Las elecciones europeas se están viviendo en Parapanda con cierto desasosiego. Era una ocasión óptima para hablar de Europa sacudida por la crisis, y andamos en aquellas. Por eso publicamos un suelto que reflexiona, con cierta vehemencia, sobre este proceso. Al terminar el texto, insertamos un enlace en dodne UGT y CCOO hacen una llamada al voto en este proceso electoral.
Antes pensábamos que durante el proceso electoral se desarrollaba una cierta pedagogía democrática. A través del discurso político se transmitían no sólo ideas sino conocimientos sobre temas y materias que se explicaban en la campaña electoral, en mítines y en documentos. Especialmente interesante resultaba esta función pedagógica desarrollada durante el tiempo del debate que aseguraba la participación política ciudadana para el supuesto de las elecciones al Parlamento Europeo. Allí el debate central debería ser la idea de Europa que las distintas fuerzas políticas mantenían como proyecto y que se materializaban en determinadas propuestas de actuación. No es necesario insistir en que en un momento como el actual, esta reflexión y esta pedagogía no se practican en absoluto con ocasión de las presentes elecciones europeas. Y eso que la crisis – el crack del año ocho, como lo han definido recientemente Capella y Lorente – es la primera gran crisis de la globalización y requeriría un esfuerzo reconceptualizador y propositivo importante. Especialmente desde la izquierda, ciertamente, puesto que el pensamiento conservador, después de un cierto momento de desconcierto inicial, retoma con fuerza la capacidad de reformular la salida a la crisis desde la lógica de la distribución desigual de la riqueza y la desertización de lo colectivo.
La posición de Europa en el mundo en el llamado tablero geoestratégico, su actuación en las zonas más sensibles en donde se enquistan situaciones políticas indeseables que conducen a la miseria y el aniquilamiento militar de miles de personas, como Palestina, la relación articulada con el Este de Europa, golpeado de forma implacable por la crisis y la explosiva situación oriental con Rusia y las repúblicas que la rodean, el debate sobre el futuro energético de la Unión, la polémica sobre la ampliación, y la influencia que pueden tener sobre ellas recientes noticias – por lo demás silenciadas – de los arrestos de sindicalistas en Turquía, con aplicación de la ley antiterrorista, o, en fin, la reflexión sobre el espacio europeo de la justicia y la incorporación al mismo de los delitos económicos y sociales, que resultan excluidos, son temas donde las diferentes perspectivas políticas en liza ofrecen reflexiones y maneras de afrontar diferentes y permiten que el ciudadano enriquezca su horizonte cultural y político en un contexto de participación democrática.
Se dirá que son temas demasiado genéricos, que no propician la pasión. Pero hay otros más específicos. En concreto, es llamativo que las fuerzas de la izquierda parlamentaria no hayan hecho referencia a la Declaración de Paris de la Confederación Europea de Sindicatos, de finales de mayo del 2009, que reclama una significativa agenda social europea y una reformulación del Pacto de Estabilidad que permita acostumbrarnos a convivir una temporada con déficits presupuestarios amplios que sostengan políticas sociales y un aumento del gasto social, y que a su vez exige una acción explícita por disponer “derechos más fuertes” para los trabajadores. Frente a la muy concreta posición del sindicalismo europeo de plasmar en los Tratados fundacionales un “Protocolo Social” según el cual las libertades económicas fundamentales de la Unión Europea no podrán nunca menoscabar el ejercicio de la acción colectiva ni interpretarse de forma que impidan u obstaculicen los derechos de los trabajadores, ¿cuál es la posición de las fuerzas de centro izquierda o de izquierda real españolas? La respuesta a esta pregunta sitúa por otra parte el discurso político en un lugar apropiado para responder a cómo se debe reconducir el proceso por una Constitución Europea, puesto que una cláusula social como la referida permite eliminar resistencias ante lo que se percibe justamente como una constitución de mercado que deja de lado el constitucionalismo social europeo clásico.
En el primer semestre del 2010, España ocupará la presidencia de la UE. ¿Cuáles son los proyectos que alentará y sostendrá el Gobierno español en esa etapa? ¿Cuál será su agenda social? En el debate electoral, habría sido interesante escuchar algo en este sentido. Sencillamente, por ejemplo, saber si el gobierno español se compromete a reformar la Directiva 96/71 sobre desplazamiento de trabajadores aplicándola expresamente a los movimientos de mano de obra que acompañan a la libre prestación de servicios en el plano transnacional y fortaleciendo el principio igualitario que subyace a la misma – el principio de aplicación de las condiciones salariales y de trabajo del país en donde se desarrolla la prestación laboral y no del país de origen – todo ello respetando las condiciones laborales que marquen los convenios colectivos, corrigiendo así una jurisprudencia neoliberal del Tribunal de Justicia en las sentencia Rüffert y Gran Ducado de Luxemburgo. Las fuerzas políticas que promovieran un compromiso de la Presidencia española con este objetivo, se situarían en el centro de uno de los debates clave en la Unión Europea en donde la polarización izquierda / derecha es más evidente, pero donde también determinadas posiciones nacionales trabajarían de acuerdo con el mismo, ante el desaire que de sus sistemas nacionales de relaciones laborales, construidos en torno a la negociación colectiva voluntaria, han sufrido Suecia o Alemania, por ejemplo, a causa de la mencionada jurisprudencia neoliberal del TJ en los casos Laval o Rüffert. La iniciativa política es básica, impedir que se utilicen los diferenciales salariales entre los distintos países comunitarios para otorgar ventajas competitivas a las empresas que se desplazan en este espacio económico unificado, generando desprotección social y trato discriminatorio entre trabajadores que prestan sus servicios en un mismo país.
Sólo la izquierda social parece preocupada por estos temas. Lo que piadosamente se llama política electoral es un territorio poblado por sujetos que normalmente se dedican a escenificar un reality televisivo de escasa audiencia. Ocupados como están sus protagonistas en escupirse a la cara, olvidan que los ciudadanos les eligen para que les representen, es decir, para que los problemas centrales de la sociedad y de la economía estén presentes en su reflexión y su actuación política.
Llamamiento de CCOO y UGT :
http://www.nuevatribuna.es/pdf/LLAMAMIENTO-SINDICATOS.pdf
