Como estaba previsto, en la cumbre de Gotenburgo en Suecia,
los 28 países de la Unión Europea han asumido el compromiso del Pilar Social
europeo, un texto no vinculante del que sin embargo se quiere sacar un
resultado concreto y tangible en el nuevo impulso normativo en materia social.
Este es el objetivo explícitamente asumido por la Confederación Europea de
Sindicatos (CES) cuyo secretario general, Luca
Visentini, ha afirmado que este texto solo es útil si es el principio de
otras cosas mejores, un pistoletazo de salida hacia su desarrollo normativo,
porque es el momento en el que Europa se mueva de la austeridad hacia los
derechos sociales y la austeridad.
La CES en efecto ha ido elaborando un conjunto de objetivos y de medidas
que pretende ir planteando y eventualmente consiguiendo en los próximos meses.
A continuación se desgranan algunas de estas propuestas, ante todo las que
hacen referencia a la introducción de directivas en materia de empleo para
concretar los derechos adquiridos en el pilar europeo para todos los
trabajadores, en todos los lugares de trabajo.
El sindicato europeo acoge favorablemente las iniciativas legislativas
incluidas y anunciadas en el Pilar europeo de Derechos Sociales, pero en la
idea de que perseguirá activamente su puesta en práctica mediante acciones a
nivel nacional y de la UE con la participación activa de sus organizaciones
afiliadas. Al mismo tiempo, la CES piensa que deberían considerarse otras
posibles iniciativas legislativas y propone un programa legislativo completo,
que se desarrollaría en el marco de la aplicación del PEDS, y que incluiría:
A) Una Directiva sobre la Aplicación efectiva de los Derechos de los
Trabajadores, porque debe haber un reconocimiento de que los trabajadores y sus
sindicatos experimentan una serie de obstáculos cada vez mayor que socavan su
capacidad para beneficiarse verdaderamente de los derechos laborales de la UE,
y solventar este problema es una prioridad. A nivel nacional, los
interlocutores sociales deberían estar implicados en la identificación de los
frenos a su aplicación efectiva. Además, reconocer el derecho a esta aplicación
efectiva implica presentar propuestas legislativas como medidas para garantizar
que los trabajadores pueden estar representados por su sindicato; la presunción
de una relación de trabajo; acciones colectivas y fortalecimiento de la
capacidad de acción de los sindicatos; responsabilidad conjunta y solidaria y
regulación de las plataformas online para asegurar que cumplen con sus
obligaciones como empleadores.
B) Para luchar contra la flexibilidad creciente y excesiva, se impone una
directiva sobre la protección de los trabajadores atípicos, que incluya medidas
para asegurar el trabajo actualmente precario, el derecho al trabajo a tiempo
completo, la igualdad salarial y de trato y la protección contra la
precarización, así como la prevención de las prácticas de tipo cero horas.
C) Una directiva sobre una base mínima de derechos para los verdaderos
trabajadores independientes o autónomos, incluido el derecho a la negociación
colectiva, a la seguridad social, a la protección de la salud y de la seguridad
maternal y a una remuneración adecuada que incluya salarios mínimos y convenios
colectivos.
D) Una directiva sobre el derecho a
la formación y a la transición justa en el contexto de la digitalización y la
industria 4.0.
E) Son necesarias una serie de directivas para mejorar la participación de
los trabajadores; esto implica un nuevo
marco de la UE sobre el derecho a la información, consulta y representación en
los consejos, así como una directiva que introduzca una nueva arquitectura integrada
para la implicación de los trabajadores en las empresas europeas.
F) Una directiva sobre la dignidad en el trabajo, para proteger a los
trabajadores frente a la vigilancia digital excesivamente intrusiva, para
preservar sus datos en el marco de una relación de trabajo, para reglamentar la
utilización de la inteligencia artificial y otras prácticas susceptibles de
poner en peligro la dignidad y la salud y seguridad de las personas en el
trabajo. Promover la salud, la seguridad y el bienestar de las personas en el
trabajo significa también reconocer y responder a los nuevos desafíos. Son
necesarias medidas urgentes sobre el diesel, las sustancias reprotóxicas y las
nanotecnologías.
Estos objetivos normativos se acompañan de la adopción de una serie de
medidas. La CES perseguirá activamente la puesta en marcha del proyecto de
directiva sobre el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada que
promete el Pilar Social de Derechos Sociales mediante acciones a nivel europeo
y nacional, con la participación de sus organizaciones afiliadas. Participará
además en la consulta sobre las propuestas para la directiva sobre la
declaración escrita y el acceso a la seguridad social, y se abrirá al diálogo y
la negociación con los empleadores sobre estas cuestiones y, si esto no es
posible, pedirá a la Comisión que presente propuestas legislativas.
El test decisivo para el Pilar europeo de derechos sociales será su
capacidad para proteger y promover el derecho social fundamental de organizarse
y de negociar colectivamente a través de un sindicato. Se trata probablemente
del derecho que se ha cuestionado más seriamente, aunque ocupa un lugar central
en el seno de nuestra Europa social. Es especialmente positivo que el pilar
europeo llame a los Estados miembros a ratificar y aplicar el Convenio de la
OIT sobre el derecho de organización y de negociación colectiva. Es por tanto
imprescindible promover la negociación colectiva y una convergencia salarial al
alza y adoptar medidas enérgicas para poner fin a todas las prácticas de
dumping social.
En esta dirección,la CES presionará a la UE
para que adopte cuatro medidas positivas:
1) Dar orientación a los Estados miembros de que los contratos públicos
deben promover la negociación colectiva priorizando las ofertas en las que el
empleador respeta el derecho de afiliación y de negociación colectiva.
2) Dar orientación a los Estados miembros de que la interpretación correcta
de las normas de competencia de la UE no impide a los trabajadores autónomos
negociar colectivamente sus salarios y condiciones de empleo.
3) Establecer metas con los interlocutores sociales para aumentar el número
de trabajadores cubiertos por los convenios colectivos y prestar apoyo al
fortalecimiento de capacidades que permitan alcanzar estos objetivos, fijando
sobre todo marcos para el establecimiento/ fortalecimiento de instituciones de
negociación colectiva a nivel nacional.
4) Cambiar el enfoque de las reformas laborales para que la negociación
colectiva sea reconocida como positiva es esencial, de lo contrario el Pilar
Europeo de Derechos Sociales carecerá de credibilidad. Por lo tanto, es
prioritario desplegar las acciones pertinentes para garantizar que todas las instituciones
de la UE estén obligadas a respetar el pilar social europeo.
Se hará hincapié en el fortalecimiento de la negociación colectiva, la
ampliación de su cobertura y la obtención de salarios mínimos (cuando existan)
de no menos del 60% de la mediana como un paso hacia un salario vital. La
campaña se centrará entonces en la construcción de estrategias y
reivindicaciones para impulsar una convergencia salarial al alza garantizando
específicamente la extensión de los convenios colectivos y acabando con las
diferencias de salarios injustas para trabajadores que hacen el mismo trabajo
en la misma empresa pero en diferentes lugares.
En la lucha contra el dumping social entiende la CES que se debe ir más
lejos. La Comisión ya ha presentado algunas iniciativas legislativas para
combatir el dumping social y el fraude, como la Directiva 2014/67/CE sobre la
aplicación de la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores, las
revisiones de la Directiva 96/71/CE relativa al desplazamiento de trabajadores,
el Reglamento 883/2004 sobre la coordinación de la seguridad social, y la
plataforma contra el trabajo no declarado. Pero hay que hacer más para marcar
una verdadera diferencia en la lucha contra el dumping social. Se debe garantizar una movilidad justa
y libremente elegida, así como combatir las prácticas tipo empresas-buzón.
La CES continuará trabajando para mejorar la legislación sobre el
desplazamiento de trabajadores, además de exigir una aplicación más eficaz de
los instrumentos legislativos existentes, y proseguir en la propuesta de crear una Inspección Europea del Trabajo (Socialpol)
para garantizar la aplicación transfronteriza de la normativa europea.
El problema que subyace a estas propuestas es el de la reducida capacidad
de la Ces para poder actuar al margen de lo que decidan y establezcan sus organizaciones
afiliadas y adheridas, asi como la diferente percepción que de los problemas de
recorte social y de rebaja salarial han producido en las distintas realidades
nacionales. La multiescalaridad del problema social, fragmentado en la
dimensión estatal-nacional (en España con el gobierno de Rajoy que se afianza
gracias a la crisis catalana durante más tiempo del previsible con el apoyo de Ciudadanos y el seguimiento del PSOE ) que por tanto
es diversa y suscita correlaciones de fuerza diferentes, y la dimensión
europea, con un grupo dirigente muy limitado y con una comisión de corto
recorrido y alcance político muy desgastado. Aunque Juncker ha pedido que se elabore rápidamente “un plan de acción”
porque en este asunto Europa se “juega su credibilidad”, ya veremos si la
atonía legislativa europea consigue avanzar en este plano y si el sindicalismo
europeo logra forzar acciones normativas en este terreno.
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