LAS CLAUSULAS SOCIALES EN EL LIBRE COMERCIO: DEL TTIP AL CASO DE HONDURAS

Estamos en plena campaña de movilización contra la firma del TTIP y la no ratificación de su texto gemelo conocido como Tratado de libre comercio entre Unión Europea y Canadá. Se trata de una campaña internacional, con especial fuerza en Europa, que no sólo llevan a cabo los sindicatos – la Ces pero fundamentalmente los diferentes sindicatos nacionales – sino también otro tipo de organizaciones sociales entre  nosotros especialmente ATTAC. Se ha impulsado una iniciativa ciudadana europea auto-organizada (que apoyan los sindicatos, movimientos sociales y el partido de la izquierda europea) contra el TTIP y el CETA que ya lleva recogida más de un millón seiscientas mil firmas y que sigue cosechando consensos hasta el 18 de abril, que es un día de acción global en el que se saldrá masivamente a la calle para dar a conocer la iniciativa y poner mesas para recabar la firma de los ciudadanos y ciudadanas en toda Europa. Se puede firmar la Iniciativa en esta página: https://stop-ttip.org/firmar/ . El tema es por tanto de gran actualidad y de extrema importancia.

La mayoría de los reproches al TTIP se basa en su opacidad, por el hecho de estar siendo negociado a espaldas de la opinión pública, sin que puedan intervenir en un debate libre la totalidad de las fuerzas políticas y sociales y el conjunto de la ciudadanía. Recientemente en la prensa digital se han podido comprobar las cautelas disuasorias con las  que las autoridades europeas rodean el acceso a los documentos del TTIP por parte de los diputados y diputadas europeas a los que además hace firmar una cláusula de confidencialidad. (Ver el testimonio de Ernest Urtasun http://www.eldiario.es/economia/eurodiputado-espanol-TTIP-despojan-boligrafos_0_372713416.html, en la foto que abre este blog esperando poder consultar estos documentos y Lola Sánchez y Marina Albiol http://m.publico.es/internacional/1905730/eurodiputadas-alertan-del-peligro-del-tratado-con-eeuu-tras-acceder-a-sus-entranas .

El tema cobró notoriedad tras la firma tras una discusión prácticamente clandestina, del Acuerdo de Comercio Canadá- Europa (CETA).  Se conoce la exorbitante protección a los inversores extranjeros que impide que la resolución de conflictos sea juzgada por los tribunales nacionales y se encomiende por el contrario a un sistema de arbitraje dominado por los grandes intereses financieros globales. Asimismo, se critica la inserción de los servicios públicos como objeto de la libre prestación de servicios entre UE y USA, siendo así que deberían ser excluidos, como sucedió con la Directiva europea del 2006, tras la movilización social contra el texto Bolkestein.  El TTIP también insiste en “simplificar” y reducir la reglamentación europea, en especial lo relativo al derecho social. El embajador USA en la UE celebraba que la Comisión impulsara el programa REFIT para la simplificación de las normas sociales europeas porque  - decía – a través de éste las empresas y los inversores americanos pueden influir en el tipo de regulación que desean como condición para la inversión realizada. No es preciso resaltar que lo que se busca es la desregulación del espacio social europeo, considerando gran parte de las normas de tutela de los derechos de los trabajadores como un obstáculo al comercio y a la inversión, y la intervención de las autoridades públicas en el control de éstas como impedimentos burocráticos que deben ser removidos. Obstaculizado de todas maneras el debate libre y el conocimiento cabal de los contenidos del Tratado de Comercio, el TTIP puede abrir posibilidades aún mayores para someter desde el poder de las grandes corporaciones transnacionales el espacio de actuación de los poderes públicos nacional-estatales.

Un elemento importante en este debate es precisamente la necesidad de que el tratado de libre comercio condicione sus contenidos al respeto de los estándares mínimos de trabajo fijados por la OIT en sus Convenios, no sólo los que se consideran fundamentales a partir de la Declaración de 1998 que obligan a todos los países que forman parte de la OIT, aunque no hayan ratificado los relativos a la abolición del trabajo forzoso e infantil, la protección de la libertad sindical y de la negociación colectiva, el principio de igualdad de oportunidades. El tema es especialmente importante al ser los Estados Unidos una contraparte del Acuerdo, puesto que como se sabe los USA son una de las naciones que menos Convenios de la OIT ha ratificado, incluido los fundamentales de libertad sindical y negociación colectiva. La AFL-CIO y la CES proponen que a través del Tratado se fijaran unos estándares de tutela laboral y del medio ambiente elevados que el resto de países debería seguir como condición para entrar en el mercado de las economías desarrolladas.

Es por tanto la idea de la cláusula social que a partir de 1996 rechazó la OMC / WTO como método o instrumento de aseguramiento de derechos sociales, y que los USA y la UE han intentado a través de la vía de los tratados multilaterales, y que realmente se han puesto en práctica en una larga serie de tratados bilaterales. El principal reproche a esta técnica es el que deriva de su empleo sesgado en razón de consideraciones socio-políticas, de una parte – especialmente claro en el caso de los Estados Unidos, que no aplicaban la exclusión del comercio o de las preferencias arancelarias a los países que estaban en sintonía política con ellos, por más que se vulneraran en los mismos los derechos laborales, sindicales y políticos más básicos – y de otra su escasa efectividad, en algunos casos derivados del complicado procedimiento de denuncia de violaciones del mismo – como sucede con el TLC entre México, Canadá y USA – o en otros por la dificultad de que los gobiernos locales cumplan las recomendaciones que emiten las autoridades que interpretan el tratado y la cláusula de libre comercio. En algunas ocasiones, sin embargo, la negociación de un TLC con algún país determinado ha orientado cambios en su legislación en un sentido favorable a garantizar los derechos de los trabajadores, pero son supuestos minoritarios. En el caso del TLC con Perú, el proceso de negociación produjo efectos beneficiosos sobre la legislación laboral peruana, pero no sucedió lo mismo en el caso chileno, como es bien conocido y ahora de evidente actualidad al estarse discutiendo un proyecto de reforma laboral muy contestado que impulsa el bloque de partidos que sostiene a la presidenta Bachelet.

Recientemente se ha producido un supuesto importante que enlaza esta práctica del libre comercio con cláusula social con las violaciones de derechos laborales. Los Estados Unidos tienen un tratado de libre comercio con Centroamérica con un capítulo laboral en el que se prevé un mecanismo de denuncia de lesiones graves a los derechos laborales que se residencia en una comisión dependiente del Departamento de Trabajo del gobierno norteamericano.  El  Departamento de Trabajo ha presentado un informe en respuesta a una denuncia presentada en 2012 por la AFL-CIO y otros 26 sindicatos hondureños y ONG en el marco del capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio para Centroamérica (CAFTA, en inglés) El informe puede verse en http://www.dol.gov/ilab/reports/pdf/Final_Report_of_Review-Honduras_Submission_022715_redacted.pdf  .

La acusación incluye numerosos casos en los que los empleadores hondureños promovieron conductas claramente antisindicales y discriminatorias e impusieron acuerdos no sindicales para impedir la negociación colectiva sindical, así como múltiples casos de impago de salarios, horas extra obligatorias, numerosas violaciones de las normas de seguridad y sanidad en el lugar de trabajo y de trabajo infantil en el sector agrícola. En todos los casos, la conducta del empleador era ilegal según la legislación laboral hondureña, pero el gobierno, que como se sabe es fruto de un golpe de estado contra el presidente electo Manuel Zelaya, promovido en el 2009 por los sectores más reaccionarios de la nación con el apoyo del gobierno de los USA, como ha reconocido expresamente su urdidora, Hillary Clinton, no tuvo ningún interés en aplicar la legislación vigente, ni  ofreció compensación alguna a los trabajadores/as ni sancionó a los empleadores. El importe de las multas no se ha incrementado desde 1980, por lo que las sanciones para las faltas laborales graves oscilan entre 9,35 y 460 USD. Incluso después de que se presentara la denuncia y de que Estados Unidos solicitara un seguimiento de los casos concretos que se especifican en la misma, el gobierno hondureño siguió sin aplicar la ley, como era previsible.

La CSI ha definido a Honduras como un país en situación de riesgo. La Confederación Sindical de las Américas ha afirmado que el gobierno hondureño tendrá que emprender importantes reformas para cumplir con sus obligaciones jurídicas internacionales con el objetivo de lograr una aplicación efectiva de su legislación laboral. Para ello, tendrá que colaborar estrechamente con los sindicatos hondureños.

El problema es que para ello, el gobierno de Estados Unidos debe prestar ayuda al gobierno hondureño para que dichas reformas se apliquen sin demora e incrementar su apoyo a los sindicatos para que se organicen y negocien colectivamente. Si el gobierno hondureño no abordara las cuestiones que se plantean en la demanda planteada, Estados Unidos deberían utilizar los mecanismos disponibles en el Tratado de Libre Comercio para Centroamérica con el objetivo de asegurar su aplicación, incluyendo, de ser necesario, un arbitraje obligatorio, porque los países que han firmado este tratado de comercio deben reconocer que las obligaciones laborales que se desprenden de su articulado son tan vinculantes como el resto de las disposiciones del tratado sobre la liberalización del mercado.

No solo basta una acción proveniente del gobierno Usa sobre el gobierno subalterno de Honduras, sino que, para que ésta vía sea realmente eficaz,  Estados Unidos deberían tomar medidas para garantizar que las multinacionales estadounidenses que adquieren mercancías en Honduras se aseguren de que no se violan los derechos laborales en sus cadenas de suministro. Las violaciones de los derechos laborales que aparecen en el informe se dan principalmente en sectores cuyos productos se exportan a Estados Unidos, como el sector textil, el de la industria ligera y el agrícola.

Los capítulos laborales en los Tratados de Libre Comercio se suelen promover como un modo de abordar y mitigar las numerosas inquietudes sobre el impacto social y económico que tiene la liberalización de mercados y la eliminación de mecanismos protectores de los productos nacionales. Eso implica que el gobierno federal norteamericano no sólo debe cumplir las obligaciones que le afectan directamente como potencia pública, sino que debe garantizar que las personas físicas y jurídicas afectadas por los mismos cumplan la integridad de los compromisos pactados, entre los cuales se encuentran desde luego los capítulos laborales de los mismos. Hasta la fecha, los trabajadores y trabajadoras de Centroamérica, todavía no han visto cambios reales, ya que la impunidad en materia de la violación de los derechos laborales sigue siendo generalizada. En Honduras particularmente, puesto que en este país se une al autoritarismo arbitrario de las empresas, una fuerte restricción de las libertades de opinión y expresión, que ha llegado a la eliminación física de periodistas. El propio estado hondureño está a punto de ser condenado por violación de la independencia judicial por la Corte Interamericana de Justicia. Naturalmente los medios de comunicación españoles, tan atentos ante la situación venezolana, han ignorado completamente estas noticias de uno de los países donde la democracia está siendo constantemente vulnerada.

Lo que este supuesto señala es que pese a que se han utilizado correctamente los mecanismos que suministra la cláusula social del TLC de Centroamérica y Caribe en el caso hondureño, sus resultados son prácticamente inexistentes ante la inacción pública de las autoridades hondureñas, sometidas fielmente al dominio de sus oligarquías, y la omisión del gobierno de Estados Unidos en forma de presión política y de acción jurídica sancionatoria consecuente. Sin ello, el recurso a las cláusulas sociales en los tratados de comercio no puede satisfacer las necesidades ni los intereses para los que se diseñaron estos instrumentos, que a la postre se preveían como  una herramienta eficaz para los trabajadores y trabajadoras que no están respondiendo como tal.

SOBRE LA IZQUIERDA SINDICAL EN ITALIA

Las vacaciones de Pascua, aunque cortas, abren siempre espacios para la lectura. Novelas e historias. Pero también, pensando en el retorno, reflexiones sobre el presente y el pasado más o menos inmediato. En la entrega mensual correspondiente al mes de abril de esa revista magnífica que es Sin Permiso, junto a otros trabajos muy ilustrativos - especialmente interesantes la entrevista a Varoufakis y el análisis de las elecciones inglesas y los diferentes "territorios" definidos sociológicamente - se encuentra esta reflexión sobre la izquierda sindical realizada por Aldo Giannulli, que el autor relaciona con el debate actual italiano sobre la "convergencia social" que impulsa el dirigente de la FIOM, Landini, pero que fundamentalmente discurre sobre la emergencia de la teorización del sindicato como sujeto político en las experiencias francesas e italianas durante los años setenta. El texto es didáctico y sugerente, y se trae al blog como lectura pos-vacacional que esperemos sea de provecho a sus lectores, por si no lo habían podido leer directamente en la fuente de la que ha sido extraída, nuestros amigos/as de SP.

En la primera mitad de los años sesenta, la situación política en Italia y Francia parecía sacudirse el inmovilismo de los quince años anteriores. En Italia, el centro izquierda, en Francia la primera nominación de Françoise Mitterrand a la presidencia con el apoyo de comunistas y socialistas, perfilaron una alternativa a la hegemonía en vigor del centro-derecha.

Sin embargo, en Francia Mitterrand no ganó (aunque el 45% que obtuvo en la segunda vuelta fue un gran éxito) y en Italia el centro-izquierda fue perdiendo rápidamente su aspiración reformista originaria. Por otra parte, el condicionamiento internacional de un mundo dividido en dos bloques no se había debilitado, por lo que parecía muy poco probable la hipótesis de una victoria electoral de la izquierda, al menos en un tiempo político previsible y, con ella, también un programa de transformación social.

Esta situación de bloqueo institucional empujó a sectores de la izquierda a buscar otra vía que no pasase por las instituciones, sino por las luchas sociales y, en particular, las sindicales. Sus defensores fueron, en Francia, intelectuales de formación socialista y un pequeño partido de extrema izquierda como el PSU dirigido por Michel Rocard, pero sobre todo la antigua confederación sindical cristiana (CTFC), que había cambiado su nombre a CFDT.

Aunque en Italia los primeros impulsores de esta vía fueron también socialistas, como el grupo de sindicalistas del PSIUP (Elio Giovannini, Gastone Sclavi, Antonio Lettieri, Giacinto Militello etc.) que se habían reunido bajo la inspiración de Lelio Basso y Vittorio Foa (y la revista de Basso "Problemas del socialismo" fue, durante una década, su expresión). A la corriente sindical psiupina (que no toda se situaba en la izquierda bassiana), se unió también la corriente ingraiana comunista (Bruno Trentin, Renato Lattes, Sergio Garavini), a veces también con el apoyo del grupo "secchiani" milanés.

Pero no fue sólo la CGIL la que albergó a una corriente de izquierda, incluso en la CISL, bajo la influencia de la CFDT, se formó una corriente de izquierda unión que tenia su bastión en la CISL de Pierre Carniti.

Las dos corrientes de izquierdas fueron los principales apoyos para una rápida unificación de las tres confederaciones que, sin embargo, se quedó en el estadio de una Federación Unitaria.

El proyecto en el que confluían las dos corrientes sindicales de izquierda (aunque de cultura política diferente cada una de ellas y a las que se sumo la Uilm de Benvenuto y de Mattina) fue mucho más allá de una mera radicalización reivindicativa y aspiraba a convertir a los sindicatos en el verdadero sujeto de la transformación social del país. El sindicato, basándose en los consejos de fábrica se convirtió, en las teorías de la izquierda sindical, en una especie de contra poder institucional, la principal palanca de una política reformista. Eran los años en que los intelectuales de la izquierda socialista como André Gorz, Lelio Basso, Serge Mallet, Oskar Negt y otros teorizaron la superación del capitalismo a través de una especie de reformismo revolucionario, que combinaba la acción parlamentaria e institucional con la presión de los movimientos sociales, empezando por el lugar de trabajo. Una especie de "toma del poder" desde abajo que no necesitaba una revolución violenta, recuperando parcialmente temas muy cercanos al anarcosindicalismo.

En la versión italiana de la izquierda sindical, esta defendía la formación de un bloque social alrededor del sindicato, convertido en sujeto político directo y no sólo reivindicativo, que tuvo su punta de lanza en las categorías de la industria (como vemos, Landini no ha inventado nada y Camusso simplemente desconoce esta historia). Los partidos se dividieron entre los que "despreciaron" esta deriva política del sindicato (las derechas de la DC, el PSDI, el PSI, el PLI, y, huelga decirlo, los fascistas) y los que consideraron a la triple CGIL-CISL-UIL como su principal base de masas y defendieron su papel y sus reivindicaciones (la izquierda de la DC, la izquierda del PCI y del PSI). Esto en un sentido oficial, porque en realidad no faltaron la desconfianza y la crítica del "pan-sindicalismo" de la triple sindical unitaria (en particular de la derecha amendoliana del PCI, pero también de las corrientes  demartiniana y nenniana del PSI, e incluso de sectores de la izquierda demócrata cristiana como la "Base"). Las más abiertas, de hecho, fueron la izquierda ingraiana del PCI y la lombardiana del PSI.

No cabe duda de que fue la época más brillante del sindicalismo italiano, la de los mayores logros en la negociación colectiva y legislativos.

Sin embargo, a la crisis de esa experiencia contribuyeron tres factores decisivos: el proceso de burocratización del sindicato (a la que no fue ajena la misma izquierda sindical), el repliegue de la clase política en la solidaridad nacional (que representó el retorno completo a la dominación de la política institucional y la subordinación a ella del sindicato) y el reflujo de las luchas, favorecido por la lamentable aventura terrorista (que privó al sindicato de su poder principal de negociación).

Después la aparición de las deslocalizaciones y los procesos de globalización implacables hicieron el resto, relegando al sindicato a la posición subordinada que conocemos. Y la disolución de la Federación y de las estructuras unitarias. La FLM, en 1984, fue la constatación del fin del proyecto del sindicato como sujeto político.

Pero en todo esto tuvo también una parte de responsabilidad las insuficiencias políticas y culturales de la izquierda sindical que demostró sus limitaciones cuando sus máximos exponentes (Macario, Benvenuto, Carniti y Trentin) llegaron a la dirección de sus respectivas confederaciones, pero sin producir ningún cambio de línea, continuando la rutina habitual.

En particular, la corriente de izquierdas de la CISL se disolvió y se dejó cooptar por el "poder" en la Confederación con Macario y Carniti, convirtiéndose en la principal defensora de las políticas de moderación salarial (Decreto del 0,1% y recorte de puntos de la escala móvil con el Decreto Craxi) y los que no se avinieron (como la FIM-CISL de Milán con Tiboni) serían expulsados ​​por los antiguos dirigentes de la corriente de izquierda de la CISL

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La crisis en la CGIL fue más lenta y, tras una desgraciada propuesta de democracia industrial (un lío hiper-burocrático bautizado "plan de empresa"), la izquierda sindical se replegó en su categorías (especialmente la FIOM), tratando de caracterizarse por su radicalización reivindicativa.

De hecho, la izquierda sindical fue derrotado por su lentitud en la comprensión de los cambios que tenían lugar y, en consecuencia, por la falta de una táctica adecuada para hacerles frente y esto dependía en gran medida de las deficiencias constitucionales de la cultura sindical, por su naturaleza parcial e inadecuada a la hora de ejerce un papel de liderazgo político.

Sin duda, el sindicato puede ser caracterizado sin problemas como un sujeto político, capaz de jugar un papel de unificación social muy deseable, pero asumir un papel de liderazgo político es mucho más que eso. Y, de hecho, la izquierda sindical, cuando llegó a la dirección de las confederaciones, se mostró incapaz de conducirlas con una línea diferente y fracasó en su objetivo.

La cultura del conflicto es una condición necesaria, pero no suficiente, para jugar un verdadero papel de liderazgo político, se necesita una cultura institucional, una visión estratégica, la capacidad de desarrollar una política internacional que no sea ajena a la práctica sindical. A la izquierda sindical le faltó la necesaria sensibilidad política (que por otra parte no buscó), que sólo puede ser garantizada por un partido político capaz de relacionarse con los movimientos. La izquierda sindical es una condición necesaria pero no suficiente en la construcción de una nueva izquierda a la altura de los tiempos. Y la primacía de lo social sobre la política es sólo una leyenda.

Quizás haya que repensar hoy todo ello, ante el renacimiento tenue de la izquierda sindical.

Aldo Giannuli (1952), politólogo y ensayista, ha sido profesor e investigador en las Universidades de Bari y Milán. Esta considerado uno de los mayores especialistas en las masacres de las Plazas Fontana y Della Loggia.

Traducción para www.sinpermiso.info: Gustavo Buster

PIETRO INGRAO CUMPLE 100 AÑOS

 Pietro Ingrao cumple cien años el próximo día 30 de marzo. Imposible resumir en unas pocas líneas su trayectoria política en el Partido Comunista de Italia y en las formaciones que le han sucedido, se necesitaría un libro voluminoso; y sus aportaciones a la teoría política han ido incluso más allá de su talla de dirigente. Como homenaje al luchador y al maestro, los blogs hermanos En campo abierto, Desde mi cátedra, Metiendo bulla, Punto y Contrapunto  y Según Baylos hemos creído oportuno volver a airear el discurso que pronunció en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona el 4 de octubre de 2002, en la ceremonia en la que recibió la distinción de Doctor Honoris Causa de dicha institución académica.

11S: un amargo presente
Pietro Ingrao

Era el mes de julio de 1936. Había cumplido 21 años. Era estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Roma, en la plenitud de mi juventud. La agresión del gobierno fascista italiano a la joven República española fue el trauma, la ocasión desconcertante que me orientó (diré: me obligó) a la conspiración antifascista: a aquel empeño en la batalla política que después ha marcado toda mi existencia. Empezó para mí, en aquellos años, una confraternidad con el antifascismo español en el exilio, que se prolongó en el tiempo, y se acompañó con el encuentro de la fascinante poesía española del siglo XX: Machado, Lorca y Rafael Alberti.

En este largo camino de mi vida he esperado ardientemente que los horrores, las masacres, la pila de víctimas que han marcado la época que he vivido, fueran solamente un amargo recuerdo: casi como la culminación de una locura a la que nos llevaron el capitalismo en su fiebre de la época fordista y, por su parte, los errores fatales del estalinismo. Después me engañé cuando, tras la caída de la URSS, pensé que se podía abrir un espacio nuevo para frenar la carrera de armamentos. No fue así. Cuando cayó el Muro de Berlín en pedazos, vimos que volvía la guerra en una zona crucial del mundo: en la península arábiga, que es un punto de juntura entre Europa, Asia y África. Hoy la cuestión de la guerra ve otro capricho. Ante todo ha sido un turbio y ambiguo pasaje orientado a relegitimar la intervención de las armas en nombre de un deseo de justicia. Recordad: fue la grave acción militar de la OTAN en Serbia, justificada en nombre de la democracia y la liberación de los pueblos destrozados por el déspota Milosevic. Vinieron los sermones de la "guerra justa". Y alguno en Europa se lanzó incluso a evocar un término supremo y antiguo. Habló de "guerra santa".

En verdad, en aquella ocasión de los Balcanes también se lanzó y alimentó (al menos por parte de algunos autores) la esperanza y la imagen de una purificación de la guerra: como si, apartándose del fango del territorio y moviéndose en la pureza de las grandes alturas de la atmósfera, pudiese y se quisiera golpear solamente (con la sabiduría de las técnicas modernas) los medios militares del adversario. Es lo que he llamado la ilusión (o el engaño) de la "guerra celeste". Brotó (¿lo recordáis?) aquella consoladora representación del piloto americano atravesando las orillas atlánticas, allá en la calma solitaria de los cielos lanzó la bomba inteligente, volviendo a casa, a la patria americana, limpio de manchas.

¡Qué horror! Sin embargo, vino la guerra de Afganistán y el ataque del cielo se ha mezclado con la cancelación de la ciudad, con los estragos civiles, con la máquina de las armas, dirigiéndose a los altiplanos y a los pliegues de la tierra. Y, paso a paso, cayeron amargamente las justificaciones éticas, las representaciones salvíficas, los sermones moralizantes.

Verdaderamente hasta ahora no han sido cancelados los vínculos formales que, en muchas Constituciones europeas y en la Carta de las Naciones Unidas, limitan el recurso a las armas. Todavía siguen ahí tales vínculos, escritos en leyes solemnes. Simplemente sucede que se han descabalgado o, de hecho, hechos trizas. El artículo 11 de la Constitución de mi país, que consiente sólo la guerra de defensa, se ha roto, sin que sobre ello haya sorpresa, ni escándalo, ni siquiera una discusión en el Parlamento o algunas aclaración del Presidente de la República, que observa sobre tal violación un religioso silencio.

Y hay algo que me espanta todavía más. Es el hecho amargo que, en nuestros países, el sentido común no se alarma, no tiembla. Hay que decir esta amarga verdad. Ojead los libros, oíd las palabras de los gobernantes, echadle un vistazo a los debates parlamentarios. Veréis que ha desaparecido la palabra "desarme". Ya no la usa nadie. Es, en este sentido amplio y angustioso que yo hablo de "normalización de la guerra". Se ha liquidado el espanto, el horror que sobrecogió a mi generación, que en aquel mayo de 1945, nos hizo jurar que nunca más debería volver la masacre.

¡Cómo mentíamos! Mirad hoy, mirad cómo se discute ahora, en estos días, abiertamente de un ataque a Irak y se invoca la "guerra preventiva". Quien habla no es un político descerebrado o un gacetillero fanfarrón. Hoy lo propone al mundo, como obligación ineludible y urgente, el Presidente de los EE.UU., el jefe de la potencia más grande de la Tierra. Y eso sucede sin escándalo. No se reúnen con angustia los parlamentos. No suenan las campanas de las iglesias, Los sindicatos no convocan huelgas. Atención: se ha convertido en normal la "guerra de prevención", invocada por el país que se considera el guía del mundo.

¿En qué se funda esta revalorización y normalización de la guerra, y, por qué el pacifismo tiene hoy una restringida minoría?

Quiero, solamente, aludir a una explicación que, por comodidad y brevedad, llamaré "técnica". La verdad es que no entra en mis conocimientos la criba de las grandes innovaciones tecnológicas y de los nuevos saberes que han dilatado y revolucionado los sistemas de alarma, la trama de los conflictos, la combinación de las estrategias entre tierra, mar y aire. Sin embargo, tengo "in mente" los fuertes cambios acaecidos en la relación políticosocial entre la vida del hombre sencillo y las masas de civiles, de un lado, y, de otra parte, en lo que se ha convertido la guerra en este cambio de siglo.

Me parece indudable que, en los últimos decenios, se está desarrollando (¿o retornando?) la connotación "especializada" de la práctica de la guerra. Parece que ha desaparecido o empalidecido aquella connotación totalizante que viene clamorosamente desde principios del "Novecento": aquel camino que, a partir del conflicto mundial de 1914, vio alinearse a millones de hombres en los frentes de varios continentes. Durante años y años, y en una condición humana radicalmente diversa del vivir civil: aquella guerra de masas en el fango de las trincheras que pronto fue dilatándose hasta atrapar al conjunto de las naciones, las ciudades lejanísimas del frente, la vida de los desarmados, las mujeres y los niños. En suma, la guerra de masas. La guerra mundial como la llamábamos.

Hoy las obligaciones prevalentes, el núcleo central de la acción bélica parecen nuevamente confiados a los soldados de oficio: a ciudadanos y ciudadanas que aceptan (o incluso piden) ser llamados a practicar la ciencia de la guerra, con sus tecnologías refinadas y sus riesgos de muerte. El matar colectivo, en nombre del poder público, vuelve a ser una tarea noble y ambicionada, bajo el aspecto de las retribuciones, del rango social y del reconocimiento público. Y la existencia de estos cuerpos especializados en el matar, en nombre de la comunidad pública, aparece como una nueva división de responsabilidades que permite a los civiles garantías de protección y sabiduría especializada para dedicarse (digámoslo de ese modo) serenamente al objetivo de la paz. Así, el soldado Ryan (¿recordáis la famosa película?) puede quedarse tranquilamente en su ciudad, ya que un adecuado "ejército de oficio" echa sobre sus espaldas el cruento y "nuevamente" noble oficio de la guerra.

De ahí que se podría pensar que esta revalorización de las armas y su relanzamiento como nervio y recurso central de la política se apoyen sobre operaciones de desagravio de masas de civiles y sobre eso de la lejanía (de su horizonte) del peligro a una vuelta de las pruebas terribles vividas en dos trágicas guerras mundiales (y aún, otra más). Y se puede pensar que Bin Laden y la feroz masacre de las Torres Gemelas (intencionadamente y con una espectacular audacia) han querido e intentado volver a lanzar al horno de la guerra de masas a "los civiles" del enemigo americano para sembrar en su ánimo nuevamente el espanto de la guerra, el miedo de masas de las masacres de masas. ¿Fue ese el feroz reto? No lo sé. Sé que los terribles acontecimientos a los que me he referido y el hecho de que nosotros queramos atrapar los acontecimientos reabren ásperas preguntas sobre el sentido y las formas que asume la política cuando se abre el Tercer Milenio y en la época de la globalización: un momento en que el capitalismo (desagregados a escala planetaria los momentos del producir y del consumir) vuelve a desorientar y dividir las nuevas subjetividades sociales que, en el curso del trágico "Novecento" habían puesto en discusión sus poderes y parámetros. Sin embargo, para sorpresa de muchos, de esta victoria no brotan ni la primavera del Tercer Milenio ni la calma de una estación segura de sus reglas íntimas. Retorna también sobre el trono, con arrogancia (y con una duda interior) la ciencia del matar; y vuelve, además, incluso sobre aquel vértice del mundo occidental donde (tras la trágica derrota de los "rojos") parecía que florecería una calma sabiduría irrefutable.

Entonces, en aquel 1936, el fragor de las armas sobre vuestra tierra y la masacre de Guernica cambiaron mi existencia, metiéndome dentro del conflicto. No pensaba, nunca lo habría pensado que habiendo tenido la fortuna de vivir casi un siglo, habría tenido finalmente que volver a la pregunta elemental sobre el derecho y sobre la forma del matar colectivo a nuestros semejantes; y que ese arte viniera hoy presentado, incluso, como instrumento de "educación" del mundo, de sabia "prevención".

Intervención de Pietro Ingrao en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona en su nombramiento como doctor Honoris causa el 4 de octubre de 2002

La traducción del italiano es de José Luis López Bulla.

Con Il Manifesto del martes 31 de marzo se venderá este libro - homenaje.