Una cuestión
que llama la atención de los procesos recientes sobre el intento fallido de la
investidura del gobierno en España es la completa ausencia en esos debates de
la dimensión europea e internacional. El contraste es muy fuerte si se compara
con lo sucedido en las discusiones políticas habidas casi en paralelo, como en
el caso italiano.
En efecto, casi a la vez que las
negociaciones de julio y agosto sobre el gobierno en España, se desarrollaba en
Italia la crisis de gobierno que originó Salvini y que se solventó con
un acuerdo entre el Partido Democrático y el Movimiento 5 Estrellas dando lugar
a un gobierno de progreso, superando una enemistad permanente entre ambas
formaciones. Pero en Italia, la dimensión europea ocupó un lugar decisivo,
conectando este proceso con el de la formación de la Comisión Europea en donde Gentiloni,
antiguo primer ministro italiano entre el 2016 y 2018, del Partido
Democrático, obtuvo el puesto de Comisario de Economía, puesto que la posibilidad
de llevar adelante políticas sociales de progreso está muy condicionada por la
orientación general que en el semestre europeo se imponga a los presupuestos de
cada uno de los Estados nacionales, con especial atención a quienes muestran un
fuerte endeudamiento y un mayor déficit que el exigido por la gobernanza
económica. Entre nosotros, ni la propia y decisiva formación de la Comisión
Europea tras las elecciones de mayo de 2019, ni la sustitución de Mario
Draghi al frente del Banco Central Europeo, se han considerado materia
suficientemente relevante como para integrarla en el razonamiento político que
desembocaría sobre las medidas de cambio discutidas, su alcance y límites. El
nombramiento de Borrell como Alto Representante de Política Exterior se
interpretaba ante todo como un refuerzo de las posiciones unitaristas españolas
frente al secesionismo catalán, sin interrogarse sobre lo que ese nombramiento
podía significar en la posición atlantista europea subordinada a Estados
Unidos.
La sensación que se tiene es que
las reformas post- crisis, la degradación del cuadro de derechos laborales, los
recortes sociales y en el empleo público, la devaluación salarial y el empleo
precario, fueran todas ellas variables que no tienen relación con las
orientaciones de la gobernanza europea y que por consiguiente, se deben
contemplar exclusivamente desde la perspectiva nacional – estatal. No se ha actualizado
un debate sobre las políticas de austeridad y
el equilibrio presupuestario derivado del cambio institucional decisivo
que se ha producido en Europa a partir de la crisis del euro, del 2010 y que ha
generado el fenómeno de desposesión constitucional en España en especial a
partir de la reforma del art. 135 de la Constitución española. No se trata tanto
de que no se pueda cuestionar este pasado reciente que ha condicionado
directamente la reforma laboral y la del sistema de pensiones, cuanto que ni
siquiera se tiene en cuenta esta referencia supranacional como un elemento que
puede definir el campo de juego en el que se van a mover las reformas posibles y
el margen de maniobra que puede recorrer un gobierno de progreso en España.
En esta misma dirección, no se comprende
bien el desinterés que la política española ha manifestado respecto de la
sustitución del presidente del Banco Central Europeo. El BCE ha desempeñado, de
hecho, el gobierno de la economía europea, una de las más potentes del mundo,
emancipado de cualquier interferencia de la democracia pluralista y las
indicaciones políticas que de esta podían provenir, y ha dispuesto en la crisis
de amplísimas facultades para disciplinar a los estados soberanos. El resultado
de estos años – que Antonio Lettieri ha abordado en un artículo en el
que resume la actuación de Mario Draghi, el personaje más importante en
este decenio en la zona euro https://braveneweurope.com/antonio-lettieri-the-euro-and-the-disputable-legacy-of-mario-draghi
- ha sido el de la convergencia forzada de todos los países miembros en el
modelo del capitalismo financiero neoliberal que se ha impuesto a nivel global.
El discurso macroeconómico solo se puede reconocer en la política a partir de
algunas intervenciones muy aisladas, aunque extremadamente valiosas, entre
especialistas. Pero el discurso político no se ha hecho eco de la advertencia
explícita de Draghi sobre la posibilidad inminente de una desaceleración
económica más “alargada y profunda”, la conveniencia de arbitrar una política
fiscal en paralelo a la política monetaria, y la conveniencia de dar al
presupuesto del euro una función anticíclica y a otros mecanismos
estabilizadores como un seguro de desempleo, es decir introducir en la
discusión la importancia de estas cuestiones y la necesidad por tanto de actuar
en el plano europeo incidiendo en ellas, puesto que su trascendencia en el
diseño macroeconómico del Estado español resulta decisivo, como señaló
claramente Jorge Uxo en https://paradojadekaldor.com/2019/07/04/podemos-resucitar-la-politica-fiscal-en-europa/
a comienzos de julio de este año.
Otros acontecimientos muy
importantes están siendo conocidos este mes de septiembre, entre el final del
verano y el comienzo del otoño. Algunos señalan la conducta extremadamente improcedente
de líderes mundiales, como el presidente Trump, que no vacila en
utilizar todo el poder del estado norteamericano y su capacidad de influencia
para intentar aniquilar a un adversario político. El caso dará mucho que
hablar, al haber permitido que se inicie el procedimiento de impeachment,
pero de él se desprende no sólo la obscenidad de la actuación del presidente
USA, sino la de su homólogo ucraniano, cuya integridad moral y su servilismo
político no suele ser ponderado en las valoraciones sobre el caso concreto. Es
un ejemplo terrible de cómo actúa el poder político de una de las democracias
más respetables del mundo, contra el propio sistema democrático. Una señal de
cómo las señales de amenaza de un nuevo autoritarismo son cada vez más
evidentes. Sin olvidar la imagen que suministra el presidente de Ucrania, esa
nación en la que la Unión Europea ha confiado como un muro heroico que defiende
la democracia en las fronteras de Rusia, que por el contrario demuestra cómo
domina e impone la orientación que desea al sistema de justicia en su país,
dispuesto a efectuar cualquier maniobra que sirva al propósito conspiratorio de
quien le subvenciona generosamente. Un caso del que nuestros partidos políticos
tampoco han comentado lo que opinan, pese a que se conoce que una parte de esta
trama se ha efectuado en Madrid, en agosto, con el encuentro entre el enviado
del presidente ucraniano y el abogado del norteamericano, Rudolph Giuliani.
Pero sin duda el hecho más relevante
ha sido la sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido que declara ilegal, nula
y sin efecto, la decisión del gobierno de Johnson de cerrar el
Parlamento para impedir que éste pudiera desautorizar sus actuaciones respecto
del Brexit. La sentencia rescata los principios básicos del parlamentarismo
como fundamento del sistema democrático y sólo por ello resulta especialmente
valiosa. La reivindicación de la soberanía del Parlamento y su capacidad de
legislar y la sumisión del ejecutivo a ésta, junto con la del control
parlamentario de la actividad del gobierno como eje y fundamento del sistema
democrático, son afirmaciones extremadamente importantes que seguramente
deberían ser recordadas entre nosotros. Pero además el caso lleva consigo la
nulidad de la orden de la reina provocada por un consejo ilegal, nulo y por
tanto sin efecto, de su primer ministro, en la medida en que éste pretendía
evitar que el Parlamento cumpliera con su papel constitucional.
Una apreciación que podría ser
utilizada también entre nosotros respecto del abrupto final de las
conversaciones para la investidura de presidente de gobierno, que acabó mediante
una decisión del rey que hurtó al Parlamento la posibilidad de debatir y dar a
conocer a toda la ciudadanía los motivos y las razones por las cuales el
candidato a presidente de gobierno no había logrado alcanzar las mayorías
necesarias que menciona el art. 99 CE. Se impidió así que el Parlamento
cumpliera con su doble función de control y de ejercicio soberano del poder,
dañando por tanto su posición central en un sistema democrático. El consejo del
candidato a la presidencia al rey para que éste decidiera directamente convocar
nuevas elecciones sin que se celebrara la sesión parlamentaria de investidura debería
ser considerado, como señala la sentencia británica, un atentado directo contra
el principio democrático que se expresa en la soberanía parlamentaria.
El debate político entre nosotros
debería ser más rico y complejo, abarcar más niveles de análisis para que la
ciudadanía se informe de la relativa complicación que lleva aparejada efectuar
opciones de gobierno de cambio social. La referencia internacional ayuda a
elevar el nivel de la discusión indicando que el marco nacional-estatal tiene
enormes concomitancias y subordinaciones en una dimensión multiescalar que lo
diversifica. Esta constatación, que en otras esferas, como la sindical, es muy
frecuente y se incorpora con naturalidad a los análisis y a las propuestas de
acción, debería normalizarse en el espacio del discurso político, más aun
cuando se avecinan las nuevas elecciones de noviembre y se recupera en primera
plana la controversia ideológica y la confrontación de modelos de sociedad.
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