIIs y TLCs, los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil se han comprometido en campañas contra este régimen de comercio e inversiones, que ubica los intereses corporativos por encima del bienestar de la población y del planeta. Estas resistencias han sido exitosas no sólo en exponer los intereses de las ETNs y las violaciones de los derechos humanos, sino que también han tenido victorias significativas en la derrota del AMI, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) así como en casos específicos ante el CIADI – de los cuales Bechtel y ETI eran contra el gobierno boliviano. Por otra parte, durante la última media década, movimientos y organizaciones sociales de América Latina y Europa, reunidos en la Red Birregional Enlazando Alternativas, han resaltado estudios de caso emblemáticos que exponen la generalización de los crímenes económicos y ecológicos de las ETNs europeas que operan en el marco de una arquitectura de la impunidad, provista por los TBIs y los TLCs.

Este Foro en el Parlamento Europeo, que tiene lugar en el contexto de la Semana de Acción frente a Tratados Bilaterales de Inversiones y por un régimen Alternativo de Inversiones (Noviembre 5-8 en Bruselas), inicia un diálogo que no sólo desafía las premisas de la actual política de inversiones de la UE y del régimen global de inversiones, sino que va más allá en la generación de propuestas por un régimen alternativo y códigos vinculantes para las corporaciones Transnacionales.

Además de la denuncia del hecho, el Foro de Bruselas ha elaborado unas líneas de respuesta a estos fenómenos, basado en la creación y puesta en práctica de un modelo alternativo de inversiones, que tiene la forma de un documento debatido para su incorporación al actuar de los sindicatos y del resto de los sujetos sociales. El texto es el siguiente:

Los Tratados Internacionales de Inversiones (TII)–como ser los Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs) y los capítulos de inversiones en los Tratados de Libre Comercio (TLC) - son parte de la arquitectura de impunidad de las empresas transnacionales y como tal amenazan la soberanía y constituciones de las naciones, tanto de países en desarrollo como desarrollados, la gobernabilidad democrática y el interés publico.

Los Tratados de Inversiones otorgan a las empresas transnacionales derechos extraordinarios sin obligaciones vinculantes, permitiendo a las corporaciones saltearse las leyes y cortes locales y nacionales y demandar a Estados soberanos por millones de dólares ante tribunales internacionales asociados con el Centro Internacional de Arreglos de Disputas en Inversiones (CIADI), la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho de Comercio Internacional (UNCITRAL), y la Cámara de Comercio Internacional (CCI). No existen, en cambio, tribunales internacionales similares en los cuales gobiernos o ciudadanos puedan llevar a las empresas transnacionales a la justicia cuando sus actividades violan los derechos humanos, sociales, laborales y medioambientales o cuando infringen los requerimientos de las políticas públicas nacionales.

Los tratados de inversiones son instrumentos que usan las corporaciones transnacionales para disciplinar y poner presión sobre los gobiernos. Estos Tratados dan un poder sin precedentes a las corporaciones y mantienen a los gobiernos rehenes en su capacidad de perseguir objetivos de políticas públicas. De esta manera, menoscaban los derechos humanos, incluyendo los derechos laborales y derecho a la salud, el acceso a los servicios públicos, medios de vida básicos y la protección del medio ambiente.

La liberalización financiera y la protección de las inversiones, promovida por medio de los acuerdos de comercio e inversiones, son causas de la crisis financiera y económica actual. Sin embargo, Estados Unidos, la Unión Europea y el G20 promueven estas políticas de liberalización como una solución a la crisis económica y claramente creando las condiciones para una crisis mas profunda. Este sistema va a fortalecer aun mas el poder de las corporaciones (el 1%) y otorgar mayores protecciones a los inversionistas, pero en cambio aliena aun mas al 99% de la población.

Llamamos a:

- Poner un alto a nuevas negociaciones de tratados de inversiones, tanto bajo la forma de TLC como de los Tratados Bilaterales de Inversiones existentes

- El retiro de los países del CIADI y otros procesos de arbitraje como UNCITRAL y CCI

Llamamos a:

- los países desarrollados a parar la presión sobre países en desarrollo para firmar TBIs y provisiones sobre inversiones en los TLCs

- los países en desarrollo a examinar y revisar los impactos de los Tratados Bilaterales de Inversiones existentes sobre los pueblos en sus países

- a las Naciones Unidas a examinar el impacto de estos tratados de inversiones sobre el desarrollo y los derechos humanos.

Proponemos en cambio un marco internacional de inversiones alternativo este basado en principios democráticos y que priorice los intereses públicos sobre las ganancias privadas, que:

- Incorpore obligaciones vinculantes a las empresas relacionado con derechos humanos, económicos, laborales, sociales y medioambientales

- Excluya los mecanismos de resolución de disputas inversionista- Estado

- No otorgue a los inversores derechos mayores que a los nacionales

- Garantice a los gobiernos todo el espacio democrático para implementar políticas publicas en favor de los pueblos y el medio ambiente

- Incluya el derecho a restringir y controlar los flujos de capitales internacionales especulativos y desestabilizantes

- Determine que áreas como la salud, los alimentos, los servicios públicos y los recursos naturales deben estar bajo control e inversión publica.