PREGUNTAS ELECTORALES IV: ¿QUÉ ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA EUROPEA QUIEREN LAS FORMACIONES POLÍTICAS EN ESTAS ELECCIONES?

 

Es un hecho notorio que las reglas que caracterizan la gobernanza económica europea a través del mecanismo europeo de estabilidad establecen una rígida correlación entre estabilidad presupuestaria y gasto público. Estas reglas produjeron en el ciclo de la crisis 2008-2013 las políticas de austeridad que generaron profundos recortes de derechos sociales y degradación de los elementos centrales del equilibrio de poderes en las relaciones de trabajo, con una especial incidencia en la desigualdad creciente entre las personas que trabajan y los sectores vulnerables de éstas.

Sin que se pudiera apreciar apenas diferencias ideológicas entre los distintos gobiernos de los estados nacionales más afectados por la crisis financiera y del endeudamiento posterior para salvar los bancos nacionales comprometidos, la etapa de la austeridad propició un retroceso enorme del nivel de vida y de las condiciones de existencia de la población de estos países. En España el desempleo de masa y la intensa devaluación salarial cobraron cuerpo durante un largo período hasta que se produjeron los inicios de una recuperación económica sólo en el 2018.

Estas apreciaciones negativas son ampliamente compartidas en el ámbito de lo laboral en nuestro país, no sólo desde el punto de vista sindical, sino de la mayoría del iuslaboralismo, excepción hecha de quienes defendieron en su momento las medidas restrictivas desde la convicción ideológica de tomar partido por una decisión inevitable como única forma de salir de la crisis. Una posición atenta al grito de dolor de las empresas y a sus exigencias de recortar personal y costes salariales, en una suerte de aceptación – en ocasiones entusiasta – del destino marcado por la dinámica ineludible del ajuste de los mercados. El cuestionamiento generalizado de esta experiencia nociva alimentó sin duda un clima cultural que se confrontaba tanto a las medidas legislativas adoptadas como al método utilizado para ponerlas en práctica que refutaba la apertura de negociaciones efectivas y tripartitas, sustituyéndolas por la imposición unilateral del gobierno que gozaba de la mayoría absoluta en las cámaras.

La irrupción de la pandemia cambia el marco de referencia ante la terrible crisis subsiguiente que afectó a todos los países de la Unión Europea con independencia de la localización geográfica de éstos y de su mayor o menor participación en el PIB de esta región. Como se sabe, la crisis del Covid indujo importantes cambios en la política económica de la Unión Europea que se expresaron en la activación de la cláusula general de salvaguarda, la suspensión de la estabilidad presupuestaria y la adopción de una larga serie de medidas de asistencia, invirtiendo los términos anteriores de la gobernanza económica . De esta manera la respuesta a la crisis fue eficaz tanto respecto de la recuperación económica como en lo relativo a la protección social y al reconocimiento de derechos laborales, como demuestra emblemáticamente el caso español. En otro orden de cosas, esta nueva política económica que proviene del marco presupuestario plurianual y del programa Next Generation consolidó y aumentó la potencia de la Unión Europea como organización política y económica, consolidando las orientaciones europeístas de una buena parte de los especialistas, en especial al reforzarse la protección del Estado de Derecho mediante el procedimiento que condicionaba el libramiento de fondos UE al respeto de los principios del mismo.

Este mismo impulso positivo se ha sentido en la doctrina laboralista española, que coincide en entender que el cambio de rumbo de la Unión Europea es ya ineludible. A partir de lo que supone el Plan de acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales aprobado en marzo de 2021, se ha afirmado un “cambio de 180 grados” en la forma de construir el proyecto europeo, que ha provocado una suerte de “furor normativo” por parte de la Unión Europea, en lo relativo al trabajo y al empleo con ocasión de las transiciones fundamentales a las que se enfrenta este momento histórico, digital, ecológica y demográfica como recientemente han sostenido los profesores Sanguineti y Rodriguez  en un numero extraordinario de la revista “Trabajo y Derecho”. Nadie duda de esta alteración del trayecto de la acción normativa de la UE orientada por la revalorización de su dimensión social en estos tiempos de crisis, y la importancia que esta nueva etapa ha cobrado bajo la presidencia Von der Leyen. Pero hay también ciertos elementos que actúan en una dirección opuesta.

El primero de ellos, la guerra provocada por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, y el apoyo decidido de la UE a este país sin restricciones, yuxtaponiéndose a la acción de la OTAN y sosteniendo el aprovisionamiento militar de las tropas ucranianas, con el incremento del gasto militar de los países miembros. Además del nulo esfuerzo diplomático por lograr el alto el fuego y la búsqueda de la paz, la crisis inducida por el estallido de la guerra y su duración con visos de permanencia ha generado graves daños a la estrategia de la recuperación. La crisis energética y de suministro de materiales y alimentos, ha requerido sobre esfuerzos adicionales a las economías de la zona euro. Y, como consecuencia de ello, la inflación desatada en toda Europa, producida en principio por el encarecimiento de la energía, pero también provocada, como se afirma en una larga serie de informes de muy diversa proveniencia, desde la OCDE al FMI y los sindicatos, por el mantenimiento de los beneficios empresariales tras la recuperación de la crisis del Covid, al subir los precios más que los costes derivados de la crisis.

El regreso de la inflación en España ha sido controlado relativamente gracias a la llamada “excepción ibérica” como mecanismo de intervención en el mercado eléctrico con el fin de rebajar el precio del mercado mayorista y así abaratar la factura de la luz en hogares y empresas, aunque sin que se haya evitado la traslación a los precios de los márgenes de beneficio empresarial. Pero la inflación altera el marco hasta el momento existente, retorna a ser el elemento central en las preocupaciones de las instituciones financieras europeas y vuelve a poner sobre el tapete las políticas monetarias que se relacionan con el art. 127 TFUE afirmando que el objetivo central del BCE es mantener la estabilidad de los precios. Lo que se ha traducido en el aumento creciente de los tipos de interés por el BCE, una medida muy criticada por sus consecuencias sobre los préstamos hipotecarios a interés variable y la compra de las viviendas y en general sobre la pérdida de poder adquisitivo de las personas y el freno al crecimiento económico, a lo que se une la decisión de no prorrogar el tope a la subida de alquileres hasta diciembre de este año..

La experiencia hasta el momento vivida, y las últimas manifestaciones que se han ido adoptando por los órganos ejecutivos de la Unión Europea, parecen coincidir en el mantenimiento de una regulación que en materia laboral persigue el empleo seguro, los salarios adecuados, la recuperación del diálogo social y la negociación colectiva y la garantía de una eficiente protección social. Pero es seguro que esta orientación deberá ser revalidada a partir de los resultados de las elecciones europeas del año que viene, 2024, en donde ya hay señales por parte de importantes sectores del Partido Popular Europeo, entre ellos el español, que esta dirección social debe invertirse, a lo que se suma el crecimiento de expresiones políticas nacionalistas, proteccionistas y xenófobas de extrema derecha en varios países de la Unión. Pero además de que el cambio de paradigma no está asegurado, lo cierto es que la construcción del orden supranacional europeo se asienta sobre un compacto tejido de los órdenes nacionales, de forma que la concreta solución política que en cada uno de los países vaya asentándose ocupa un lugar importante en el desarrollo final de la actuación de la UE. Es decir, las grandes opciones que cuentan con el consenso de las mayorías de la población en cada país en concreto, obtenidas mediante el mecanismo de la representación política a través del sistema electoral, son decisivas no sólo en el propio estado nacional, sino también en la configuración global de la política europea.

En España nos encontramos ante una convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio. Y los programas electorales que conocemos en esta fase son clarificadores porque se sitúan en dos extremos contrapuestos. De una parte, el PSOE defiende las políticas económicas y sociales que el gobierno de coalición ha ido poniendo en práctica durante el ciclo 2020-2023 y que ofrece un balance sólidamente positivo en términos macroeconómicos y en relación al volumen de empleo. En el polo de la unidad de las fuerzas de izquierda en torno a la coalición SUMAR no sólo se defiende lo conseguido en el área socio-laboral sino se presenta un programa claramente neolaboralista con propuestas de desarrollo y fortalecimiento de derechos individuales y colectivos de las personas que trabajan, desde la reducción del tiempo de trabajo y su uso colectivo a la introducción de la democracia en la empresa y la participación en los mecanismos de toma de decisiones en ella y el combate a la precariedad en el trabajo y en la existencia junto con la no discriminación de género y de otras diferencias. 

En el otro extremo, las formaciones de la derecha conservadora rescatan las propuestas más polémicas de la etapa de la austeridad que no fueron llevadas a cabo, como la llamada “mochila austriaca”, un sistema de capitalización del despido y de las pensiones, y pretenden corregir – “desmontar” en algunas intervenciones – el marco institucional basado en el importante acuerdo social plasmado en el RDL 32/2021 de reforma laboral, aunque su alcance concreto permanece todavía en una cierta oscuridad, como se ha analizado en este mismo blog (En qué consiste el "retoque" de la reforma laboral que pretende el Partido Popular?).En la extrema derecha la propuesta se centra en la negación del hecho discriminatorio de género, también en los lugares de trabajo, y en una indisimulada – e inconstitucional – hostilidad hacia el sindicalismo y los mecanismos de articulación de intereses colectivos a través del diálogo social, indicaciones incompatibles con la fundamentación democrática de la Unión Europea.

Se hacen presentes dos líneas muy claras: la que pretende desplegar las oportunidades que se desprenden de una política económica europea expansiva que permita abordar con eficiencia las transformaciones productivas dirigidas a la sostenibilidad social y ambiental que posibiliten una transición justa en sus distintas versiones, y la que recupera los presupuestos clásicos de la gobernanza económica anterior al Covid e insiste en la preservación de los planteamientos neoliberales tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales. Esta es la disyuntiva a la que se enfrentan los votantes.

En este contexto, el 1 de julio España asume la presidencia del Consejo de la Unión Europea por todo el segundo semestre, hasta el 31 de diciembre.  En el ámbito laboral, la presidencia española tiene objetivos importantes. Las prioridades a las que quiere sujetar su actuación en estos seis meses se distribuyen en tres grandes campos, el del diálogo social y la negociación colectiva, el trabajo decente y la economía social. Pero en lo relativo a la producción de normas, los temas más importantes son la propuesta de directiva sobre plataformas digitales, así como la revisión de directivas sobre exposición al amianto y al plomo. En ese espacio de tiempo se iniciará el debate, impulsado por la Confederación Europea de Sindicatos, que pretende la revisión de la Directiva sobre Comités de Empresa Europeos, y el seguimiento de las negociaciones entre el sindicalismo europeo y las asociaciones empresariales de la región para concluir un acuerdo colectivo europeo sobre teletrabajo y derecho a la desconexión, sobre cuya eficacia – y la posibilidad de que se le de eficacia a través de una Directiva – se debería discutir durante este semestre aunque es dudoso que llegue a adoptarse en su caso una decisión durante el mismo. Además, se prevén documentos del Consejo no vinculantes tanto sobre economía social, como sobre democracia en la empresa y la relación entre precariedad y salud mental. En el nivel de la gobernanza económica, se pretende la adopción de una decisión del Consejo que incorpore el procedimiento del mecanismo de convergencia social propuesto por los gobiernos de España y de Bélgica como uno de los elementos que deben integrar la valoración que se efectúa de las políticas económicas y presupuestarias de los estados miembros en el llamado semestre europeo. Cuestiones como puede apreciarse de enorme relevancia.

No es necesario insistir, en este contexto, en una evidencia. Revalidar en las elecciones del 23 de julio la confianza de las mayorías sociales del país en torno al proyecto de reformas en  contenidos, además de poder respaldar la acción de la presidencia española en los temas indicados. Es desde luego un objetivo que debe involucrar a numerosas organizaciones sociales y en especial al sindicalismo confederal, comprometidos en el mantenimiento y desarrollo del escudo social frente a la crisis y la mejora de los derechos laborales. No cabe ser neutrales en este aspecto, sino tomar partido aunque solo sea para evitar el retorno a un pasado sin futuro.