La
formación de la voluntad popular en los procesos electorales no debería estar
condicionada por impresiones o reproducciones de las imágenes que de personas o
formaciones políticas suministren los medios de comunicación, sino del
conocimiento informado de lo que los partidos políticos y coaliciones que se
presentan a las elecciones piensan llevar a cabo como programa de acción y de gobierno
si consiguen articular una mayoría parlamentaria que les permita formar
gobierno. Por eso es tan importante exigir a los sujetos que concurren en el
espacio electoral claridad y precisión en sus compromisos de gobierno, siempre
entendiendo que la coyuntura posterior de los acuerdos y pactos para poder
gobernar pueden modificar o matizar el objetivo que se ha defendido en campaña.
No es admisible sin embargo que
el programa con medidas concretas de acción no se conozca o se disuelva en
afirmaciones genéricas e indeterminadas que han imposible el conocimiento cabal
de cuáles son los propósitos reales que el partido político o la coalición
electoral va a defender como propuesta pública que la ciudadanía tiene que
saber para decidir su voto en consecuencia. Y sin embargo, este es el camino
que la derecha política ha elegido desde hace tiempo como opción metodológica,
estableciendo así una barrera de opacidad entre los objetivos que persigue en
el gobierno, las medidas concretas que va a poner en marcha, y las promesas
electorales que se sustancian en las palabras de orden que carecen de cualquier
concreción cuando no se refieren de manera directa a situaciones emocionales
fuera de contexto y de sentido relacionado con el hecho participativo.
Pese a lo que pretende hoy la
derecha política, un elemento central de la vida democrática es exigir en los
espacios destinados a la información electoral que se despeje este tipo de
información fundamental para construir opinión, sobre los aspectos más
relevantes de la existencia de las personas sobre las que las decisiones
políticas de la elección de representantes tienen consecuencias extraordinariamente
relevantes.
No es necesario recordar a la
amable audiencia de este blog que las candidaturas de la derecha y de la
extrema derecha, cada vez más fácilmente acomodadas entre sí, como demuestra el
último acuerdo para gobernar la Comunidad Valenciana, son especialistas en ese
opacidad informativa en cuanto a los objetivos reales que pretenden llevar a
cabo una vez que obtengan la mayoría parlamentaria requerida, de lo que hasta
el momento están plenamente convencidos, al punto de insinuar que si los
resultados no coinciden con esa convicción, sería por la falsificación de las
actas electorales, como de manera absolutamente improcedente han llegado a
afirmar con ocasión de las elecciones locales y autonómicas del último mayo. La
derecha política no explica en público sus objetivos de manera detallada
posiblemente porque no quiere que estas propuestas sean sujetas a crítica y
cuestionamiento, pero por eso mismo es importante que se le presione desde los
actores mediáticos y la propia ciudadanía sobre su programa de acción y las
reformas que va a llevar a cabo.
La primera consigna del Partido
Popular es muy conocida, “derogar el sanchismo”. Tiene una gran capacidad de
evocación, que coincide con la disyuntiva que publicita en los carteles situados
en las paradas de metro y autobús, “Sánchez o España”. España como identidad
nacional que se enfrenta a un programa – el “sanchismo” - y a un gobierno del
que se niega no solo la legitimidad sino su propia pertenencia a la nación
española. La obcecación del discurso se centra en la figura del presidente del
gobierno como enemigo a batir y como ejemplo de la anti-España, recobrando la
antigua caracterización franquista de los enemigos de la patria, esperemos eso
si que sin las consecuencias represivas que esta calificación llevaba aparejada,
incompatibles con el orden constitucional actual, aunque la violencia del
discurso se aleje del agonismo competitivo que sería propio del
pluralismo político conflictivo.
La concreción de ese “derogar el
sanchismo” ha sido efectuada, de manera muy leve, por el propio presidente del
Partido Popular, señalando algunas normas cuya abrogación pretende de manera
inmediata: la Ley de Memoria Democrática y la llamada Ley Trans, dos objetivos
en los que coincide plenamente con su aliado estratégico de extrema derecha. A
continuación ha hablado de hacer “retoques” a alguna otra norma, es decir a
modificar su contenido, entre ellas la ley sobre la eutanasia o muerte digna,
y, de manera señalada, a la “reforma laboral”. Sin embargo y de manera
contradictoria, indicaba que ésta no
había modificado de manera relevante las reformas legislativas del marco
institucional que el Partido Popular llevó a cabo en el 2012, sin que por
consiguiente se explicara el voto en contra de su partido a la convalidación
del RDL 32/2021 si esta norma no había, como ahora dice, cambiado
sustancialmente el rumbo y la orientación de la reforma derivada de las
políticas de austeridad.
Pero la respuesta no es para nada
satisfactoria, por su absoluta vaguedad, que debe ser aclarada en estos
momentos electorales. ¿En qué consisten los “retoques” que el Partido Popular
pretende efectuar sobre la normativa laboral vigente? ¿cuáles son los aspectos
que piensa modificar, aunque no pretenda, obviamente, la derogación plena de
una regulación laboral tan activa y compleja como la que se ha ido llevando a
cabo desde enero del 2020 a la actualidad. ¿Volverá a poner en vigor el despido
objetivo por absentismo? ¿Derogará la norma que declara la nulidad del despido
mientras el trabajador está de baja por enfermedad? ¿volverá a habilitar
figuras temporales ligadas a la eventualidad permanente y cíclica? ¿Pondrá en
pie nuevamente el contrato de obra o servicio determinado? ¿Entenderá que el
ERTE no es un mecanismo prioritario al que las empresas deban acudir antes de
iniciar el despido por causas económicas, técnicas, organizativas o
productivas? ¿Cambiarán la asignación del convenio del sector de la empresa en
las tareas subcontratadas a empresas de servicios? ¿Volverán a limitar la ultra
actividad de los convenios colectivos? ¿Reformularán la prioridad aplicativa
del convenio de empresa también en materia salarial? ¿Se evitará definir la
situación de riesgo que lleva para ciertas trabajos la violencia y el acoso por
sexo o por razón de género? ¿Se modificará la calificación de laboralidad de
los trabajadores de reparto al servicio de las plataformas digitales? ¿Se
ampliarán las prerrogativas empresariales en materia de trabajo a distancia y
se reforzará el control digital del empleador en los supuestos de
geolocalización, matizándose el derecho a la desconexión?
Hay muchas interrogantes en esa
alusión genérica a los “retoques” de la ley que promete el líder del Partido
Popular en una entrevista periodística. Es sin embargo importante destacar que
la legislación laboral desde el año 2020 hasta la actualidad y especialmente en
lo relativo a la reforma laboral plasmada en el RDL 32/2021, ha sido acordada
entre los interlocutores sociales, es decir CEOE-CEPYME y CCOO y UGT junto con
el gobierno. La modificación que se pudiera efectuar – en los términos y con
los contenidos que ignoramos – supondría una ruptura de ese acuerdo, que no es
previsible que pudiera conjugarse mediante un nuevo pacto social que lo sanase.
Y no debe olvidarse que el hecho del acuerdo social resultó muy relevante para
que la Comisión europea aceptase las líneas de reforma de la famosa componente
23 en el marco del plan de recuperación y resiliencia.
Por ello los sindicatos CCOO y
UGT han exigido que el Partido Popular y VOX hicieran público sus programas de
cambios en materia laboral, mencionando de manera expresa el tema del salario
mínimo, la reforma laboral y la reforma de las pensiones. También el presidente
de la patronal, Antonio Garamendi, que en el debate parlamentario de
convalidación del RDL 32/2021 afirmaba que “si al texto le tocan una coma – mediante
modificaciones del acuerdo social para obtener el apoyo de otras fuerzas
políticas en la convalidación del mismo, lo que finalmente como se sabe no
ocurrió – quizá no puedan volver a contar más con nosotros”, ha defendido consecuentemente
el contenido de la reforma afirmando que “nosotros pediremos un respeto y los
defenderemos. Lo firmado, firmado está” el lunes 12 de junio por la noche sobre
el acuerdo alcanzado con los sindicatos sobre la reforma laboral. Pero esta contundencia
en la defensa del acuerdo tripartito cesó al día siguiente, 13 de junio al
precisar que la regulación “se puede retocar”, “como ha dicho el señor Feijóo”,
tal como comentó a los medios de comunicación.
Por tanto conocemos que el
programa de la derecha política implica cambios en el marco institucional de la
regulación del trabajo actual, que precisamente está ofreciendo datos económicos
y estadísticos extremadamente positivos. La referencia que se ha hecho a la normativa
del 2012 es por el contrario muy inquietante. Se debe por consiguiente insistir
en conocer cual es el propósito real del Partido Popular y de su acuerdo con la
extrema derecha, ya evidente, respecto de los cambios que pretende efectuar en
el marco normativo de las relaciones laborales. La opacidad y el secretismo deben
ser denunciados y el sindicalismo de clase tiene que llevar a cabo una
importante campaña de información sobre este asunto. ¿Qué tiene que ocultar la
derecha y la extrema derecha para no hacer público el programa de reformas en
materia laboral? Los sindicatos no son neutrales ante un programa que pretenda destruir
los derechos logrados en estos cuatro años y en especial el marco legal que se
ha dado al país a través del diálogo social en la reforma de diciembre de 2021.
Deben insistir en que la ciudadanía conozca lo que de manera inquietante se
denominan “retoques” a la norma y, obtenida la respuesta, poner en conocimiento
de la afiliación y de los y las trabajadoras en general lo que este proyecto significa.
Nos estamos jugando mucho en este proceso electoral.
No hay comentarios:
Publicar un comentario