Es sabido que el 9 de mayo del 2013, hay convocada una huelga general en todas las ramas y sectores de la enseñanza. Es una acción necesaria y justa desde cualquier punto de vista, ante los ataques continuados y permanentes que el servicio público de la educación está sufriendo sobre la base de los llamados recortes urgidos por las políticas de austeridad. La huelga es una medida adoptada por las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, pero se converge con asociaciones de padres y asociaciones de estudiantes. Todos contra el plan del gobierno - de los gobiernos, central y autonómicos - de erosionar y limitar la enseñanza pública, asfixiada económicamente y objeto del desprestigio de los gobernantes, que apuestan decididamente por una enseñanza segregada en términos ideológicos y de clase.
Entre todos los sectores de la enseñanza, la universidad es, posiblemente con razón, el sector menos (re)conocido en esa ofensiva del poder público contra el sistema educativo público. Se incorporó relativamente tarde a la marea verde, y aunque ya desde finales del 2011 está normalizada su presencia en este largo y prolongado proceso de movilizaciones, las diferentes mediaciones que en ese sector se establecen entre los colectivos que la componen - profesores empleados públicos, profesores contratados, personal de administración y servicios, estudiantes -, las autoridades académicas, en la mayoría de los casos elegidas con el apoyo de los sindicatos de clase, y los gobiernos autonómicos que imponen en un proceso de recortes que los equipos rectorales pretenden amortiguar también mediante un cierto re-envío a la "comunidad universitaria" en un intento - en muchas ocasiones logrado - de "amortiguar" las tensiones. La fragmentación de las respuestas, que se están dando en función de las distintas propuestas de cada Universidad, se traduce en ocasiones en una dislocación de posiciones que impide un frente decidido y compacto de acción. No es lo mismo en efecto la reacción de la Politécnica de Cataluña que la de Madrid, ni la movilización de la Complutense respecto de la Universidad Autónoma de Madrid, y se podrían multiplicar los ejemplos. Además la fragmentación sindical existente en la universidad, reflejo de una carencia de reflexión y de debate política sobre la función del sindicato en los profesionales estables de la universidad sobre la propia definición futura del servicio público de educación superior, se une a un muy reciente período de cambios importantes en las enseñanzas - el plan Bolonia - que generó una gran contestación estudiantil que sin embargo ha permanecido en términos mucho más modestos frente a la aplicación de las reformas actuales que refuerzan directamente el carácter elitista y de clase de la universidad y divide a estas en centros de excelencia en los que se concentran los recursos para investigar en el marco de los programas, cada vez mas limitados, de I+D+i , y centros predominantemente docentes, con dotaciones muy reducidas, que deben por tanto adecuar sus plantillas y sus instalaciones a una subvención pública decreciente y a confiar en un inapetente sector privado la financiación de sus investigaciones.
A ello se une una visión claramente hostil del pensamiento conservador hacia la Universidad, a la que achacan - especialmente en ciencias sociales, pero el argumento es general - una cierta capacidad de generar espacios de reflexión colectivos y de transmitir cultura democrática que es contraproducente con un programa político que se basa esencialmente en la sumisión forzada, el conformismo resignado y el miedo incontrolado a las consecuencias negativas de comportarse con dignidad en el trabajo y en la vida social. Esta hostilidad es manifiesta y hay una legión de anécdotas que la corroboran, frases y comentarios despectivos sobre los profesores universitarios de los exponentes políticos de la derecha política y de una buena parte de los medios de comunicación afectos al régimen, que proclaman este pensamiento claramente anti-universitario. Los profesores de universidad son unos privilegiados y no acuden al trabajo ni siquiera cuando tienen (poquísimas) clases, el personal de administración y servicios unos vagos incompetentes que sestean en su puesto de trabajo, las autoridades académicas solo saben gastar en dietas de viaje y opíparas comidas, el rector es inhábil para dirigir una Universidad, que debería ser confiada a un equipo gerencial y a un directivo nombrado por el poder público. De este panorama no se salvan los estudiantes, quienes, según esta narrativa, no aprenden nada útil en la universidad ni nada bueno, en tantos casos infectados por la ideología y la política que les inoculan allí, mientras vegetan en un espacio y en un tiempo improductivo y posiblemente inservible para su desarrollo profesional.
En algunas Comunidades Autónomas, como la de Castilla La Mancha, este discurso anti-universitario está anclado en el convencimiento de que la Universidad, la UCLM, ha sido bien tratada por el gobierno socialista - en especial el presidido por José Maria Barreda - y que por tanto es el "pesebre" - así definida explícitamente - de los paniaguados y mamandurrias - también son palabras expresas - de aquellos. Por tanto la labor de asfixia económica y de constricción de la oferta educativa de la UCLM por el gobierno de Cospedal se interpreta por las autoridades del mismo como una acción de profilaxis política, una actuación de limpieza de un espacio cultural que se representa en su imaginario como un último reducto a eliminar por el pensamiento neo-liberal triunfante
. Esta profilaxis se lleva adelante con cierta dificultad, porque ha tropezado con una resistencia social y cultural muy fuerte, desde luego no capitaneada por el PSOE castellano-manchego, que ha desaparecido de este debate, posiblemente entendiendo que es mejor esperar el desgaste del PP que intervenir en política para la defensa de la idea de una Universidad regional de calidad.
Estos dos años de gobierno del PP en la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha han sido nefastos para la UCLM, pero crece cada vez más un espacio de resistencia activa y creativa que busca fundamentalmente - y lo está consiguiendo - establecer un contacto permanente con la sociedad explicando el sentido de la educación superior como una forma de socialización cultural y de promoción personal, que se encuadra naturalmente en una organización de las prestaciones de este trabajo complejo que requiere la presencia de varios sujetos - docentes, investigadores, el personal de las distintas unidades, estudiantes - y que reúne las características de un servicio de interés general, prestado en el marco de una política de servicios públicos que constituye en ADN del Estado Social.
Esa estrategia de resistencia activa y de reivindicación de la Universidad como lugar de encuentro democrático y de transmisión y producción de los saberes y de la ciencia se quiere ahora hacer explícita mediante una iniciativa que ha tenido ya éxito en otras universidades españolas. En efecto, se trata de sacar la universidad a la calle. Hacer evidente, de forma categórica, en un espacio público-común, la forma concreta de expresión de la docencia universitaria. De esta manera, además, resulta evidente para quienes lo contemplan - los que "pasan - por - ahí" - no sólo la forma de expresión de un oficio, sino la importancia social de preservarlo frente a la bárbara agresión de la que está siendo objeto tanto a nivel estatal como, muy señaladamente, a nivel autonómico.
Mis compañeros del Campus de Ciudad Real, mis amigos y amigas, van a salir a la calle el día 7 de mayo a dar clases. Es una jornada reivindicativa que a buen seguro permitirá también enlazar con las problemática general que da lugar a la huelga del 9 de mayo. Han puesto en marcha un blog, que os copio:
Me gustaría que muchos de nosotros fuéramos conscientes de lo que este gesto implica como símbolo del compromiso de tantas y tantos profesores con su profesión, su trabajo cada vez más privado de valor social y monetario por quienes nos gobiernan. Y que lo apoyáramos en la medida de nuestras posibilidades.
