La revisión de la política parlamentaria reciente y la importancia del sindicato en la llamada sociedad civil ocupó toda una tarde de debate en el Círculo Cultural Recreativo Anselmo Lorenzo de la ciudad de Parapanda. Los contertulios querían formar opinión todos a la vez, lo que obligó a la intervención disuasoria - aunque siempre contenida - de la Guardia Urbana, momento que recoge la fotografía. Es de destacar que tras la intervención se restableció la asamblea de manera ordenada y productiva. El texto que se incorpora a continuación supone una síntesis de algunas de las intervenciones efectuadas en dicho lugar, y posiblemente no constituye ni la más compartida ni la más relevante de las que allí se mantuvieron.
El sindicato debe interesarse por la política, entendida como orientación de la opinión pública. No es una orientación que se mantenga unánimemente. Todos recordamos unas declaraciones – muy comentadas – de una dirigente sindical en retirada tras un largo período de leadership, según las cuales el sindicato no es de izquierdas ni de derechas. Era una opinión incorrecta que desenfocaba el papel del sindicato en la realidad actual. Y era contraproducente no sólo – que también – porque la situación geopolítica del sindicato está en el campo de la izquierda social, sino sencillamente porque se trataba de una apreciación que llevaba a la conclusión que el sindicato no debía interesarse por la política, sino por la concreta situación de los trabajadores y su mejora material como un territorio confrontado y diferente del anterior. La reflexión de la que se debe partir es precisamente la contraria. Pero no en una perspectiva neoclásica que revise la relación entre el partido político (de izquierda reformista o de izquierda alternativa, por poner etiquetas aproximativas) y el sindicato, sino en la dirección que se ha ido construyendo teórica y prácticamente en la experiencia de nuestro sindicalismo y que se resume en la noción del sindicato como sujeto político dentro de su campo de autonomía de acción. Lo que no se reduce a una visión de éste como puro sujeto contractual en relación con el poder público o más en general con la autoridad del gobierno, sino que se desenvuelve en la tensión hacia el protagonismo del sindicalismo confederal en el debate público (político) nacional, de manera que éste aspire a influir decisivamente en el mismo y a orientarlo consecuentemente con las líneas de tendencia que procura un proyecto sindical autónomo de la sociedad, del Estado y de los derechos de ciudadanía.
Se ha abdicado de esa posición de relieve en el debate público, de una presencia real del sindicalismo en las grandes opciones de la política de este país. Ha habido ausencias clamorosas en el propio debate electoral de febrero y marzo pasados, por poner un ejemplo. Posiblemente los dirigentes sindicales pensaron que debían quedar en un segundo plano, que el protagonismo correspondía a los partidos políticos. También es posible que creyeran que ese no era su terreno de acción, que las elecciones políticas deben blindarse ante tomas de posición “extrañas” a ese mecanismo de participación, que lo contrario “politizaba” innecesariamente a un sindicato que tiene “su propio espacio de actuación”, fuera del debate político que se despliega como exposición de programas y de medidas de gobierno de futuro en el Estado español. Estos prejuicios son arraigados y profundos entre aquellos que consideran que el ámbito de lo sindical es subalterno respecto del ámbito del gobierno y de la conformación de la voluntad política nacional. El paroxismo de estas actitudes se ha podido verificar en la reacción que la extrema derecha política y su brazo ejecutor en el CGPJ tuvieron respecto del escrito de dos centenares de jueces y de fiscales en activo criticando una propuesta del candidato del PP sobre el tratamiento penal de la delincuencia en la medida que ésta chocaba frontalmente con las orientaciones de la Constitución. Justamente esta iniciativa de los magistrados es especialmente productiva de lo que se quiere señalar en este texto. Es difícil de entender que el sindicalismo confederal no abriera por su cuenta un debate sobre la propuesta del contrato para la inmigración que también el candidato del PP lanzó en el debate político. La “neutralidad” del sindicato en este tema, que es un tema decisivo en la configuración de las relaciones entre la ciudadanía y el trabajo, se puede interpretar como desinterés y alejamiento de las opciones regulativas planteadas para la sociedad en su conjunto, como si el movimiento sindical no tuviera nada que decir por si mismo ante ellas, o si asumiera de antemano cualquiera de los modelos o proyectos que el bipartidismo mediático y político llevara a la práctica después de vencer (o perder) en las elecciones. El sindicato no puede renunciar a disputar la hegemonía ideológica al discurso que se produce en y para la opinión pública desde el campo de la gobernabilidad política parlamentaria; tiene necesariamente que insertarse en ese campo de lucha afirmando en él su propia narrativa y sus propios valores. La visibilidad del proyecto de emancipación social que el sindicato significa y su concreta discusión, su propia problematicidad – no prestada del discurso electoral – tiene que hacerse presente en el terreno de la orientación de la opinión pública.
