EN LA MUERTE DE MARCELINO CAMACHO

Marcelino Camacho ha muerto en la madrugada del viernes 29 de octubre. Son miles las personas que están diciéndole el último adios en el Auditorio que lleva su nombre en la sede de CC.OO. de Madrid - Región. Mañana una gran marcha le despedirá en la Puerta de Alcalá, antes de partir hacia su entierro en el Cementerio Civil de la Almudena. Son innumerables las intervenciones que le recuerdan. En este mismo blog, el 27 de septiembre de 2007, víspera de un homenaje en la Universidad Complutense de Madrid, se publicó el texto que ahora se reutiliza ahora como forma de recordar a Marcelino en una de sus facetas mas reconocida, la de un lider obrero inteligente y estudioso, preocupado por entender científicamente la realidad social para poder transformarla con la potencia de la acción colectiva. Marcelino Camacho desde su perfil mineral siempre nos ha parecido la encarnación del verso de La Internacional, "atruena la razón en marcha". Hasta siempre, compañero y maestro.

Marcelino Camacho era el referente histórico de Comisiones Obreras que simbolizaba en su persona el movimiento obrero antifranquista. Un movimiento obrero que nace en la clandestinidad y que desde su inicio establece vínculos directos con el movimiento estudiantil en las universidades y el movimiento vecinal en los barrios. La alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura que teorizó en afortunado slogan el Partido Comunista de España implicaba, entre otras muchas cosas, una convergencia entre el trabajo teórico e investigador de los intelectuales universitarios y el proyecto de emancipación social que protagonizaba el movimiento obrero y sus organizaciones en la lucha por un mundo mejor, libre, igualitario y democrático. Manuel Vázquez Montalbán, al definir al personaje, definía también este rasgo fundamental de su pensamiento: "Asistiremos a la autoconstrucción de un dirigente obrero, que luchó como peón de la Historia en la Guerra Civil, y que, a partir de la derrota personal y de clase, se movió como un héroe griego positivo, en la lucha contra el destino programado por los vencedores, personal y coralmente.... Toda su vida será un trabajador que considera que el mundo no está bien hecho. Es decir, que no está hecho a la medida de los débiles".

Marcelino era un firme partidario de estas ideas, a las que se unía una confianza inquebrantable en la capacidad pedagógica del discurso político y en su capacidad de convicción. La explicación de la realidad tal como es, la enunciación de las leyes sociales y económicas que la presiden, y la importancia de una acción colectiva como forma de producir / predecir la historia, eran los elementos sobre los que giraba su didactismo revolucionario. Así lo hacía en la cárcel, en los seminarios que organizaba y dirigía, y que luego tomaron cuerpo en el libro Charlas en la prisión, que llevaba como subtítulo “El movimiento obrero sindical”, y que la editorial Laia publicó en 1976 con una muy interesante “carta abierta” de Alfonso Carlos Comín a Marcelino. Marcelino Camacho creía que enseñar la realidad, desvelar sus injusticias y explicar que existía otra forma de ver el mundo en el que las personas podrían vivir sin depender de la explotación continua y despiadada de sus energías vitales, era una labor importante. Y lo era porque permitía enseñar a los trabajadores y a los ciudadanos que la dictadura y el capitalismo eran marcos de referencia superables y que cabía construir, desde una subjetividad colectiva orientada políticamente, un gran proyecto de sociedad democrática. Esa era la función pedagógica – se diría docente, porque en el discurso se analizaba objetiva y críticamente la realidad – de un dirigente sindical, de los sectores conscientes de la clase obrera de la que éstos deben ser “un producto natural”, como él mismo se definiría.

Por ello no es de extrañar que Marcelino Camacho haya tenido el reconocimiento expreso de la Universidad, y que éste haya sido, entre otros tantos recibidos en diferentes esferas de la vida pública, uno de los que mas le han agradado. Con ocasión de la puesta en marcha de una iniciativa muy original, la creación por CC.OO. de una Escuela de Relaciones Laborales en la Universidad Complutense para la impartición de cursos de posgrado, Marcelino Camacho fue nombrado Profesor Honorario de la Universidad Complutense de Madrid. Era el 12 de enero de 1989, y Marcelino ostentaba entonces el cargo de Presidente de la Confederación. El nombramiento de Profesor Honorario se justificaba “por su contribución al mundo del trabajo y defensa de los derechos de los trabajadores”, y se entregaba el diploma en una emocionante y solemne ceremonia en el Paraninfo de la calle San Bernardo, abarrotado de gente. Para Marcelino, el significado del acto no podía escindirse de su posición de sindicalista ni de la necesidad de la acción de reforma del sistema. Estas fueron algunas de sus palabras: “Vengo ante todo a la Universidad por mi condición de dirigente sindical. Pero por otra parte me parece que la revolución científico – técnica está modificando la estructura interna de la clase. Yo concibo que la fuerza de los trabajadores viene dada porque somos la mayoría de la sociedad. Producimos todo lo que hay de bello y útil (…). Los estudiantes de hoy son los trabajadores de mañana. Nada de ellos me es ajeno. Por eso el acercarme hoy a la Universidad está, en primer lugar, en relación con mis concepciones, en relación también con mis conocimientos y con el análisis que hago de esa revolución científico – técnica, de esa modificación interna de la clase y de ese papel que los sindicatos modernos deben tener en nuestros días”. Todo un programa condensado de la relación entre el sindicato como sujeto político y social y la función de la universidad como lugar de investigación y de trabajo donde se produce ciencia e ideología.

Marcelino Camacho era por tanto, con plena autoridad, profesor universitario. Para el Diccionario de la Real Academia Española, profesor es la persona que enseña o ejerce una ciencia o un arte. Entre el mito y el símbolo, Camacho nos enseña honesta y claramente los caminos de la libertad.

Ver tambien los emocionantes y emocionados comentarios de Toxo http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Inicio:101631 y de Javier López http://ccooblog.wordpress.com/2010/10/29/marcelino-camacho/ .

INCONSTITUCIONALIDAD DE LA REDUCCIÓN SALARIAL DE LOS TRABAJADORES DE EMPRESAS PÚBLICAS

No se le ha dado la importancia que tiene, pero es un hecho extremadamente relevante que la Audiencia Nacional haya planteado cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal constitucional por entender que el RDL 8/2010, de medidas extraordianrias para reducir el déficit público, vulnera el derecho de libertad sindical por vaciar de contenido el derecho previo de negociación coletiva de los sindicatos pactantes.

Las primeras medidas que iniciaron el curso neoliberal de las políticas sociales en España fueron las que afectaron al llamado "recorte de gastos de personal" del sector público y que se tradujeron en descensos generalizados de salarios, tanto a empleados públicos como a trabajadores de administraciones y empresas públicas. Con ello el Gobierno rompía unilateralmente el acuerdo colectivo que había concluido a comienzos de año en el empleo público y en el que se fijaba un panorama de contención salarial en torno al 0,3%, y, por descontado, los convenios colectivos vigentes en ese momento que fijaban unos niveles salariales determinados para los trabajadores de las empresas públicas.

Frente a estas medidas, los sindicatos convocaron de forma inmediata una jornada de huelga que no tuvo el seguimiento masivo que se requería en las Administraciones Públicas. La posterior generación normativa de las llamadas "medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo", atrajo los esfuerzos movilizadores. Pero al margen de esta dimensión de la lucha y del conflicto, existe siempre un interés en preservar los objetivos estratégicos de rechazo de esta operación de reducción salarial y de desvalorización del trabajo de los empleados públicos a través de la acción jurídica. En ese sentido, toda una serie de pretensiones se han ido presentando ante diferentes tribunales de justicia de lo social que por el momento no son visibles ni mediáticamente ni políticamente.

La primera de estas decisiones urgidas por la acción de resistencia a esa normativa en el plano jurídico, ha sido el Auto 63/2010, de 28 de octubre de 2010, de la Audiencia Nacional, que enjuiciaba el recorte salarial en el Convenio colectivo de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, en respuesta a una demanda de conflicto colectivo planteada por CC.OO y UGT, bajo la dirección letrada de Enrique Lillo.

El auto de la Audiencia Nacional considera que el RDL 8/2010 es una norma que vulnera el art. 28.1 de nuestra constitución, el derecho a la libertad sindical, al lesionar de forma grave y directa el derecho de negociación colectiva, que está en el "núclo duro" de las facultades que definen el haz completo del derecho de la libertad sindical, considerando además que se vulnera drectamente la "fuerza vinculante" de los convenios colectivos garantizada en el art. 37.1 CE junto con el principio de no discriminación del art. 14 CE, al haber exceptuado de la inaplicación del convenio propio colectivo y de la reducción salarial correspondiente.

Que un alto tribunal como la Audiencia Nacional haya encontrado suficientes razonamientos para considerar inconstitucional la acción del gobierno en sus primeras intervenciones volcadas en la reducción del déficit público, debería ser un elemento central en el debate político actual, y suscitar importantes referencias mediáticas. Parece sin embargo que en el poder público hace como si no tuviera valor político este importante varapalo a su actuación, enrocándose en la consideración del Auto de la Audiencia Nacional como un acto procesal irrelevante en si mismo y sólo idóneo porque inicia un procedimiento ante el Tribunal Constitucional que cuando culmine, previsiblemente habrán de pasar los años suficientes como para haber asistido a la cita electoral del 2012. Sólo en los sindicatos que impulsaron este proceso se puede encontrar un discurso que razona sobre la inconstitucionalidad por antisindical de la adopción de estas medidas y su repercusión y aplicación concreta en el plano técnico-jurídico.

Hay otros procesos y otras acciones entabladas que irán dando la cara en los meses siguientes. Pero la importancia de la consideración del recorte de los asalariados en el sector público como una actuación vulneradora de derechos fundamentales - de sindicación y negociación colectiva - y en consecuencia inconstitucional, expone de forma tan clara las consecuencias dañinas en términos democráticos de estas formas de actuar reformas antisociales, que suponen posiblemente un paso importante en un proceso sostenido por la acción sindical hacia la rectificación de estas políticas anti-crisis de claro signo antisocial.

Democracia política con fascismo social: un futuro evitable para Portugal.

Las movilizaciones en los distintos países europeos siguen su curso. en Portugal, está convoada una huelga general para el 24 de noviembre, y la CGIL italiana prepara una macro manifestación al día siguiente, el 25 de noviembre. La Confederación Europea de Sindicatos quiere recoger estas luchas en la convocatoria de una nueva jornada de movilizaciones en diciembre. En esta bitácora se presta mucha atención a estos procesos. Una voz autorizada para hablar de lo que está sucediendo en Portugal es, sin duda alguna, el sociólogo y pensador crítico Boaventura de Sousa Santos. Se publica a continuación la traducción de un artículo suyo publicado en el diario digital Visâo el 21 de octubre pasado. Es un texto extremadamente crítico que recoge una gran parte de los argumentos de la izquierda social europea contra la deriva neoliberal de salida a la crisis, pero en él se debe subrayar el énfasis en afirmar que el actual no se corresponde con el proyecto europeo por el que se ha batido también la izquierda política y los sindicatos durante más de cincuenta años.

Democracia política con fascismo social: un futuro evitable para Portugal.

Boaventura de Sousa Santos

Visâo, 21-10-2010 (http://aeiou.visao.pt/ )


Si no hacemos nada para corregir el rumbo de las cosas, dentro de algunos años se dirá que la sociedad portuguesa vivió, entre finales del siglo XX y el comienzo del siglo XXI, un luminoso pero breve interregno democrático. Duró menos de cuarenta años, entre 1974 y 2010. En los cuarenta y ocho años que precedieron a la revolución del 25 de abril de 1974, vivió bajo una dictadura civil nacionalista, personificada en la figura de Oliveira Salazar. A partir de 2010 entró en otro periodo de dictadura civil, esta vez internacionalista y despersonalizada, conducida por una entidad abstracta llamada “mercados”. Las dos dictaduras comenzaron por motivos financieros y después generaron sus propias razones para mantenerse. Ambas condujeron al empobrecimiento del pueblo portugués, que dejaron a la cola de los pueblos europeos. Pero mientras que la primera dictadura eliminó el juego democrático, destruyó las libertades e instauró un régimen de fascismo político, la segunda mantuvo el juego democrático pero redujo al máximo las opciones ideológicas, mantuvo las libertades pero destruyó las posibilidades para que éstas fueran efectivamente ejercitadas, e instauró un régimen de democracia política combinado con fascismo social. Por esta razón se puede denominar a esta segunda dictadura como dictablanda.

Las señales mas preocupantes de la actual coyuntura son las siguientes. Primero, está aumentando la desigualdad social en una sociedad como la portuguesa que es ya la más desigual de Europa. Entre 2006 y 2009 aumentó en un 38,5% el número de trabajadores por cuenta ajena que sólo perciben el salario mínimo de 450 € mensuales. Son ya 804.00 personas, es decir, el 15% de la población activa. En el 2008, un pequeño número de ciudadanos ricos (4051 contribuyentes) tenían un rendimiento semejante al de un vastísimo número de ciudadanos pobres (634.836 contribuyentes). Si es verdad que las democracias europeas valen lo que valen sus clases medias, la democracia portuguesa puede estar suicidándose. Segundo, el estado social, que permite corregir en parte los efectos sociales de la desigualdad, es en Portugal muy débil y a pesar de ello es constantemente atacado. La opinión pública portuguesa está intoxicada por comentaristas políticos y económicos conservadores – dominan los medios de comunicación como en ningún otro país europeo – para quienes el Estado social se reduce a impuestos: sus hijos son educados en colegios privados, tienen buenos seguros de salud, se sentirían en peligro de muerte si tuviesen que recorrer “el lío de los hospitales públicos”, no usan transportes públicos, perciben corpulentos salarios o reciben sustanciosas pensiones. El Estado social debe ser abatido. Con un sadismo preocupante y un monolitismo ensordecedor, van insultando a los portugueses empobrecidos repitiéndoles que están viviendo por encima de sus posibilidades y que la fiesta se acabó. Como si aspirar a una vida digna y decente y comer tres veces al día – una dieta mediterránea, claro – fuese un lujo reprensible. Tercero, Portugal se transformó en una pequeña isla de lujo para especuiadores internacionales. ¿tienen otro sentido los actuales intereses de la deuda soberana en un país miembro de la UE y que forma parte del euro? ¿Dónde está el principio de cohesión del proyecto europeo?. Para alegría de los usufructuarios de la desgracia nacional, el FMI ya está aquí dentro y anunciará en breve, tras el Plan de estabilización Económica número 4 o 5, lo que muchos gobernantes europeos no quieren todavía decir: que se ha puesto fin al proyecto europeo que conocíamos.

Cambiar esta deriva de los hechos es difícil, pero posible. Hay mucho que hacer en el nivel supranacional europeo y en el medio plazo. A corto plazo, los ciudadanos tienen que decir basta. Basta al fascismo difuso instalado en sus vidas, reaprendiendo a defender la democracia y la solidaridad tanto en las calles como en los parlamentos. La huelga general convocada para el 24 de noviembre será tanto más eficaz cuanta mas gente salga a la calle a manifestar su protesta. El crecimiento económico sostenible, la promoción del empleo, la inversión pública, la justicia fiscal, la defensa del estado Social, tendrán que regresar al vocabulario político a través de entendimientos eficaces entre el Bloque de Izquierda, el PCP y los socialistas que apoyan coherentemente el proyecto alternativo de Manuel Alegre.

A propósito de la igualdad y no discriminación y su proyección sobre el tratamiento laboral de la discapacidad

Recientemente la editorial Bomarzo ha publicado un libro del que es autora Maria del Mar Ruiz Castillo, profesora de derecho del trabajo en la Universidad de Almería, que tiene por título "Igualdad y no discriminación. La proyección sobre el tratamiento laboral de la discapacidad". Merece la pena que el libro sea conocido y leído no solo por los juristas del trabajo, sino por otros operadores jurídicos y desde luego por los llamados cuadros sindicales, y en la medida de lo posible, también comprado por los mismos. A continuación se inserta un resumen valorativo del mismo para que los posibles lectores se hagan una idea de su contenido.

Hay temas de investigación que resultan arriesgados. El tratamiento laboral de la discapacidad es uno de ellos, porque tradicionalmente las obras que se dedican a este tema en la doctrina iuslaboralista se consideran estudios “de especialidad” que afectan a un colectivo restringido de personas y que por ello no trascienden en un enclave teórico restringido a los aspectos de desarrollo normativo y jurisprudencial específico. Ello sin mencionar que sobre ellos pesa a veces la sospecha de tratarse de trabajos “de encargo”, fruto de alguna orientación subvencionada por una entidad pública o privada interesada o dictada por la contingencia normativa, como sucedió con la Ley 51/ 2003 que traspuso la directiva comunitaria al respecto.

Este no es el caso del libro de Ruiz Castillo. Como con exactitud resalta su título, lo que esta profesora de la Universidad de Almería realiza en las páginas del mismo es un sólido estudio sobre el principio de igualdad y no discriminación para, desde él, insertar el tratamiento laboral de incapacidad en su esquema de análisis. Fruto de un proyecto de investigación nacional dirigido por Joaquín García Murcia, la autora procede a una exposición crítica del significado constitucional del principio de igualdad y de la prohibición de discriminación en su formulación constitucional y en el desarrollo que del mismo ha ido efectuando la jurisprudencia constitucional, acompañado de algunas intervenciones de comentaristas académicos. En este recorrido teórico se expone de forma muy clara la interpretación reductora que doctrina y tribunal constitucional han ido haciendo del principio de igualdad material o sustancial como base del estado social de derecho, y la relectura consecuente de la relación entre el art. 14 y el 9.2 CE. A través de estas primeras y luminosas setenta páginas, se desmenuza el argumentario restrictivo del sentido igualitario del derecho del trabajo que se ha ido construyendo en el plano de la interpretación jurídica, reivindicando por el contrario no sólo la inclusión de la diversidad y de la diferencia en el espacio cubierto por la igualdad, sino además la existencia de un derecho constitucional subjetivo individual de todos los ciudadanos a ser tratados de forma sustancialmente igual, también en el plano de las relaciones laborales. En el libro se proporcionan sólidos razonamientos en esa dirección.

A partir de aquí la obra relaciona igualdad, discriminación y discapacidad, confrontándolas con las categorías de la idoneidad laboral y el ajuste del puesto de trabajo. Para ello se seleccionan dos puntos centrales. El primero, la discapacidad en el marco de las medidas positivas de empleo y la prohibición de discriminación, en donde por otra parte se insiste en la necesidad de revisar el concepto de discapacidad con su doble significado a efectos laborales y de protección social. Pero el punto que requiere más desarrollo es el segundo, la extinción del contrato cuando el trabajador está aquejado de algún tipo de discapacidad. En este asunto la comparación con la tutela del principio de igualdad y el tratamiento antidiscriminatorio por razón de género se muestra “a años luz” de la que se dispensa a la discapacidad. Particular interés revisten las reflexiones del libro sobre despidos colectivos y discrecionalidad empresarial y “la incertidumbre” planteada en el despido improcedente en relación con los efectos de la disfuncionalidad padecida sobre el ámbito laboral: la ineptitud, el absentismo, la falta de rentabilidad, donde se señala la dificultad de luchar contra las sutiles discriminaciones indirectas en este tema.

El último punto que aborda el libro es el tratamiento convencional de la discapacidad. Ello propicia una reflexión sobre la inidoneidad del convenio colectivo como fórmula de compensar las inhibiciones de la norma estatal en la regulación del tratamiento laboral de la discapacidad. También en esta ocasión la comparación con la igualdad entre hombres y mujeres es oportuna para comprobar la diferencia de trato con la discapacidad. La Ley 51/2003 no remite a la negociación colectiva competencia alguna en materia de acciones positivas para los discapacitados, y, de hecho, la negociación colectiva no ha desempeñado el rol posible de realización de la igualdad sustancial de los trabajadores discapacitados, como se pone de manifiesto tras un exhaustivo análisis de los textos convencionales. Parecería por el contrario que el tratamiento laboral de la discapacidad se estaría deslizando del espacio no ocupado por la negociación colectiva al que marca la llamada responsabilidad social de empresa, si bien se constata que tampoco las empresas avanzan en sus compromisos unilaterales en este terreno.

El libro comentado constituye sin exageración alguna un ejemplo de tratamiento jurídico-crítico de un objeto de investigación acotado temáticamente. Escrito en un castellano envidiable, con la claridad expresiva que suministra el conocimiento acabado de los temas que trata, supone un texto de referencia en el estudio – y en la reformulación teórica en un sentido emancipatorio – del principio de igualdad y no discriminación en las relaciones laborales.


IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. LA PROYECCIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO LABORAL DE LA DISCAPACIDAD.
Maria del Mar Ruiz Castillo. Bomarzo, Albacete, 2010, 194 pags. 25 €.

HUELGAS EN FRANCIA: ALGUNAS ANOTACIONES DESDE ESPAÑA

La progresión del conflicto en Francia está generando interesantes debates entre nosotros. Especialmente animados están resultando los que se celebran en el Foro Social "La querencia", en la periferia de Parapanda, uno de cuyas sesiones recoge la fotografía.




Las movilizaciones en Francia contra la reforma de las pensiones y el recorte del gasto social se suceden más allá de los Pirineos. Comenzaron antes del verano, pero a partir de septiembre se han ido encabalgando unas con otras. La del 19 de septiembre fue la sexta jornada de huelga general, y las manifestaciones masivas y pacíficas denotan una participación cada vez más extendida de apoyo a los huelguistas y de rechazo a la política antisocial del gobierno francés y del Presidente Sarkozy. En España los medios de comunicación han dado un amplio seguimiento a estos procesos de lucha, y es inevitable una comparación con los que se han ido construyendo en España frente a las diferentes etapas del uso antisocial de las medidas contra la crisis, que por el momento se han concretado en el RDL 8/2010 sobre recorte de gasto público y salarios de los empleados públicos y en el RDL 10/2010 que procede a la reforma laboral, que dio lugar a la huelga general del 29-S. Se prepara ahora la modificación del sistema de pensiones y los órganos de dirección de ambos sindicatos, CCOO y UGT han decidido reanudar las movilizaciones contra la reforma laboral, aunque de momento no bajo la forma de huelga general. Ahí es donde entra la comparación con Francia. Se dice que el éxito de la huelga “a la francesa” debe hacer reflexionar a los sindicatos.

No obstante, como ha señalado sintéticamente Fernando Lezcano, “las movilizaciones deben estar acompasadas a la coyuntura y realidad de los distintos países”, de forma que “un intento de trasladar miméticamente la estrategia francesa a España estaría condenada al fracaso”. Entre otros motivos, Lezcano recuerda muy oportunamente que en Francia la izquierda política, incluido el Partido Socialista, se opone a las medidas del gobierno, mientras que en España es quien las promueve, posiblemente consciente el mundo económico y los llamados “mercados” que este tipo de reformas que desestructuran el sistema de derechos y garantías en el trabajo y reducen el alcance del Estado Social remercantilizando una buena parte de las necesidades sociales sólo puede llevarlo a cabo nuestro país el ahora enfáticamente denominado “proyecto socialista”. Ese hecho, apostilla Lezcano, “modifica de forma significativa el cuadro resultante”.

El proceso de movilizaciones en Europa, en el que la experiencia francesa es muy notable, está alcanzando un nivel y una extensión muy importante, aunque su carácter fundamentalmente nacional-estatal esté impidiendo una percepción global de estos fenómenos como tendencia política, ante la desmembración de la izquierda política europea. La movilización sindical requiere una coherente y activa dirección coordinada de las mismas en el plano europeo. Con razón en el informe de Toxo al Consejo confederal de CCOO, insiste en hacer de la Confederación Europea de Sindicatos la organización capaz de agrupar y dar coherencia a las movilizaciones que se están llevando a cabo en cada país. López Bulla ha propuesto, de forma más creativa, la constitución de unos Estados Generales Sindicales en los que se visibilice la figura social del sindicalismo en el ámbito de la Unión Europea como sujeto político con un proyecto de transformación social. Esta convergencia en un plano supranacional de los distintos procesos de movilización tiene que irse haciendo visible, más aún ahora que las luchas no sólo afectan a países periféricos del sur o del este de Europa – Grecia, Rumania y Bulgaria, luego Portugal y finalmente España -, sino que junto a Francia está iniciando la senda ascendente de la conflictividad Italia y los planes de brutal reducción del gasto social y de personal en Gran Bretaña hace presagiar una bajada a la calle del sindicalismo británico. La convocatoria de una próxima jornada de movilización europea para el mes de diciembre es un buen paso en la dirección correcta, pero posiblemente es necesario un salto cualitativo en esta serie de conflictos sociales.

Las huelgas en Francia sugieren también algunas anotaciones efectuadas desde el contexto español. La primera es el tipo de movilización elegida. Aunque se denominen huelgas generales, la estrategia francesa está más cercana a la de un despliegue de huelgas sectoriales en serie, que fundamentalmente afectan a los transportes y a las comunicaciones, haciéndolas coincidir con manifestaciones masivas, abiertas a toda la ciudadanía, en las fechas de convocatoria de huelga. Y en un proceso que va tensionando “en cascada” la resistencia y el rechazo frente a la propuesta legislativa, se van incorporando otros sectores tanto de asalariados, como el sector del combustible, o el muy sensible de la educación y los estudiantes. En España, en cambio, la práctica del conflicto frente a las medidas de los poderes públicos concentra en un solo día una convocatoria de huelga general de los trabajadores y empleados públicos de todos los sectores de la producción, a la que siguen manifestaciones también abiertas a toda la ciudadanía como cierre – y test de seguimiento – de la acción convocada. La forma de expresión diferenciada de las “jornadas de huelga” francesas y la convocatoria de “huelga general” en España, permiten ver con cierta nitidez el ámbito del conflicto directamente ligado al trabajo como hecho social y como situación subalterna, que se expresa en el conflicto de manera diversa a través de las formas de convocatoria que privilegian los sujetos sindicales de uno u otro país. Entre nosotros, sin embargo, se ha oscurecido este ámbito real de la convocatoria de huelga y se ha sustituido por una llamada indiferenciada a la totalidad de la población en solidaridad con el hecho material del trabajo y la subjetividad del mismo situada en una posición de subordinación económica, social y política. El propio sindicalismo ha tomado parte en esa cierta confusión de planos, puesto que en su proyecto político, el trabajo materialmente prestado y su valor político y social se quiere constituir en el centro de la sociedad, por lo que el reflejo solidario de la totalidad de la población y de los trabajadores integraba el objetivo de la huelga y en consecuencia debía medir su efectividad. Con ello se confunde, como señala López Bulla, la noción de la huelga general con la de la huelga nacional, cuya mejor expresión se encuentra en la realizada el 14 de diciembre de 1988. Las otras huelgas generales contra las medidas de los poderes públicos no fueron huelgas nacionales, aunque se juzgaron como si lo fueran, en especial en lo relativo a su incidencia y al grado de paralización del espacio público.

La segunda anotación que proviene de la experiencia francesa y que merece la pena señalar como un hecho significativo para el cuadro español de referencia, es la relativa a la relevancia democrática de la huelga. Las jornadas de huelga en Francia cada vez más se revelan como una forma poderosa de expresar la vigencia del debate pluralista y democrático sobre las grandes opciones que determinan políticamente la existencia social de los ciudadanos. Es decir, que la reforma del Estado Social no puede ser despachada como una decisión de la mayoría del gobierno, sino que ha de ser ampliamente debatida no sólo en los procedimientos legislativos previstos, sino en el seno de un prolongado debate en la opinión pública. Por eso en la huelga se alude con insistencia en los valores de la república, y es frecuente encontrar la tricolor como señal identitaria tanto en los parlamentarios de la izquierda como en los estudiantes que manifiestan. La defensa del Estado Social es el leit motiv de la resistencia, pero además es importante destacar la percepción plena por la ciudadanía que está en la lucha de que la reforma de ese constructum cultural y político sólo puede realizarse después de una discusión generalizada y pública, en la que el respeto a las formas de producción de las leyes resulta decisiva. Lo dicen los estudiantes que se manifiestan: una reforma como las pensiones debe negociarse durante meses, y deben reformularse las opciones de gobierno que permiten el decisionismo unilateral de la mayoría y la excesiva concentración de poder en manos del ejecutivo y del presidente.

Esta reivindicación del debate democrático como componente fundamental en el acompañamiento de las reivindicaciones sindicales sirve para reflexionar sobre lo que posiblemente haya sido una carencia en el razonamiento político que se ha desplegado con la huelga general del 29-S. Aunque se ha mencionado como un elemento negativo del proceso, la utilización del Decreto Ley como fórmula elusiva de cualquier debate parlamentario, con el antecedente de una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró ilegítimo su empleo en el precedente de la reforma laboral del 2002, y el vergonzoso empleo de un procedimiento de urgencia con modificación del calendario de las Cortes para lograr que se aprobara, sin debate, el texto de la vigente Ley 35/2010, no se ha valorado como síntoma del desprecio democrático en el que nos estamos moviendo en el panorama de la gobernanza española actual. Es sin embargo un tema muy decisivo, porque viene a sustraer del debate parlamentario, en el que se manifiesta la lucha ideológica entre los proyectos de regulación social, la situación política y la distribución del poder en las relaciones laborales, con la inmediata conclusión de degradar la importancia del trabajo como eje de la regulación social y económica de un país y su sustitución por un decisionismo monista que sólo o principalmente se basa en la consideración económica de las relaciones sociales, interpretada desde su reflejo en términos de mercado. Esta vertiente no democrática de la producción de normas sobre la regulación del trabajo, su aislamiento de cualquier posibilidad de abrirlo al debate social y político, y la opacidad de la creación de opinión en los medios de comunicación, son elementos muy significativos que las movilizaciones sindicales podrían enfatizar en las acciones que van adoptarse en el inmediato futuro, muy en concreto respecto de la reforma de las pensiones y la degradación de los estándares de protección en estos temas.

MOVILIZACIONES EN ITALIA: HACIA LA HUELGA GENERAL

El sábado 16 de octubre, una masiva manifestación organizada por la FIOM CGIL ha recorrido Roma. Cientos de miles de personas han desfilado por las calles de la capital de Italia. Tantos que cuando se ha preguntado a los convocantes su estimación de la cifra de asistentes, se han permitido una respuesta casi castiza: ¿Cuantos manifestantes? ¡Contadlos vosotros!.

Los procesos de movilización de los trabajadores frente a las políticas antisociales como respuesta a la crisis se están extendiendo por Europa meridional. Mientras que Francia es objeto prioritario de la atención mediática, y la huelga general española es negada conscientemente en el perímetro de la comunicación “interna” y reconocida por el contrario en toda su importancia en el exterior, las movilizaciones italianas se ven reducidas al silencio entre nosotros. Ni siquiera unas líneas en los periódicos más atentos a los acontecimientos comparados, que solamente trasladan sus corresponsales a Italia para reportarse sobre las vicisitudes del presidente del consejo de gobierno o sus dificultades para conseguir una gobernabilidad fuerte.

Sin embargo, en Italia se está gestando un importante movimiento de protesta centrado en los trabajadores y protagonizado por la Federación de Metalúrgicos de la CGIL, que se ha constituido en un ariete de resistencia y de rechazo a una política económica que genera sufrimiento y no reactiva la economía en una línea de progreso. Ello en un contexto de división sindical y de una muy equivocada apuesta de la CSIL por devenir el interlocutor sindical del poder público y económico italiano dominante y sin que el proceso de desestructuración de la izquierda política italiana se haya detenido (por utilizar un eufemismo, como puede comprobarse en http://lopezbulla.blogspot.com/2010/10/la-izquierda-italiana-esa-chucheria-del.html ).

La multitudinaria manifestación del sábado en Roma, que preludia otra convocada para el 27 de noviembre, es posiblemente un hito en el movimiento antiliberal que se está haciendo explícito en Italia. Es interesante resaltar el papel que en la resistencia y en el rechazo está desempeñando un sector clave en la cultura sindical industrial, los metalúrgicos italianos. Es un elemento sobre el que se debe reflexionar, porque también en España la huelga general ha sido sostenida de forma directa y predominante por los trabajadores de la industria y de los transportes y medios de comunicación, una “asincronía” como ha sido definida por el blog hermano Metiendo Bulla. Pero que posiblemente permite una lectura “en sentido opuesto” al que tradicionalmente estamos manejando en términos de implantación y capacidad de proyecto de un sindicato en el nuevo siglo.

Legalidad, democracia, derechos, trabajo. Ese era el lema más repetido en la manifestación de Roma, que permite descubrir la política, con mayúsculas, como eje de una acción sindical de defensa de los valores básicos del Estado social que no puede ser comprometido sobre la base de una crisis económica promovida por el descontrol y la desregulación de los mercados financieros. En la calle, la movilización no termina en esta prueba de fuerza. Lo pide el secretario general de la FIOM, Maurizio Landini, pero lo recoge el propio Epifani: Si a los derechos, no al chantaje. El trabajo es un bien común. “Estamos en la calle para defenderlo”, y “tenemos el deber de continuar esta lucha”. Para ganarla “se debe llegar a la programación de la huelga general”.

El país está moviéndose y son los trabajadores quienes impulsan ese movimiento. Habrá que seguir con atención estos procesos.

PENSAR PARA OTRO, PENSAR COMO SE DEBE

El marcador de entradas señala que la presente es la número 400 en la ya continuada existencia de este blog. El hecho naturalmente ha causado un cierto revuelo en los círculos intelectuales de Parapanda. Algunos de los protagonistas de esta bitácora se han reunido para celebrarlo, bajo un título conscientemente cinematográfico: "¿Los 400 golpes?". Por si acaso, se anexa una reflexión sobre el libre pensamiento y su apropiación laboral y mediática. Continuará.

Nada más libre que el pensamiento. Es una característica de cualquier sistema democrático garantizar la libertad de pensamiento y de su expresión. Sin embargo la actividad intelectual en que normalmente se resume el acto de pensar no se produce en el círculo restringido de la individualidad de cada persona. Tiene un condicionamiento social, cultural y económico muy importante. Y la capacidad de pensar libremente puede resultar orientada o dirigida desde el exterior de las personas.

En uno de los textos de J.M. Coetzee más sugerentes - y desoladores - , Juventud, se describe la presencia del joven protagonista en la empresa IBM en los años sesenta de Londres y sus impresiones sobre ese lugar de trabajo. “Todo el mobiliario de la oficina es de color gris. En el cajón del escritorio encuentra papel, una regla, lápices, un sacapuntas y una pequeña agenda con cubiertas de plástico negro. En la tapa, en mayúsculas, pone PIENSA, PIENSA, es el lema de IBM. Lo que tiene de especial IBM, deduce, es su constante compromiso con el hecho de pensar. Los empleados deben pensar todo el tiempo (…). Los empleados que no piensan no pertenecen a IBM, que es la aristocracia del mundo de los negocios de las máquinas. (…) Todo lo que tienen que hacer a cambio es pensar”.

En este párrafo se describe la importancia de una producción intelectual en el proceso de creación de máquinas de tercera generación, pero a través de una sencilla equiparación con la función intelectual del pensamiento de los trabajadores. Éstos deben necesariamente, - obligatoriamente - pensar, pero todo ese pensamiento es apropiado por la empresa, constituye la condición de selección y de mantenimiento de la mano de obra de la misma, de sus “recursos humanos”. Se debe pensar, pero para otro y el pensamiento es estimado en la medida en que se aprovecha por el titular del ámbito de organización y dirección del trabajo de los “pensadores” a su servicio.

Esa expropiación del valor de uso del pensamiento y su consideración exclusiva como elemento integrante del intercambio de trabajo por salario, es una realidad que gana progresivamente presencia en todas las actividades de producción de bienes y de servicios. El pensamiento es libre cuando se piensa por cuenta ajena. De lo contrario, el pensamiento debe silenciarse o aplazarse al tiempo – después – del – trabajo o al tiempo de no trabajo. La estructura del dominio en la relación de trabajo impone esta subsunción del pensamiento libre en las figuras concretas del trabajo material o inmaterial.

Hay un paralelismo entre esta práctica negación en el trabajo de un pensamiento propio que sustenta la diferencia y la identidad de los grupos sociales subalternos y la que se está extendiendo a nivel social a través de la construcción mediática de una realidad y de un pensamiento situado ideológicamente en planteamientos radicalmente conservadores y autoritarios. En efecto, los medios de comunicación conforman un pensamiento homogéneo que niega los aspectos mas problemáticos de la realidad y que se origina en la mediación ideológica propiciada por los intereses de los grandes grupos económicos que controlan los media. En ese espacio de reproducción de la realidad también es oportuno que los ciudadanos piensen, pero sólo en la medida en que lo hagan encuadrados en los esquemas que son suministrados de forma permanente y en todos los aspectos de la existencia, por un proceso de colonización ideológica y cultural del pensamiento libre. Deben pensar como se debe y sólo así se puede admitir la opinión “pública” de los ciudadanos informados.

Este violentar la realidad y la forma de narrarla como presupuesto del pensamiento “homologado” mediáticamente se ha podido comprobar últimamente con ocasión de la huelga del 29-S. A través de una unanimidad matizada en los detalles y en los acentos, los medios de comunicación españoles – frente a lo que han recogido los medios extranjeros – han emprendido una importante operación de deslegitimación de la movilización sindical y de los efectos reales de la misma durante la huelga general. Con ello han explicado de forma neta que solo se puede pensar como conviene, sin que un pensamiento colectivo que exprese una opción alternativa de reforma, de rechazo o de insumisión pueda poder expresarse a través de la información que ofrecen los medios de comunicación y los grupos económicos que los dirigen. Cobrar conciencia de esa terrible realidad puede orientar algunas respuestas colectivas y sindicales en el futuro. Ante todo porque la huelga conforma un hecho conflictivo de rechazo del trabajo temporalmente acotado, y ese hecho permite la generación de un discurso nuevo y alternativo. A través del hecho de la huelga como acto de insubordinación social y de reivindicación de un proyecto social diferente se afirma un discurso que busca reducir progresivamente las desigualdades sociales, culturales y económicas existentes en nuestra sociedad. Un discurso que permite expresar un pensamiento libre que se expande en un espacio colectivo que se incrementa progresivamente y que, paradójicamente, no puede alcanzar generalidad a través de la opinión construida mediáticamente.

VIOLENCIA(S), IMPUNIDAD

La "dialéctica del derecho del trabajo" se centra en una intervención estatal siempre "reversible", como señalaba el maestro Gérard Lyon-Caen, dotada de una cierta racionalidad material derivada de su proximidad con los fenómenos sociales. Pero lo decisivo es la relación de dominación inscrita en el contrato de trabajo, que genera una autonomía en el plano colectivo que intenta compensar la imposición unilateral que se registra en el plano de las relaciones individuales entre trabajador y empleador. La negación de esta dimensión colectiva es un activo del pensamiento neoliberal, que ha generado experiencias extremas como en Chile y en Colombia, llegando a la aniquilación física de los representantes de los trabajadores en un caso a través de la represión del golpe de estado, en otro mediante un proceso continuado y selectivo. En la foto, Rafael Carvallo y Edgardo González pudieron poner en común sus opiniones críticas sobre las experiencias chilena y colombiana en el Simposio organizado por la Fundación AMELA en Toledo, 20 y 21 septiembre pasado. Pero esta reflexión sobre la violencia institucional contra la dimensión sindical de las relaciones laborales da lugar a la que a continuación se incorpora teniendo la experiencia española como ámbito de referencia, y que discurre sobre los actos de coacción y de violencia sobre las personas que condicionan una actitud sumisa frente a las vulneraciones de derechos a la consecución de una relación laboral o a permanecer en ella.



Uno de los efectos más importantes y no siempre destacados de las dos décadas de culto a la temporalidad en España (1977-1997) resultó ser la construcción social de lo que Aurelio Desdentado denominó la psicología del eventual. Este construcción de hábitos sociales para los trabajadores precarios se caracterizaba por la ideología de la sumisión como regla de conducta y se reforzaba con la práctica de condicionar la renovación de contrato temporal – muy corta, de tres en tres meses preferentemente – a la aceptación voluntaria por el trabajador de una amplia serie de tratos discriminatorios, tanto en materia de extensión de su tiempo de trabajo con renuncia a tiempo libre, como en exigencia de intensidad de trabajo y minoración salarial. La interiorización de esta conducta de sumisión a órdenes del empresario que de forma clara vulneraban el patrimonio de derechos que la norma laboral garantizaba por igual a estables y precarios tenía lugar gracias a la dependencia directa que se hacía ver al trabajador o trabajadora entre su permanencia en el trabajo y la aceptación de condiciones laborales ilegales. Naturalmente que este mecanismo determinaba asimismo opciones fundamentales de vida: independencia personal, construcción de lazos afectivos estables, opción por la procreación. Se trataba realmente de la corrosión del carácter, en el título tan expresivo de la obra de Richard Sennett. Este proceso cultural se extendió con gran rapidez y llegó a insertarse en las referencias comunes sobre el trabajo por parte de sectores muy determinados de la población, jóvenes y mujeres principalmente. El mecanismo a través del cual se impone la sumisión como regla es, naturalmente, una extorsión violenta. Pero se sostiene en la impunidad. Es decir, que carece de consecuencias sancionatorias de ningún tipo y, en ese sentido, asume la cualidad de los fenómenos inexorables. Son escasos los supuestos en que la sumisión violenta a la ilegalidad que prescribe la regla social de la precariedad han sido objeto de control y sanción administrativa, prácticamente nunca de sanción penal. La respuesta sindical se ha centrado en lograr la recomposición de una cierta garantía sobre el empleo una vez que se ha producido la extinción del contrato, promoviendo acciones judiciales que declaren el fraude en la contratación temporal y el cese de contrato como despido improcedente, la expresión en convenio colectivo de cláusulas de garantía del empleo colectivo en especial a través de la sustitución de empresas y de continuidad de los contratos ante las metamorfosis de las figuras del empleador, o, de forma fragmentaria primero y mas planificada a partir de 1997, la conversión de contratos temporales en contratos por tiempo indefinido por vía legal y convencional.

En la actualidad, la violencia sobre el empleo se acentúa con la facilitación y abaratamiento del despido que ha producido la última reforma laboral y la apuesta indisimulada por mantener un contingente extremadamente numeroso de trabajadores precarios sin control del fraude en la contratación temporal, en el contexto de una crisis de empleo que conduce a la cifra de más de cuatro millones de parados. Las formas de la violencia actual son continuistas con las que ya conocíamos, pero añaden otras más novedosas. Entre ellas las que integran la voluntad consciente del trabajador en la ilegalidad laboral y el incumplimiento de las normas sobre el trabajo. Despidos o ceses de contrato de trabajadores que cobran la prestación de desempleo y son re-contratados por la misma o similar empresa sin contribuciones sociales, con salarios “a convenir” y naturalmente, en condiciones de trabajo extremas, son nuevas manifestaciones de esta sumisión a la ilegalidad que también ahora se basa en la más completa sensación de impunidad.

Los hábitos conformados por la impunidad frente a la amenaza coactiva sobre la continuidad en el empleo han reverdecido actitudes que ya se creían erradicadas en nuestro sistema. Un ejemplo se encuentra en una serie de entrevistas que ha realizado un periódico de ámbito estatal bajo un atractivo leit motiv, jóvenes (pre)parados. En una de sus últimas entregas un trabajador narraba que el empresario había condicionado el contrato de trabajo a que firmara previamente una renuncia individual al empleo con fecha en blanco. “O firmas la baja o no hay contrato”, decía el titular del periódico. Con ello se evidencia que la práctica del finiquito en blanco, que creíamos desaparecida, vuelve otra vez como práctica empresarial para el empleo precario. Ni que decir tiene que ni el periodista ni el trabajador aluden al carácter delictivo de esta actitud. Pero la publicación de esta noticia no ha generado ningún impulso indagatorio por parte de los jueces penales, ni la fiscalía, ni la policía judicial. La Inspección de Trabajo no consta que se haya interesado por este hecho. Así que es posible suponer que se extienden estas conductas criminales en ámbitos especialmente sensibles, la inmigración y la precariedad juvenil fundamentalmente, conductas que fueron combatidas fundamentalmente desde la vertiente colectiva y que canalizó la jurisdicción social, la inspección de trabajo y la propia jurisdicción penal, impidiendo así la impunidad de estos delitos.

Frente a esa situación no puede mantenerse una actitud de fatalismo o de aceptación acrítica entre la validez y la vigencia o efectividad de la norma laboral en condiciones de crisis económica. Es necesario expresar la capacidad de los aparatos de estado para hacer cumplir la norma laboral, y ésta tiene que estar “nivelada” en la formulación de las garantías sobre el empleo como manifestación fundamental del derecho al trabajo. Pero también y ante todo, desarrollar un contrapoder colectivo y sindical que de una respuesta autónoma a este hecho, permitiendo la autotutela de los trabajadores ante situaciones de agresión y de violencia tan extremas. Pero desarrollar este proyecto de vigorización del contrapoder sindical, y su contextualización en un sistema jurídico progresivamente desarmado frente a las exigencias de un poder privado que quiere carecer de límites, forma parte de una reflexión de más largo alcance.

Violencia(s), huelga: Hablan Pisarello y Asens.

En los cenáculos, las tabernas y las confiterías de Parapanda se debate animadamente sobre las consecuencias de la huelga general. Los parroquianos están exhaustos pero contentos, y retoman en sus conversaciones los efectos de la huelga sobre el movimiento sindical y la unidad sindical, los aspectos organziativos del conflicto, la relación entre la materialidad / inmaterialidad del trabajo y la conflictividad expresada en la convocatoria sindical de huelga general, sobre cómo proseguir la presión y la movilización y la hoja de ruta que ir llevando a cabo, en fin, de tantas y tantas cosas que sin duda irán asomando a este blog en próximas entradas demostrando que la huelga general es un acto de participación democrática que hace explosionar proyectos, ideas y aspiraciones de los comunes mortales. Pero entre estos discursos, también se ha abierto paso una reflexión sobre la "recepción" mediática de la huelga, la capacidad distorsionante de los medios de comunicación. En esa línea, Gerardo Pisarello y Jaume Asens, conocidos miembros del Colectivo de Jóvenes Juristas Críticos de Parapanda, elaboraron un artículo para publicarlo en Público como suelen ir haciendo con cierta cotidianeidad. En este caso el artículo ha sido cortesmente rechazado por el diario, Por eso este blog, con carácter de exclusiva mundial, ha decidido publicarlo como una reflexión atinada sobre el tema referido: la capacidad de manipulación y de desinformación de unos medios de comunicación que se posicionan en el campo antisindical y desprecian el derecho democrático de huelga de los ciudadanos. (En la foto, Pisarello con otros conspicuos parroquianos comenta el éxito de la huelga general en plena Plaza Gramsci de Parapanda).

Las violencias y la huelga

A pesar, o quizás en razón de su relativo éxito, la jornada de huelga general de la semana pasada ha recibido una feroz andanada de ataques. La ofensiva ha unido, principalmente, a la prensa conservadora, a sectores importantes de la patronal y de la derecha política y a tertulianos de toda laya. En su relato, la protesta del 29-S parece reducirse a un hatajo de parásitos, vividores políticos y violentos, sólo capaces de perseguir sus objetivos arrasando con las libertades ajenas. El mal tendría algunas encarnaciones emblemáticas: las trabajadoras y trabajadores que encabezaron piquetes o jóvenes como los que ocuparon el edificio abandonado de la antigua sede de Banesto, en Barcelona.

La invocación de la violencia para descalificar la acción de un adversario tiene un gran impacto emotivo y suele ser muy útil cuando se intenta dejarlo fuera de juego. El violento, como el terrorista, o el incívico, es el que rompe de manera desleal, torticera, las reglas de convivencia. Y precisamente por ello, merece un castigo ejemplar que lo coloque en su sitio. Cuando la prensa conservadora califica a los sindicalistas del 29-S como “delincuentes extremadamente peligrosos” al servicio de “un Estado de bienestar hitleriano”, no pretende limitarse a diagnosticar una realidad patológica. También intenta preparar un escenario que justifique el recurso a la cirugía mayor: “encarcelar a los líderes” -como se sugirió desde La Razón- o directamente “ilegalizar a UGT y CCOO”, como se escribió desde las páginas de El Mundo. Algo similar ocurre con las crónicas, algunas de ellas reproducidas en medios supuestamente progresistas como El País o El Periódico, que cubrieron los hechos aislados de violencia callejera sucedidos en Barcelona el día de la huelga. Al presentarlos como la expresión “antisistema” u “okupa” de una peligrosa “guerrilla urbana” que pondría en grave peligro la paz social y el Estado de derecho, dejaba expedito el campo para una mayor contundencia policial o para el endurecimiento de un código penal ya suficientemente riguroso.

La caracterización exagerada en la que incurre este relato no parece gratuita. Por el contrario, colocar bajo los focos un tipo determinado de violencia resulta una operación inteligente cuando lo que se pretende es marginar o minimizar otras que están en el origen de huelgas como la de la última semana. ¿Cómo explicar, si no, que quienes centran toda la atención en los forcejeos de un piquete sindical concreto ignoren la enorme violencia privada que encierran las políticas que facilitan el despido de miles de personas o su sometimiento a condiciones de trabajo cada vez más precarias? ¿Cómo consentir que quienes blanden las fotos de los cristales rotos de una tienda de ropas, como si se tratara del culmen de la barbarie, no vean violencia alguna en las normas que consienten el desalojo de familias enteras por razones económicas o en las decisiones que han facilitado el traspaso de ingentes recursos públicos a los bancos y a otros actores con fuertes responsabilidades en la crisis actual? ¿Cómo sumarse al coro que exige criminalizar la protesta social cuando es el mismo que otorga impunidad a la violencia privada o institucional que ha conducido al actual estado de cosas?

Que la huelga, la interrupción del tráfico o la ocupación de inmuebles abandonados son actos conflictivos que pueden afectar derechos de terceros está fuera de duda. Qué estos actos pueden derivar en hechos de violencia a veces gratuitos e injustificados, también. Sin embargo, pretender equiparar la violencia sobre las cosas y sobre las personas, o la violencia aislada de algunos individuos y la ejercida de manera sistemática por el poder privado o por el poder estatal es un despropósito en toda regla, cuando no un ejercicio de abierto cinismo.
En realidad, cuando las vías institucionales están fuertemente restringidas, cuando lo que rige es el “no nos moveremos un ápice, pase lo que pase, porque así lo dictan lo dicen los mercados”, cuando se consienten, en fin, abusos intolerables como el despido casi indiscriminado, la precarización laboral o la especulación rampante, la huelga, la manifestación callejera o la ocupación con fines políticos pueden ser herramientas útiles, acaso las únicas, para preservar la libertad y evitar una salida despótica. Sin ellas, peligraría sobre todo la libertad de los menos libres, esto es, de quienes por su situación de vulnerabilidad están más expuestos a la coacción de la reprimenda patronal, del despido o de la notificación de impago enviada por un banco.


El actual capitalismo financiero ha generado numerosos rentistas y parásitos sociales que con descarada violencia pretenden condenar a millones de personas a un auténtico camino de servidumbre. La mayoría de sindicalistas, jóvenes y vecinos que participaron en las jornadas del 29-S no tienen nada que ver con todo eso. Por el contrario, su presencia cotidiana en los lugares de trabajo, en los barrios, en ateneos, centros sociales y cooperativas, es esencial para garantizar la calidad democrática de nuestras sociedades y para proteger los derechos de todos, incluidos los de aquellos que prefieren mantenerse al margen de cualquier protesta. Atajar el discurso simplista que pretende convertirlos a todos en “peligrosos delincuentes” y en “inadaptados sociales” debería ser un deber cívico, sobre todo si, como parecen sugerir las declaraciones de algunos dirigentes políticos y empresariales, esto no ha hecho más que comenzar. Al hacerlo, no faltarán argumentos. El principal, en todo caso, seguirá siendo recordar una y otra vez quiénes, en verdad, son los aprovechados que, sin escrúpulo alguno y con la frecuente complicidad institucional, dinamitan la paz social colocando sus intereses por encima de los del resto de la sociedad.

Gerardo Pisarello y Jaume Asens son Juristas y miembros del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Barcelona.

GARZON HABLA DE DERECHOS HUMANOS EN ALBACETE

Más de 400 participantes se han dado cita en el aula magna del edifico Melchor de Macanaz, donde se ha celebrado el acto de inauguración de las ‘VI Jornadas Interuniversitarias de Cooperación al Desarrollo’, en el que ha estado presente el asesor de la Corte Penal Internacional de La Haya, Baltasar Garzón, quien ha señalado que: "la lucha por los derechos humanos es una obligación de todos". Junto al magistrado se encontraba el vicerrector del Campus de Albacete y Proyectos Emprendedores, Antonio Roncero; Dolores Delgado, fiscal de la Audiencia Nacional; Jerónimo Arroyo, representante de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores; el presidente de la Fundación Castellano-Manchega de Cooperación, Tomás Mañas; el director de la E.U. de Relaciones Laborales de Albacete, Joaquín Aparicio, y la profesora de la UCLM Mª José Romero, directora de las Jornadas. A continuación se inserta la nota del Gabiente de Comunicación de la UCLM sobre este importante acto.

Tras dar la bienvenida al acto y agradecer a los organizadores de las jornadas y a los ponentes su participación en las mismas, Antonio Roncero daba la palabra a los invitados, comenzando por el representante del Ministerio y finalizando por la directora de las jornadas, Maria José Romero, que se ha encargado de presentar y poner en valor el bagaje profesional tanto de Dolores Delgado como de Baltasar Garzón, de quién señaló que el concepto de justicia internacional no se puede explicar sin la participación del magistrado.

Durante su intervención, Baltasar Garzón ha lanzado un mensaje desde el compromiso señalando que la lucha por los derechos humanos y por la justicia universal es una obligación de todos, "principalmente de aquellos que se están formando en esta universidad, que se caracteriza por ser pionera en ámbitos de cooperación, compromiso y de responsabilidad con los derechos humanos, por lo que es un lugar ideal para transmitir este mensaje, sobre todo la convicción y la esperanza de que merece la pena hacerlo",-indicó-, a lo que añadió que también es obligación de todos interpretar las leyes para que, según afirmó, "le demos a la norma el sentido integral que hoy día tiene el ámbito de los derechos humanos internacionales, que es donde la justicia universal hunde sus raíces".

En este sentido, Garzón ha hablado de que precisamente por pensar e interpretar las leyes de una forma determinada sobre los crímenes del Franquismo se encuentra en una situación de suspensión en la Audiencia Nacional. "Interpretación que creo tiene peso y que sigo manteniendo, y es una obligación de todos contribuir a que esa situación cese aquí en España y en cualquier parte del mundo". El magistrado ha señalado que en España hay alrededor de 150.000 personas desaparecidas, una asignatura que, a juicio del ponente, tiene España con las víctimas, "conseguir que aparezcan y que se restaure a cada una su derecho de saber dónde están es una obligación del Estado en todos sus ámbitos",-afirmó.

Las jornadas, que continúan con la celebración de una mesa redonda y la proyección del documental "Mi padre es un desaparecido", están organizadas por la Fundación General de la UCLM y la E. U. de Relaciones Laborales. En las mismas colabora la Junta de Comunidades de C-LM, la Fundación Castellano-manchega de Cooperación y el Ayuntamiento de Albacete.