Hay días nefastos,
repletos de malas noticias. Ayer una coalición de votos entre la extrema
derecha, la derecha extrema de ámbito nacional y la derecha nacionalista catalana
logró no convalidar el Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, por el que
se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y
de Seguridad Social, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a
situaciones de vulnerabilidad social. Con ello revalorización de pensiones,
incremento de la cuantía del ingreso mínimo vital, ayudas al transporte colectivo
urbano e interurbano, prórroga del
salario mínimo, suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional, normas fiscales y presupuestarias, medidas de
reconstrucción para territorios afectados por catástrofes naturales, y otros
aspectos, entre los que se ha destacado por el Partido Popular el traspaso al
PNV de un palacete expropiado por la Gestapo en Paris que ahora ocupaba el
Instituto Cervantes.
Como era previsible, mostrar el
rostro violento del programa de las tres derechas impidiendo medidas fundamentales
del escudo social y de la revalorización de pensiones, ha sido inmediatamente
negado por el aparato mediático que sostiene devotamente a estas fuerzas políticas.
Esta mañana he tenido la desgracia de coger un taxi cuyo conductor tenía
sintonizada la COPE y me ha permitido comprender que, según la radio de los
obispos, es el gobierno el culpable de esta derogación de normas sociales que
afecta negativamente a pensionistas y a los sectores más vulnerables de la
ciudadanía. Y esta atribución de culpabilidad al gobierno se debe a que este ha
tenido la osadía de colocar en un solo texto este tipo de disposiciones y que tiene
en su mano la posibilidad de evitar la lesión a los derechos ciudadanos volviendo
a promulgar nuevos decretos leyes pero de forma separada para que puedan ser valoradas
individualizadamente en un nuevo trámite de convalidación. Es decir, que el
voto negativo del conglomerado de las tres derechas lo es a la iniciativa
legislativa del gobierno, no a sus consecuencias que alteran tan profundamente las
expectativas de derechos ya reconocidos y luego negados precisamente por el
voto en el Congreso. Naturalmente todo esto es fruto, para los creadores de
opinión de estos medios de comunicación tan potentes, de la arrogancia del
presidente aborrecido por estos espacios.
Este argumento es más seguido e
influyente que los que han esgrimido algunos de los portavoces de estos grupos
políticos, que se basan en el rechazo del traspaso del palacete parisino expropiado
por la Gestapo al PNV, o en la subida del IVA a los alimentos o la existencia
de una subvención a los “okupas”. Excusas
ridículas cuando no bochornosas que no pueden impedir la imputación de
responsabilidad política a quienes han causado directamente la derogación de
los derechos sociales de extrema
importancia, y que ahora se pretenden eximir de la responsabilidad política que
se deriva directamente de sus actos.
Es evidente que se deben recuperar
estos derechos ya obtenidos durante el mes de vigencia del RDL 9/2024 para la
ciudadanía y las personas trabajadoras. Y por tanto será el gobierno el que
tendrá ahora que estudiar cómo reformular esta normativa, a expensas de nuevo
de que la estrategia de acoso y derribo de las derechas extremas, secundadas de
manera incomprensible por Junts en un mismo objetivo de desestabilización
del gobierno que ha procedido a amnistiar a sus dirigentes, considerados en su
día como terroristas y golpistas por la derecha nacional española.
Pero el acto político de forzar
la no convalidación de la norma y por consiguiente derogar derechos
fundamentales ya reconocidos en el ordenamiento jurídico, no puede quedar
impune. La convocatoria inmediata de una jornada de protesta y de movilización por
parte de CCOO y UGT implica plantear una respuesta firme a este acto de agresión de enorme
gravedad de quienes se reclaman ya como las futuras fuerzas políticas que deben
gobernar el país tras de las elecciones generales que reclaman insistentemente.
Esta carta de presentación – que por otra parte conecta con la práctica
política del PP durante el ciclo de la crisis financiera y las políticas de
austeridad – no puede quedar difuminada en un panorama mediático que se obstina
en borrar la evidencia de un programa extraordinariamente agresivo contra los
derechos sociales y laborales.
Es cierto que la derogación
generará una fuerte contestación social. Pero es ilusorio creer que los
interesados entenderán con claridad la causa de la degradación de sus derechos.
En muchos casos porque hay una tendencia general a responsabilizar al gobierno
de este tipo de decisiones, por mucho que se intente hacer comprender que ha
sido el voto decidido de las derechas políticas quienes han impedido la
continuidad de unos derechos ya adquiridos. A ello se une esa impresionante
capacidad de influencia mediática, que llega a prácticamente la totalidad del espacio
de la comunicación, que insistirá en desplazar al gobierno la incapacidad de
reaccionar frente al acto derogatorio como si lo hubiera provocado él mismo, y
por otra parte, la negociación de estos eventuales textos legales “troceados”
permitirá a sus interlocutores políticos aparecer como los “salvadores” de una
situación cuyo origen se imputará desenfadadamente, como de costumbre, al
gobierno, sin que para ello importe tener en cuenta que esta regulación es justamente
la que se ha negado mediante el voto contrario a la convalidación de la norma
que reconocía estos derechos.
UGT y CCOO han manifestado su
oposición absoluta a este ejercicio de oportunismo político con elevadísimos
costes sobre las espaldas de la ciudadanía. Recuerdan que son millones las
personas afectadas. Pensionistas que no verían revalorizada su pensión
contributiva y no contributiva, así como las pensiones mínimas; perceptores del
SMI y del IMV; usuarios del transporte público; personas vulnerables en riesgos
de desahucio o que verán que desaparecen sus ayudas para pagar suministros
básicos. Un verdadero golpe a los derechos sociales, una agresión sin
precedentes a la mayoría social y especialmente a personas vulnerables, clase
trabajadora y clases populares en general.
CCOO y UGT hacen un llamamiento a
la ciudadanía a participar masivamente en estas movilizaciones e invitan a
todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas que compartan estas
reivindicaciones a sumarse al proceso de movilizaciones que anunciamos para
exigir:
- Aprobación por el Gobierno a
través de la figura del Real Decreto Ley, de un nuevo paquete de medidas.
- La convalidación posterior de
esas normas por parte del Congreso, evitando tomar a la población con mayores
necesidades como rehén de este juego de oportunismo donde se vota en contra de
medidas necesarias, muchas que ya han sido acordadas previamente, incluso con
el voto favorable de quienes ahora han provocado esta anulación.
Una movilización por tanto
imprescindible, de la que pese a una suerte de procrastinación del conflicto
que recorre a la ciudadanía progresista, depende la recuperación de los
derechos de protección social que el voto de las fuerzas de la derecha que
quiere gobernarnos nos ha arrebatado. Todos a la calle el próximo 2 de febrero
contra esta agresión que debe ser masivamente respondida y cuya responsabilidad
política es indudable: Vox, Partido Popular y Junts per Catalunya.
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