Con este
mismo título este texto ha sido publicado por el diario Público en el
blog “otras miradas” correspondiente a su edición del 25 de mayo. Ahora lo
recoge el blog con algunos añadidos que el texto periodístico no permitía por
su extensión. En realidad el tema de fondo de este comentario ya lo viene
señalando desde hace tiempo de forma más contundente José Luis López Bulla en
su blog decano de la blogosfera de Parapanda. A él va dedicado por consiguiente
este texto.
El proverbio latino “facta,
non verba”, suele ser el preferido para desmontar los discursos políticos
en los que las promesas y los compromisos de futuro no tienen asidero real ni
se corresponden con la práctica de gobierno que se ha llevado a cabo. Es (o
debería ser) una exigencia de la ciudadanía que la política se manifieste en hechos,
no palabras, una reivindicación de la realidad de la existencia de las
personas y de las dificultades que éstas encuentran para lograr una vida
decente, un trabajo digno, un trato igualitario. Porque la política sirve (o
debería servir) justamente para eso, cambiar las cosas y garantizar la
seguridad y la igualdad de las personas.
Han sucedido tremendos hechos que
han trastornado la cotidianeidad de manera completa, provocando además
situaciones extremadamente críticas para la convivencia que comprometían la
salud y el nivel de renta de la mayoría de la población. La respuesta a estos graves
momentos ha atendido especialmente a las situaciones de vulnerabilidad que la
crisis agravaba, pero además se ha avanzado en un ambicioso programa de
reformas que en su inmensa mayoría han sido generadas desde un acuerdo social
tripartito entre el empresariado, los sindicatos y el poder público, mientras
eran denunciadas como nefastas por los partidos de conservadores. Los
resultados del “escudo social” progresivamente armado durante el estado de
alarma son hechos evidentes ya documentados, pero posiblemente donde más
recorrido ha tenido la evolución de un largo proceso de modificaciones
normativas ha sido en la regulación de las relaciones de trabajo: desde los
incrementos del salario mínimo, a la regulación del trabajo a distancia y de
las relaciones de trabajo al servicio de las plataformas digitales, o los
planes de igualdad y la transparencia retributiva, además de la fundamental
herramienta de contención del empleo de los ERTE y el veto sobre los despidos. La
Comisión Europea acaba de asegurar que los ERTE amortiguaron el impacto de la
crisis de la Covid en el mercado laboral y "abrieron el camino para una
rápida recuperación". Una realidad que contrasta con las políticas
adoptadas en el ciclo de la crisis de 2008-2013 en donde “la caída en el número de puestos de
trabajo (-15,8%) fue casi el doble de la caída del PIB (-8,5%)", afirman
las recomendaciones del semestre europeo hechas públicas en mayo del 2022.
Hechos, no palabras.
La vertiente internacional de los
derechos laborales, en donde se produce la intersección entre la protección del
trabajo y el reconocimiento de los derechos humanos, es otro de los aspectos que
se han desarrollado de manera ejemplar en estos años. No sólo la ratificación
de la Carta Social Europea revisada y del protocolo de reclamaciones
colectivas, una reivindicación importante del movimiento sindical, sino también
la ratificación de importantes instrumentos normativos de la Organización
Internacional del Trabajo. En el inicio de la conferencia anual de la OIT, la
ministra de trabajo y economía social, Yolanda Díaz, ratificó en
presencia del director General de la OIT, Guy Ryder, los convenios
correspondientes al trabajo a domicilio y sobre la violencia y acoso en el
mundo del trabajo (Convenios 177 y 190) y se apresta a modificar la regulación
del trabajo doméstico para poder ratificar a su vez el importante convenio de
la OIT 189 sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos. Impulsando una
imagen muy positiva en el plano internacional, ha propuesto a su vez en la sede
de la OIT, presentando con el director General la guía para inclusión de las
personas LGTBIQ+ en el mundo laboral. un instrumento jurídico para la igualdad
real y efectiva en el trabajo de estas personas «que blinde sus derechos
laborales y de protección social en todo el mundo».
Pero sin duda el elemento más
determinante del cambio legislativo lo ha supuesto el RDL 32/2021 de reforma
laboral, que ha incorporado elementos cruciales para una nueva configuración
del sistema laboral de la etapa post-covid, ahora de nuevo atravesada por las
turbulencias de la guerra en Ucrania. El informe de la Comisión Europea resume
los efectos que sobre la economía tienen estas reformas: las reformas laborales
planteadas en el Plan de Recuperación “permiten avanzar hacia unas condiciones
de trabajo más justas, reduciendo la segmentación al limitar el uso de
contratos temporales, mejorando la negociación colectiva, potenciando la
recualificación y la empleabilidad gracias a las políticas activas de empleo y
al Mecanismo RED cerrando la brecha salarial de género, protegiendo a los
repartidores de plataformas digitales y a quienes realizan actividades subcontratadas”.
De esta manera, las políticas desplegadas a través de la reforma laboral "tienen
el potencial para lograr aumentos duraderos en la productividad y en el
crecimiento potencial" y para reducir el desempleo. Los datos de empleo
que se conocieron de abril de este año – a los que se ha dedicado una entrada
de este blog https://baylos.blogspot.com/2022/05/mas-y-mejor-empleo-los-datos-de-abril.html
- permiten hablar en efecto de un cambo de patrón, puesto de manifiesto
fundamentalmente en la celebración de 700.000 contratos de trabajo indefinidos,
casi el 50% de las contrataciones iniciales, unido al incremento en la
afiliación y la reducción del desempleo.
Hechos, no palabras, que indican
el acierto de las modificaciones legislativas emprendidas que eliminan el
contrato de obra y servicio, refuerza la causalidad de la eventualidad y da más
juego al contrato fijo discontinuo, incluso permitiendo su utilización por las
ETTS, a la par que refuerza la capacidad de disuasión de la sanción
administrativa ante el incumplimiento de la normativa. Con ello se está
consiguiendo afirmar un principio de estabilidad en el empleo que rompe con más
de cuarenta años de culto a la temporalidad y se demuestra que eran posibles
reformas legislativas que desbarataran un modelo de contratación que
incentivaba que el inicio en la relación laboral sólo fuera factible a partir
de un contrato a término con enormes dosis de sustitución y de rotación entre
las personas trabajadoras.
Y sin embargo, no parece
suficiente. No sólo porque las palabras de algunos nieguen estos hechos, entendiendo
que encubren la continuidad de las antiguas realidades – la tesis muy extendida
de que la reforma laboral es un mero “maquillaje” – o que apenas nada ha
cambiado en realidad. El hecho no subsiste ante las palabras que lo refutan.
Pero asimismo en el discurso que vertebra la discusión política que se está
desarrollando durante todo este año, las palabras no reivindican estos hechos
como elementos centrales de su argumentación. Todo el argumentario progresista
se orienta hacia los temas que marcan la actualidad de las informaciones
mediáticas, moviéndose en el terreno que delimita el pensamiento conservador y
ultraderechista. De esta manera, la visibilidad del cambio que se está
produciendo en las relaciones de trabajo como ejemplo de la potencialidad
emancipatoria de la política progresista se deja en un segundo plano hasta difuminarse
en medio de denuncias de corrupción y críticas a las propuestas de los otros, o
al cuaderno de agravios que justamente se exhiben como síntoma de la agresión
permanente contra las ideologías del cambio.
Se produce así una paradoja en el
razonamiento que sostiene el discurso progresista ne términos generales. No se
resaltan los avances evidentes en la vida cotidiana fruto de las reformas
laborales como la prueba evidente de que la política sirve para avanzar
gradualmente hacia un mundo mejor menos desigual que garantice seguridad en el
empleo y una renta salarial suficiente, y esta omisión en el orden de
prioridades del argumento político es funcional a los embates del pensamiento
conservador y ultraderechista que esconden o niegan estos cambios para situar
el centro de la discusión pública que se muestra a la ciudadanía en los puntos
que dominan y que corresponden a un debate maximalista de ideologías en las que
la palabra libertad se revuelve sobre su propio significado y se arroja sobre
la acción política para devolver la realidad y los hechos a la situación de
desigualdad extrema y de injusticia.
Reivindicar los hechos, desde
luego, pero también afirmar las palabras que los explican y los sitúan en el
centro del discurso de la transformación social. Demostrar que mejorar las
condiciones de empleo y de trabajo, garantizar derechos individuales y
colectivos en el espacio de la empresa, es una pieza esencial en el modelo de
sociedad que se quiere ir construyendo con el apoyo de las mayorías sociales
interesadas. Un modelo que paulatinamente va cobrando forma en los hechos pero
que las palabras deben enseñar y mostrar como prueba de la realización de un
compromiso real con la ciudadanía para mejorar sus condiciones de existencia
social. Hechos y palabras en una misma dirección.
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