La progresión del conflicto en Francia está generando interesantes debates entre nosotros. Especialmente animados están resultando los que se celebran en el Foro Social "La querencia", en la periferia de Parapanda, uno de cuyas sesiones recoge la fotografía. Las movilizaciones en Francia contra la reforma de las pensiones y el recorte del gasto social se suceden más allá de los Pirineos. Comenzaron antes del verano, pero a partir de septiembre se han ido encabalgando unas con otras. La del 19 de septiembre fue la sexta jornada de huelga general, y las manifestaciones masivas y pacíficas denotan una participación cada vez más extendida de apoyo a los huelguistas y de rechazo a la política antisocial del gobierno francés y del Presidente Sarkozy. En España los medios de comunicación han dado un amplio seguimiento a estos procesos de lucha, y es inevitable una comparación con los que se han ido construyendo en España frente a las diferentes etapas del uso antisocial de las medidas contra la crisis, que por el momento se han concretado en el RDL 8/2010 sobre recorte de gasto público y salarios de los empleados públicos y en el RDL 10/2010 que procede a la reforma laboral, que dio lugar a la huelga general del 29-S. Se prepara ahora la modificación del sistema de pensiones y los órganos de dirección de ambos sindicatos, CCOO y UGT han decidido reanudar las movilizaciones contra la reforma laboral, aunque de momento no bajo la forma de huelga general. Ahí es donde entra la comparación con Francia. Se dice que el éxito de la huelga “a la francesa” debe hacer reflexionar a los sindicatos.
No obstante, como ha señalado sintéticamente Fernando Lezcano, “las movilizaciones deben estar acompasadas a la coyuntura y realidad de los distintos países”, de forma que “un intento de trasladar miméticamente la estrategia francesa a España estaría condenada al fracaso”. Entre otros motivos, Lezcano recuerda muy oportunamente que en Francia la izquierda política, incluido el Partido Socialista, se opone a las medidas del gobierno, mientras que en España es quien las promueve, posiblemente consciente el mundo económico y los llamados “mercados” que este tipo de reformas que desestructuran el sistema de derechos y garantías en el trabajo y reducen el alcance del Estado Social remercantilizando una buena parte de las necesidades sociales sólo puede llevarlo a cabo nuestro país el ahora enfáticamente denominado “proyecto socialista”. Ese hecho, apostilla Lezcano, “modifica de forma significativa el cuadro resultante”.
El proceso de movilizaciones en Europa, en el que la experiencia francesa es muy notable, está alcanzando un nivel y una extensión muy importante, aunque su carácter fundamentalmente nacional-estatal esté impidiendo una percepción global de estos fenómenos como tendencia política, ante la desmembración de la izquierda política europea. La movilización sindical requiere una coherente y activa dirección coordinada de las mismas en el plano europeo. Con razón en el informe de Toxo al Consejo confederal de CCOO, insiste en hacer de la Confederación Europea de Sindicatos la organización capaz de agrupar y dar coherencia a las movilizaciones que se están llevando a cabo en cada país. López Bulla ha propuesto, de forma más creativa, la constitución de unos Estados Generales Sindicales en los que se visibilice la figura social del sindicalismo en el ámbito de la Unión Europea como sujeto político con un proyecto de transformación social. Esta convergencia en un plano supranacional de los distintos procesos de movilización tiene que irse haciendo visible, más aún ahora que las luchas no sólo afectan a países periféricos del sur o del este de Europa – Grecia, Rumania y Bulgaria, luego Portugal y finalmente España -, sino que junto a Francia está iniciando la senda ascendente de la conflictividad Italia y los planes de brutal reducción del gasto social y de personal en Gran Bretaña hace presagiar una bajada a la calle del sindicalismo británico. La convocatoria de una próxima jornada de movilización europea para el mes de diciembre es un buen paso en la dirección correcta, pero posiblemente es necesario un salto cualitativo en esta serie de conflictos sociales.
Las huelgas en Francia sugieren también algunas anotaciones efectuadas desde el contexto español. La primera es el tipo de movilización elegida. Aunque se denominen huelgas generales, la estrategia francesa está más cercana a la de un despliegue de huelgas sectoriales en serie, que fundamentalmente afectan a los transportes y a las comunicaciones, haciéndolas coincidir con manifestaciones masivas, abiertas a toda la ciudadanía, en las fechas de convocatoria de huelga. Y en un proceso que va tensionando “en cascada” la resistencia y el rechazo frente a la propuesta legislativa, se van incorporando otros sectores tanto de asalariados, como el sector del combustible, o el muy sensible de la educación y los estudiantes. En España, en cambio, la práctica del conflicto frente a las medidas de los poderes públicos concentra en un solo día una convocatoria de huelga general de los trabajadores y empleados públicos de todos los sectores de la producción, a la que siguen manifestaciones también abiertas a toda la ciudadanía como cierre – y test de seguimiento – de la acción convocada. La forma de expresión diferenciada de las “jornadas de huelga” francesas y la convocatoria de “huelga general” en España, permiten ver con cierta nitidez el ámbito del conflicto directamente ligado al trabajo como hecho social y como situación subalterna, que se expresa en el conflicto de manera diversa a través de las formas de convocatoria que privilegian los sujetos sindicales de uno u otro país. Entre nosotros, sin embargo, se ha oscurecido este ámbito real de la convocatoria de huelga y se ha sustituido por una llamada indiferenciada a la totalidad de la población en solidaridad con el hecho material del trabajo y la subjetividad del mismo situada en una posición de subordinación económica, social y política. El propio sindicalismo ha tomado parte en esa cierta confusión de planos, puesto que en su proyecto político, el trabajo materialmente prestado y su valor político y social se quiere constituir en el centro de la sociedad, por lo que el reflejo solidario de la totalidad de la población y de los trabajadores integraba el objetivo de la huelga y en consecuencia debía medir su efectividad. Con ello se confunde, como señala López Bulla, la noción de la huelga general con la de la huelga nacional, cuya mejor expresión se encuentra en la realizada el 14 de diciembre de 1988. Las otras huelgas generales contra las medidas de los poderes públicos no fueron huelgas nacionales, aunque se juzgaron como si lo fueran, en especial en lo relativo a su incidencia y al grado de paralización del espacio público.
La segunda anotación que proviene de la experiencia francesa y que merece la pena señalar como un hecho significativo para el cuadro español de referencia, es la relativa a la relevancia democrática de la huelga. Las jornadas de huelga en Francia cada vez más se revelan como una forma poderosa de expresar la vigencia del debate pluralista y democrático sobre las grandes opciones que determinan políticamente la existencia social de los ciudadanos. Es decir, que la reforma del Estado Social no puede ser despachada como una decisión de la mayoría del gobierno, sino que ha de ser ampliamente debatida no sólo en los procedimientos legislativos previstos, sino en el seno de un prolongado debate en la opinión pública. Por eso en la huelga se alude con insistencia en los valores de la república, y es frecuente encontrar la tricolor como señal identitaria tanto en los parlamentarios de la izquierda como en los estudiantes que manifiestan. La defensa del Estado Social es el leit motiv de la resistencia, pero además es importante destacar la percepción plena por la ciudadanía que está en la lucha de que la reforma de ese constructum cultural y político sólo puede realizarse después de una discusión generalizada y pública, en la que el respeto a las formas de producción de las leyes resulta decisiva. Lo dicen los estudiantes que se manifiestan: una reforma como las pensiones debe negociarse durante meses, y deben reformularse las opciones de gobierno que permiten el decisionismo unilateral de la mayoría y la excesiva concentración de poder en manos del ejecutivo y del presidente.
Esta reivindicación del debate democrático como componente fundamental en el acompañamiento de las reivindicaciones sindicales sirve para reflexionar sobre lo que posiblemente haya sido una carencia en el razonamiento político que se ha desplegado con la huelga general del 29-S. Aunque se ha mencionado como un elemento negativo del proceso, la utilización del Decreto Ley como fórmula elusiva de cualquier debate parlamentario, con el antecedente de una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró ilegítimo su empleo en el precedente de la reforma laboral del 2002, y el vergonzoso empleo de un procedimiento de urgencia con modificación del calendario de las Cortes para lograr que se aprobara, sin debate, el texto de la vigente Ley 35/2010, no se ha valorado como síntoma del desprecio democrático en el que nos estamos moviendo en el panorama de la gobernanza española actual. Es sin embargo un tema muy decisivo, porque viene a sustraer del debate parlamentario, en el que se manifiesta la lucha ideológica entre los proyectos de regulación social, la situación política y la distribución del poder en las relaciones laborales, con la inmediata conclusión de degradar la importancia del trabajo como eje de la regulación social y económica de un país y su sustitución por un decisionismo monista que sólo o principalmente se basa en la consideración económica de las relaciones sociales, interpretada desde su reflejo en términos de mercado. Esta vertiente no democrática de la producción de normas sobre la regulación del trabajo, su aislamiento de cualquier posibilidad de abrirlo al debate social y político, y la opacidad de la creación de opinión en los medios de comunicación, son elementos muy significativos que las movilizaciones sindicales podrían enfatizar en las acciones que van adoptarse en el inmediato futuro, muy en concreto respecto de la reforma de las pensiones y la degradación de los estándares de protección en estos temas.
El proceso de movilizaciones en Europa, en el que la experiencia francesa es muy notable, está alcanzando un nivel y una extensión muy importante, aunque su carácter fundamentalmente nacional-estatal esté impidiendo una percepción global de estos fenómenos como tendencia política, ante la desmembración de la izquierda política europea. La movilización sindical requiere una coherente y activa dirección coordinada de las mismas en el plano europeo. Con razón en el informe de Toxo al Consejo confederal de CCOO, insiste en hacer de la Confederación Europea de Sindicatos la organización capaz de agrupar y dar coherencia a las movilizaciones que se están llevando a cabo en cada país. López Bulla ha propuesto, de forma más creativa, la constitución de unos Estados Generales Sindicales en los que se visibilice la figura social del sindicalismo en el ámbito de la Unión Europea como sujeto político con un proyecto de transformación social. Esta convergencia en un plano supranacional de los distintos procesos de movilización tiene que irse haciendo visible, más aún ahora que las luchas no sólo afectan a países periféricos del sur o del este de Europa – Grecia, Rumania y Bulgaria, luego Portugal y finalmente España -, sino que junto a Francia está iniciando la senda ascendente de la conflictividad Italia y los planes de brutal reducción del gasto social y de personal en Gran Bretaña hace presagiar una bajada a la calle del sindicalismo británico. La convocatoria de una próxima jornada de movilización europea para el mes de diciembre es un buen paso en la dirección correcta, pero posiblemente es necesario un salto cualitativo en esta serie de conflictos sociales.
Las huelgas en Francia sugieren también algunas anotaciones efectuadas desde el contexto español. La primera es el tipo de movilización elegida. Aunque se denominen huelgas generales, la estrategia francesa está más cercana a la de un despliegue de huelgas sectoriales en serie, que fundamentalmente afectan a los transportes y a las comunicaciones, haciéndolas coincidir con manifestaciones masivas, abiertas a toda la ciudadanía, en las fechas de convocatoria de huelga. Y en un proceso que va tensionando “en cascada” la resistencia y el rechazo frente a la propuesta legislativa, se van incorporando otros sectores tanto de asalariados, como el sector del combustible, o el muy sensible de la educación y los estudiantes. En España, en cambio, la práctica del conflicto frente a las medidas de los poderes públicos concentra en un solo día una convocatoria de huelga general de los trabajadores y empleados públicos de todos los sectores de la producción, a la que siguen manifestaciones también abiertas a toda la ciudadanía como cierre – y test de seguimiento – de la acción convocada. La forma de expresión diferenciada de las “jornadas de huelga” francesas y la convocatoria de “huelga general” en España, permiten ver con cierta nitidez el ámbito del conflicto directamente ligado al trabajo como hecho social y como situación subalterna, que se expresa en el conflicto de manera diversa a través de las formas de convocatoria que privilegian los sujetos sindicales de uno u otro país. Entre nosotros, sin embargo, se ha oscurecido este ámbito real de la convocatoria de huelga y se ha sustituido por una llamada indiferenciada a la totalidad de la población en solidaridad con el hecho material del trabajo y la subjetividad del mismo situada en una posición de subordinación económica, social y política. El propio sindicalismo ha tomado parte en esa cierta confusión de planos, puesto que en su proyecto político, el trabajo materialmente prestado y su valor político y social se quiere constituir en el centro de la sociedad, por lo que el reflejo solidario de la totalidad de la población y de los trabajadores integraba el objetivo de la huelga y en consecuencia debía medir su efectividad. Con ello se confunde, como señala López Bulla, la noción de la huelga general con la de la huelga nacional, cuya mejor expresión se encuentra en la realizada el 14 de diciembre de 1988. Las otras huelgas generales contra las medidas de los poderes públicos no fueron huelgas nacionales, aunque se juzgaron como si lo fueran, en especial en lo relativo a su incidencia y al grado de paralización del espacio público.
La segunda anotación que proviene de la experiencia francesa y que merece la pena señalar como un hecho significativo para el cuadro español de referencia, es la relativa a la relevancia democrática de la huelga. Las jornadas de huelga en Francia cada vez más se revelan como una forma poderosa de expresar la vigencia del debate pluralista y democrático sobre las grandes opciones que determinan políticamente la existencia social de los ciudadanos. Es decir, que la reforma del Estado Social no puede ser despachada como una decisión de la mayoría del gobierno, sino que ha de ser ampliamente debatida no sólo en los procedimientos legislativos previstos, sino en el seno de un prolongado debate en la opinión pública. Por eso en la huelga se alude con insistencia en los valores de la república, y es frecuente encontrar la tricolor como señal identitaria tanto en los parlamentarios de la izquierda como en los estudiantes que manifiestan. La defensa del Estado Social es el leit motiv de la resistencia, pero además es importante destacar la percepción plena por la ciudadanía que está en la lucha de que la reforma de ese constructum cultural y político sólo puede realizarse después de una discusión generalizada y pública, en la que el respeto a las formas de producción de las leyes resulta decisiva. Lo dicen los estudiantes que se manifiestan: una reforma como las pensiones debe negociarse durante meses, y deben reformularse las opciones de gobierno que permiten el decisionismo unilateral de la mayoría y la excesiva concentración de poder en manos del ejecutivo y del presidente.
Esta reivindicación del debate democrático como componente fundamental en el acompañamiento de las reivindicaciones sindicales sirve para reflexionar sobre lo que posiblemente haya sido una carencia en el razonamiento político que se ha desplegado con la huelga general del 29-S. Aunque se ha mencionado como un elemento negativo del proceso, la utilización del Decreto Ley como fórmula elusiva de cualquier debate parlamentario, con el antecedente de una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró ilegítimo su empleo en el precedente de la reforma laboral del 2002, y el vergonzoso empleo de un procedimiento de urgencia con modificación del calendario de las Cortes para lograr que se aprobara, sin debate, el texto de la vigente Ley 35/2010, no se ha valorado como síntoma del desprecio democrático en el que nos estamos moviendo en el panorama de la gobernanza española actual. Es sin embargo un tema muy decisivo, porque viene a sustraer del debate parlamentario, en el que se manifiesta la lucha ideológica entre los proyectos de regulación social, la situación política y la distribución del poder en las relaciones laborales, con la inmediata conclusión de degradar la importancia del trabajo como eje de la regulación social y económica de un país y su sustitución por un decisionismo monista que sólo o principalmente se basa en la consideración económica de las relaciones sociales, interpretada desde su reflejo en términos de mercado. Esta vertiente no democrática de la producción de normas sobre la regulación del trabajo, su aislamiento de cualquier posibilidad de abrirlo al debate social y político, y la opacidad de la creación de opinión en los medios de comunicación, son elementos muy significativos que las movilizaciones sindicales podrían enfatizar en las acciones que van adoptarse en el inmediato futuro, muy en concreto respecto de la reforma de las pensiones y la degradación de los estándares de protección en estos temas.
