miércoles, 9 de noviembre de 2016

DIMENSION SUPRANACIONAL DE LOS DERECHOS SOCIALES EN UN MUNDO EN CRISIS







Trascender la situación nacional - estatal combinándola con el nivel supranacional en materia de derechos sociales es un imperativo actual para los juristas del trabajo y los sindicalistas que pretenden construir en este mundo en crisis un espacio de derechos sólidamente asentados en torno al trabajo. Sobre este punto de partida, la Universidad de Castilla la Mancha a través de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, el instituto de investigación brasileño IPEATRA y la Red Latinoamericana de Jueces REDLAJ, con la colaboración de la Editorial Bomarzo,  han organizado un seminario bilateral con jueces y magistrados brasileños y profesores de universidad de España y de Brasil que, con el título de I Jornadas Hispano-Brasileñas en el ámbito judicial y académico, se han desarrollado en Albacete los días 7 y 8 de noviembre de 2016. 

La nota de prensa de la UCLM da cuenta de este acto  como se indica a continuación.


El Campus de Albacete celebra el primer encuentro hispano-brasileño en el ámbito judicial y académico

Más de medio centenar de expertos brasileños, entre magistrados, abogados y docentes universitarios, se dan cita en las I Jornadas hispano-brasileñas del ámbito judicial y académico, que han comenzado hoy bajo el título: "Algunas dimensiones nacionales y supranacionales de los derechos sociales en un mundo de crisis". El seminario, que se celebrará hasta mañana martes, 8 de noviembre, está organizado por la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Albacete, en colaboración con el Instituto de Investigación y Estudios Avanzados de la Magistratura y del Ministerio de Trabajo de Brasil (IPEATRA) y la Red Latinoamericana de Jueces (REDLAJ).

Durante estos dos días, el grupo de destacados expertos brasileños y españoles debatirán sobre dos ámbitos de gran actualidad. Por un lado, abordarán la crisis en el ámbito del derecho del trabajo y de la seguridad social, sobre el que la profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y coordinadora de las jornadas, Mª José Romero, ha indicado que hablar de derecho del trabajo en crisis es hablar del propio derecho del trabajo, y explica que desde la década de los ochenta “se ha intentado poner un parche a las crisis a través de un fenómeno que se ha agudizado en el nuevo milenio y que se ha definido como “reforma permanente del mercado de trabajo” .

En este punto, la profesora indica que éste es diferente al mercado de capital mercado del capital y del mercado financiero, y “es preciso que sea regulado conforme a los principios constitucionales y del derecho internacional del trabajo, poniendo especial atención al principio del Derecho al trabajo y de la Seguridad Social”.

De otro lado, se debatirán las consecuencias de la globalización y sus repercusiones en el ámbito del derecho del trabajo y la seguridad social, tanto en España como en Brasil. Sobre este aspecto la profesora de la UCLM indica que la globalización denota la expansión y la profundización de las relaciones sociales y las instituciones a través del espacio y el tiempo, pues “es ya habitual que las prácticas y decisiones de los grupos y comunidades locales o regionales puedan tener importantes repercusiones globales y referenciales para los derechos de los trabajadores”.

El acto de presentación, que ha corrido a cargo de Mª Jose Romero, ha contado con la intervención del codirector de las jornadas, Joaquín Aparicio; el presidente de IPEATRA, Joau Batista Martins; la Directora de Eventos de este instituto, Lorena Colnago y la directora-secretaria de la Academia brasileña de Derecho del Trabajo, Yone Frediani.

Las Jornadas han pasado revista a una serie de temas que los organizadores han considerado importantes para fijar los ejes de una discusión provechosa sobre el tema general objeto de análisis. Así, se ha examinado las reformas laborales llevadas a cabo en función de las llamadas políticas de austeridad o de recortes, tanto en Europa del sur como en América Latina, con especial hincapié en el caso español y brasileño, criticando el planteamiento neoliberal que las subyace. Junto a ello, se examinó el fenómeno de sindicalismo global desde el punto de vista de los sindicatos como agentes de la protección y de la garantía de los derechos sociales, se discurrió sobre el problema de la movilidad de los trabajadores y trabajadoras en el contexto de la globalización para terminar con un nutrido panel de discusión del rol de los jueces en la interpretación y aplicación de los derechos sociales.

Las Jornadas concedieron demás un espacio especial a algunos temas particulares - la externalización en Brasil, la precariedad y la garantía juvenil en España - y permitió la presentación de comunicaciones al mismo que se llevó a cabo, acompañada de un breve debate, en el último tramo de las mismas, en la tarde del día 8 de noviembre. 

El motivo principal que ha recorrido este encuentro se podría resumir en el slogan de la Confederación Sindical Internacional, "cambiar la globalización" de manera fundamental, es decir conseguir la globalización de los derechos fundamentales de carácter laboral que la OIT ha resumido en su Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1998 y en la noción de Trabajo Decente, en una labor crítica permanente de las políticas neoliberales de libre mercado y de la incoherencia y los fracasos manifiestos de la comunidad internacional en limitar o cuando menos contener las tendencias desreguladoras y lesivas de los derechos sociales y de la propia democracia participativa que el proceso de globalización financiera ha inducido en el mundo desarrollado desde hace ya siete años y que ha generado una inmensa situación de malestar ciudadano difícilmente contenible.

lunes, 7 de noviembre de 2016

VALORACIÓN Y DEBATE SOBRE EL SISTEMA NORMATIVO LABORAL EN ESPAÑA: REFERENCIAS Y APORTACIONES


Ya llegan los primeros fríos a la vez que el nuevo gobierno del PP en el que se mantiene como ministra de empleo a Fátima Báñez, una decisión que simboliza el reconocimiento del nuevo gobierno a la intensa labor de desregulación que el viejo gobierno del PP había realizado en las llamadas “reformas de estructura” en materia laboral que se concretaron en la debilitación de las garantías del empleo y el vaciamiento del derecho constitucional al trabajo, el cuestionamiento del sistema autónomo de negociación colectiva y el ataque a la fuerza vinculante de los convenios garantizado por el art. 37.1 de nuestra Constitución y en general por la vigorización del poder unilateral del empresario como regla central del ordenamiento laboral.

El espaldarazo simbólico que este nuevo gobierno ha dado a la reforma laboral del 2012 no tiene enfrente oposición política que le pueda amenazar, de manera que, junto con la continuidad del “equipo económico” que puso en marcha las medidas de austeridad en relación con la congelación del gasto público – y que aun ahora se manifiesta en las amenazas a los ayuntamientos gestionados por las candidaturas ciudadanas que pretenden realizar políticas sociales – no sólo las líneas generales, sino el detalle de la reforma emprendida quiere afirmarse como algo irreversible.

Es en vano recordar que en diciembre del 2015 la situación era exactamente la inversa y que una amplia mayoría de fuerzas políticas – desde Ciudadanos hasta las fuerzas nacionalistas, el PSOE, IU y Podemos – llevaban en sus programas la derogación de la reforma laboral. El desarrollo posterior de los acontecimientos políticos que permitió, en las elecciones de junio del 2016, que el PP hiciera pie y recuperara apoyos a costa de Ciudadanos – lo que fue presentado por todos los medios de comunicación empotrados en el poder económico como una “victoria” electoral – el giro de Ciudadanos hacia el apoyo irrestricto al grupo dirigente del partido del que había denunciado con insistencia su implicación en procesos de corrupción, y por último, la operación de autodestrucción del PSOE que ha permitido la entrega de sus votos para asegurar el gobierno de Rajoy – por el bien de España, recordemos – aunque pendiente siempre de la amenaza implícita de convocar elecciones si el PSOE no avala las grandes opciones del mismo, garantizan por un tiempo la permanencia de las líneas directivas de la reforma laboral del 2012 en el siguiente período de gobierno.

Por su parte, la izquierda real se debate entre un discurso que empuja al PSOE hacia la “concentración nacional” con el PP como el lugar “natural” que éste debe ocupar, y la preocupación por los procesos internos de elección de dirigentes en un lugar estratégico como Madrid, en un proceso en el que, como viene a ser una constante, los grandes medios intervienen para mostrar cómo los políticos de toda condición son personas sin moral e hipócritas, con el consiguiente desprestigio de la política, presentada a la opinión pública como sinónimo de corrupción y no como un espacio en el que la ciudadanía puede reconocer propuestas de regulación y de cambio social. En esta tesitura, la izquierda real ha perdido la iniciativa política y se encuentra claramente situada fuera del conglomerado político que adopta decisiones y marca las líneas de desarrollo económicas, sociales y regulativas, con el peligro de que una buena parte de sus líderes parecen encontrarse a gusto en esa situación sobre la base de una cierta confortabilidad moral y de la confirmación de un análisis político general e histórico que se remonta a la transición y la construcción del “régimen” del 78.

Por lo tanto, el espacio de la política, que ha sido el territorio determinante en el último año, desde el período electoral de finales de noviembre del 2015 a la formación del segundo gobierno Rajoy coincidente con el día de difuntos del 2016, se muestra a los ojos de muchos ciudadanos como un espacio perdido en el que ya no se puede actuar para cambiar las cosas. Es una apreciación peligrosa porque favorece el desistimiento colectivo precisamente de quienes más implicados deberían estar en este terreno para modificar la situación, aunque mantiene ciertas excepciones en lo que se refiere a la dimensión ciudadana en los ayuntamientos, donde si se aprecian cambios reales y se desenvuelven debates importantes en la dimensión política.

Una hipótesis como la que se acaba de enunciar – la pérdida de iniciativa política de la izquierda y la intangibilidad del bloque de consensos forzados en torno a las políticas neoliberales – desplaza por tanto el campo de interés al terreno de lo social y cultural, que de nuevo debe funcionar como detonante de procesos de resistencia y de creación de alternativas en el futuro inmediato. Es en ese sentido en el que se pueden inscribir no sólo las últimas movilizaciones de importancia, como la marea verde de octubre pasado, sino las primeras apreciaciones de los sindicatos, tanto de CCOO como de UGT, sobre la necesidad de iniciar un diálogo con el poder público y las partes sociales sobre el empleo, la modificación de aspectos importantes de la temporalidad en el trabajo, y las pensiones públicas, junto con las advertencias respecto a posibles movilizaciones en caso de que estas iniciativas no se cumplieran.

Pero en el ámbito cultural de los juristas del trabajo la cuestión está también planteada. En un contexto legal y jurisprudencial muy negativo, donde la reforma laboral se quiere asentar con carácter definitivo, la jurisprudencia constitucional cada día avanza un poco más en su autoafirmación como brazo armado del poder político, con especial hincapié en el diseño neoautoritario de las relaciones laborales, y la jurisprudencia ordinaria gira de manera contante hacia la exégesis acrítica de la norma legal, la doctrina científica es, junto con la acción colectiva y sindical, un elemento importante para ofrecer una aproximación completa y general de las tendencias en acto y para proponer, en el campo del análisis jurídico y de las políticas del derecho, elementos de avance en la regulación del trabajo y de las personas que lo pueblan.

En esta línea se sitúa el último número de la REVISTA DE DERECHO SOCIAL, que corresponde al fascículo de septiembre de la misma (nº 75, julio-septiembre 2016), cuyo contenido denota este tipo de esfuerzo intelectual y de práctica teórica que se une a la búsqueda de acciones colectivas y de decisiones públicas orientadas a la nivelación de las desigualdades sociales y a la progresiva emancipación de la libertad de trabajo que origina le remercantilización del mismo.

La revista centra su editorial y la sección de debate en el “balance” de la reforma laboral desde el 2010 al 2016, una valoración negativa que se ve desarrollada por los profesores de la UAB Pérez Amorós e Ysas Molinero, que explican de manera sintética la “crónica” de los datos normativos y el fracaso del diálogo social y la participación sindical. Es una reflexión crítica de este período que ha generado una serie de reglas muy negativas desde el prisma del derecho del trabajo y a su vez que ha abierto una amplia litigiosidad sobre sus contenidos, no sólo circunscrita a los tribunales nacionales. Vera Pavlou y Antonio García-Muñoz plantean una serie de interrogantes y afirman otras tantas certezas al analizar las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE aplicando la directiva que traspone el Acuerdo Marco Europeo sobre contratación temporal, señalando sus consecuencias en el ordenamiento interno español. Elena Desdentado por su parte plantea el tema central de la regulación del trabajo doméstico tras la normativa del 2011 desde una posición crítica, una cuestión que también cayó bajo la visión restrictiva de los planteamientos de las reformas estructurales llevadas a cabo por el gobierno del PP, sin que hasta el momento España haya aceptado ratificar el Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo doméstico que sin embargo en esta legislatura se debería intentar.

En este mismo número, se tratan puntos muy relevantes en la contemplación de nuestro sistema de relaciones laborales. Posiblemente el más importante sea el abordado por Maria Fernanda Fernández López, que esboza de manera global el panorama regulativo de la descentralización laboral, recurre a la figura del empresario complejo como eje de alguna de sus reflexiones y preconiza el estudio del alcance de la noción de empleador que abandone la consideración puramente “traslativa” como mero acreedor de trabajo, centrando la atención en el empresario cuya estructura está diseñada para buscar fines contrarios a la aplicabilidad de las normas laborales. Otros trabajos abordan temas muy atractivos, como el relativo a la doble escala salarial, que efectúa  Juan Bautista Vivero, o el análisis de la jurisprudencia sobre las cláusulas de ventajas reservadas pactadas en la negociación colectiva, de Carmen Ferradans, o el deber de colaboración del trabajadores en la prevención de riesgos laborales, efectuado por Cayetano Nuñez.

La problemática europea, además del trabajo de Pavlou y Garcia-Muñoz sobre los fallos del Tribunal de justicia sobre la contratación temporal, tiene como siempre un espacio importante en este número de la Revista. Directamente, a través del análisis que Borja Suárez Corujo efectúa de la libre circulación de los trabajadores autónomos y de los obstáculos que se están colocando a la misma, e indirectamente con la crítica que Rafael López Parada hace a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre retribución de las vacaciones leída como un retroceso del principio de primacía del derecho europeo y de la eficacia directa del mismo.

La atención a los tribunales españoles se centra fundamentalmente en el comentario crítico de la sentencia del Tribunal Constitucional 69/2016 sobre responsabilidad por daños de un piquete de huelga, que lleva a cabo Carolina Martínez Moreno, y otro, mucho más específico pero de indudable repercusión práctica, que efectúa Juan López Gandía sobre el cómputo de los períodos cotizados en los fijos discontinuos de los sistemas especiales en el trabajo agrario.

La revista se cierra con el tradicional apartado de crítica de libros, que en este caso examina una obra colectiva sobre el trabajo irregular o no declarado coordinada por Monereo y Perán, y aquella otra coordinada por Pérez Amorós y Rojo Torrecilla que efectúa, a varias voces, un “balance” de la reforma laboral del 2012. A su vez, se acompaña un CD con 100 sentencias seleccionadas de los diferentes Tribunales Superiores de Justicia sobre distintos aspectos de las relaciones laborales.


miércoles, 2 de noviembre de 2016

EL SI Y EL NO DE MATTEO RENZI


El fin de semana pasado el Partido Democrático italiano convocó una manifestación en Roma, en la Piazza del Popolo, en la que el presidente del consejo de ministros, Matteo Renzi, defendió el SI en el referéndum convocado para el 4 de diciembre. El mítin debería haber servido para dar una prueba de fuerza de cómo el PD se mostraba unido en torno a su líder, pero este objetivo no se consiguió. La plaza no estaba llena como en otras ocasiones, se calcularon unos 15.000 asistentes en vez de los 30.000 previstos, y a la cita no acudió la minoría de izquierda del PD, opuesta a las reformas que debería aprobar el pueblo italiano. Ello no impidió que el acto fuera una exhibición de Renzi y que ocupara amplísimos espacios de cobertura mediática. Aunque en Italia se atiende de manera muy extensa al debate entre el Si y el NO, en espacios de primer tiempo y con un importante despliegue publicitario, la capacidad de intervención del presidente del gobierno y su frenético activismo mediático, hace que la propuesta del SI sea fundamental y prioritariamente llevada a cabo a través de su persona, de manera que ésta y el resultado del referéndum quedan indisolublemente asociadas.

Renzi surgió a la vida política italiana a partir de su contienda en las primarias del PD – que perdió en primera instancia contra Bersani y luego ganó clamorosamente en la segunda oportunidad, tras el fracaso de éste en formar gobierno y la desautorización del presidente de la república Napolitano – con la consigna que se hizo muy popular de rottamare a la casta que poblaba los partidos y las organizaciones sociales de relevancia pública, muy especialmente los sindicatos. El verbo italiano significa arrumbar, por viejo, objetos inservibles, y se emplea normalmente para mandar al chatarrero a los electrodomésticos que no funcionan. Este discurso no sólo servía para exigir la sustitución de unas élites envejecidas sino para desprenderse de una buena parte de los componentes de la cultura política que compartían, que se presentaba como inadecuada al siglo XXI por antigua – viejuna diría un manchego – e inoperante porque no era capaz de decir nada a la mayoría de la ciudadanía, y por consiguiente resultaba un obstáculo doble para la eficacia de la acción de gobierno y para la libre y eficiente actuación de las empresas.

Renzi parte desde su inicio como un actor político que reivindica la eficacia y la novedad. “Hacer cosas nuevas” que el viejo modo de proceder de las instituciones democráticas impide, junto a intereses corporativistas de todo tipo que se deben disolver. Entre ellos, fundamentalmente, los sindicatos. El hoy presidente del Consejo de ministros no tiene a los sindicatos como amigos. O al menos, deberíamos precisar mejor, no “se lleva” con el mayor sindicato de su país, la CGIL, y es francamente hostil a la FIOM, la federación de los metalúrgicos que preside Landini. En la medida en que la CISL y la UIL – los otros dos sindicatos representativos - mantengan una posición adhesiva a sus políticas, no ofrecen problemas. Toda crítica – especialmente si viene desde los representantes del trabajo – es interpretada como “bloqueo” al país, no como disenso respecto de la política del gobierno.

El gobierno de Renzi – que es el gobierno del PD – ha sido el impulsor de una reforma laboral que ha acabado con la estabilidad real del empleo que el Estatuto de los Trabajadores imponía mediante la readmisión obligatoria en los casos de despido improcedente, estableciendo que el art. 18 de aquella norma no se aplica a los nuevos contratos efectuados a partir de la entrada en vigor de la reforma, una ley que todos conocen por su nombre en inglés, Job Act, homenaje a la admiración profesada por el sistema económico y laboral anglosajón. En esta reforma la norma estrella es el llamado “contrato de tutela creciente”, cuya paternidad en nuestro país se la disputan UPyD primero y Ciudadanos después como una de las advocaciones del denominado “contrato único”.

Tras la deconstrucción de los derechos laborales, está también, como en todo el Sur europeo endeudado, la aplicación de las políticas de austeridad exigidas por la gobernanza económica europea. Que ha hecho posible que el endeudamiento de Italia haya subido del 101% con el gobierno Monti al 130% actual del gobierno Renzi. Como en el caso español – y pese al saqueo del Fondo de Reserva de la Seguridad Social – la austeridad impone un mayor endeudamiento al Estado del que solo se puede escapar mediante la renegociación de la deuda en unos términos hoy políticamente inconcebibles. Lo que el gobierno italiano negocia, posiblemente en mejores condiciones que el español, es el equilibrio presupuestario y la reducción del déficit, teniendo en cuenta que las previsiones se revelan inútiles en muchos casos, ante la emergencia de nuevos hechos que requieren gasto social y por tanto descuadran el equilibrio acordado. Los terremotos en Italia, por ejemplo, son una buena prueba de ello, como los aluviones de inmigrantes y refugiados que están llegando a Italia una vez cegada la vía turca mediante la subcontratación del cerrojo por la UE. Renzi critica esta rigidez europea, su “egoísmo”, pero tampoco logra mucho, aunque hace promesas relevantes, como la de anunciar su oposición a la inclusión del Tratado de Estabilidad en la legalidad europea, incorporándolo a los Tratados.

Tras el trabajo y la austeridad en las políticas públicas, viene la reforma del sistema político. Para hacerlo menos dependiente del juego pluralista de los partidos, menos condicionado por la política de alianzas y transacciones, más dirigida desde un vértice ejecutivo. Se trata por tanto de modificar el sistema parlamentario para construir un sistema casi presidencialista, en donde las cámaras legislativas tengan una función receptiva y no desempeñen un papel activo de iniciativa legislativa, que funcionen como un cuerpo para la “investidura” del gobierno, que será quien decida el ritmo y los tiempos de la regulación normativa global del país. Ello lleva consigo también la enésima modificación del sistema electoral, siempre son la idea de configurar mayorías estables, junto con toda una batería de medidas que caminan en ese mismo sentido. Contra este proyecto hay, como a favor del mismo, una amalgama de posición es políticas, que suele ser aprovechado por ambos bandos para señalar las incoherencias del adversario. En el campo del SI se encuentran democráticos de distintas procedencias, ex PCI, cristianos y progresistas, y en el del NO se hallan juntos la Lega Nord y el Movimiento cinco estrellas (M5S). El debate sin embargo va más allá de la filiación política, y se evidencia en el cruce de personalidades que se evidencia. Viejos políticos democristianos como De Mita entran en campo, también ex presidentes de la república como Napolitano.

También en este proyecto se juega la oposición entre lo viejo e inservible y lo nuevo y eficiente. La constitución italiana es así, un texto del que hay que hacer chatarra. También – aunque no se dice – de su marcado carácter antifascista. Es por tanto lógico que se posicionen frente a esta reforma, pidiendo el NO, importantes personalidades públicas, magistrados del tribunal constitucional, personalidades políticas muy relevantes, e incluso una parte del PD. La CGIL ha pedido el NO a sus afiliados, y la FIOM ha organizado una extensa campaña de adhesiones y de debates para difundir esta posición y sus motivos. En el campo de lo jurídico, personalidades como Zagrelebsky, Rodotá, Ferrajoli y Romagnoli hacen campaña activa por el NO. Que tiene la dificultad de tener que luchar contra un discurso oficial muy insistente que les acusa de inmovilismo y de obstaculizar el progreso de la nación. No hay nada de inmovilista en el NO, al contrario, en esa posición se inscriben los planteamientos de reforma más incisivas – en lo laboral y en lo sindical, por ejemplo – y las críticas más claras a la gobernanza económica y sus efectos autoritarios. Esa es la izquierda del NO, contra la que fundamentalmente combate Renzi, y a la que dirige prioritariamente sus ataques públicos.

Las predicciones sobre los resultados del referéndum no son claras. La situación es muy líquida aun, y queda todavía un margen de tiempo para ver cómo cala el mensaje entre los ciudadanos italianos, en qué medida consideran necesario ir a votar y sus preferencias. Renzi ha ligado su suerte política al resultado del referéndum, lo que desde el punto de vista de sus defensores, arroja sin embargo una seria posibilidad de inestabilidad política si triunfara el No, que la Unión Europea no apreciaría. Este dato es importante, porque el italiano es único de los pocos gobiernos de los países fundadores de la UE – y de un producto interior bruto notable – que es dirigido por un partido progresista, el PD, inserto en el grupo de la socialdemocracia europea, aunque con raíces diferentes a la mayoría de los componentes de aquel, que se muestra crítico, aunque ineficiente, respecto de las carencias europeas más relevantes, la asfixia de las economías endeudadas y la omisión de cualquier política coordinada y vinculante en el tema de los refugiados. Pero a la vez, ha actuado de manera rotunda para desmantelar el sistema de derechos laborales y debilitar la capacidad de intervención colectiva y sindical, sobre la base de una orientación claramente neoliberal para la cual la vinculación de la norma y del convenio colectivo son elementos que obstaculizan el desarrollo de la productividad y el emprendimiento.

Las lecciones de la situación italiana vista desde España son numerosas y posiblemente evidentes, porque presenta un caso práctico en el que la fuerza del discurso del gobierno – progresista - está basada en la crítica de la práctica política republicana en donde la representación parlamentaria es central en la determinación de las opciones de gobierno, una representación que permite un pluralismo fuerte, donde la adscripción al bloque izquierda / derecha admite los matices de una serie de pequeños grupos que se adhieren a los grandes partidos sostenidos por una suerte de fuerza de gravedad que les hace entrar en su órbita pero de la que a su vez pueden recobrar un impulso gravitacional propio que altera estos equilibrios, especialmente ante la presencia de un actor político no tradicional y hostil asimismo a este cuadro institucional, el Movimiento Cinco Estrellas (M5S), y que por tanto compite con éste desde advocaciones directas al pueblo, pero en un “populismo responsable” que quiere y sabe administrar la realidad económica y la comunidad social y que se resuelve en la reivindicación de un gobierno fuerte y dirigente.

No se establece por tanto un enlace entre la reivindicación de la representación política como medio para el fortalecimiento del pluralismo ideológico de la sociedad y la crítica de la misma – y del sistema institucional que lo concreta – desde las restricciones participativas que se efectúan en la práctica, ni tampoco con la reformulación de los vínculos que existen entre la ciudadanía y el trabajo, y que se residencia en un pensamiento y una cultura antifascista muy anclada en formaciones sociales como el sindicato. Al contrario, la “tercera vía” renziana – llamándola así como homenaje a su admirado Tony Blair – se presenta como una reivindicación del aplanamiento de la democracia de partidos como un espacio históricamente superado y retardatario que debe ser sustituido por una relación directa entre la ciudadanía y el gobierno, clave de una acción política de racionalización y modernización que posibilita la libre iniciativa empresarial y el desarrollo del emprendimiento en un aumento de la productividad económica, en un trayecto progresivo de asunción de autoestima como nación y como pueblo. Construye una narrativa del optimismo como característica del “nuevo trend”, frente al cual los anclajes tradicionales en los vínculos sindicales o la reivindicación de los procesos de mediación y transacción entre partidos en sede parlamentaria se presentan como obstáculos “del pasado”, viejas resistencias que deben arrumbarse para “no bloquear el país”.

La democracia parlamentaria como expresión del pluralismo ideológico del país y la representación general del trabajo a través de la representatividad sindical se presentan, con profundas concomitancias con el pensamiento neoliberal, como elementos desechables en aras a la eficacia del gobierno y la productividad económica de la libre empresa. Lo grave de esta tendencia es que quien la invoca es el partido progresista clave del sistema italiano, y que por tanto esta argumentación circule como propuesta de este tipo de posición política en convergencia con el pensamiento neoliberal hegemónico.