La
atención de los medios está concentrada en las vicisitudes políticas de Madrid y
la disyuntiva ayusiana entre socialismo y libertad que jalona el discurso de su
presidenta autonómica junto a inequívocas referencias ultraderechistas e
insultos tabernarios. Todos los medios hoy discuten sobre mociones de censura y
convocatoria de elecciones, de los gobiernos autonómicos que están en el aire
ante la ruptura entre los dos partidos de la derecha que gobiernan con el apoyo
de la extrema derecha, el carácter ecuménico del PSOE que extiende sus brazos a
derecha y a izquierda, la intervención segura del Tribunal Constitucional en
favor de las elecciones en Madrid. Todo conspira por consiguiente para que pase
desapercibido un hecho importante: la movilización de los sindicatos para
forzar al gobierno a que cumpla la “agenda social” a la que se comprometió.
La amable audiencia del blog
posiblemente entienda que esta omisión no es algo nuevo, que está en la naturaleza
de las cosas, una forma elíptica de llamar a la desinformación cotidiana
que normalmente se sufre en lo referente a la posición de los sindicatos y sus
planteamientos sobre la realidad social. Como las movilizaciones son pacíficas y
se desarrollan sin enfrentamientos con la policía, tampoco son objeto de
comentario negativo o criminalizador en los grandes medios. Permanecen por
tanto en un lugar apartado, a disposición de la afiliación de los sindicatos,
pero sin que se integre en el cúmulo de hechos destacables para la información
de la ciudadanía.
El caso es que la incidencia de
la crisis provocada por la pandemia y su continuidad merced a las olas de
contagio sucesivas, se ha integrado en la estrategia sindical, no sólo a través
de su participación mu activa en el diálogo social para desarrollar medidas
sociales durante el estado de alarma, sino en la construcción de un tejido
informativo y de ayuda al conjunto de las y los trabajadores en los momentos más
duros del confinamiento, y ahora desplegando su actividad en las mesas de
negociación de los convenios colectivos, a la vez que se mantienen las
movilizaciones y las huelgas en sectores y empresas tanto en defensa de los
derechos reivindicados como en respuesta a las agresiones patronales sobre el
empleo.
Pero esta actividad sindical
requiere cambios legislativos que eliminen muchos de los obstáculos a la
negociación colectiva y a la realización de derechos individuales y colectivos
que van cobrando una importancia mayor, como los derivados del cambio digital.
Es imprescindible continuar con un proceso de recuperación de derechos y de
seguridad en el trabajo que encuadre correctamente el período de recuperación
que se abra tras el final de los efectos de la pandemia por obra de la
vacunación masiva y la progresiva puesta en marcha de la economía. Se trata
además de cambios normativos señalados desde hace mucho tiempo y cuya puesta en
marcha es fundamental para encuadrar con mayor facilidad la negociación colectiva
y las transiciones que se presentan como imprescindibles en los diferentes
sectores productivos.
Esa es la razón por la que hoy,
11 de marzo, CCOO y UGT han convocado concentraciones en más de 50 puntos
geográficos del país para reivindicar el cumplimiento por el gobierno de la
llamada agenda social de reformas sociales. La cúpula directiva de ambos
sindicatos representativos, los dos secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez,
y de CCOO, Unai Sordo, estarán presentes en la que se desarrolla en Toledo,
a las 12,00, en la plaza de Zocodover, junto a sus homólogos en las organizaciones
regionales: La UGT, que acaba de celebrar su octavo congreso regional en el que
se ha sustituido a su histórico líder, Carlos Pedrosa, por Olga
Arribas, y CCOO con su secretario regional, Paco de la Rosa, a su
cabeza. Una buena opción la de situar el acto central fuera de Madrid, en
principio por la coincidencia con los actos en memoria de las víctimas del
atentado terrorista del 11 de marzo de 2004, reforzada hoy por la barahúnda de
los reproches e invectivas entre las derechas gobernantes en Madrid y en otros
territorios del país.
El lema de estas concentraciones es el de Ahora sí toca,
y tiene vocación de continuidad todos los días once de cada mes hasta que el
gobierno atienda las demandas sindicales y cumpla sus compromisos. No se dice
expresamente, peor implícitamente es evidente que si el tiempo pasa sin que se obtenga
un resultado, el tipo de movilización deberá ser modificado y aumentar la presión.
Se prevén como se ha dicho en más de 50 puntos, normalmente ante la Delegación
del gobierno, y sostienen una serie de puntos programáticos.
En efecto, CCOO y UGT entienden que
“es urgente, una vez que se ha iniciado la vacunación y se ha priorizado la
salud de la ciudadanía, que es necesario poner en marcha la agenda social
pendiente y comprometida por el gobierno de coalición PSOE y Unidas Podemos, y
poner en primer lugar a las personas en las políticas de reconstrucción de este
país”. Una agenda que se condensa en aumentar el Salario Mínimo
Interprofesional (SMI) y derogar las reformas laborales y de pensiones, como
pilares fundamentales, pero junto a ello también ampliar los ERTE, firmar un
nuevo Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva, regular las plataformas
digitales, una ley de igualdad salarial y un plan de choque contra la
siniestralidad.
Se trata por tanto de todo un
programa de reformas en las que destacan, de manera más concreta, la subida del
salario mínimo que se aplazó en enero, contra la opinión tanto de la Ministra
de Trabajo como del secretario ejecutivo de Empleo y Relaciones Laborales del
PSOE. Los sindicatos consideran injustificable la negativa del Gobierno a subir
el SMI, un aumento que se aplica a sectores que aglutinan a colectivos más
vulnerables y muchas personas trabajadoras de sectores esenciales, y recuerdan
que el Gobierno se comprometió a dar cumplimiento a lo establecido en la Carta
Social Europa respecto a situar el SMI en el 60% del salario medio neto en esta
legislatura, por lo que es preciso que proceda antes de junio a incrementar el
piso mínimo de contratación.
Respecto de la reforma del sistema de pensiones, UGT y CCOO
recuerdan que también es un compromiso desarrollar las recomendaciones del
Pacto de Toledo y abordarlo en la mesa del diálogo social. Existe una gran
confusión en este tema, puesto que el Gobierno no cesa de lanzar propuestas a
través de los medios de comunicación, sin presentarlos para el debate en la
mesa del diálogo social, con propuestas como la de la ampliar de 25 a 35 años
el periodo de tiempo para calcular la pensión de jubilación, o alargar la edad
de jubilación, que no pueden ser aceptadas y que no se encuentran además entre
las recomendaciones aprobadas en el Pacto de Toledo. La derogación de la penosa
reforma de las pensiones del 2013 es por tanto prioritario.
En materia de negociación
colectiva, constituye un requisito fundamental para una nueva etapa de
contratación de condiciones de trabajo y de empleo adecuadas a la transición
económica post-crisis, la derogación de
los preceptos que introdujo la reforma del 2012 respecto de la ultraactividad y
la prioridad aplicativa de los convenios de empresa, a lo que se debe unir la regulación
de las subcontratas, y subsiguientemente de algunos elementos de la
contratación temporal de obra y servicio ligadas a los fenómenos de externalización
productiva, que la STS de 29 de diciembre de 2020 ha puesto sobre el tapete. La
reforma del despido colectivo, por último, es a su vez imprescindible, con
carácter urgente, para evitar que se produzca una mayor destrucción de empleo
en los próximos meses a la salida del período cubierto por los ERTEs y la legislación
derivada del estado de Alarma.
Por último, ya en un plano más
general, la concentración recuerda el compromiso de alcanzar un texto que
regule el trabajo en las plataformas digitales, cuestión que ya es una realidad porque hoy mismo presentará el acuerdo alcanzado al respecto entre los interlocutores sociales la Ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, y que merecerá un comentario especial en este blog. Junto a ello se solicita una ley de igualdad salarial que combata de manera eficaz la
brecha de género y se anticipe a los elementos centrales de la Directiva de
transparencia retributiva, y, finalmente, pactar un plan de choque contra la
siniestralidad laboral, en el que se incluya a su vez la vertiente sanitaria y
la redefinición de accidentes laborales y enfermedades profesionales tras el
Covid.
En síntesis, un programa de
reformas que se proyecta sobre la interlocución política a través de un intenso
proceso de diálogo social, que pueda sostener y facilitar la recuperación de la
negociación colectiva, como eje a su vez de la recuperación económica y del
empleo post-crisis. Un conjunto de materias que programan un cambio progresivo
del marco institucional, a la espera de formalizarlo en una nueva regulación
general de las relaciones individuales y de los derechos de representación y de
negociación colectiva que se promete como “Nuevo Estatuto de los Trabajadores
del Siglo XXI” en los programas de gobierno y que por el momento se desplaza,
razonablemente, a un momento posterior.
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