martes, 27 de septiembre de 2016

LA PAZ EN COLOMBIA, AL FIN


No es preciso insistir en que entre las múltiples malas noticias que se producen en este escenario de la globalización desenfrenada, ayer se produjo una muy buena y de una importancia excepcional, la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Colombiano y las FARC, efectuada en Cartagena de Indias ante una multitud impresionante que fue seguida por millares más en varias ciudades del país y en muchas capitales de América y de Europa. En Madrid, a las 18,30 de la tarde, en la Puerta del Sol, se reunieron un amplio grupo de ciudadanas y ciudadanos colombianos a festejar ese momento decisivo.

La firma del Acuerdo ha sido larga y laboriosa. Ha sido el fruto de más de cuatro años de negociaciones  en La Habana entre las partes, con la participación de los gobiernos de Noruega y Cuba, en condición de garantes; y de Venezuela y Chile, a modo de acompañantes. En ese largo proceso ha habido también mediaciones importantes, como la del propio Papa Francisco, y el equipo negociador ha realizado una labor verdaderamente titánica. Humberto de la Calle, el jefe del equipo negociador del gobierno colombiano, se llevó una larga ovación en el acto de la firma.

Al acto asistieron la práctica totalidad de dirigentes latinoamericanos, todos ellos vestidos de blanco como correspondía al simbolismo del momento. En las fotos se puede ver a Bachelet y a Maccri, a Maduro y a Correa, a Vázquez y a Raúl Castro, junto al secretario general de la ONU, Ban-Ki-Moon. Se ponía fin a 52 años de guerra civil. La firma del presidente Santos y de Rodrigo Londoño (Timochenko) fue emocionante.

Como resume el diario digital Info Libre, el pacto consta de diez puntos en los que se desglosan las medidas de justicia de transición que se podrán aplicar a los guerrilleros que decidan abandonar las armas, así como medidas de resarcimiento para las víctimas de los crímenes. El acuerdo establece la creación de un tribunal especial para juzgar los crímenes de guerra cometidos en el marco de este conflicto armado. Es un ejemplo de justicia transicional verdaderamente ejemplar.

Se ha hablado mucho del Acuerdo, y en ocasiones diciendo cosas inexactas. Por eso en esta entrada nos ha parecido importante rescatarlo en su literalidad. El texto del Acuerdo es el siguiente:

1. "El Gobierno de Colombia y las FARC-EP reafirman su compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha: Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral, Participación política: Apertura democrática para construir la paz y Solución al Problema de las Drogas Ilícitas".

2. "Reafirman su compromiso con una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Con ese propósito estamos construyendo un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En ese marco hemos acordado que se creará una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y hemos logrado acuerdos importantes en materia de reparación de las víctimas".

3. "Acuerdan crear una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz. Las Salas y el Tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos. La función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición".

4. "El componente de justicia prevé que a la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el derecho internacional humanitario (DIH), el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad. En todo caso, no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz".

5. "La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos".

6. "La Jurisdicción Especial para la Paz contempla dos tipos de procedimientos: uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente. A los primeros se les impondrá una sentencia, fundada en las conductas reconocidas después de haber sido contrastadas las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, las sanciones impuestas por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales existentes, así como la información que provean las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal".

7. "Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado. Para todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos competencia del Sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y, en general, la satisfacción de los derechos de las víctimas.

Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Las personas que hagan dicho reconocimiento de manera tardía ante el tribunal serán sancionadas con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias.

Para tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias".

8. "Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición".

9. "En el caso de las FARC-EP, la participación en el sistema integral estará sujeta a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final".

10. "La transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden".

El movimiento sindical colombiano ha apoyado decididamente este proceso de paz, que requiere ser aprobado en referéndum el próximo 2 de octubre. Las tres centrales sindicales colombianas -CGT, CTC y CUT- dieron su firme apoyo a la campaña por el "SÍ" en el plebiscito sobre los acuerdos de paz, para poner fin a décadas de conflicto en el país. En el transcurso de un acto organizado por las tres centrales sindicales que tuvo lugar en Medellín el 15 de septiembre y que contó con la presencia de cerca de 5.000 personas, se dejó constancia del respaldo al Acuerdo. El senador y ex presidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica pronunció un discurso ante los asistentes al acto, junto con los presidentes de las organizaciones sindicales colombianas; el Secretario General de la CSA, Víctor Báez; y el Secretario General Adjunto de la CSI, Jaap Wienen. "Hay generaciones de colombianos que no conocen la paz", señaló Mujica, añadiendo que "la guerra debe ser contra la pobreza, contra el hambre". Báez describió el acto de Medellín como "el mayor acto político realizado en el país en la campaña por el SÍ y demuestra que el movimiento sindical, nacional e internacional, defiende y defenderá la paz como principio". Wienen habló de la importancia de la iniciativa unitaria de las centrales en la realización del evento y en la campaña por el SÍ.  "Es alentador y merece un gran respeto que, a pesar de su sufrimiento, su sacrificio y la pérdida de tantos camaradas, ustedes están preparados para continuar jugando un papel crucial en el seguimiento y en la implementación del acuerdo de paz", añadió.

Frente a la movilización por el Si, existen fuertes tendencias en Colombia a opoenrse a este acuerdo de paz. El  ex presidente Uribe, que favoreció la acción de grupos paramilitares y ultraderechistas, está haciendo una importante campaña por el no. Uribe fue el gran aliado del presidente Aznar  y del PP español, lo que también se ha puesto de manifiesto en las críticas de éste al acuerdo de paz, de manera que  para él “no es una buena idea” que ante el Tribunal Especial mencionado en el acuerdo se puedan interponer denuncias no solo contra integrantes del grupo guerrillero, sino también contra militares o empresarios que hubiesen cometido delitos, y hace solo una semana insistió en el “recelo” que le producía el acuerdo de paz obtenido por los “riesgos” para el gobierno colombiano, expresó su preocupación por "la presencia de terroristas en instituciones públicas, especialmente en el Congreso y en la llamada justicia de transición", e hizo una analogía con el fin de ETA y se mostró escéptico sobre si un acuerdo como el del gobierno de Colombia con las FARC se hubiera aceptado en España. "¿Aceptaría un presidente español del gobierno un tribunal designado por terroristas?", fue su conclusión. Una conclusión que desprecia la voluntad democrática colombiana y rezuma superioridad moral sobre lo que son capaces de "aceptar" los dirigentes democráticamente elegidos de aquel país

Es importante resaltar estas connivencias de la extrema derecha colombiana, representada por el ex presidente Uribe que amparó durante su mandato masacres campesinas y fomentó los grupos paramilitares, con la derecha española representada por el ex presidente Aznar, en posiciones abiertamente contrarias al derecho internacional y a los derechos humanos y que en el caso del proceso de paz colombiano, se posicionan de manera abierta contra el mismo.


Felizmente los resultados del referéndum serán positivos y la terminación del conflicto generará nuevos espacios de convivencia política y social en un país desgarrado por la guerra y la muerte. Es un momento extraordinariamente importante no sólo para Colombia sino para todos aquellos que confían en la capacidad de los seres humanos de poder encontrar soluciones admirables a problemas enquistados que aparentemente no pueden jamás solventarse. La paz merece todos los esfuerzos que se han hecho, todas las concesiones de parte, y las propuestas de integración que están por desarrollarse en el inmediato futuro. Un buen día para la humanidad, finalmente. 

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