DENUNCIA SINDICAL ANTE EL COMITÉ EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES

Con la crisis económica y las políticas de austeridad, el recurso a los ámbitos europeos en los que se reconocen derechos fundamentales a los trabajadores y trabajadoras han sido revalorizados por los movimientos sociales y en particular por el movimiento sindical. En el caso de Grecia, las decisiones del CEDS han establecido tajantemente la vulneración por el gobierno griego de los derechos fundamentales de los trabajadores de aquel país. En España, la complacencia del Tribunal constitucional con las decisiones del gobierno en la reforma laboral del 2012, refuerza la necesidad de acudir a las instancias internacionales. Esto es lo que han hecho, el 23 de julio de 2014, los sindicatos CCOO y UGT.

 

CCOO y UGT han remitido al Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) un amplio informe en el que detallan los incumplimientos del Gobierno español de la Carta Social Europea (CSE), fundamentalmente tras la aprobación de la reforma laboral y el ataque al derecho de huelga. Se trata de las alegaciones al informe que el gobierno español tiene que presentar a dicho comité cada dos años,  - este es el 26 º informe sobre el cumplimiento en España de la Carta Social - que es luego valorado y juzgado por este órgano. Como recuerdan oportunamente los sindicatos CCOO y UGT, las decisiones del CEDS son vinculantes para los Gobiernos.

El informe elaborado por UGT y CCOO, en el que han participado destacados juristas, hace un recorrido por los capítulos que, a juicio de los sindicatos, incumple el Gobierno, vulnerando el contenido de la Carta Social Europea.  Así, la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo español no respeta el artículo 2 de la CSE, que recoge el derecho a unas condiciones de trabajo equitativas, al atribuir al empresario la capacidad de distribuir la jornada laboral de forma irregular en un periodo de referencia legal de un año para el cálculo de la duración media de la jornada de trabajo, de no existir regulación en el convenio o acuerdo colectivo, sin que tampoco sea compatible con el artículo 2 § 1 de la Carta la regulación de la distribución irregular de la jornada de trabajo de hasta un 10% de la jornada anual, en la medida que es un período de referencia excesivo, no requiere que lo contemple el convenio colectivo, y no requiere de justificación objetiva de la necesidad de llevar a cabo dicha distribución.

El informe sindical se refiere a continuación al artículo 4 de la CSE, sobre el derecho a una remuneración equitativa, que el Salario Mínimo Interprofesional incumple tanto por la insuficiencia de su cuantía que impide un nivel de vida digna a quienes lo perciben como por el reiterado incumplimiento por parte del gobierno de la consulta con los sindicatos para su determinación.

Se denuncia asimismo la violación del art. 4.4 de la Carta por el contrato de apoyo a los emprendedores en donde se arbitra un periodo de prueba de un año donde cabe la libre rescisión ad nutum del contrato, sin garantías ni plazo de preaviso para la extinción.

Uno de los elementos donde las alegaciones son más fuertes es en el tema de la negociación colectiva garantizada en el art. 6.2 de la Carta. Y ello tanto por el hecho de que un decreto Ley procediera a la derogación de un acuerdo pactado de ámbito estatal por las organizaciones sindicales y empresariales, sustituyéndolo por una regulación mucho más restrictiva de derechos (la reforma laboral), como por imponer la primacía del convenio colectivo de empresa frente a los convenios colectivos de ámbito superior, prohibiendo además a las organizaciones sindicales y empresariales que puedan alterar esa norma. También se alegan violaciones en materia del descuelgue no sindical de condiciones pactadas en el convenio colectivo sectorial y sobre la unilateralidad definitiva del empresario en las modificaciones sustanciales de trabajo. Por último, siempre en esta materia, se denuncia como contrario al principio de autonomía en la negociación al regulación que la ley hace de la ultra-actividad de los convenios.

En el informe de CCOO y UGT se hace referencia igualmente a la violación de la CSE al imponer la reforma laboral un arbitraje obligatorio por la inaplicación de condiciones fijadas en convenio colectivo. Esta medida viola, igualmente, el derecho de huelga, protegido por el artículo 6.4 de la CSE, en la medida que dicho arbitraje obligatorio impide la efectividad de aquel derecho al fijar condiciones de trabajo sin garantía ni participación sindical.

Se denuncia en el dictamen sindical, la injerencia del poder público en la vigencia de los convenios colectivos; y se impone el arbitraje obligatorio para poner fin a una huelga. Concluye el informe destacando la vulneración del artículo 6.4 de la Carta Social Europea por la criminalización desproporcionada e injustificada de la actividad sindical en la participación de piquetes informativos en el desarrollo de una huelga, con una cumplida y verdaderamente impresionante recapitulación de las doscientas sesenta personas procesadas, las causas de su incriminación penal y el estado de su causa.

UGT y CCOO denuncian, por otro lado, las dificultades para el ejercicio de la libertad sindical en las Administraciones Públicas, en donde se observa un creciente deterioro y devaluación de la negociación colectiva, atendiendo al protocolo adicional  sobre el cumplimiento de la Carta Social Europea en el ámbito de las Administraciones Públicas.

Es casi seguro que estas alegaciones encuentren acomodo en la decisión del Comité. El problema, entonces se trasladará a la capacidad del movimiento sindical por conseguir que el Gobierno no incida en su en la reconocida práctica de incumplir sus compromisos internacionales.

MANIFIESTO DE PREMIOS NOBEL E INTELECTUALES POR UN EMBARGO MILITAR A ISRAEL

Son casi un centenar. Hay premios Nobel, artistas, escritores, filósofos, periodistas. Alzan la voz ante la terrible situación en Palestina frente a la cual no parece existir capacidad internacional para declarar el alto el fuego y evitar las masacres de civiles e inocentes. La mayoría son ingleses y norteamericanos, pero hay muchos europeos y latinoamericanos, africanos, asiáticos. Sólo un español, Federico Mayor Zaragoza. El manifiesto se ha hecho público ayer, coincidiendo con un inmenso movimiento de protestas contra la invasión de Gaza que ha recorrido tantas ciudades del globo. Esperamos que en España no sean motejados sus firmantes de cómplices con el terrorismo de Hamás o de antisemitas que quieren el exterminio de los ciudadanos de Israel. Aquí queda el texto y la lista.

 

 

Una vez mas Israel ha desencadenado toda la fuerza de su ejército contra la población palestina que sufre, en particular en la franja de Gaza asedida, un inhumano e ilegal acto de agresión militar. El asalto que Israel viene haciendo a Gaza ha matado hasta el momento a decenas de cicviles palestinos, ha herido a centenares y ha destruido las infraestructuras civiles, incluidas las del sector sanitario que está sufriendo graves carencias.

La capacidad de Israel de lanzar impunemente ataques tan devastadores deriva en gran parte de la vasta cooperación militar y de la compraventa internacional de armas que Israel mantiene con gobiernos de todo el mundo.

En el período 2008-2019, los Estados Unidos suministrarán a Israel ayudas militares por un total de 30 billones de dólares, mientras que las exportaciones militares de Israel al mundo han alcanzado la cifra de billones de dólares al año. En los últimos años, los paises europeos han exportado a Israel billones de euros en armas y la Unión Europea ha concedido a las empresas militares y a las universidades israelitas fondos para la investigación militar de centenares de millones de euros. Las economías emergentes como India, Brasil y Chile están aumentando rápidamente el comercio y la cooperación militar con Israel, pese a su apoyo declarado a los derechos del pueblo palestino.

Con la importación y exportación a Israel de armas, junto con el apoyo al desarrollo de las tecnologías militares israelitas, los gobiernos del mundo estan enviando de hecho un claro mensaje de aprobación de la agresión militar de Israel, incluidos sus crímenes de guerra y posibles crímenes contra la humanidad,

La tecnología militar de Israel, es considerada como “de toda seguridad” en el mercado de armas y se ha comercializado y exportado a todo el mundo. La venta de armas y proyectos conjuntos de investigación militar con Israel incentivan la impunidad israelita en la comisión de graves violaciones del derecho internacional y facilitan el mantenimiento del sistema israelita de ocupación, colonización y sistemática denegación de los derechos del pueblo Palestino.

Llamamos a las Naciones Unidas y a los gobiernos del mundo entero a adoptar las medidas inmediatas que permitan un embargo militar total y jurídicamente vinculante a Israel, similar al que se impuso a Suráfrica en tiempos del apartheid.

 

Fir­mantes:

1. Adolfo Peres Esqui­vel, Nobel Peace Lau­reate, Argentina
2. Ahdaf Soueif , Author, Egypt/UK
3. Ahmed Abbas, Aca­de­mic, France
4. Aki Olavi Kau­ri­smäki , film direc­tor, Finland
5. Alexi Sayle, Come­dian, UK
6. Alice Wal­ker, Wri­ter, US
7. Ali­son Phipps, Aca­de­mic, Scotland
8. Andrew Ross, Aca­de­mic, US
9. Andrew Smith, Aca­de­mic, Scotland
10. Arch. Desmond Tutu, Nobel Peace Lau­reate, South Africa
11. Asca­nio Cele­stini, actor and author, Italy
12. Betty Wil­liams, Nobel Peace Lau­reate, Nor­thern Ireland
13. Boots Riley, Rap­per, poet, arts pro­du­cer, US
14. Brian Eno, Composer/musician, UK
15. Bri­gid Kee­nan, Author, UK
16. Caryl Chur­chill, play­w­right, UK
17. China Mie­ville, Wri­ter, UK
18. Chris Hed­ges , Jour­na­list, Puli­tzer Prize 2002, US
19. Chri­stiane Hes­sel, France
20. Cyn­thia McKin­ney, Poli­ti­cian, acti­vist, US
21. David Grae­ber, Aca­de­mic, UK
22. David Palumbo-Liu, Aca­de­mic, US
23. Eleni Vari­kas, Aca­de­mic, France
24. Eliza Robertson, Author,
25. Elwira Gross­man, Aca­de­mic, Scotland
26. Etienne Bali­bar, phi­lo­so­pher, France
27. Fede­rico Mayor Zara­goza, For­mer UNESCO Direc­tor Gene­ral, Spain
28. Felim Egan, Pain­ter, Ireland
29. Frei Betto, Libe­ra­tion theo­lo­gian, Brazil
30. Gerard Tou­louse, Aca­de­mic, France
31. Ghada Karmi , Aca­de­mic , Palestine
32. Gil­lian Slovo, Wri­ter, For­mer pre­si­dent of PEN (UK), UK/South Africa
33. Githa Hari­ha­ran, Wri­ter, India
34. Giu­lio Mar­con, MP (SEL), Italy
35. Hilary Rose, Aca­de­mic, UK
36. Ian Shaw, Aca­de­mic, Scotland
37. Ilan Pappe, Histo­rian, author, Israel
38. Ismail Coo­va­dia, for­mer South Afri­can Ambas­sa­dor to Israel
39. Ivar Eke­land, Aca­de­mic, France
40. James Kel­man, Wri­ter, Scotland
41. Janne Tel­ler, Wri­ter, Denmark
42. Jeremy Cor­byn, MP (Labour), UK
43. Joanna Raj­ko­w­ska, Artist, Poland
44. Joao Feli­cio, Pre­si­dent of ITUC, Brazil
45. Jody Wil­liams, Nobel Peace Lau­reate, US
46. John Ber­ger, artist, UK
47. John Dugard, For­mer ICJ judge, South Africa
48. John McDon­nell, MP (Labour), UK
49. John Pil­ger, jour­na­list and film­ma­ker, Australia
50. Judith Butler, Aca­de­mic, phi­lo­so­pher, US
51. Juliane House, Aca­de­mic, Germany
52. Karma Nabulsi, Oxford Uni­ver­sity, UK/Palestine
53. Keith Ham­mond, Aca­de­mic, Scotland
54. Ken Loach, Film­ma­ker, UK
55. Kool A.D. (Vic­tor Vaz­quez), Musi­cian, US
56. Liz Loch­head, natio­nal poet for Sco­tland, UK
57. Liz Spal­ding, Author,
58. Luisa Mor­gan­tini, for­mer vice pre­si­dent of the Euro­pean Par­lia­ment, Italy
59. Mai­read Maguire, Nobel Peace Lau­reate, Ireland
60. Mar­cia Lynx Qua­ley, Blog­ger and Cri­tic, US
61. Michael Lowy, Aca­de­mic, France
62. Michael Man­sfield, Bar­ri­ster, UK
63. Michael Ondaa­tje, Author, Canada/Sri Lanka
64. Mike Leigh, wri­ter and direc­tor, UK
65. Mira Nair, film­ma­ker, India
66. Monika Str­ze­pka, thea­tre direc­tor, Poland
67. Naomi Wal­lace, Play­w­right, scree­n­w­ri­ter, poet, US
68. Nathan Hamil­ton, Poet ,
69. Noam Chom­sky, Aca­de­mic, author, US
70. Nur Masa­lha, Aca­de­mic, UK/Palestine
71. Nurit Peled, Aca­de­mic, Israel
72. Paola Bac­chetta, Aca­de­mic, US
73. Phyl­lis Ben­nis, Policy ana­lyst, com­men­ta­tor, US
74. Pra­b­hat Pat­naik, Eco­no­mist, India
75. Prze­my­slaw Wiel­gosz, Chief edi­tor of Le Monde Diplo­ma­ti­que, Polish edi­tion, Poland
76. Rachel Hol­mes, Author, UK
77. Raja She­ha­deh, Author and Law­yer, Palestine
78. Rashid Kha­lidi, Aca­de­mic, author, Palestine/US
79. Rebecca Kay, Aca­de­mic, Scotland
80. Richard Falk, For­mer UN Spe­cial Rap­por­teur on Occu­pied Pale­sti­nian Ter­ri­to­ries, US
81. Rigo­berta Men­chú, Nobel Peace Lau­reate, Guatemala
82. Robin D.G. Kel­ley, Aca­de­mic, US
83. Roger Waters, Musi­cian, UK
84. Robin Yassin-Kassab, Wri­ter, UK
85. Roman Kur­kiewicz, jour­na­list, Poland
86. Ron­nie Kasrils, For­mer mini­ster in Mandela’s gov’t, South Africa
87. Rose Fen­ton, Direc­tor, the Free Word Cen­tre, UK
88. Sabrina Mah­fouz, Author, UK Saleh Bakri, Actor, Palestine
89. Selma Dab­bagh, Author, UK/Palestine
90. Sir Geof­frey Bind­man, Law­yer, UK
91. Sla­voj Zizek, Phi­lo­so­pher, author, Slovenia
92. Sonia Dayan-Herzbrun, Aca­de­mic, France
93. Ste­ven Rose, Aca­de­mic, UK
94. Tom Leo­nard, Wri­ter, Scotland
95. Tunde Ade­bimpe, Musi­cian, US
96. Vic­to­ria Brit­tain, Play­w­right and jour­na­list, UK
97. Wil­lie van Peer, Aca­de­mic, Germany
98. Zwe­lin­zima Vavi, Secre­tary Gene­ral of Cosatu, South Africa

 

 

ATAQUES MEDIÁTICOS E INDEPENDENCIA JUDICIAL

El Grupo de Política Criminal, que reúne a un conjunto de magistrados y profesores que cíclicamente se reúnen para analizar problemáticas derivadas de la criminalización de conductas, la represión penal y la defensa de derechos y libertades fundamentales, ha emitido un comunicado muy interesante sobre la Sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de julio del 2014, que absolvió a los encausados - con una excepción - en el bloqueo al Parlament de Catalunya. La desaforada reacción mediática, que se ha centrado en la denuncia ideológica y señalamiento personal del magistrado ponente, constituye el centro de esta nota que publicamos a continuación.

 

 

Comunicado del Grupo de estudios de Política criminal sobre la sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de julio de 2014

 

El Grupo de estudios de Política criminal, con motivo de la polémica originada por la sentencia de la Audiencia Nacional 31/2014, de 7 de julio,  que absuelve, con una excepción, a quienes venían siendo acusados por su participación, en junio de 2011,  en el mediáticamente definido como “asedio” al Parlamento Catalán, manifiesta a la opinión pública:

1.- La sentencia  apoya su fallo absolutorio en dos líneas argumentales: Por un lado, un exhaustivo y ejemplar examen de las pruebas aportadas, el cual no ha permitido llegar a los magistrados a una convicción suficiente sobre la participación de la mayoría de los acusados en los hechos enjuiciados. Por otro lado, la obligación de interpretar los preceptos penales de un modo que no vacíe de contenido los derechos fundamentales constitucionalmente protegidos que puedan estar relacionados con los hechos enjuiciados.

2.- A estos efectos la sentencia analiza cuidadosamente los elementos de prueba aportados, a pesar de haber apreciado irregularidades significativas en la investigación policial de los hechos, como detenciones “carentes de cobertura legal”, intromisiones excesivas en el derecho a la propia imagen o ausencia de asistencia letrada, entre otras. Tras ese examen profundo y minucioso de la prueba aportada, algo no siempre presente en nuestra práctica forense, la mayoría de los magistrados del tribunal no logran alcanzar la convicción plena necesaria para fundamentar una sentencia condenatoria. Sorprende que un modo de proceder que no constituye más que la diligente aplicación del art. 24 de nuestra Constitución haya podido generar un rechazo mediático como el producido.

3. Igualmente, resulta imprescindible que la sentencia, como acertadamente hace, vele por una adecuada integración de la ley penal en nuestro modelo constitucional. Su ejemplar estudio sobre los límites a la intervención penal en conductas relacionadas con el ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y manifestación, y sobre la consideración que debe darse al abuso del ejercicio de esos derechos en el marco del principio de proporcionalidad constitucional, constituye un riguroso y modélico ejemplo de razonamiento jurídico, que se puede apoyar en numerosas decisiones del Tribunal constitucional o del Tribunal europeo de derechos humanos. Las legítimas discrepancias que puedan surgir respecto a las citadas interpretaciones, y que pueden sustanciarse por vía de recurso, no impide reconocer los fundados argumentos que las sustentan.

4. En marcado contraste con lo anterior, la reacción mediática hacia la sentencia ha revestido una inusitada virulencia. Los medios han dado generosa acogida a descalificaciones tanto de la sentencia (delirante, disparate, tenebrosa, etc.) como del magistrado ponente (pájaro, castrista, bolivariano, izquierdista, etc.) transformando lo que debería constituir un debate jurídico y aun político en una competición de hooligans.

5. El Grupo de Estudios de Política Criminal desea manifestar que los principios que han guiado la elaboración de la sentencia vienen siendo objeto de reivindicación de nuestro colectivo desde hace muchos años, como lo muestran incluso algunas de las referencias doctrinales contenidas en la sentencia de la Audiencia nacional. Al mismo tiempo demandamos, una vez más, el debido respeto a la  actividad judicial que, si bien no ha de estar exenta de crítica, debe poder actuar sin la presión que comportan los comentarios tendenciosos, cuando no el insulto o la descalificación personal.

Las pretensiones de satanizar toda resolución judicial que no venga a colmar las exigencias de un grupo o de una ideología son inadmisibles en nuestro modelo constitucional. Con más motivo si, como es el caso, el objeto de los ataques es una sentencia jurídicamente bien motivada, que se decanta por tutelar el núcleo del Estado de Derecho, los derechos fundamentales, en lugar de minimizarlos hasta convertirlos, en cuanto aparecen situaciones de conflicto,  en los primeros sacrificados.

A 16 de julio de 2014.