LA INACEPTABLE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA EUROPEA SOBRE EL TIEMPO DE TRABAJO

El tiempo de trabajo es un elemento central en la definición del trabajo asalariado cuya determinación unilateral por el empleador ha sido recuperada de forma extensa con las circunstancias de la última crisis. La regulación del tiempo de trabajo determina nuestro tiempo de vida e incide directamente en la salud y el bienestar de las personas. La Directiva europea sobre el tiempo de trabajo está en el centro de una nueva regulación que pretende configurar estos poderes empresariales sobre el tiempo de las trabajadoras y trabajadores como facultades vigorosas eximidas del control colectivo, reduciendo el problema a una dimensión individual. La Confederación Europea de Sindicatos no se ha mostrado muy activa en la oposición a estos proyectos regulatorios de la Comisión que cuentan con el impulso muy decidido del empresariado europeo. En España, no es un tema que por el momento haya atraído el interés de los programas políticos ni de las propuestas sindicales, más centradas en el tema salarial. Y sin embargo la revisión de la directiva europea de la jornada de trabajo es un tema crucial.  Como ya se señaló en la entrada anterior de este blog, el grupo parlamentario de IU Europea e Izquierda Verde Nórdica, ha preparado un seminario el miércoles y el jueves pasado en Estrasburgo sobre este tema, al que acudió Francisco Trillo, que ha hecho el resumen ejecutivo del mismo que a continuación se publica.

UN NUEVO INTENTO (NEOLIBERAL) DE LA COMISIÓN EUROPEA DE MODIFICAR LA DIRECTIVA DE TIEMPO DE TRABAJO

El pasado 5 de marzo tuvo lugar una sesión de trabajo para analizar las implicaciones de la propuesta de modificación de la Directiva 2003/88/CE que ha presentado la Comisión Europea –COM (2010) 801 y 802 final, de 21 de diciembre de 2010-. Esta interesante iniciativa ha partido del Grupo Parlamentario Europeo Izquierda Unitaria/ Izquierda Verde Nórdica.

La propuesta de modificación de tal normativa ha sido encauzada a través del art. 155 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, encontrándose en estos momentos en fase de consulta a los interlocutores sociales. Cabe destacar a estos efectos, que la Confederación Europea de Sindicatos no ha promovido ningún tipo de acción a este respecto pese a que la consulta pública dispuesta a tal efecto finaliza el próximo día 15 de marzo.

Las propuestas concretas presentadas por la Comisión parten de la premisa de que tanto el sector privado como el público necesitan de manera urgente una regulación más flexible del tiempo de trabajo con los objetivos, en unos casos, de alcanzar mayores cotas de competitividad empresarial y, en otros, de mejorar los servicios públicos de atención continuada de 24 horas (sanitario y bomberos, fundamentalmente). De este modo, la Comisión Europea se presenta como la garante de las demandas de las patronales europeas en la materia, canalizando las “necesidades” de dichas patronales y presentándolas como exigencias ineludibles que, en cualquier caso, no tienen por qué afectar la adecuada protección de la seguridad y salud de los trabajadores.

Aspectos tales como el concepto de tiempo de trabajo, los tiempos de descanso, el período de referencia o la cláusula opt-out forman el grueso del eje patronales europeas/ Comisión Europea. En este sentido, han sido destacados por todos los intervinientes de esta sesión de trabajo dos hechos importantes. Uno, que la Comisión Europea se presente como representante de los intereses de las patronales europeas. Dos, que las propuestas realizadas prescindan de cualquier referencia al contexto actual donde los distintos marcos estatales presentan experiencias donde el desempleo y el desmantelamiento de servicios públicos resultan características comunes a todos ellos.

Merece la pena detenerse, si quiera de forma breve, a destacar los aspectos más relevantes de la propuesta de la Comisión.

En relación al concepto de tiempo de trabajo, la Comisión ha llamado la atención, con un lenguaje agresivo, sobre la necesidad de derogar buena parte de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en los que se refiere a la consideración como tiempo de trabajo de las guardias de atención continuada con presencia en el centro de trabajo (Casos SIMAP y Jaëger). A ojos del eje patronales/Comisión Europea debería producirse una diferente forma de computar estos tiempos en los que los trabajadores se encuentran en el centro de trabajo, a disposición de su empresario, aunque no en el ejercicio de sus funciones. Como resulta fácilmente imaginable, la propuesta no se detiene a analizar el impacto que ello podría provocar a la salud de los trabajadores, pese a que los efectos de dicha propuesta resultan contrastables no solo en términos de afectación de la salud de los trabajadores, sino también en lo que al desvalor de este tiempo de trabajo se refiere además de un notable empobrecimiento injusto al que se podrían ver expuestos los trabajadores de tener éxito dicha propuesta de modificación.

Relacionado con esta concepción estrictamente mercantilista de la regulación del tiempo de trabajo, se propone igualmente derogar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en lo relativo a la necesidad de que los tiempos de descanso sean disfrutados por los trabajadores inmediatamente después de la realización de su jornada de trabajo. El desprecio por la salud de los trabajadores en esta materia resulta especialmente evidente en aquellos casos donde su jornada de trabajo haya experimentado alguna intensificación, ya que en lugar de descansar después de la realización de una prolongada jornada de trabajo lo que se propone en resumidas cuentas es comenzar una nueva jornada.

En este breve repaso por las principales propuesta de la Comisión se ha de destacar también la intención de la Comisión de prolongar aún más el período de referencia con el que computar la jornada de trabajo, para situarlo más allá de los doce meses de duración. Lo cual tiene un impacto más agresivo en los trabajadores temporales, dadas las reglas generales de limitación del tiempo de trabajo por contrato y no por trabajador. De igual manera, la Comisión entiende “crucial” el mantenimiento de la cláusula opt-out, por la cual los trabajadores convenientemente informados renunciarían libre y voluntariamente a la limitación de las 48 horas semanales, incluyendo horas extraordinarias. O lo que es lo mismo, se sigue apostando por la Europa del dumping social y de los derechos sociales a la carta frente a la aplicación sin fisuras de las libertades económicas.       

    

Con estos precedentes, la jornada de debate arrancó con la presentación de la presidenta del Grupo parlamentario, Gabriele Zimmer, quien recordó que tanto los intentos previos  como el actual de modificar la Directiva Europea presentan como característica común su marcado signo neoliberal, donde los trabajadores son vistos como una mera mercancía desprovistos de cualquier necesidad de protección de su seguridad y salud. Por su parte, Wiebke Warneck, consejera de la CES, concretó los puntos más relevantes de la propuesta de modificación poniendo en conocimiento de los presentes la difícil negociación que se avecina dada la rigidez de las posiciones patronales. Del mismo  modo, Warneck destacó que las tres grandes áreas en las que se quieren incidir desde la CES tienen que ver con a) los riesgos para la salud de los trabajadores derivados de las nuevas realidades del tiempo de trabajo; b) la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y c) la reducción del tiempo de trabajo.

A estas presentaciones más generales siguieron las intervenciones de las experiencias nacionales donde, bajo el título diferentes realidades, misma lucha, se realizó un repaso por las aportaciones de la Directiva en países como Portugal, Irlanda, España y Bélgica llevadas a cabo respectivamente por J. Dionísio (CGTP), E. Lynch (ICTU), F. Trillo (UCLM) y A. Bernard (SETCA) y moderadas de forma activa y brillante por Paloma López, europarlamentaria por IU y reconocida sindicalista de CC.OO.

Pese a que cada uno de los intervinientes se ajustó a su realidad nacional, los temas fueron bastante convergentes destacando el rechazo a esta propuesta de modificación por no responder a los temas más importantes existentes en el momento actual, donde la mayor de las preocupaciones se centró en la grave situación de desempleo existente a nivel europeo. De este modo, se recordaron los debates políticos, sindicales y jurídicos llevados a cabo durante los años 90 del siglo XX acerca de la introducción, por ley y/o negociación colectiva, de la jornada semanal de 35 horas. Las experiencias nacionales fueron muy reveladoras a estos efectos, destacando las prácticas que han emergido con ocasión de las crisis relacionadas con los llamados contratos de “0 horas” donde los trabajadores necesitan dos o más trabajos para su mera subsistencia.

Junto a esta relación entre desempleo y regulación del tiempo de trabajo destacó otra idea como es la difícil, en ocasiones imposible, conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que podría verse aún más obstaculizada de darse desarrollo a las demandas de la Comisión. En esta materia, la hipocresía de la propuesta realizada se evidencia de forma nítida en la necesidad expresada por la Comisión de individualizar de las relaciones laborales como condición sine qua non para satisfacer este derecho.

Por último, los intervinientes pusieron de relieve cómo la tensión entre los aspectos social y económico de la propuesta de modificación de la Directiva es muy parecida la que se está produciendo de forma general en el seno de la Unión Europea. Cabe destacar, a estos efectos, cómo las propuestas presentadas por la Comisión Europea vulneran la vertiente social del proyecto europeo, residenciado hoy, entre otros instrumentos normativos, en la Carta Social Europea. La experiencia española aportó como argumento al debate el hecho de que dichas propuestas violan la Carta Social Europea en lo que se refiere al concepto de tiempo de trabajo y a la limitación efectiva del tiempo de trabajo, una vez conocidas las Conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre la regulación española al respecto después de la modificación introducida por la reforma laboral de 2012.

El debate generado por los distintos intervinientes enriqueció la sesión de trabajo, coincidiendo todas las intervenciones en que cualquier propuesta en materia de tiempo de trabajo debería tomar como prioridades ineludibles el desempleo y la precariedad generalizada. Además, todos y cada uno de los intervinientes aludieron a la necesidad estratégica de no negociar esta propuesta, ya sea por su contenido que por la desconfianza que genera la Comisión en los parlamentarios de dicho Grupo parlamentario.  

La jornada fue clausurada por Inês Zuber quien puso en evidencia que esta materia será la más trascendental de la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo y que, por lo tanto, el objetivo que debería darse este grupo parlamentario sería el de no permitir una regresión social en materia de tiempo de trabajo. Zuber finalizó su intervención aludiendo a la particular forma que la Comisión ha tenido de articular la consulta pública, así como al discreto papel desarrollado por la CES en esta ocasión.