El significado de las propuestas de eliminación del déficit público en épocas de intensa crisis económica, es el objeto del análisis de este artículo de Carlos Berzosa, que recoge una gran parte de su intervención en el acto organizado por CCOO y UGT para la presentación del manifiesto contra la reforma constitucional que imponía un techo al déficit público y la obligación de pagar la deuda pública con prioridad absoluta sobre cualquier otra necesidad ciudadana derivada de políticas sociales y del que se viene dando cuenta en esta bitácora trayendo la intervención de Antonio G. Santesmases primero y ahora la de Carlos Berzosa. El que fué rector de la Complutense durante ocho años - y por cierto sufrió en sus carnes las primeras medidas de recorte presupuestario que asfixió económicamente a la Universidad por obra del gobierno de la CAM de Esperanza Aguirre - ha publicado este texto en el diario digital Nueva Tribuna, que amablemente ha permitido su reproducción en este blog.
¿Por qué se persigue al déficit público?
nuevatribuna.es
Carlos Berzosa
Desde la década de los años ochenta del siglo XX se comenzó a condenar el déficit público, al que se consideraba que era algo realmente perverso que había que combatir. Las políticas de ajuste que se obligaron a hacer a los países menos desarrollados, sobre todo en América Latina, insistían en ello. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial lo convirtieron en un principio fundamental de la política económica que, por diferentes mecanismos, imponían a estos países y esto se convirtió en un dogma de fe.
El Consenso de Washington acordado en 1989 sancionaba también este principio de disciplina fiscal, y se consideraba que los déficit presupuestarios, medidos adecuadamente con la inclusión de los gobiernos locales, las empresas estatales y el banco central, deben ser suficientemente pequeños para no tener que financiarse con el impuesto de la inflación. El Consenso de Washington se convirtió en la única receta de política económica que los países endeudados, fundamentalmente los menos desarrollados, tenían que llevar a cabo.
El principio de que el déficit tiene que ser suficientemente pequeño también se incorporó en el Tratado de Maastricht de la Unión Europea(UE) como uno de los requisitos indispensables para que los países pudieran acceder a la moneda única cuando se pusiera en funcionamiento. El pacto de estabilidad presupuestario se ha mantenido una vez que el euro quedó implantado. La ortodoxia económica que se empezó a imponer como dominante en esta década impuso este principio como si fuera una ley inexorable del funcionamiento de la economía, al igual que si se tratara de la ley de la gravedad.
Ahora bien, mientras los países menos desarrollados se sometían a estas políticas de ajuste y restricciones, así como los miembros de la UE que querían acceder a la moneda única, los Estados Unidos, a pesar de ser los adalides de este pensamiento económico neoliberal, tenían un gran déficit público, no cumpliendo en absoluto lo que ellos recomendaban al resto. Este importante déficit era debido fundamentalmente a la considerable expansión de los gastos militares. La práctica de este keynesianismo militar, además de procurar reforzar la hegemonía imperialista, que se había deteriorado un tanto en el decenio anterior, sirvió para que su economía saliera antes que los países europeos de la recesión que se inició en 1979.
Otro tanto sucedió en la recesión de comienzo de los noventa, pues los elevados déficit públicos de Estados Unidos continuaban, mientras la UE seguía con políticas de estabilidad presupuestaria. El déficit público estadounidense se comenzó a corregir en la época del gobierno de Clinton, esto es a partir de 1993. No deja de ser una paradoja de que fueran las presidencias republicanas de Reagan y Bush padre las que tuvieron elevados déficit, mientras que la presidencia demócrata de Clinton consiguiera disminuirlos, e incluso lograr un superávit.
Las épocas republicanas también coincidieron con la disminución de los impuestos a los más ricos con lo que la distribución de la renta y riqueza en Estados Unidos empeoró, y la concentración de riqueza en unos pocos adquirió cotas históricas. Estas proposiciones se dieron también en la mayor parte de los países europeo, aunque con grados diferentes, lo que supuso a su vez tendencias crecientes hacia una mayor desigualdad. Este cambio en las políticas fiscales que supuso una ruptura con el modelo de posguerra, también vino acompañado de una oleada de privatizaciones de empresas y servicios públicos.
De lo que sucedió en los años finales del siglo XX, se deduce que identificar al déficit público con la izquierda, y al equilibrio presupuestario con la derecha, es una enorme simplificación, pues han sido los gobiernos más reaccionarios que ha tenido Estados Unidos en los últimos tiempos, Reagan y los dos Bush, los que han expandido más el déficit público. Por el contrario, fue un Gobierno demócrata el que lo combatió, además con éxito. En Europa los partidos socialdemócratas han asumido, a veces con el entusiasmo de los conversos, la estabilidad presupuestaria impuesta por Maastricht. Si bien es cierto que es el pensamiento más neoliberal en economía y más conservador el que defiende con más ardor el equilibrio presupuestario, y que trata de imponer a todos los países del mundo como la única política económica posible.
Los hechos, sin embargo, como hemos visto, difieren de lo que los planteamientos teóricos dominantes han formulado en estos últimos tiempos. Aunque en el caso de Estados Unidos la política fiscal expansiva ha tenido un claro objetivo geostratégico y ha beneficiado fundamentalmente al complejo militar-industrial, mientras que se reducían escandalosamente impuestos a los ricos y se recortaban gastos sociales. También este país ha podido tener elevados déficit públicos sustentados en la hegemonía que tiene su moneda el dólar en la economía mundial. Tanto la expansión internacional de sus empresas, como los gastos militares en el exterior, han sido posibles por el papel que desempeña el dólar en el sistema monetario internacional.
El debate sobre el déficit o el superávit en abstracto no tiene sentido si no lo encuadramos en el papel que el sector público debe desempeñar en la economía contemplado desde una posición de izquierdas. Así, es importante, en primer lugar señalar lo fundamental que resulta la dimensión de este sector público y el porcentaje que representa en el Producto Interior Bruto. La izquierda debe apostar por un sector público con una importancia grande en la actividad económica. Esto es una condición necesaria para que se puedan llevar a cabo las prioridades que, las formaciones que representan este ideario, deberían tener: corregir los innumerables fallos del mercado y crear las condiciones para fomentar modelos socialmente deseables, esto es, avanzar en el desarrollo sostenible, en mejoras en la distribución de la renta y la riqueza, así como en la igualdad de género y en los derechos y oportunidades.
Todas estas prioridades suponen la existencia de un sistema fiscal progresivo sobre la renta, y la riqueza, así como el combate decidido en la lucha contra el fraude fiscal. Pero también es importante el gasto, cuales son los fines que se pretenden conseguir, pues no es lo mismo que se destinen cuantiosos recursos a los gastos militares que a las políticas sociales. Por esto es por lo que más allá de debatir las excelencias del déficit o superávit, lo importante es saber qué es lo que se encuentra detrás de esas cifras, tanto si se refiere a los ingresos como los gastos.
En todo caso, hay que señalar que si bien no resulta conveniente tener un déficit público elevado y prolongado en el tiempo, pues ello tiene sus costes, hay momentos en que la existencia de un déficit se encuentra más que justificado. Esos momentos son precisamente los que estamos pasando de recesión económica. El déficit es un instrumento básico de la política económica para reanimar a una economía enferma y sobre todo para mantener gastos sociales, cuyo fin primordial consista en evitar que los costes que toda crisis trae consigo recaigan de una manera muy fuerte sobre los grupos más vulnerables, o los que han sido golpeados por la baja de la actividad económica. Al tiempo que resulta indispensable mantener los gastos en educación e investigación.
En suma, que hay que cuestionar las ideas que pretenden dejar a los gobiernos sin armas con las que luchar contra la crisis y a favor de los más desfavorecidos. La política fiscal y el manejo del déficit es una de ellas. Conviene recordar que economistas prestigiosos defienden la necesidad del déficit público en fases de recesión, como es el caso de Krugman y Stiglitz. El argumento que mantienen para defender sus tesis es muy evidente: el problema principal no es el déficit público, sino el desempleo y la baja actividad económica. Resulta curioso, pero si desempolvamos la hemeroteca, podemos encontrar un artículo en “ Le Monde” en los años noventa de Olivier Blanchard, actualmente economista jefe del FMI, y profesor en el MIT, que venía a decir lo mismo aproximadamente, que estos dos Nobel de la economía: en épocas de recesión de lo que hay que preocuparse no es del déficit, sino del empleo. El déficit se irá corrigiendo con el paso del tiempo y cuando venga la recuperación económica.