Las reformas laborales del 2010 y
2012, la reforma de las pensiones del 2011 y del 2013, se gestaron bajo la
presión que imponía el rescate bancario y la deuda soberana generada por la
crisis financiera, la irrupción del conglomerado entre la Comisión Europea, el
BCE y el FMI - la troika – sometiendo su
ayuda a la estricta condicionalidad política que imponían estas “reformas
estructurales” que devaluaron fuertemente los salarios, degradaron las
garantías de empleo y redujeron la capacidad de regular las condiciones de
trabajo a través de un sistema articulado de negociación colectiva, debilitando
al sujeto sindical e induciendo un aumento de la desigualdad social y de la
precariedad laboral.
Hoy las variantes de la
gobernanza económica europea respecto de la relativa recuperación económica
permiten un marco de juego relativamente más amplio, pero las coordenadas
básicas de la gobernanza económica sobre el déficit y la deuda siguen vigentes.
Hay que recordar que en febrero de 2009, la Comisión Europea metió a España en
la “lista negra” de países con déficit excesivo, en la que estuvieron 24 de los
28 países europeos, y que pese a los recortes extremos en el gasto público de
Zapatero y de Rajoy, el déficit español fue un 9,6% en el 2011, un 10,5% en el
2012 ya con Rajoy, para pasar al 6% en 2014 y finalmente el 3,1% en el 2017. El
gobierno de Pedro Sánchez gracias a la mejora de la recaudación lo ha reducido
al 2,48% en el 2018, y de esta manera, España ha sido, el 14 de junio del 2019,
el último de los países en salir de la “lista negra” de los países con déficit
excesivo. Para ello, como conocen bien quienes trabajan en el sector público,
han sido precisos recortes de miles de millones de euros (34. 753 millones
entre el 2012 y el 2015, en el apogeo del gobierno Rajoy) que han repercutido
fundamentalmente en educación, sanidad, pensiones, gastos sociales, tecnología,
carreteras e inversiones públicas, junto con un aumento de los impuestos
indirectos, especialmente el IVA, 23.000 millones más de impuestos entre el
2011 y el 2015, según la Agencia Tributaria. A ello se une la impresionante
deuda pública acumulada para financiar el déficit público, que supera el 100%
del PIB en marzo de 2016 (1,095 billones), y al término del gobierno Rajoy se
cifra en 1.163.885 millones de euros, el 98,3% del PIB. A finales de 2018, la
deuda pública se mantiene en el 97,1% del PIB, 1.173.107 millones de euros. El
problema es que la ministra Calviño y el gobierno de Sánchez se han
comprometido en el Programa de Estabilidad 2019-2022 con Bruselas a rebajar el
déficit al 2% en 2019, al 1,1% en 2020, al 0,4% en 2021 y a dejarlo en el 0% en
2022. Lo que implica contener drásticamente el gasto público (pasaría del 41,3%
del PIB en 2018 al 41% en 2020 y 40,7% en 2020) y subir más los ingresos (del
35,1% en 2018 al 36,5% en 2020 y el 37,3% en 2022), aumentando algunos
impuestos (sociedades, tasa Google, la renta de los que ganan más de 130.000
euros) y suprimiendo deducciones y desgravaciones, además de luchar contra el
fraude fiscal. Las opciones neoliberales por tanto siguen orientando las
políticas macroeconómicas de toda Europa, y es la receta que también en España
incorpora el gobierno socialista.
Es una perspectiva muy dudosa y
combatida puesto que paraliza las inversiones públicas, que son las únicas que
pueden sostener el crecimiento y el empleo cuando flaquea la inversión privada.
El programa frente a la crisis que mantuvo Obama se confronta claramente con
las políticas de austeridad europeas. En Estados Unidos, a comienzos del 2009 se
lanzó un ambicioso programa de inversiones públicas, además de intervenir
directamente en sectores en crisis del automóvil e impulsar, no sin enormes
dificultades internas, la reforma del sistema de salud mediante el Medicare. Es
decir, políticas expansivas en el presupuesto público y política de reformas
progresistas que se oponen al núcleo central de la austeridad europea,
equilibrio presupuestario y reformas estructurales.
En nuestros días, después de la
recuperación económica que se aprecia a partir del 2015 fundamentalmente, diez
años después de la crisis, la eurozona es el área con menor crecimiento y mayor
desempleo y frente a la cual se presenta la amenaza de la recesión y del
estancamiento como un dato con altas posibilidades de realización. No resulta
por tanto que las políticas neoliberales estén logrando en Europa un escenario
positivo, mucho menos si lo comparamos con el crecimiento en USA y en China,
los dos grandes sujetos dominantes en la globalización. Pese a ello, y por
seguir con el caso español, la Comisión Europea, tras felicitar a España por su
control del déficit, ha dicho que hay que seguir con el ajuste y que se debe
reducir el déficit otros 15.000 millones de euros entre 2019 y 2020. Una
instrucción que ha replicado el Banco de España exigiendo nuevas y profundas
reformas laborales y del sistema de pensiones, criticando las medidas laborales
acordadas por el gobierno Sánchez en el contexto del acuerdo presupuestario con
el Grupo Parlamentario Unidos Podemos – En Comú Podem – en Marea de octubre de
2018.
No parece posible, por otra
parte, que un país de los que compone la Unión Europea se separe de la
orientación socioeconómica presente en la dirección financiera y política de la
Unión. El caso de Italia lo demuestra de manera palpable. Lo que no impide que
en los reproches que las autoridades de gobierno italiano hacen contra la
Comisión Europea que amenaza con sanciones ante el incumplimiento de las
previsiones sobre el déficit, se deje traslucir una reivindicación muy potente,
la crítica a una tecnocracia que tiene la ventaja de ser estable, no sometida a
control político y técnicamente competente, pero que carece de cualquier base y
verificación democrática.
Este es el eje en el que se
sustancia un neosoberanismo reactivo que se extiende por buena parte de los
países europeos, siendo sin embargo Italia actualmente el centro político que
lo organiza en torno a la figura del vicepresidente Matteo Salvini y de su
partido, la Lega Nord, que ha obtenido un respaldo muy importante en los resultados
de las elecciones europeas que le han convertido con mucho en el primer partido
de su país, y que ha liderado de manera incontestada un frente de 11 partidos
ultraderechistas europeos, entre ellos el de Marine Le Pen en Francia, Geert
Wilders de Holanda, Alternativa para Alemania y el FPO de Austria, en la
concentración que celebraron en Milan en mayo de 2019, inmediatamente antes de
las elecciones. Profundamente anclados en el rechazo a la inmigración y la
xenofobia – especialmente anti-islámica – con variaciones importantes en el
proteccionismo de los mercados nacionales y de la protección de los
trabajadores de cada país, el discurso neosoberanista sitúa en primer plano la
identidad y la soberanía nacional frente a una tecnocracia que ha devastado
países enteros, como en el caso emblemático de Grecia.
Es un tema sin embargo sobre el
que se deberá reflexionar porque en principio la soberanía nacional no solo se
ejerce en las decisiones sobre la guerra y la paz, un campo en el que por otra
parte es la OTAN quien adopta las decisiones fundamentales, sino sobre las
políticas que derivan de la identidad histórica que tiene cada país en el
diseño de todos los sectores de la vida colectiva, incluidos los que
corresponden a un sentido de pertenencia a una comunidad nacional en las
materias derivadas del reconocimiento constitucional del Estado social, de las
políticas industriales, de las medidas especiales para compensar las
desigualdades regionales, de la asistencia a los ciudadanos en caso de necesidad.
La llamada gobernanza europea, sobre la base de la preservación de la moneda,
ha establecido también un principio de soberanía del mercado unificado que se
interpreta estrictamente por parte de la Comisión como una forma de
disciplinamiento interno de las políticas sociales de los países sobre
endeudados. El neosoberanismo denuncia por tanto esta suerte de aniquilación de
las funciones del Estado nación y
reivindica políticas nacionales identitarias, reivindicando paradójicamente la
vigencia de las constituciones nacionales que permiten acuerdos supranacionales
pero no la alienación de la identidad de las naciones que componen los Estados
miembros de la UE.
Sin embargo, el mejor antídoto
contra estas tendencias lo constituye el desarrollo de la dimensión social de
la Unión Europea. El retorno de Europa a la regulación de las relaciones laborales
y de protección social desde una perspectiva garantista y armonizadora. Se
requiere desde luego el aumento del presupuesto de la UE, la creación de un
sistema de armonización fiscal europeo y la proscripción de los paraísos
fiscales, la delimitación de las bases centrales de un proyecto de transición
energética y digital. Pero en lo que posiblemente todos los comentaristas están
de acuerdo es en que es urgente reemprender la acción regulativa europea en
materia social aprovechando la perspectiva que ofrece, al menos retóricamente,
la idea del Pilar Social. A su través se debería estructurar una cierta
alternativa a la gobernanza de la UE sintetizada en la Fiscal discipline que, como sugiere Antonio Lo Faro, pueda
redimensionar el consenso de Berlín, poniendo en marcha una nueva dinámica
política y un cambio de paradigma en la línea de revertir las reformas que han
impuesto el retroceso de los estándares de protección social y de regulación
del trabajo sobre la base de las llamadas políticas de austeridad. Es
importante por consiguiente que se comprenda que el Pilar social contribuya a
reactivar en Europa un principio ¡de solidaridad sobre el que se debe fundar la
Unión Europea.
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