martes, 25 de junio de 2019

¿ES POSIBLE UN CAMBIO SOCIAL ANTE LA GOBERNANZA EUROPEA? EUROPA Y NOSOTROS (Y VICEVERSA)



Las reformas laborales del 2010 y 2012, la reforma de las pensiones del 2011 y del 2013, se gestaron bajo la presión que imponía el rescate bancario y la deuda soberana generada por la crisis financiera, la irrupción del conglomerado entre la Comisión Europea, el BCE y el FMI  - la troika – sometiendo su ayuda a la estricta condicionalidad política que imponían estas “reformas estructurales” que devaluaron fuertemente los salarios, degradaron las garantías de empleo y redujeron la capacidad de regular las condiciones de trabajo a través de un sistema articulado de negociación colectiva, debilitando al sujeto sindical e induciendo un aumento de la desigualdad social y de la precariedad laboral.

Hoy las variantes de la gobernanza económica europea respecto de la relativa recuperación económica permiten un marco de juego relativamente más amplio, pero las coordenadas básicas de la gobernanza económica sobre el déficit y la deuda siguen vigentes. Hay que recordar que en febrero de 2009, la Comisión Europea metió a España en la “lista negra” de países con déficit excesivo, en la que estuvieron 24 de los 28 países europeos, y que pese a los recortes extremos en el gasto público de Zapatero y de Rajoy, el déficit español fue un 9,6% en el 2011, un 10,5% en el 2012 ya con Rajoy, para pasar al 6% en 2014 y finalmente el 3,1% en el 2017. El gobierno de Pedro Sánchez gracias a la mejora de la recaudación lo ha reducido al 2,48% en el 2018, y de esta manera, España ha sido, el 14 de junio del 2019, el último de los países en salir de la “lista negra” de los países con déficit excesivo. Para ello, como conocen bien quienes trabajan en el sector público, han sido precisos recortes de miles de millones de euros (34. 753 millones entre el 2012 y el 2015, en el apogeo del gobierno Rajoy) que han repercutido fundamentalmente en educación, sanidad, pensiones, gastos sociales, tecnología, carreteras e inversiones públicas, junto con un aumento de los impuestos indirectos, especialmente el IVA, 23.000 millones más de impuestos entre el 2011 y el 2015, según la Agencia Tributaria. A ello se une la impresionante deuda pública acumulada para financiar el déficit público, que supera el 100% del PIB en marzo de 2016 (1,095 billones), y al término del gobierno Rajoy se cifra en 1.163.885 millones de euros, el 98,3% del PIB. A finales de 2018, la deuda pública se mantiene en el 97,1% del PIB, 1.173.107 millones de euros. El problema es que la ministra Calviño y el gobierno de Sánchez se han comprometido en el Programa de Estabilidad 2019-2022 con Bruselas a rebajar el déficit al 2% en 2019, al 1,1% en 2020, al 0,4% en 2021 y a dejarlo en el 0% en 2022. Lo que implica contener drásticamente el gasto público (pasaría del 41,3% del PIB en 2018 al 41% en 2020 y 40,7% en 2020) y subir más los ingresos (del 35,1% en 2018 al 36,5% en 2020 y el 37,3% en 2022), aumentando algunos impuestos (sociedades, tasa Google, la renta de los que ganan más de 130.000 euros) y suprimiendo deducciones y desgravaciones, además de luchar contra el fraude fiscal. Las opciones neoliberales por tanto siguen orientando las políticas macroeconómicas de toda Europa, y es la receta que también en España incorpora el gobierno socialista.

Es una perspectiva muy dudosa y combatida puesto que paraliza las inversiones públicas, que son las únicas que pueden sostener el crecimiento y el empleo cuando flaquea la inversión privada. El programa frente a la crisis que mantuvo Obama se confronta claramente con las políticas de austeridad europeas. En Estados Unidos, a comienzos del 2009 se lanzó un ambicioso programa de inversiones públicas, además de intervenir directamente en sectores en crisis del automóvil e impulsar, no sin enormes dificultades internas, la reforma del sistema de salud mediante el Medicare. Es decir, políticas expansivas en el presupuesto público y política de reformas progresistas que se oponen al núcleo central de la austeridad europea, equilibrio presupuestario y reformas estructurales.
En nuestros días, después de la recuperación económica que se aprecia a partir del 2015 fundamentalmente, diez años después de la crisis, la eurozona es el área con menor crecimiento y mayor desempleo y frente a la cual se presenta la amenaza de la recesión y del estancamiento como un dato con altas posibilidades de realización. No resulta por tanto que las políticas neoliberales estén logrando en Europa un escenario positivo, mucho menos si lo comparamos con el crecimiento en USA y en China, los dos grandes sujetos dominantes en la globalización. Pese a ello, y por seguir con el caso español, la Comisión Europea, tras felicitar a España por su control del déficit, ha dicho que hay que seguir con el ajuste y que se debe reducir el déficit otros 15.000 millones de euros entre 2019 y 2020. Una instrucción que ha replicado el Banco de España exigiendo nuevas y profundas reformas laborales y del sistema de pensiones, criticando las medidas laborales acordadas por el gobierno Sánchez en el contexto del acuerdo presupuestario con el Grupo Parlamentario Unidos Podemos – En Comú Podem – en Marea de octubre de 2018.

No parece posible, por otra parte, que un país de los que compone la Unión Europea se separe de la orientación socioeconómica presente en la dirección financiera y política de la Unión. El caso de Italia lo demuestra de manera palpable. Lo que no impide que en los reproches que las autoridades de gobierno italiano hacen contra la Comisión Europea que amenaza con sanciones ante el incumplimiento de las previsiones sobre el déficit, se deje traslucir una reivindicación muy potente, la crítica a una tecnocracia que tiene la ventaja de ser estable, no sometida a control político y técnicamente competente, pero que carece de cualquier base y verificación democrática.

Este es el eje en el que se sustancia un neosoberanismo reactivo que se extiende por buena parte de los países europeos, siendo sin embargo Italia actualmente el centro político que lo organiza en torno a la figura del vicepresidente Matteo Salvini y de su partido, la Lega Nord, que ha obtenido un respaldo muy importante en los resultados de las elecciones europeas que le han convertido con mucho en el primer partido de su país, y que ha liderado de manera incontestada un frente de 11 partidos ultraderechistas europeos, entre ellos el de Marine Le Pen en Francia, Geert Wilders de Holanda, Alternativa para Alemania y el FPO de Austria, en la concentración que celebraron en Milan en mayo de 2019, inmediatamente antes de las elecciones. Profundamente anclados en el rechazo a la inmigración y la xenofobia – especialmente anti-islámica – con variaciones importantes en el proteccionismo de los mercados nacionales y de la protección de los trabajadores de cada país, el discurso neosoberanista sitúa en primer plano la identidad y la soberanía nacional frente a una tecnocracia que ha devastado países enteros, como en el caso emblemático de Grecia.

Es un tema sin embargo sobre el que se deberá reflexionar porque en principio la soberanía nacional no solo se ejerce en las decisiones sobre la guerra y la paz, un campo en el que por otra parte es la OTAN quien adopta las decisiones fundamentales, sino sobre las políticas que derivan de la identidad histórica que tiene cada país en el diseño de todos los sectores de la vida colectiva, incluidos los que corresponden a un sentido de pertenencia a una comunidad nacional en las materias derivadas del reconocimiento constitucional del Estado social, de las políticas industriales, de las medidas especiales para compensar las desigualdades regionales, de la asistencia a los ciudadanos en caso de necesidad. La llamada gobernanza europea, sobre la base de la preservación de la moneda, ha establecido también un principio de soberanía del mercado unificado que se interpreta estrictamente por parte de la Comisión como una forma de disciplinamiento interno de las políticas sociales de los países sobre endeudados. El neosoberanismo denuncia por tanto esta suerte de aniquilación de las funciones del Estado  nación y reivindica políticas nacionales identitarias, reivindicando paradójicamente la vigencia de las constituciones nacionales que permiten acuerdos supranacionales pero no la alienación de la identidad de las naciones que componen los Estados miembros de la UE.

Sin embargo, el mejor antídoto contra estas tendencias lo constituye el desarrollo de la dimensión social de la Unión Europea. El retorno de Europa a la regulación de las relaciones laborales y de protección social desde una perspectiva garantista y armonizadora. Se requiere desde luego el aumento del presupuesto de la UE, la creación de un sistema de armonización fiscal europeo y la proscripción de los paraísos fiscales, la delimitación de las bases centrales de un proyecto de transición energética y digital. Pero en lo que posiblemente todos los comentaristas están de acuerdo es en que es urgente reemprender la acción regulativa europea en materia social aprovechando la perspectiva que ofrece, al menos retóricamente, la idea del Pilar Social. A su través se debería estructurar una cierta alternativa a la gobernanza de la UE sintetizada en la Fiscal discipline que, como sugiere Antonio Lo Faro, pueda redimensionar el consenso de Berlín, poniendo en marcha una nueva dinámica política y un cambio de paradigma en la línea de revertir las reformas que han impuesto el retroceso de los estándares de protección social y de regulación del trabajo sobre la base de las llamadas políticas de austeridad. Es importante por consiguiente que se comprenda que el Pilar social contribuya a reactivar en Europa un principio ¡de solidaridad sobre el que se debe fundar la Unión Europea.



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