Cualquiera
puede comprobar en el calendario que acaba agosto y por tanto se termina el
período de las vacaciones de verano para la gran mayoría de las personas que
trabajan. Es también el momento de recomenzar la rutina de las informaciones
políticas, los sondeos de opinión y las encuestas electorales semanales en las
que se reitera que la derecha con la ultraderecha ganan de calle las elecciones
que tendrán lugar dentro de casi un año y medio, y se vuelve a poner en marcha
el mecanismo abrumador que da refugio a una continua catarata de declaraciones
que desacreditan, desautorizan y degradan cualquier posición tímidamente progresista
que intente introducir criterios de igualdad y de nivelación social en la
regulación de la existencia de las personas. Cada vez más algunas opiniones
reconocidas se indignan ante esta situación que desgasta el debate público y
amenaza la calidad democrática de la información, y hasta el presidente del
Gobierno ha intervenido en una declaración veraniega pidiendo un poco de mesura
en la veracidad informativa de los medios cada vez más excitados ante una posible
hecatombe de las heterogéneas y abigarradas fuerzas del cambio progresista, a
las que caracteriza por otra parte una cierta afasia política que dificulta la
transmisión de lo que quiere decir y obstaculiza el conocimiento por la
ciudadanía de lo que realmente está realizando.
El retorno a la normalidad institucional
del otoño se abre a un escenario de lucha encarnizada entre la derecha y la
ultraderecha al asalto de la legalidad democrática con todos los medios a su
alcance, que son muchos y potentes, como es sabido. La resistencia del Partido
Popular a cumplir el mandato constitucional de renovar el CGPJ se acrecienta
ahora con la negativa a que este órgano nombre los dos candidatos para el
Tribunal Constitucional. El flanco judicial es uno de los espacios en los que
la estrategia de desgaste y de deslegitimación del gobierno progresista es más
fértil y productiva. Oportunamente utilizadas las sentencias condenatorias con
sus efectos directos e inducidos – pérdida de la condición de diputados,
anulación de la condición de candidatos, dimisiones de cargos del gobierno y
finalmente, cárcel para ex altos cargos autonómicos – permite hacer crecer el
discurso de que todos los políticos son iguales y que la corrupción es universal,
desde Vox hasta Podemos, impulsando una forma de pensar profundamente antidemocrática
que se instala con facilidad en un discurso mantenido por todas las
televisiones, púbicas y privadas, desde las tertulias matinales hasta los
programas estelares de la noche y por los medios de comunicación en columnas de
opinión y editoriales. Por si fuera poco, se profetizan con cierta
verosimilitud terribles turbulencias económicas y hundimientos financieros en
este país golpeado por una inflación irreductible en el marco de un clima belicista
generado por la guerra permanente en la frontera este de Europa.
Un buen volteriano recomendaría
que nos dedicáramos a cultivar nuestro jardín. O, traducido al lenguaje de este
blog, que nos dediquemos a la información, discusión y propuestas sobre la
regulación de las relaciones laborales y la ciudadanía social. Y realmente
trabajo no falta en este aspecto. Uno de los ejes centrales de la discusión del
otoño será – ya está señalado – el relativo a los salarios. No solo el salario
mínimo, que durante estos dos años anteriores ha constituido un importante
caballo de batalla dentro del propio gobierno, entre los partidarios de su
contención para generar empleo y los que correctamente sostuvieron que su
incremento garantizaba una mejora fundamental para la economía que compensaba
situaciones de precariedad y de vulnerabilidad social, sino el de los salarios
en general, amenazados de una nueva devaluación a través de la inflación de dos
dígitos que padecemos. Hoy esta pelea entre economía y trabajo sobre la subida
del salario mínimo es cosa del pasado y parece que se ha resuelto positivamente,
si se cree a las declaraciones veraniegas de la Vicepresidenta primera,
participante asidua e inusual de encuentros literarios y mítines políticos.
Pero en el otro tema, los
salarios marcados por los convenios colectivos, se sabe que la CEOE no quiso
llegar a un acuerdo con los sindicatos sobre negociación colectiva antes del
verano y que esa negativa ha propiciado la
declaración de conflictos por sectores y por empresas para lograr aumentos
salariales que compensaran mínimamente este desgaste de la capacidad
adquisitiva del salario carcomido por el alza de los precios de los productos
de consumo y el coste de la energía. Una escalada de huelgas que ha ido
cuajando a partir de junio con algunos éxitos muy relevantes en una especie de
piel de leopardo todavía con pocas manchas.
“Salarios o conflicto” ha sido el
acertado slogan sindical que protagoniza la estrategia de CCOO y de UGT
del otoño en la que intentarán concentrar por sectores las convocatorias de
huelgas para obtener condiciones salariales ventajosas. En ese debate ha
terciado la Ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta Segunda, Yolanda
Diaz, recordando a la CEOE que tiene que cumplir una función institucional
en la regulación del sistema de relaciones laborales y que no puede definirse únicamente
como una asociación de sujetos económicos privados que buscan exclusivamente el
propio beneficio corporativo. La obligación del asociacionismo empresarial en
estos momentos en los que la recuperación está amenazada gravemente por la
crisis energética y de abastecimiento de materiales a causa de las sanciones
comerciales de la guerra de Ucrania es la de cooperar en la determinación de la
paz social – ese bien que tantas veces reivindican como patrimonio propio - a través de una redistribución de los
extraordinarios beneficios que se han ido generando en estos últimos meses. La
inflación tiene un fuerte componente derivado del traslado a los precios del
beneficio empresarial y por tanto es muy razonable que el aumento salarial compense
esta ganancia extraordinaria que repercute en el resultado final del IPC.
Por afirmar esta opinión los
grandes medios empotrados en el poder económico han considerado que la Ministra
de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta Segunda del Gobierno venía a ser
una suerte de activista radical anti sistema. Acostumbrados siempre a que las autoridades
públicas adviertan a la población de la necesidad de sacrificios y desaconsejen
la resistencia a la imposición de medidas lesivas de sus derechos laborales y
sociales, puede parecer insólito que un miembro del Gobierno defienda la
posición de los sindicatos de trabajadores y reproche a la patronal por “no
estar a la altura” del momento histórico. Sin embargo, es justamente esa la
misión de una autoridad de gobierno competente sobre la regulación de las
relaciones laborales. Insistir en que el empresariado vuelva a la mesa de
negociación con los sindicatos y llegue a un acuerdo sobre salarios no es una
proclama revolucionaria, sino una declaración institucional. Decir que los
sindicatos “"tienen toda la razón para salir a la calle a movilizarse
contra la patronal" no es tampoco un acto de sublevación constitucional,
es ofrecer al público un diagnóstico preciso sobre los defectos y las omisiones
que el actor económico empresarial lleva a cabo en su negativa a colaborar en
la construcción de un marco estable de negociación que ayude a la recuperación
económica y prevenga la incidencia grave de la crisis en ciernes.
Pese a ello, y como no podía ser
menos, todos los periódicos recogerían en sus titulares que “el PSOE se
desmarca de las críticas de Díaz a la patronal y defiende su papel en la
negociación colectiva” cuestión esta última que realmente reafirmaría la
crítica de Díaz a la CEOE, puesto que implicaría que en este punto ha
habido un cambio de postura de aceptar el diálogo y no levantarse de la mesa en
las negociaciones tripartitas de los últimos dos años (14 acuerdos sociales) a
romper la negociación e impedir cualquier pacto en materia de salarios que
recorte o limite los beneficios patronales. Los empresarios, lógicamente, se
defienden de la “arrogancia” del poder y denuncian sus “falsedades”, siempre según
las palabras de la Vicepresidencia de la CEOE que transcriben sus voces
mediáticas amigas. El líder del Partido Popular ha preferido resaltar la
división de opiniones en el gobierno para expresar su disenso respecto de la
manifestación pública de Yolanda Díaz.
Pero al margen del carnaval de
las quejas y de las disculpas a una corporación que siempre se ha percibido
como intocable desde el poder público, lo cierto es que la movilización
sindical es una necesidad urgente en el próximo otoño en torno a los convenios
colectivos. Para ello, es imprescindible la participación colectiva y extensa
de los delegados sindicales y la implicación de los miembros de las
representaciones electivas de las personas trabajadoras en los centros de
trabajo. Asambleas de delegados y en grandes empresas, asambleas de todos los
trabajadores, además de expresar a la ciudadanía el conflicto en la calle. Solo
volcándose en el conflicto se podrá atraer a la CEOE a un acuerdo satisfactorio
que facilite y encauce la negociación colectiva. La toma de posición del
gobierno es muy importante, porque supone una legitimación fuerte a la
actividad sindical, además de recordar que las mayorías políticas que sostienen
la acción de gobierno están directamente relacionadas con las mayorías sociales
que exigen seguridad en la existencia y mejores condiciones de trabajo. Pero sin
la tensión de los trabajadores y de las trabajadoras organizadas sindicalmente hacia
la movilización del conjunto de las personas que trabajan en demanda de un
salario digno y suficiente, el objetivo no se cubrirá.
Empieza el curso académico y el
curso político. Pero el otoño debe traer una fuerte corriente de aire fresco
que empuje hacia la consecución de un salario mínimo al alza y un marco de
referencia generalizado de salarios “adecuados”, como exige la proyectada
Directiva europea y están empeñados los sindicatos de los principales países
europeos, en especial los del sur que sufrieron la enorme devaluación salarial
en la crisis del 2010-2013 de la que aun no se han recuperado.
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