jueves, 15 de noviembre de 2018

LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES EN EL TRABAJO. EL PROYECTO DE LEY YA APROBADO EN EL CONGRESO. UN TEXTO DECEPCIONANTE



El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del pasado día 18 de octubre de 2018, ha aprobado, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Constitución, el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, sin modificaciones con respecto al texto del Dictamen de la Comisión, publicado en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 13-4, de 17 de octubre de 2018. En esta nota se incluye el texto de los artículos que afectan a los derechos digitales en el trabajo, numerados del 87 al 91 de dicho texto normativo en tramitación parlamentaria.

El proyecto de Ley dedica cuatro artículos a la garantía laboral de los derechos digitales. En el primero de ellos se regula el “derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral”. Tras enunciar un derecho a la protección de la intimidad de los trabajadores y trabajadoras en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por su empleador, la norma establece de un lado que éste “podrá acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales facilitados a los trabajadores a los solos efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias y de garantizar la integridad de dichos dispositivos”, una autorización tan amplia como genérica que se concreta en el apartado siguiente según el cual “los empleadores deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente. En su elaboración deberán participar los representantes de los trabajadores”. Esa referencia a los “usos sociales” cuya concreción parece difícil, se cierra con la referencia tautológica al respeto de los derechos constitucionales, sin que la norma asigne un papel relevante a la “participación” de los representantes de los trabajadores en la determinación de los mismos, ni desde luego se fijen cuáles pueden ser las consecuencias de la omisión de esa “participación”, o si se plantea que la previsión de una suerte de audiencia de los representantes es suficiente para que los criterios previstos por el empleador se consideren válidos.

Este mismo precepto continua señalando que “el acceso por el empleador al contenido de dispositivos digitales respecto de los que haya admitido su uso con fines privados requerirá que se especifiquen de modo preciso los usos autorizados y se establezcan garantías para preservar la intimidad de los trabajadores, tales como, en su caso, la determinación de los períodos en que los dispositivos podrán utilizarse para fines privados”, estableciendo asimismo el requisito fundamental en el derecho de protección de datos respecto de la obligación empresarial de informar  a los trabajadores de los criterios de utilización fijados. El precepto es voluntariamente ambiguo y no recoge los criterios muy estrictos que la jurisprudencia del TEDH en la muy comentada Sentencia Barbulescu II, de manera que la norma no asume la incorporación plena de los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad previstos en dicha sentencia, ni aclara el contenido y la dirección que debe tener esa obligación de información al trabajador. De esta forma, como estableció el Tribunal Constitucional en una cuestionada sentencia, una información genérica – una pegatina en una pared de la empresa – pueda ser suficiente para entender cumplido este deber. La información debería ser transmitida al trabajador individual, como la propia ley prescribirá para los supuestos de videovigilancia y de geolocalización, de forma clara, terminante y precisa. Como en otros supuestos que se verán a continuación, el proyecto de ley no da un papel alguno a la representación de los trabajadores en el control de ese acceso del empleador a los dispositivos digitales cuyo uso a efectos privados haya sido admitido.

El segundo grupo de problemas laborales trata de la gestión de las imágenes que se capten para controlar los trabajadores, y de los condicionantes para captar el sonido de las mismas. El art. 89 del Proyecto de Ley establece que “los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores, siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo”. Los empleadores habrán de informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores y, en su caso, a sus representantes, acerca de esta medida. Siguiendo la clásica doctrina constitucional, “en ningún caso se admitirá la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de videovigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos”. Como se puede comprobar, el eje de esta regulación de la gestión de la imagen de los trabajadores y la comunicación entre ellos y eventualmente los clientes de la empresa, se coloca en el interés de empresa de controlar y dirigir la actividad productiva, sin más limitaciones que las que se derivan de la propia configuración del poder de dirección y control en el art. 20.3 del Estatuto de los Trabajadores. Es por tanto el empresario, desde su poder de dirección, quien define los límites del derecho a la propia imagen y quien tiene a su vez la facultad de gestión plena de estas imágenes, a condición de informar a los trabajadores videovigilados y “en su caso” a los representantes de los mismos, sin que tampoco se entienda el alcance de esta condicionalidad de un derecho de información que se puede derivar claramente del art. 64 del Estatuto de los trabajadores.

Sin embargo la norma parece ser más estricta respecto de la utilización de sistemas similares a las videocámaras para la grabación de sonidos en el lugar de trabajo, una técnica de control que “se admitirá únicamente cuando resulten relevantes los riesgos para la seguridad de las instalaciones, bienes y personas derivados de la actividad que se desarrolle en el centro de trabajo y siempre respetando el principio de proporcionalidad, el de intervención mínima y las garantías previstas en los apartados anteriores”, a la vez que se garantiza la supresión de los sonidos conservados por estos sistemas de grabación. Estas cauciones deberían también ser aplicadas, con igual motivación, en el supuesto de la videovigilancia y en la gestión empresarial de esas imágenes. Una referencia al principio de proporcionalidad, de necesidad y de adecuación de las medidas de control son fundamentales al respecto tanto en materia de grabación de imágenes como de gestión de las mismas por parte del empleador.

El proyecto de ley regula la técnica de la geolocalización como forma de control del cumplimiento de las obligaciones contractuales del trabajador desde las mismas coordenadas con las que se ha marcado el poder de dirección del empresario respecto de la grabación de imágenes para la vigilancia de los y las trabajadoras. Es decir, la administración de esta facultad se inserta directamente en el art. 20.3 ET y se limita en función de este “marco legal” y con “los límites inherentes al mismo”. Las restricciones que impone la norma se refieren más bien al condicionamiento de la implantación de estos instrumentos de geolocalización, de manera que “con carácter previo, los empleadores habrán de informar de forma expresa, clara e inequívoca a los trabajadores y, en su caso, a sus representantes, acerca de la existencia y características de estos dispositivos. Igualmente deberán informarles acerca del posible ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento y supresión”. El tipo de regulación atiende por tanto, en su vertiente limitativa, al aspecto individual de la intimidad del trabajador, y coloca en un lugar subsidiario la supervisión colectiva a cargo de los representantes de los trabajadores.

Por último, la ley también procede a regular el llamado derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral que tiene como contenido esencial “garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar”. Las condiciones de ejercicio de este derecho que nace en el proyecto de ley se enuncian de manera genérica a través de la finalidad a la que este derecho debe servir, que no es sino el de potenciar “el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar”, pero encuadrado de un lado por “la naturaleza y objeto de la relación laboral” y remitido a lo que establezca la negociación colectiva – que es la primera vez que aparece directamente en relación con las garantías de los derechos digitales – o, en su defecto, “a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores”. Se trata por tanto de la creación de un nuevo derecho para las y los trabajadores que conecta el derecho a la intimidad y vida privada, que la desconexión quiere preservar, con la conciliación de la vida personal y la laboral, cuestionando por tanto la división de roles en el ámbito doméstico y la penetración de la disciplina laboral más allá de los límites espaciales y temporales que marca la organización de la empresa.

Junto a la creación de este nuevo derecho individual y básico de los trabajadores, que sin embargo no se ha visto incorporado al art. 4 del Estatuto de los Trabajadores, la norma dedica un epígrafe del mismo artículo a la fatiga informática y a las situaciones especiales de riesgo derivadas de la forma de trabajar a distancia muy empleadas en algunas empresas y sectores. El precepto es también aquí decepcionante, porque no encomienda el tratamiento de este tema a la negociación colectiva, frente a lo que ha hecho respecto del derecho a la desconexión, sino que prescribe que es el empleador, “previa audiencia de los representantes de los trabajadores”, quien debe elaborar una “política interna”  que se dirige al conjunto de trabajadores,” incluidos los que ocupen puestos directivos”, en la que ha de definir “las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática”, y en particular, “se preservará el derecho a la desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia así como en el domicilio del empleado vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas”. La traslación de la regulación específica del derecho de desconexión en los supuestos de mayor riesgo por la prestación habitual de trabajo a distancia a una “política interna” establecida unilateralmente por el empleador, es contradictorio con la regla general que correctamente se liga con un proceso de reglamentación colectiva.

De hecho, la negociación colectiva es la gran ausente de estos derechos digitales. Por eso el proyecto de ley añade un último artículo (art. 91) que, bajo el título de “derechos digitales en la negociación colectiva”, prescribe de manera general que “los convenios colectivos podrán establecer garantías adicionales de los derechos y libertades relacionados con el tratamiento de los datos personales de los trabajadores y la salvaguarda de derechos digitales en el ámbito laboral”, un mandato legislativo que intenta salvar el reproche frente a una norma que hace pivotar la efectividad del derecho a la intimidad, vida privada y protección de las imágenes y sonidos de los trabajadores, sobre el diseño que el empresario haga sobre la dirección y control de la actividad empresarial.

El avance que podría suponer este texto legislativo en la medida en que incorpora nuevas situaciones derivadas del entorno digital que han planteado toda una serie de cuestiones litigiosas resueltas jurisprudencialmente y que la legislación laboral no había podido contemplar, ha quedado sin embargo neutralizado por la orientación que se ha dado al tratamiento laboral de los derechos digitales. En el diseño de la ley, es el empleador quien determina el alcance y el contenido de los derechos digitales de los trabajadores, que ostentan exclusivamente un derecho a ser informados a título individual, sin que la decisión empresarial pueda ser condicionada por el interés colectivo de los trabajadores a través de los mecanismos de representación en la empresa o la mediación sindical. Una regulación por tanto que debilita de forma muy clara las posibilidades reales de preservación de los derechos fundamentales de los ciudadanos en cuanto trabajadores, sometiendo su vigencia y efectividad al “plan interno” empresarial o al diseño del control y dirección de la empresa.

La Ley de Protección de Datos tampoco pretende intervenir directamente sobre la regulación de los derechos laborales recogidos en el Estatuto de los Trabajadores. Un propósito explicitado en la disposición final decimotercera de la ley, que sólo entiende necesario modificar el Estatuto de los Trabajadores añadiendo un nuevo artículo 20 bis al mismo  según el cual “los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador, a la desconexión digital y a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales”. Quiere decirse con ello que no ha parecido conveniente modificar el Estatuto de los Trabajadores, que es una tarea que se desplaza hacia la futura regulación del “nuevo” Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI al que se han comprometido el Gobierno y el grupo parlamentario Unidos Podemos.

Un texto legislativo que debe ahora pasar por el Senado donde no es previsible que se produzcan enmiendas del mismo en un sentido más garantista ante el dominio de la cámara por el Partido Popular. Pero es un texto decepcionante por la concepción del espacio laboral como un espacio que mantiene su opacidad ante el ejercicio de los derechos fundamentales de ciudadanía.

martes, 13 de noviembre de 2018

LA IMPORTANCIA CRECIENTE DE LA PROTECCIÓN DE DATOS EN EL ÁMBITO LABORAL



Es conocida la relevancia que ha adquirido el tema de la protección de datos en el ámbito laboral. Tradicionalmente anclado en la prohibición de inquirir sobre la ideología y vida privada del trabajador, que se hacía derivar del art. 18 de la Constitución sin que en el elenco de derechos laborales básicos enunciado en el art. 4 del Estatuto de los Trabajadores apareciera recogido, la progresiva traslación del problema de la intimidad y vida privada de los ciudadanos a partir de la perspectiva de la protección de datos al ámbito laboral ha sufrido importantes cambios.

Sin duda la más importante de estas modificaciones la ha experimentado el ordenamiento jurídico español cuando, al filo de la terminación del siglo XX, se promulgó la Ley Orgánica de Protección de Datos, obligado por la regulación que sobre este tema había ido realizando la normativa europea. En este campo de estudio la vertiente laboral resulta decisiva y ha sido fuente de frecuentes litigios que confrontan el poder de dirección y control de la actividad laboral por parte del empleador y la reserva e intangibilidad de archivos y datos que pertenecen a las y los trabajadores y que por tanto expresan una versión muy específica del ámbito de lo privado o de lo íntimo que la Constitución reconoce, sin duda pensando en otro contexto, y que el Estatuto de los Trabajadores ignora por completo.

Nóminas y contratos, verificación de la enfermedad, lista de afiliados a un sindicato para el descuento de la cuota sindical en nómina, derechos de información a los órganos de representación de los trabajadores, pero fundamentalmente sistemas de videovigilancia y contencioso sobre el uso del ordenador con fines personales, han sido los terrenos en donde las reglas derivadas del sistema de protección de datos ha sido más incisivas.

En este tema además, la consolidación de una perspectiva multinivel en la garantía de los derechos laborales ha tenido su proyección en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español extraordinariamente permisiva del poder de dirección y disciplinario por parte del empresario tanto en materia de videovigilancia como en el control de los archivos privados en el ordenador de la empresa, y la corrección de esta doctrina por obra del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la importante Sentencia de 5 de septiembre de 2017, conocida como Barbulescu II, que refuerza la obligación de información previa del control tecnológico del empleador y refuerza el juicio de proporcionalidad y adecuación de tales medidas como condición para su validez. Una vez más el ordenamiento multinivel de protección de los derechos fundamentales ha resultado decisivo para forzar una corrección de una jurisprudencia constitucional decididamente partidaria de consolidar e incrementar la asimetría entre las partes del contrato de trabajo, despojando de garantías eficaces a los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras que tienen reconocidos constitucionalmente como ciudadanos que prestan sus servicios de forma subordinada a cambio de una remuneración para un empresario.

El nuevo Reglamento  (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,sobre Protección de Datos, entró en vigor en nuestro sistema jurídico el 25 de mayo de 2018. Sobre los cambios que este texto ha producido en el ordenamiento laboral ha habido ya interesantes aportaciones, como la que nucleó la Revista de Trabajo y Seguridad Social CEF en junio de 2018, pero acaba de aparecer un trabajo excepcional al respecto obra del catedráico de la Universidad Pública de Navarra, José Luis Goñi Sein.

El profesor Goñi es un reconocido especialista en esta materia, cuyo estudio arrancó del análisis del derecho del trabajador a la intimidad y vida privada, que constituyó su tesis doctoral, y lo ha proseguido a través de numerosas publicaciones sobre la inviolabilidad de la persona del trabajador, el tratamiento de datos en materia de salud laboral, la vulneración de derechos fundamentales en el trabajo mediante instrumentos informáticos, de comunicación y archivo de datos, o su monografía sobre videovigilancia y protección de datos del trabajador. En concreto ha estudiado el régimen jurídico que se desprende del Reglamento de la Unión Europea en un luminoso artículo, “Nuevas tecnologías digitales, poderes empresariales y derechos de los trabajadores: análisis desde la perspectiva del Reglamento Europeo de Protección de Datos de 2016”, publicado en el número 78 (2017) de la Revista de Derecho Social.

Ahora la editorial Bomarzo ha publicado una monografía de este autor titulada “La nueva regulación europea y española de protección de datos y su aplicación al ámbito de la empresa”, en la que se contiene un análisis completo y riguroso de esta materia. La obra es de obligada lectura para todos aquellos, consultores y asesores sindicales, abogados y graduados en relaciones laborales, y en general a todos los juristas del trabajo, que quieran tener una visión acreditada y razonada de un campo jurídico directamente conectado con la introducción de las tecnologías de la información y telecomunicación en los lugares de trabajo sobre lo que la negociación colectiva no está dando cumplida respuesta por el momento, ante la omisión completa del mismo en el Estatuto de los Trabajadores, donde el punto de referencia más cercano es el art. 18 del mismo sobre el control de los registros en las “taquillas” de los trabajadores en el vestuario de la empresa.

Este es el índice de la obra:

Índice
CAPÍTULO I. EL REGLAMENTO (UE) 2016/679 DE PROTECCIÓN DE DATOS Y LA NORMATIVA INTERNA DE RECEPCIÓN.

CAPÍTULO II. LAS RAZONES DE LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO (UE) 2016/679.

CAPÍTULO III. EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES EN EL ÁMBITO LABORAL.

CAPITULO IV. LA EXTENSIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN TERRITORIAL DE LA PROTECCIÓN DE DATOS: RÉGIMEN DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.

CAPÍTULO V. ÁMBITO OBJETIVO: TRATAMIENTO DE LAS “CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS”.

CAPÍTULO VI. PRINCIPIOS GENERALES DE PROTECCIÓN DE DATOS Y SU APLICACIÓN AL ÁMBITO LABORAL.

CAPÍTULO VII. BASES JURÍDICAS DE LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO EN EL ÁMBITO DE LA EMPRESA.

CAPÍTULO VIII. LOS DERECHOS DE LOS INTERESADOS EN EL CONTEXTO LABORAL.

CAPÍTULO IX. OBLIGACIONES GENERALES DEL RESPONSABLE Y DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO Y SU TRASLACIÓN AL ÁMBITO DE LA EMPRESA.

CAPÍTULO X. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

CAPÍTULO XI. MECANISMOS DE TUTELA DE LOS DERECHOS.

Como acostumbra a recomendar nuestro admirado y querido colega bloguero Eduardo Rojo, ¡Buena lectura!

viernes, 9 de noviembre de 2018

REIVINDICAR LOS DERECHOS HUMANOS LABORALES EN AMÉRICA LATINA: LA DECLARACIÓN DE BUENOS AIRES



No corren buenos tiempos en América del Sur para el ejercicio de los derechos laborales. A las políticas de recorte tras el impacto tardío de la crisis, se une el cambio político que se ha ido produciendo en las principales democracias de la región, desde el Ecuador de Lenin Moreno al Chile de Pineyra, pasando por la Argentina de Macri y, por el momento el más terrible de todos estos supuestos, el Brasil de Bolsonaro. En Chile ayer 8 de noviembre se realizó un paro nacional contra las políticas sociales regresivas del gobierno, los sindicatos argentinos están permanentemente movilizados contra la penosa situación económica y social del gobierno de Macri, y en Brasil, a las profundamente antisociales reformas laborales y sociales de Temer, basadas en la congelación durante veinte años del gasto social, la reforma laboral y la legalización irrestricta de la terciarización, se avecinan nuevas intervenciones para reformar la Seguridad Social e incluso se ha propuesto por el presidente electo la supresión del Ministerio de Trabajo por irrelevante.

Esta ofensiva antisocial impone la remercantilización del trabajo y su consideración como un factor variable de la economía medido exclusivamente en función de su coste dinerario, y se acompaña de la emanación de medidas dirigidas a combatir la acción sindical y favorecer la injerencia antisindical de empresas y administraciones públicas. Un formidable aparato de justificación antidemocrática acompaña a estas políticas que son recibidas con alborozo por el imperio mediático dominado por las grandes corporaciones. En ese proceso, los dirigentes políticos se labran su futuro personal cobijados por los poderes financieros y las multinacionales.

Hay importantes resistencias a este proyecto neoautoritario que fundamentalmente se basa en la reformulación el marco de derechos laborales y que se desborda en la restricción cada vez más evidente de las libertades civiles, resistencias que normalmente se articulan en el plano estatal-nacional, con la dificultad que este nivel de organización alternativa tiene ante lo que se puede denominar “desincronización” de las subjetividades de clase en cada uno de los países afectados frente a un proceso que es global y se ejecuta de forma homogénea por las instituciones financieras internacionales y grupos de producción de ideología a nivel global.

La referencia internacional no es unívoca, porque existe un bloque de decisiones y de intervenciones normativas que dan pie a la constatación de un horizonte regulativo alternativo que considera central en la construcción de las sociedades contemporáneas como un rasgo civilizatorio propio de las mismas. La OIT, cuyo centenario se cumplirá el próximo año, suministra un complejo de reglas dotadas de validez universal que es preciso difundir y popularizar como el suelo democrático mínimo al que cualquier gobierno debe ajustar sus políticas. Son en definitiva derechos y normas fundamentales sobre el trabajo que adquieren la condición de derechos humanos laborales y que como tal han de ser defendidos y reivindicados en todos y cada uno de los Estados nacionales que forman parte de la OIT, como sucede con todas las naciones de América Latina.

Recientemente, un grupo muy significativo de abogados, magistrados, profesores de universidad, asesores sindicales y en general expertos en relaciones laborales,  que se han ido nucleando en torno al Curso de Especialización que primero se realizaba en Bolonia y luego en Toledo, coordinado y protagonizado por Pedro Guglielmetti y bajo la dirección de Umberto Romagnoli, ha celebrado una reunión en Buenos Aires en la que han aprobado una declaración de extraordinario interés en la que se comprometen a impulsar la defensa y la preservación de dichos derechos humanos laborales.

Este es el texto de la Declaración, proporcionada gentilmente por Sidnei Machado y César Arese, “becarios” de dicho curso, que se presenta en exclusiva en este blog.

DECLARACIÓN DE BUENOS AIRES

DECLARACION DE PRINCIPIOS Y COMPROMISOS GRUPO DE EX BECARIOS LATINOAMERICANOS DE LA UNIVERSIDAD DE BOLOGNA, CASTILLA LA MANCHA, TURIN

En la ciudad de Buenos Aires, en el marco del XXVII Encuentro de ex becarios de la Universidad de Bologna, Castilla la Mancha y Turín, realizado entre el 1 y 3 de noviembre de 2018, los participantes -especialistas en el campo de las relaciones laborales-, considerando como ejes la Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo (1944), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), y la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa (2008), expresan su adhesión a los siguientes principios rectores para el desarrollo de sus acciones y actividades:

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida digna que le asegure salud, alimentación, vivienda, educación, trabajo y acceso a la cultura y al esparcimiento.
Estos derechos se deben concretar en un marco donde se promueva la aplicación de los principios relativos a los derechos fundamentales del trabajo, a saber:

                 • La libertad sindical, el derecho de asociación y el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva;
                 • La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;
                 • La abolición efectiva del trabajo infantil;
                 • La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Teniendo estos derechos como guía para la consolidación de una sociedad justa; las iniciativas a desarrollar en materia de políticas públicas nacionales, regionales e internacionales deberán estar orientadas a:

                 • Adoptar medidas destinadas a garantizar a todos una justa distribución de ingresos y oportunidades;
                 • Lograr el pleno empleo productivo libremente elegido y elevar el nivel de vida de nuestros pueblos;
                 • Crear oportunidades laborales para la utilización plena de las habilidades y conocimientos de los trabajadores;
                 • Acompañar con procesos de formación profesional continua, el desarrollo de competencias para los trabajadores;
                 • Fomentar el pleno ejercicio de la negociación colectiva para alcanzar el objetivo de una sociedad más justa y para mejorar continuamente la eficiencia en la producción;
                 • Fortalecer el derecho fundamental a la seguridad social, garantizando la cobertura y sostenibilidad del sistema de proteccón social integral e irrenunciable, que asegure ingresos y bienestar;


                 • Promover el diálogo social y el tripartismo.

A 30 años del primer Curso que se dictara en la prestigiosa Universidad de Bologna y a 27 años del Primer Encuentro en Latinoamérica, en una experiencia única a la que el dialogo y la participación le dan su singularidad, se redacta y firma esta Declaración como un hito fundacional y distintivo que nos identifica, desde distintas disciplinas del saber, en la búsqueda del progreso social.

Los abajo firmantes, EX BECARIOS LATINOAMERICANOS DE LA UNIVERSIDAD DE BOLOGNA, CASTILLA LA MANCHA y TURIN, nos comprometemos a promover el trabajo decente como piedra angular del funcionamiento de las actividades del GRUPO en un marco de interdependencia, de solidaridad y cooperación de todos los países de la región.


Universidad Nacional de San Martín
Buenos Aires
Argentina
3 de Noviembre 2018

La declaración aparece firmada por una larga serie de personas de los diferentes países de América Latina. En el original del que disponemos se pueden reconocer la firmas de Joaquin Aparicio, Laura Mora y Joaquín Pérez Rey de la UCLM de España, de Héctor Mercado, magistrado propuesto como ministro de la Corte Suprema de México, Oscar Hernández, profesor y abogado de Venezuela, Carlos Tomada, ex ministro de trabajo y legislador de la ciudad de Buenos Aires,  Héctor García, profesor en la UBA y presidente de la Asociación Argentina de Derecho del trabajo y de la Seguridad Social, César Arese, magistrado y profesor en Córdoba, Mariana Pucciarello, magistrada en Buenos Aires, Susana Corradetti y Marcel Peralta, abogadas y organizadoras del encuentro, Guillermo Gianibelli, profesor de la UBA y abogado, todos y todas de Argentina, Humberto Jairo Jaramillo y Oscar Blanco, abogados y profesores universitarios y Harold Mosquera, abogado de sindicatos en Colombia, Sandra Goldfuss, abogada y profesora de la UDELAR en Montevideo, Uruguay, Daniel Ulloa, profesor de la PUCP, y presidente de la Sociedad Peruana de Derecho del trabajo y de la Seguridad Social, Rodrigo Morales y Juan S. Gumucio, de la ejecutiva de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas de Chile, Sidnei Machado, profesor y abogado en Curitiba, Brasil, y tantos otros nombres que prolongan la lista de adhesiones a la declaración.

La importancia de estos textos no es sólo simbólica. Expresan la confianza en la capacidad de la democracia para conseguir un mundo mejor y más justo. Pese a que en este momento actual en el que vivimos, sean muchas las fuerzas empeñadas en desvincular la forma democrática de un contenido de igualdad, libertad y de justicia, sustituyéndolo por la sumisión y la violencia creada por la desigualdad, la incultura y el desprecio o el odio a quienes no comparten esa deriva autoritaria.



miércoles, 7 de noviembre de 2018

UNA BREVE NOTA SOBRE LA DESLEGITIMACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ESPAÑOL



No sabemos el efecto que está produciendo una política judicial, capitaneada desde el Consejo General del Poder Judicial con la mano firme de su Presidente en la elección de magistrados en la cúspide del sistema sobre la base de criterios de sumisión ideológica y de ventajismo personal. Sólo la asociación Jueces y Juezas por la Democracia ha insistido en las terribles consecuencias que esta práctica continuada de promoción de magistradas y magistrados está originando tanto en la doctrina del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional como en la percepción de la misma en la opinión pública.

Ayer fue un día nefasto para la justicia española. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el Caso Otegi Mondragón y otros vs. España ha estimado, por unanimidad, que el Estado español ha vulnerado el art. 6.1 de la Convención de derechos Humanos, el derecho a un juicio justo, y seis votos contra uno que el reconocimiento de esta violación del derecho fundamental constituye suficiente satisfacción en este caso, sin que se tenga que adoptar otras medidas resarcitorias, dado que los reclamantes pueden obtenerla mediante un procedimiento ante los tribunales ordinarios españoles. El supuesto de hecho se basa en la carencia de imparcialidad de la magistrada presidente del Tribunal que juzgaba a Arnaldo Otegi que ya había sido recusada en un juicio anterior, manteniéndose sin embargo en el que es motivo de impugnación, contaminando así este proceso penal. Mientras que en febrero del 2011 el Tribunal Supremo estimó la falta de imparcialidad de la magistrada, el mismo Tribunal, ya con su composición modificada rechazó la recusación en el 2012, y el Tribunal Constitucional, dos años después, en julio del 2014, entendió ajustada a derecho este fallo. La sala que ha emitido este fallo condenatorio – y ya van unos cuantos, por cierto- de los tribunales españoles que inaplican los derechos humanos a un juicio justo estuvo compuesta por siete jueces, entre ellos la magistrada española Maria Elósegui, de reciente designación ante el fracaso sin paliativos de la candidatura de Pérez de los Cobos, ex presidente del Tribunal Constitucional, por su evidente sintonía política e ideológica con el gobierno de España entonces en manos del Partido Popular. No es necesaria mucha imaginación para comprender que esta decisión del TEDH va a ser aprovechada por los partidos independentistas catalanes como una muestra más del sesgo autoritario de las decisiones del Tribunal Supremo español. Pero lo relevante es que se declara la vulneración de derechos humanos básicos por un tribunal que no es imparcial.

En ese mismo tema, del que tanto se está hablando y comentando en los discursos y mítines políticos, ha incidido un escrito – que como pueden figurarse las lectoras y lectores de este blog no ha tenido apenas repercusión mediática – obra de una larga serie de profesoras y profesores de derecho penal y de otras disciplinas jurídicas que enjuician tanto la calificación del Ministerio Fiscal como de la Abogacía del Estado desde una estricta perspectiva técnico-jurídica, posicionándose contra lo que denominan la banalización de los delitos de rebelión y sedición. Para este escrito, “la interpretación que se realiza de la exigencia de violencia se separa de la doctrina que el Tribunal Constitucional ha establecido al analizar el delito de rebelión. Pues la STC 198/1987, al justificar constitucionalmente la extensión al delito de rebelión de las excepcionales medidas penales y procesales previstas en el artículo 55.2 de la Constitución para hacer frente a la actuación de las bandas armadas o elementos terroristas, considera que en la discusión parlamentaria del citado precepto “…se constata una equiparación explícita, en cuanto ataque al sistema democrático y a la sustitución de la forma de Gobierno y de Estado elegida libremente por los ciudadanos, entre terrorismo y rebelión. Es cierto que el art. 55.2 no ha mencionado expresamente a los rebeldes, sino sólo a las bandas armadas o elementos terroristas…”, pero…“por definición, la rebelión se realiza por un grupo que tiene el propósito de uso ilegítimo de armas de guerra o explosivos, con una finalidad de producir la destrucción o eversión del orden constitucional”. Y concluye: “por ello a tales rebeldes en cuanto integran el concepto de banda armada del art. 55.2 CE, les resulta legítimamente aplicable la suspensión de derechos a la que habilita el precepto constitucional”.  Los y las profesoras firmantes entienden que no concurre tampoco en este caso el delito de sedición del artículo 544 del CP, “debido a que en ningún momento se ha aportado indicio alguno de que los imputados hayan inducido, provocado o protagonizado ningún alzamiento tumultuario con la finalidad de evitar el cumplimiento de la ley, salvo que se interprete que basta con incitar al derecho de manifestación, esto es, al ejercicio de un derecho fundamental”.  

De esta manera, “la interpretación que se ha realizado de los tipos de rebelión y sedición abre la puerta a la banalización de unas figuras prácticamente inéditas en democracia y con un pasado de triste recuerdo, razón por la cual el legislador de 1995 las restringió para casos de una materialidad lesiva claramente superior al actual. El resultado de un recurso inadecuado a estas figuras es el que estamos viendo, la petición de penas de muy larga duración, cuya consonancia con el principio de proporcionalidad –que debe guiar toda interpretación jurídica- es altamente cuestionable. Sólo conculcando muy gravemente el principio de legalidad penal puede llegar a afirmarse que los imputados, a la vista de los hechos que se les han atribuido, pudieron realizar este delito, o el de conspiración para la rebelión que requiere un acuerdo conjunto de llevarlo a cabo con esa misma violencia. Sin embargo, lo único que hasta ahora ha demostrado la Fiscalía es que, con esa misma finalidad, todas las movilizaciones realizadas sólo pretendían un referéndum a través de medios pacíficos y democráticos”. Las firmas que encabezan este escrito, Guillermo Portilla Contreras. Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Jaén, Nicolás García Rivas. Catedrático de Derecho penal de la Universidad Castilla-La Mancha, María Luisa Maqueda Abreu. Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Granada, José Ángel Brandariz García. Titular de Derecho penal de la Universidad A Coruña, y Javier Mira Benavent. Titular de Derecho penal de la Universidad de Valencia, son suficientemente expresivas de la doctrina penalista más reconocida en esta materia, lo que hace más relevante y significativa la censura jurídica que efectúan de lo que desde otras posiciones se está reivindicando como un castigo político. Que la conclusión inmediata del escrito sea que “la primera medida que debería adoptarse es la puesta en libertad de las nueve personas que permanecen en prisión preventiva por delitos inexistentes”, denota el cuestionamiento de la validez de un proceso de enjuiciamiento penal que no solo está dificultando una solución política a las consecuencias del procès, sino que erosiona completamente la legitimidad de los agentes que intervienen en el proceso de incriminación de los gobernantes catalanes presos, al aparecer el Tribunal Supremo como el valedor de una opción represiva que carece de un apoyo jurídico democrático creíble.

El último de los acontecimientos que deslegitima de forma extraordinaria la actuación de los magistrados del supremo es el bien conocido suceso del pago del impuesto sobre las hipotecas, puesto que a partir de tres sentencias que establecieron que las entidades financieras debían hacerse cargo del impuesto de Actos Jurídicos Documentados, al considerar que el sujeto pasivo era el prestamista y no el prestatario, anulando el artículo del reglamento que endosaba a los clientes el pago de ese tributo, el presidente de la sala convocó la reunión extraordinaria del martes 6 de noviembre que ha decidido, en una votación que de hecho ha partido la sala en dos, 15 contra 13, con la posición decisiva de su presidente, Luis Maria Diez Picazo, que de nuevo sea el cliente quien pague dicho impuesto. No se conoce aún la argumentación jurídica de este razonamiento, sobre el que se conjetura que la solución elegida sea que la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (precisamente la que desarrolla dicho reglamento) deje suficientemente claro por sí misma que es el cliente quien debe hacerse cargo del tributo. En todo caso, a lo largo de este conflicto se ha puesto de manifiesto la incidencia que en estas decisiones cobra la política de designaciones “afines” al presidente Lesmes y su grupo de presión conservador, la previsible incorrección del procedimiento elegido para de facto revocar el contenido de las sentencias que generaron la alarma en el sistema financiero español y su resultado, que para algunos expertos sólo podría ceñirse a la discusión sobre la retroactividad del pago el impuesto, y, finalmente, la percepción de que el Tribunal Supremo ha funcionado como un departamento jurídico al servicio de las grandes entidades financieras españolas.

La extraordinaria incapacidad política y comunicativa del presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha hecho entrever que su actuación estaba directamente condicionada por la protección de los intereses de los bancos, y ha causado un daño incalculable a la legitimidad de las decisiones del Tribunal Supremo en su conjunto. El tema de fondo ahora se desplaza a la acción parlamentaria de reforma de la legislación, pero las movilizaciones ciudadanas, en las que se van a involucrar también los sindicatos como ya ha anunciado la CONC, se dirigirán directamente contra el poder judicial, sin que en esta ocasión esperemos que no se pueda afirmar por los corifeos mediáticos de costumbre que se trata de intolerables muestras de presión hacia un órgano judicial que debe ser imparcial y por tanto preservado de injerencias externas al puro y neutral acto jurídico.

La crisis de la justicia es una crisis profunda de la noción de imparcialidad que la define como poder independiente del Estado. El TEDH ha condenado a España por imparcialidad en el tribunal que juzgó a Otegi, los profesores y profesoras que firman el escrito contra la banalización de los delitos de rebelión y sedición justifican rotundamente sobre razones jurídicas el sesgo punitivo autoritario de los escritos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, la decisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo es acusada de parcialidad manifiesta y de influencia directa del sistema financiero en la toma de decisiones. Una situación muy grave que los sujetos políticos y sociales deberían abordar en su radicalidad, desde la renovación de los miembros del CGPJ hasta la reforma del sistema de nombramientos y la política de formación de la judicatura. Mientras tanto, la percepción popular de una justicia orientada a la servidumbre frente a los poderes económicos y guiada por prejuicios ideológicos extremadamente conservadores continuará en aumento. Lo que resulta especialmente preocupante porque deteriora la función de integración política que debe cumplir la doctrina judicial del Tribunal Supremo.

martes, 6 de noviembre de 2018

TIEMPO DE TRABAJO Y CORRESPONSABILIDAD


El tiempo de trabajo es enajenado libremente por las partes contratantes de un contrato de trabajo, y de esa puesta a disposición de una parte de la existencia humana se obtiene la retribución necesaria para mantener unas condiciones de vida marcadas por las pautas de consumo correspondientes a la clase social de pertenencia e insertadas en una realidad social determinada. La propia consideración de lo que es trabajo y por tanto la noción de tiempo de trabajo es clave en la definición de los roles sociales que se despliegan en el marco institucional en el que nos movemos.

La relación entre el tiempo de trabajo, el trabajo de cuidados y el tiempo de vida es actualmente un elemento central en el análisis político y social. La regulación de la que ha sido objeto es extremadamente deficiente y contradice elementos democráticos fundamentales. El grupo parlamentario Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea presenta hoy mismo una proposición de Ley del Tiempo de Trabajo Corresponsable que enfoca de manera muy sugerente la regulación de este asunto. Como suele ser común en las proposiciones de ley de este grupo, la Exposición de Motivos es amplia y suministra elementos de análisis muy certeros, que a continuación se reproducen.

La idea primera que la PL quiere mostrar se basa en un propósito nítido, consistente en el hecho de que garantizar un reparto equitativo de tiempos de trabajo y de cuidado así como un efectivo derecho a la adaptación del trabajo a la persona, a la desconexión del trabajo y, en definitiva, para facilitar la conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral, así como la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres resulta actualmente incuestionable desde un planteamiento democrático y emancipatorio que resulta muy difícilmente contrariable por el pensamiento político conservador tan fuertemente representado en el arco parlamentario.

En efecto, aunque los hábitos de distribución y organización del tiempo propio han experimentado una evolución significativa, siguen evidenciando una tendencia a una distribución de los tiempos lineal en los hombres, alternando trabajo y tiempo libre, y en estrella en las mujeres, superponiendo tiempos de trabajo productivo, doméstico y ocio. En el caso de las mujeres, su desproporcionada dedicación al cuidado de la familia ha sostenido un sistema de protección informal en España que termina descargando en ellas las responsabilidades de cuidado que debería compartir toda la sociedad. Las dificultades de conciliación y corresponsabilidad en España se manifiestan en el empleo de las mujeres, con una tasa de actividad aproximadamente doce puntos por debajo de la masculina, una brecha salarial de entre el 14,9% y el 35% según indicadores (últimos datos de EUROSTAT, el primero conforme al concepto de “gender pay gap” y el segundo conforme al concepto de “gender overall earnings gap”). Al mismo tiempo, la representación de mujeres en cargos directivos no llega al 25% en las empresas del IBEX -al 17% en las empresas del mercado continuo, sin contar las del Ibex 35-, y ello pese a que son mujeres más de la mitad de las personas tituladas universitarias españolas. La repercusión del cuidado en la situación profesional de las mujeres trabajadoras se encuentra sobradamente constatada puesto que las mayores diferencias retributivas entre hombres y mujeres se producen en los años en los que normalmente se desarrolla la crianza. De hecho, tales efectos perversos se causan no solo si dicha crianza se produce efectivamente, sino incluso ante la mera posibilidad de que pudiera producirse.

La normalización y socialización del cuidado obliga a una reconfiguración de sus presupuestos. La cuestión del cuidado no puede centrarse en la separación anticipada, matemática y perfectamente previsible de los tiempos (tiempo de trabajo y tiempo de ausencia del trabajo):. Las mayores dificultades de conciliación se producen por enfermedades leves de los niños/as, el cuidado de los/las menores de tres años y el desfase entre horarios laborales y escolares, incluidas las vacaciones. Necesidades similares se producen para atender a personas dependientes. La cuestión del cuidado tiene, pues, una dimensión social que es necesario tener en cuenta.

El tratamiento de este problema en nuestra realidad normativa ha sufrido dos fases. Las políticas de conciliación de primera generación fueron configuradas de modo que acabaron por convertir la conciliación en un problema, fundamentalmente, de la mujer trabajadora. Al permitirle compatibilizar sus responsabilidades familiares con su actividad laboral, la mujer asumió la realización de dobles jornadas, laboral y familiar, y mantuvo su rol tradicional como cuidadora en exclusiva del hogar. La conciliación no se concebía como un problema de responsabilidad social, pública o empresarial, ni siquiera un problema de las familias. Los hombres, en consecuencia, continuaron desarrollando en exclusiva trabajo productivo, como principales sustentadores económicos de la familia, centrando sus esfuerzos en su promoción profesional. Esas primeras políticas de conciliación redundaron en perjuicio de las carreras profesionales de las mujeres, en su falta de promoción profesional y en frecuentes discriminaciones laborales por razón de género, en especial a través de la discriminación salarial. También comportaron un descenso significativo de la natalidad. Asimismo, la política europea de empleo, utilizó esta dimensión del tópico de la conciliación. Bastaba con facilitar la realización de la doble jornada para que mejoraran las estadísticas acerca del empleo femenino.

La segunda fase de políticas pone ya, en cambio, el énfasis en la corresponsabilidad y en la distribución igualitaria de los roles de la vida, no solo en el ámbito laboral, para el desempeño de una actividad profesional, sino también en los ámbitos personal y familiar -ocio, descanso, formación, deporte, familia-, para los que la persona trabajadora necesita disponer de tiempo. Estas políticas pretenden impulsar familias en las que los dos miembros de la pareja repartan equitativamente los tiempos de trabajo y de cuidados, de modo que puedan atender un trabajo remunerado con parecida dedicación y distribuyan también de manera equilibrada las tareas del hogar y de cuidado o atención de familiares.

Por lo demás la cuestión del tiempo de trabajo es una materia de prevención de riesgos laborales y como tal debe ser tratada con carácter prioritario. Los riesgos relacionados con la organización del tiempo de trabajo afectan especialmente a las mujeres trabajadoras, de un lado porque las deficiencias en materia de conciliación y corresponsabilidad incrementan el estrés laboral y los riesgos psicosociales y, de otro lado porque las políticas preventivas en nuestro país relacionadas con el tiempo de trabajo adolecen de serios defectos en el ámbito de la maternidad y la lactancia. No perpetuar los roles de cuidado implica establecer mecanismos que no generen este efecto y que, en lo posible, promuevan el reparto y la corresponsabilidad. Este es el objetivo declarado de la Directiva 2010/18, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental.

Pero el reparto del tiempo de trabajo aboca asimismo al contrato a tiempo parcial, que ha visto aumentada espectacularmente su presencia en el mercado de trabajo español como forma acentuada de precariedad. La perspectiva con la que se aborda este tema en la PL mencionada es la de eliminar tanto en el ámbito laboral como de seguridad social, todos los defectos que han convertido este mecanismo de contratación en una modalidad degradada desde el punto de vista de sus condiciones de trabajo (particularmente en relación con el tiempo de trabajo) y de la cobertura de seguridad social.

Finalmente se deben tener en cuenta las grandes dificultades de compatibilización con el trabajo de las que adolece nuestro ordenamiento laboral. Muchas mujeres españolas tienen un alto nivel de cualificación y consiguientemente altas expectativas profesionales que difícilmente pueden llevarse a cabo en un contexto de cuidado que no está asumido por la sociedad en general sino que permanece exclusivamente en el marco familiar. Si a ello se suman las especiales dificultades a las que tienen que enfrentarse las mujeres en contextos empresariales estereotipados y a menudo discriminatorios, y la gran precariedad de las relaciones laborales, las bajas tasas de natalidad no debieran ser una sorpresa. Urge, por ello, una reforma de la normativa laboral que sitúe en el centro de la vida, también empresarial, el cuidado y la igualdad. Y ello debe hacerse por medio de la modificación de las condiciones generales de trabajo, particularmente en materia de tiempo de trabajo, inscribiendo con normalidad y sin carácter patológico la vida familiar en la vida empresarial y social de las personas. Coherentemente, es asimismo decisiva la implementación por el gobierno de políticas públicas sobre racionalización de horarios, impulsando jornadas compactas o continuas y flexibles, con horarios de salida tope razonables y con menos pausas y más breves. Esta racionalización, a juicio de muchos de los expertos, no solo deja más tiempo libre para la familia, la formación o el ocio, sino que también mejora la productividad, reduce el absentismo, el estrés e incluso el fracaso escolar.

Esta es en resumen la problemática que aborda la Proposición de Ley de La Ley de Tiempo de Trabajo Corresponsable que se presenta como una norma que establece las correcciones y propuestas necesarias para que la vida familiar y personal, así como los cuidados, adquieran centralidad en la organización del trabajo por cuenta ajena. El gran mérito por tanto de esta iniciativa es el de lograr acotar el conjunto de problemas que este tema plantea y ofrecer soluciones razonables y ajustadas a un ideal democrático y emancipador.

La presentación de esta Proposición se efectuará el 6 de noviembre a las 17,30 en la Fundación del Diario Madrid Calle Larra 14, e intervendrán nuestros colegas y amigos Mariam Ballester, de la Universidad de Valencia y Jaime Cabeza, de la Universidad de Vigo, junto con Yolanda Díaz que es la diputada que impulsa esta proposición, y la presencia de Ione Belarra y Pablo Iglesias. Con independencia del destino parlamentario que aguarde a esta proposición de ley, el debate sobre las materias que regula es algo esencial y extraordinariamente valioso. Allí estaremos.


viernes, 2 de noviembre de 2018

UN DIA CUALQUIERA. (EXPERIMENTO SOBRE LA INFORMACIÓN)



No es una referencia a la película chilena que acumula cinco historias de amor sobre el eje de la casualidad y los encuentros inesperados. Es simplemente un ejercicio de composición que se basa en el acopio relativamente arbitrario de las noticias que se han asomado a la prensa digital el día de hoy – día de difuntos, por cierto – y que componen un marco de sentido para la ciudadanía que basa en la información su juicio político. Ya dirán las lectoras y lectores de este blog si el experimento les resulta entretenido y ante todo provechoso.

Ante todo Catalunya y las peticiones de Fiscalía y Abogacía del Estado. Quim Torra y Roger Torrent responden a la Fiscalía: "Sánchez ha decidido no actuar, que es lo mismo que ser cómplice" y Ada Colau reclama a la Fiscalía que reconsidere las acusaciones contra los líderes independentistas. Pero entre tanto Casado denuncia la "complicidad" del Gobierno con "los delitos de los independentistas". En un debate en el Congreso la semana pasada, Sánchez aprovechó para recordar al PP que en la época de Federico Trillo defendió que la rebelión debía estar vinculada a golpes militares. Algunas formaciones entendieron entonces que era un "gesto" del presidente hacia las fuerzas independentistas, a las que necesita para sacar adelante los Presupuestos Generales de 2019.  La Abogacía del Estado ha dejado fuera la acusación de rebelión en su escrito de calificación para el juicio del procés y esa rebaja en las penas no responde a un "gesto" para las fuerzas independentistas. "Esto no es una cuestión de gestos es una cuestión técnico-jurídica. No se trata de gestos. Se ha realizado desde la profesionalidad de la Abogacía del Estado basándose en parámetros técnico-jurídicos", ha enfatizado la Ministra de Justicia, que a su vez ha vuelto a evitar pronunciarse sobre un hipotético indulto a Oriol Junqueras y el resto de líderes del procés frente al intento de Ciudadanos y PP, que plantean que se prohíba esa figura de perdón gubernamental para los delitos de rebelión y sedición. Lo que la ciudadanía puede pensar por tanto es que la cuestión catalana está lejos de pacificarse con estas calificaciones penales, que a su vez ponen en riesgo la mayoría parlamentaria que sostiene al gobierno de Sánchez. Tenemos (seguimos teniendo) un problema.

El marido de Cospedal encargó a Villarejo investigar a Javier Arenas. Pero Cospedal justifica su encargo a Villarejo: "Yo solo cumplía con mi obligación". Como era predecible Casado marca distancias con Cospedal. Pero no pasa nada más. Nada se altera ante la revelación de estas conversaciones que revelan el entorpecimiento de la justicia en el caso de la financiación ilegal del Partido Popular. Una molestia innecesaria, diría el Partido Popular que refuerza su testosterona españolista mientras se desentiende de este asunto como algo residual. Nadie del aparato de la justicia entiende necesario interesarse por estas conversaciones reveladas.

Una broma simpática e inocente en El intermedio de Dani Mateo parodiando la solemne lectura de la Constitución con la lectura de un prospecto medicinal contra el resfriado casi le cuesta el puesto. La cadena retira el video y pide excusas, Dani Mateo abandona Twitter "un rato" a raíz de la polémica por el sketch de la bandera, una clínica rompe su contrato con el presentador y la Guardia Civil ha instado a respetar la bandera de España porque aseguran que "no hacerlo no es humor" desde su cuenta oficial de Twitter. Teniendo en cuenta los antecedentes judiciales con los que se cuenta en el tiempo reciente sobre la libertad de expresión en nuestro país, la ciudadanía informada pronostica que la represión de estas manifestaciones humorísticas se incrementará en un país cada vez menos pluralista que se constituye en torno a la exclusión de la crítica a las instituciones que marcan un principio de autoridad incontestable, como la Monarquía, la unidad de España, la bandera. Y este futuro posible no deja de producir un escalofrío inquietante, porque anuncia un clima terrorífico en un Halloween cotidiano en este país.

Son noticias que siempre traen a la memoria la presencia indudable del franquismo en nuestra realidad cotidiana actual. El Gobierno confía en modificar la ley de memoria histórica para evitar que Franco sea enterrado en la Almudena y el Arzobispado de Madrid se desmarca del recurso de los benedictinos contra la exhumación de Franco, lo que son noticias tranquilizadoras. El lento camino del conocimiento de los crímenes del franquismo, que desmiente esa imagen que la derecha da de un patriarca autoritario y equivocado que sin embargo garantizó años de paz y de tranquilidad a España, sigue adelante. Investigaciones históricas demuestran que la finca de Queipo de Llano usó esclavos del franquismo, y la declaración del Parlamento europeo instando a la legalización de las organizaciones que ensalcen la memoria de los dictadores fascistas es muy estimulante. Aunque haya opiniones relevantes que entiendan que es más preocupante la emergencia de la extrema derecha actual en Brasil que la polémica sobre la exhumación de Franco, para España ese tema seguirá siendo clave en la determinación del contenido realmente democrático de nuestra cultura política.

Como suele ser costumbre, las noticias que se refieren a la realidad laboral quedan en segundo o tercer término. Salvo que se asomen declaraciones solemnes como la del Presidente del Banco de España, que se posicionan contra la mejora salarial de las rentas más bajas como un elemento económicamente negativo para la producción de riqueza en el país, presentado bajo el prisma de una retracción en el empleo. No importa al Banco de España que la temporalidad y los bajos salarios sean hoy un panorama extendido y común en el tejido productivo español, y que por tanto la subida del salario mínimo tiene una función reequilibradora y compensadora de esta desigualdad social y salarial, que además produce un estímulo al consumo. El Banco de España está solo obsesionado por mantener las altas retribuciones de los directivos financieros y alentar la descapitalización de los bancos a través de suculentos dividendos a los accionistas. Pero estas declaraciones son carnaza para excitar a los medios de comunicación para los cuales cualquier mejora de las posiciones de los y las trabajadoras es un peligro para sus privilegios de clase.

Los trabajadores no están de moda ni son objeto de scoops ni de primicias informativas. Las huelgas que están realizándose y los convenios colectivos en negociación conflictiva no son objeto de atención. A veces son mencionados como héroes anónimos e individuales, siempre sin relación con el hecho organizativo colectivo y mucho menos el sindical, que si se menciona es siempre como una referencia a la ineficiencia o a la ausencia de ese sujeto representativo. Ese primer plano – siempre como actores secundarios, sin embargo – está reservado a los trabajadores autónomos. Unas veces dando relevancia a los llamados falsos autónomos, pero más recientemente sobre el régimen de cotización de los trabajadores autónomos. Como ha señalado Mari Cruz Vicente en un artículo publicado hoy en Eldiario.es, es un debate que se plantea a raíz del acuerdo entre el Gobierno y el grupo de Unidos Podemos que recogía en su punto 5.1 el compromiso de "reformar, dentro de 2019, el sistema de cotización de los trabajadores autónomos para vincularlo a los ingresos reales, de manera que se garantice a los autónomos con menos ingresos una cotización más baja", que se ha traducido en un debate sobre subida de las cotizaciones que la derecha mediática y política ha esgrimido como prueba de la maldad intrínseca del Acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el grupo parlamentario de Unidos Podemos, y que ha situado a estas fuerzas en la posición defensiva de afirmar que no se subirán las cotizaciones a nadie.

Sin embargo, los verdaderos elementos de juicio sobre este problema no salen a la superficie en un debate tan superficial (y perdonen la redundancia). Los temas reales los plantea muy bien la secretaria de acción sindical de CCOO en el artículo citado: “Claro que hay que vincular las cotizaciones en el régimen de autónomos a sus ingresos reales. Es la única manera de mejorar su protección social. Y eso implicará mayores cotizaciones en muchos casos. Hay que hacer obligatoria la prestación por "cese de actividad" (el paro de los autónomos que hoy es de cotización voluntaria), para que realmente sea útil (hoy es marginal). Y hay que evitar que a través de la utilización perversa de la figura del trabajo autónomo se introduzca un verdadero "caballo de Troya" laboral, como en parte ya está ocurriendo y más ocurrirá si se abren las brechas de coste entre el trabajo por cuenta ajena (con un SMI que subiera a 900 euros)  y el coste del trabajo autónomo si se mantiene la posibilidad de elección de base de cotización a voluntad del cotizante”. El 87’5 % de los cotizantes del RETA lo hacen por la base mínima de cotización una base de cotización que resulta un 58% de media inferior a la del Régimen General, lo que se traduce en la reducción de la pensión y una evidente reducción de los ingresos del sistema. Por no hablar de la “desazón” ideológica que produce esa apología de la infracotización como un elemento que combate la corresponsabilidad tributaria de aquellos que más perciben sobre los que menos son remunerados. Y eso sin mencionar la utilización abusiva de la figura del autónomo, “la utilización perversa de la figura del trabajo autónomo a través de falsas cooperativas de trabajo asociado. Empresas de sectores avícolas o cárnicos las utilizan instrumentalmente para externalizar riesgos, rebajando costes que influyen en bajos salarios y escasas cotizaciones. No de forma marginal. Hablamos de sectores con 90.000 puestos de trabajo de los que 15 mil corresponden a supuestos cooperativistas. Nuestra actuación ha regularizado una parte de esta situación, además de derivar sanciones de más de 200 millones de euros”. Argumentos poderosos que ayudan a entender la necesidad de armar un debate serio político y social sobre algo que no puede despacharse sobre la base de afirmaciones tan tajantes como simples y erróneas.

Recorre al final una duda a quienes leen (leemos) las noticias de un día cualquiera. ¿A quién interesará que el Director General de la Agencia Tributaria, sobre los datos provenientes de un acuerdo de información entre los 100 paises de la OCDE, haya informado públicamente que  son 457.000 millones de euros – el 40% del PIB nacional – lo que tienen una amplia lista de personas en el extranjero? Revela una práctica continuada y constante de evasión de impuestos, pero no parece preocupar mucho a la opinión pública o al menos a sus influencers más conspicuos.

Sin embargo como a Rosa Montero, también a muchos nos preocupa Brasil, donde parece que el recién elegido Presidente cuenta ya con el juez Moro, quien llevó a cabo la persecución penal contra el expresidente Lula da Silva, como ministro de justicia e interior, mandando un mensaje que cuestiona muy directamente su imparcialidad en el proceso y la clara orientación política e ideológica de sus intervenciones en el mismo, pero también nos inquieta esa caravana de inmigrantes que provjene de Honduras y atraviesa ahora México camino a Estados Unidos, una caravana del dolor que previsiblemente será reprimida con fuerza por la potencia autoritaria y despótica del gran señor del Norte, que ya ha anunciado que disparará sobre la multitud indefensa. Una geopolítica de la desposesión que recorre todo el mundo.

El resumen de este recorrido por la información disponible este día de difuntos conduce a una conclusión ya presentida. Uno busca las noticias que le dicen algo y le permiten pensar de diversa manera la realidad, utilizar esa información para proyectar respuestas y abrir debates que cuestionen la situación política y social en las que estamos. Un conjunto de datos y de argumentos que sirvan para que intentemos cambiar el curso de las cosas. Como cualquier día, como todos los días.