COMENTANDO EL 9-N DESDE LA MANCHA

Quizá algunos de los lectores piensen que no es muy razonable opinar sobre lo acaecido en Catalunya este domingo situándose el comentarista no en su posición política, sino geográfica, más aún si se precisa que se trata de La Mancha, emblema del pensamiento mesetario. Pero recuerden que Don Quijote fue derrotado y obligado a retornar a su pueblo precisamente “en la playa de Barcino / frente al mar” como cantaba Serrat  hace demasiado tiempo y estas citas justifican por sí solas el comentario presente.

1.- Los números. No es frecuente visionar las cadenas generalistas de Televisión, y mucho menos las nefandas Tele Madrid o Tele Castilla la Mancha, con sus panegíricos entusiastas de las virtudes del gobierno central y de los respectivos gobiernos autonómicos. Pero siempre es oportuno saber qué dice la 1 del 9-N. Dejando de lado los exabruptos habituales, lo que más llama la atención es la elaboración de porcentajes y precisión de cantidades. Es decir, dados los dos millones doscientos mil votantes,  cómo hacer entender al país que esta es una cantidad no relevante. Para ello se descuentan de este total a jóvenes de 16 a 18 años e inmigrantes, sujetos ambos que sabemos que carecen de capacidad para tomar decisiones políticas sobre un proyecto de sociedad, y la cantidad restante se compara con el censo total señalando que son una minoría. Dentro de ellos, los votos al si-si se aíslan y se descubre que en total han votado esta opción tan sólo el 29% de los catalanes.

Los números lo soportan todo, ciertamente, pero el argumento es peligroso si se extrapola. Los criterios para la deslegitimación de la votación del 9-N sirven también para calcular el porcentaje de votantes que sostiene la mayoría del Partido Popular. Si se sabe que sólo votaron en el 2011 un 60% del censo y el partido popular obtuvo el 40% de los votos de éste, se deduce claramente que el gobierno del Partido Popular que ejerce con mano de hierro su mayoría absoluta representa realmente a una minoría de españoles. El sistema parlamentario se nutre de estas ficciones mayoritarias, no conviene ponerlas en duda desde un gobierno que está en plena crisis de legitimación, con independencia de su mayoría en las Cortes y de la apropiación partidaria de las instituciones de control constitucional. Así pensamos en La Mancha.

2.- Las “consecuencias jurídicas” del 9-N. Todos coinciden en que la consulta del 9-N no tiene consecuencias jurídicas. La presidenta de la Comunidad Castellano Manchega habla de “simulacro” y se comprende al instante que no se le dan bien las palabras, como cuando habló del despido “en diferido”. Un simulacro es, según la RAE, una ficción, imitación, falsificación, pero también una “acción de guerra fingida”. No hay que recordar que la consulta del 9-N ha sido prohibida por el Gobierno y sus organismos de consulta, debiendo resaltarse especialmente la interdicción expresa que ha hecho el Tribunal Constitucional. Así que las consecuencias jurídicas son evidentes. La movilización ha sido un gran acto de desobediencia civil pero también de resistencia a la aplicación de la norma estatal. Una “acción de guerra”, aunque solo en su significado simbólico.

El incumplimiento  debe producir consecuencias jurídicas negativas – normalmente bajo forma de sanción administrativa o penal – pero en casos como éste problema  es el número y la previsible respuesta a la sanción.  El número, porque la desobediencia civil ha sido muy extensa, dos millones doscientas mil personas, de manera que la represión de esta conducta es prácticamente imposible desde el punto de vista material. Como sucede en los supuestos de huelga, la respuesta represiva se centra en lo que la jurisprudencia pre-democrática llamaba “los cabecillas” de la misma. Pero mientras que en la huelga éstos son trabajadoras y trabajadores sólo cualificados por su pertenencia a un sindicato, en el 9-N son autoridades del Estado – porque eso es el Presidente de la Generalitat y su Gobierno – lo que plantea el tema en términos estrictamente políticos de ruptura de la institucionalidad que aceleraría la separación del territorio catalán del Estado español tras la apertura de un proceso de inestabilidad política y social de fuerte intensidad. Y ello por no considerar las consecuencias internacionales y en la propia Unión Europea. El problema de optar por las soluciones represivas es que éstas no puedan aplicarse. Por eso siempre es preferible dejar espacios abiertos para la negociación y el compromiso. Así se ven las cosas desde esta meseta.

3. La narrativa del proceso a la independencia. Todo proceso histórico se presenta como una sucesión de acontecimientos con significación política relevante. En este caso, es muy frecuente entender que se ha llegado a este momento de afirmación de una soberanía nacional que requiere una forma estatal correspondiente, ante el cierre del modelo constitucional que ha implantado una visión unitarista del Estado. En este relato, que se puede compartir en líneas generales, se hace mucho hincapié en el cambio que han sufrido los partidos de la transición, lo que se focaliza en el PSOE. Alguien tan cualificado como Lluis Llach se lo contaba a Jordi Évole el domingo por la noche en la Sexta. El PSOE pedía en 1977 la autodeterminación de los pueblos y las naciones que componían el Estado español, pero  esa postura fue variando a partir de 1982 con la llegada al gobierno de Felipe González y el bipartidismo ha hecho el resto. La verdad es que a gente de mayor edad como el titular de este blog se le hace difícil recordar esa postura del PSOE de defensa enérgica de  la autodeterminación de los pueblos en aquellas fechas, pero debe ser que la memoria flaquea si la cosa se afirma con tanta rotundidad.

Sin embargo, de lo que si nos acordamos es de un sujeto político que tuvo una importancia excepcional en la etapa de la transición en Catalunya, cuya memoria parece borrada. Era el Partit Socialista Unificat de Catalunya, el PSUC, que defendía un Estado Español formado por territorios y naciones con altas dosis de autogobierno en una integración federal. Que se haya olvidado la propuesta del PSUC es razonable, porque nadie habla en este país de los desaparecidos en combate, pero al menos sería interesante una reflexión sobre cómo esa perspectiva de federalismo asimétrico no ha encontrado continuidad en el pensamiento de la izquierda catalana, hoy actualmente volcada sobre el soberanismo, y si esta forma de aproximarse al problema de las naciones sin estado, por reproducir el libro clave en este asunto de Montserrat Guibernau, tiene alguna virtualidad como propuesta política en un escenario diferente de recomposición del proceso mediante la convocatoria de una consulta y las condiciones de la misma.

4. La apertura de un proceso constituyente en Catalunya. Ciertas cantidades suponen un cambio de cualidades. Dos millones doscientas mil personas movilizadas contra la decisión de los órganos de gobierno del Estado español, ejerciendo su derecho a decidir, suponen un salto cualitativo respecto de situaciones anteriores. En una crisis general de legitimidad democrática, que se expresa en la quiebra de tantas seguridades y pautas de conducta, la izquierda social y política en Catalunya ha impulsado el proceso independentista como una forma de abordar la apertura de un proceso constituyente. Mirando con simpatía la situación en el resto del Estado español, una situación más líquida y que se deberá sustanciar no sólo pero fundamentalmente mediante los resultados que se desprendan de los procesos electorales en curso, la izquierda en Catalunya se aísla de éste y aborda por separado un camino más cierto en la medida en que converge con otras fuerzas del centro político (centro izquierda y centro derecha) y una sólida representación de sectores económicos subalternos respecto del gran capital industrial y financiero español. El objetivo es forzar el conflicto para a partir de allí lograr un nuevo pacto social y político que sitúe a la izquierda en una posición influyente en el nuevo proyecto de transformación social que se abre a partir de éste. La convocatoria de elecciones constituyentes – sustituyendo así la consulta  ciudadana  -  es el primer paso para ello.

La izquierda catalana entiende que su proceso constituyente favorecerá y dinamizará en una suerte de feed back el curso de las cosas en el Estado Español y el avance de las posiciones de resistencia y reforma social, junto con el decaimiento del bipartidismo y la forma de Estado propias del régimen constitucional de 1978. Desde la Mancha las cosas no se ven de la misma manera, no sólo porque como se ha dicho la situación es aún muy líquida y puede decantarse de manera diferente a la proyectada, sino porque el discurso constituyente en Catalunya complica la comunicación entre la izquierda social y política con los ciudadanos del resto del país, y le impide ir más allá de la defensa del derecho a decidir de los ciudadanos de Catalunya, puesto que la iniciativa federalista no tiene prácticamente arraigo – un 10% - en el movimiento que ha desencadenado el 9-N y porque ciertamente la voluntad de la mayoría de los ciudadanos que ´la izquierda aspira a representar es partidaria de que Catalunya y la nación catalana forme parte, libremente, del Estado español.

 (En la foto, manchegos e insulares comentan las elecciones del 9-N en un ambiente marinero, propio de una de las mejores tabernas del puerto de Parapanda)