Hoy, 24 de enero, se cumplen 42
años del asesinato de los abogados del PCE y de CCOO de la calle de Atocha. Sus
nombres no deben perderse en el olvido y todos los años se reiteran en el
homenaje recitados por el último de los supervivientes de aquel acto de
barbarie, Alejandro Ruiz Huerta. Como
consecuencia del atentado de Atocha resultaron muertos los abogados
laboralistas: Enrique Valdevira Ibáñez;
Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco; el
estudiante de derecho Serafín Holgado de
Antonio y el administrativo Ángel
Rodríguez Leal. Resultaron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo
y Dolores González Ruiz.
Todos los 24 de enero la
Fundación Abogados de Atocha que creo CCOO de Madrid celebra un acto central en
Madrid en el que otorga dos premios, nacional e internacional. El premio
internacional de este año decidido por el Patronato de la Fundación ha recaído
por unanimidad en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) de
México, entidad constituida por 49 organizaciones de derechos humanos y de
mujeres en 21 estados de la República mexicana. Su objetivo central es
monitorear y exigir rendición de cuentas a las instituciones a cargo de
prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres y el feminicidio. En el ámbito
nacional, el Patronato de la Fundación ha decidido homenajear y reconocer a los
cantautores que lucharon por la libertad en la dictadura franquista y en la
transición española.
Los asesinos de los abogados de
Atocha eran pistoleros y militantes fascistas de grupos de extrema derecha,
pero detrás de ellos había fuerzas importantes que jamás fueron investigadas,
ni en los cuerpos de seguridad del Estado ni en los poderes económicos más
ligados al mantenimiento del franquismo – el llamado bunker – que contaba con
decisivos consensos en el ejército y en la judicatura. El crimen fue condenado
naturalmente por el gobierno de UCD y la impresionante manifestación de duelo
en el entierro de los abogados de Atocha fue el detonante de la legalización
del PCE y el decisivo encarrilamiento de la transición política hacia las
elecciones generales que construirían un nuevo sistema democrático y generarían
una Constitución acorde con él. Es por tanto un crimen que pretendía impedir la
democracia, castigando precisamente a quienes defendían a los trabajadores
frente a la dictadura, y señalando a las dos organizaciones que se habían
destacado en la lucha antifranquista, las Comisiones Obreras y el Partido
Comunista. Algo que conviene recordar frente a alguna narrativa que sigue
discutiendo sobre la transición política como un tiempo de desfallecimiento de
la izquierda que permitió la continuidad de aspectos importantes del
franquismo. Pero ese discurso no tiene mucho recorrido actualmente.
El aniversario de la matanza de
Atocha debería servir para recordar el papel crucial del sindicalismo y los
abogados laboralistas en los años de plomo de la Transición. Sería muy
interesante ir reconstruyendo las historias de los diferentes despachos que a
partir de 1966/67 se fueron progresivamente desplegando por la geografía
española a partir de la incorporación de jóvenes mujeres y hombres a un
movimiento obrero que era el principal enemigo del franquismo y el único que
podía (y que pudo) confrontarse con el régimen, desgastarlo e impedir el
desarrollo de su proyecto de mantenimiento y pervivencia. Y por cierto serviría
para reparar en la importancia de las mujeres como responsables de estos
agregados colectivos de militancia que construyeron el campo de lo jurídico
como una posibilidad de garantía de derechos laborales y simultáneamente de
subversión del marco legal existente. Maria
Luisa Suárez, Manuela Carmena, Paquita Sauquillo, Cristina Almeida, Aurora León,
Montserrat Avilés, Ascensión Soler, como ejes de la resistencia y de la
política del derecho en los tribunales.
Revalorizar este aspecto implica
asimismo entender la relevancia de una acción jurídica anclada en la acción
sindical e incentiva una reflexión sobre el origen histórico de la centralidad
de la garantía judicial de los derechos laborales que hunde sus raíces en una
forma de crear el derecho privilegiando el aspecto interpretativo del mismo, y
revaloriza el papel de los llamados “operadores jurídicos” como agentes reales
de creación del derecho y de realización de la justicia. Un aspecto que además
coloca al sindicato como sujeto coordinador e impulsor de esta acción compleja
en el campo de lo jurídico y le da un papel central en el gobierno de las
relaciones laborales a partir de una estrategia de defensa y creación de
derechos individuales y colectivos en el trabajo. Una vertiente muy decisiva en
la consideración por parte de los y las trabajadoras de la eficacia de la
acción sindical.
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