CRISIS ECONÓMICA Y EDUCACIÓN: HABLA ELVIRA S. LLOPIS

La Fundación 1 de mayo acaba de publicar el Observatorio Social de la Educación número 5, en el que Elvira S. Llopis, Directora del área de políticas públicas, políticas sociales y Estado del Bienestar y vicepresidenta de la Fundación 1º de Mayo, escribe un muy interesante artículo que lleva por título “Cifras y Letras”, en el que aborda las claves que explican la influencia de la crisis económica sobre la educación y la propia crisis de la enseñanza como servicio público como política frente a la crisis. A continuación se publica un amplio extracto del mismo, cuyo texto original (y completo) puede consultarse en http://www.1mayo.ccoo.es/ . (En la foto, la autora contrasta sus opiniones con el profesor Aparicio, que las comparte plenamente)  

CIFRAS Y LETRAS

Elvira S. Llopis

La educación es uno de los indicadores internacionales de desarrollo humano. Es condición de ciudadanía y de democracia efectiva, en la medida en que la educación debe ser conocimiento crítico, conocimiento competencial y no solamente, con ser esto sumamente importante, adquisición de destrezas y adecuación estricta a las demandas del mercado de trabajo.

De ahí que sea tan importante, en el debate educativo, dejar sentado qué queremos de la educación (factor de reproducción o de cambio social) y sólo en función de esa misión, de esa finalidad última, será posible determinar qué hay que entender por calidad educativa (equidad o excelencia), cómo concebir su financiación (gasto o inversión; estabilidad presupuestaria o déficit razonable; reforma de la fiscalidad o recortes en los servicios públicos), qué agentes deben jugar en esa financiación (gasto público o gasto privado), quienes son responsables de garantizar esa función (empresas privadas o servicios públicos), y bajo qué condiciones (creación de centros educativos, dotaciones de los centros en términos de recursos materiales y también de recursos humanos, condiciones de trabajo del profesorado y demás profesionales de la educación). Con sus luces y sus sombras, la educación en España, tal y como la concibe el texto de la Constitución Española, debe ser interpretada como un factor de cambio social.

Sin embargo, algo ha estado fallando en los últimos años para la educación jugara bien su papel, porque la población en edad de trabajar que cuenta con estudios superiores es sólo ligeramente superior a la media de la OCDE (1 punto porcentual); pero el 50 por ciento de esta población cuenta con estudios inferiores a educación Secundaria de Segunda etapa, lo que supone 18 puntos más que la media OCDE. En el caso de quienes cuentan con un nivel educativo igual o equivalente a la educación Secundaria de Segunda etapa, España mantiene un diferencial negativo de 20 puntos con respecto a dicha media. A todas luces se trata de lo que cabría considerar una auténtica “anomalía educativa” en España con relación a los países más desarrollados.Efectivamente, algo ha fallado; y no ha sido el sistema educativo.

El tan manoseado informe PISA viene sosteniendo desde hace ya mucho tiempo que “el propio rendimiento está influido por las circunstancias en las que se desarrollan los aprendizajes, los condicionantes de partida, los entornos sociales, económicos y culturales de alumnos y centros educativos.” Con relación a éstos últimos, los centros educativos, sigue afirmando dicho informe que, “la variación del rendimiento de los alumnos puede deberse a diversas causas que tienen que ver con los factores propios de cada sistema educativo; entre ellas, los recursos humanos, materiales y financieros puestos a disposición de los centros , los procesos educativos derivados de las diferentes formas de organizar los centros y las enseñanzas dentro de ellos, de los funcionamientos de los equipos docentes o del trabajo en las aulas”.Ambas afirmaciones nos permiten explicar, al menos en parte, esa anomalía educativa a la que aludíamos.

A nuestro entender, parte de las causas de este elevadísimo abandono educativo temprano hay que buscarlas en el mercado de trabajo, y desde una doble perspectiva, además: de un lado, porque el sistema productivo que ha venido desarrollándose hasta ahora, que se ha caracterizado por una excesiva concentración de sectores con mano de obra intensiva y puestos de trabajo de muy baja cualificación, han incentivado o, al menos, inducido, ese abandono temprano de la educación y la formación, en la medida en que no eran necesarios requerimientos formativos para el desempeño de los puestos de trabajo ofertados.A ello hay que añadir el elevado porcentaje de subempleo que ha venido protagonizando el mercado de trabajo en nuestro país, y que, además se ha intensificado en los últimos años, que no hace sino desincentivar el esfuerzo educativo que las personas hacen y que, al menos en parte, está condicionado a las expectativas de desempeñar determinados puestos de trabajo.

De otro lado, porque la existencia e intensificación de un mercado de trabajo muy inestable, con bajos salarios, alta temporalidad y alta precariedad ha hecho también muy inestables y precarios los ingresos familiares, y por consiguiente, muchas familias no han podido sostener el coste de oportunidad que suponía que sus miembros más jóvenes continuaran sus estudios en lugar de incorporarse al mercado de trabajo y aportar así sus ingresos. No de otro modo se puede entender el hecho de que las tasas de actividad de la población en función de su nivel de estudios se mantengan relativamente estables cuando se empezaron a dejar sentir los primeros efectos de la crisis excepto entre quienes contaban con estudios “inespecíficos” desde el punto de vista de su inserción laboral, como son educación Secundaria Primera etapa y Bachillerato. Siendo así, el principal reto que tiene la educación en nuestro país es reducir el fracaso escolar y el abandono educativo temprano, prestando especial atención a la detección precoz de las dificultades de aprendizaje y mejorando la atención a la diversidad en la educación primaria y secundaria obligatoria. Un reto que, a poco que se piense en él con seriedad, no puede ser abordado desde la escasez de recursos públicos, tanto menos cuanto que el sistema educativo español es unos de los que presenta mayores cotas de equidad, muy próximas a las del país desarrollado más equitativo en materia de educación, que es Finlandia, y, además, la capacidad del sistema educativo español para contrarrestar el efecto del estatus social, económico y cultural del alumnado es mayor en los niveles socioeconómicos más desfavorecidos y menor en los niveles más favorecidos.

En estos días en que la reforma de la Constitución se pretende abordar desde una actitud inequívocamente antidemocrática, que rompe el pacto constituyente, sería bueno recordar que los artículos 1.1 y 9.2 del texto constitucional obligan a los poderes públicos a una labor permanente de eliminación de las situaciones de desigualdad económica, social y cultural que dividen y fragmentan a la ciudadanía de un país, y que, para ello, y también según el propio texto constitucional, la educación juega un papel fundamental (art. 27 CE).

Sin embargo, las medidas que se han ido perfilando como respuesta a la crisis económica y, aún más, como pretendidos elementos estratégicos para salir de ella con una cierta solvencia y sostenibilidad, apuntan a lo que en palabras de Antonio Baylos y Antonio Lettieri, podríamos caracterizar como un uso antisocial de la crisis económica que se inclina por una política fiscal restrictiva que consiga un recorte del déficit y haga volver a las economías europeas a los parámetros de Maastricht, a la par que reverdecen, estos sí, los argumentos y discursos del más neto corte neoliberal.

Cuando en 2010 la Comisión Europea señaló la necesidad de cumplir el límite de los déficit públicos a menos del 3 por ciento del PIB de acuerdo con el Pacto de Estabilidad, el Gobierno protagonizó un dramático giro conservador, patente en el diseño del denominado “Plan de Austeridad 2010-2013” y en el que se preveía un recorte de 50.000 millones de euros hacia políticas de ajuste y la retirada de las políticas de estímulo económico adoptadas en los años anteriores. Este recorte afectó directa y drásticamente a los servicios públicos (en un primer momento, básicamente, a la los servicios de atención a las personas en situación de dependencia, que se vieron paralizados en su todavía muy incipiente implantación), al empleo público, que ya venía arrastrando una tasa de reposición de tan sólo el 30 por ciento) y a los salarios de trabajadores y trabajadoras públicos que experimentaron la reducción del 5 por ciento de los salarios (reducción que podía llegar hasta el 12 por ciento en función de los distintos tramos salariales, y que llevó a la convocatoria de una huelga sectorial el 8 de Junio).

De este modo, y aunque arrastramos un déficit histórico en materia de gasto público que se deja sentir también en educación, el esfuerzo que se realizó durante los años 80 y la primera mitad de los 90, ha dejado paso a una auténtica “desinversión” educativa que se ha dejado sentir en todos los tramos educativos (también en la enseñanza universitaria, que está experimentando unos recortes presupuestarios brutales justo cuando deberían haber visto incrementados sus presupuestos para hacer frente a los retos de la implantación del modelo Bolonia), y que se ha cebado en uno de los factores más determinantes de su calidad, que es el profesorado.

Un profesorado que han visto como “los salarios de los profesores han crecido en términos reales entre 1996 y 2008 en casi todos los países y en casi todos los niveles educativos, salvo en España que han descendido 6 puntos para los profesores de E. Primaria y 7 puntos para los de E. Secundaria [a pesar de que] en horas netas de clase, el profesorado español supera en los tres niveles descritos al profesorado de la Unión Europea y también al de la OCDE”.

En las mismas fechas el Gobierno, desoyendo, menospreciando y ninguneando el papel que el diálogo social (y por tanto, los agentes sociales, que desde los inicios de la crisis propusieron un Pacto Social para abordarla) acomete su Reforma Laboral, que fue contestada por el sindicalismo de clase con la Huelga General del 29 de septiembre.

Es importante traer aquí esas coincidencias en el tiempo porque, a su calor, comenzó a articularse un discurso hacia la función pública que se ha ido intensificando paulatinamente. Un discurso por el que se generaba una brecha entre quienes trabajan para las distintas administraciones públicas y quienes lo hacen para la empresa privada, y que encontraba su punto de fisura en el supuesto estatus privilegiado de trabajadores y trabajadoras públicos, derivado de contar con un empleo estable (no es cierto: en las administraciones públicas existe un porcentaje de temporalidad del 26,2 por ciento, lo que supone que una de cada cuatro personas asalariadas en el sector público no tiene empleo estable, algo que sabe muy bien el profesorado interino que no va a tener trabajo este curso), en momentos en que el paro ya era muy elevado, en un gran número de casos, de larga duración, y a las puertas de un cambio legislativo que supone una mayor facilidad para el despido.

Esa primera “criminalización” de los trabajadores y trabajadoras públicos, que debían ser solidarios desde su “privilegiada” situación laboral, sería usada por la derecha para avalar la decisión de incrementar el horario lectivo del profesorado. “20 horas son, en general, menos de las que trabajan el resto de los madrileños”. Esperanza Aguirre ha hablado.

El drástico recorte del gasto público se materializó en la reducción de los Presupuestos Generales del Estado para 2011 de 35.602,77 millones de euros o, en términos porcentuales, del 10 por ciento (conviene recordar, además, que los PGE de 2010 experimentaron una congelación con relación a los del año anterior). Es difícil concebir mejor caldo de cultivo para que la derecha ultraliberal, crecida con los resultados de las elecciones autonómicas de mayo, no arremetiera con fuerza contra la educación pública que, como es sabido, es una de las competencias transferidas a los gobiernos autonómicos.Porque, además, allí donde habían podido (véase el caso de la Comunidad de Madrid), llevaban años haciendo los deberes. Y haciéndolos a conciencia. Esa paladín de la libertad (de los mercados) que es Esperanza Aguirre lleva años socavando los servicios públicos, significativamente la sanidad pública y la educación pública.

Y es que Esperanza Aguirre tiene un plan.

Propone Esperanza Aguirre que se pague por la educación no obligatoria, es decir, por el bachillerato, la formación profesional y la enseñanza universitaria.La mano de obra descualificada al máximo es, por definición, carne de cañón para empresas que sólo apuestan por la ganancia cortoplacista y vulnerable. España es el país con menor densidad en titulaciones de grado medio (formación profesional y bachiller) de toda la UE-17. Pero no importa. Esperanza Aguirre tiene un plan.  Si hay que pagar en la enseñanza pública, ¿por qué no ir a la privada? Tanto más cuanto que (segundo paso) tal vez se podría desgravar el pago de la privada hasta hacerla realmente más barata que la pública.Lo llevamos oyendo desde hace años en la sanidad pública madrileña; mejor dicho: lo estamos viendo (si algo no tiene Esperanza Aguirre es imaginación). Pues se aplica el mismo patrón a la enseñanza.

El mecanismo ha sido sencillo: Primer paso: regalos fiscales que suponen menores ingresos en las arcas públicas, fijación enfermiza con el déficit cero en los Presupuestos Regionales, por tanto disminución del gasto público en la provisión de servicios. Segundo paso: A menores recursos, mayor necesidad de eficacia y eficiencia en el gasto público (¿quién lo pondría en duda?); luego necesidad de gestión privada, siempre más eficaz y eficiente que la pública. Evidentemente, una cosa no se sigue de la otra por dos razones. En primer lugar porque está por demostrar que la gestión privada sea más eficaz ni más eficiente que la pública salvo, claro está, a costa de reducir costes o, dicho de otra manera, de reducir plantillas o de rebajar salarios, o de incrementar la carga laboral, o de disminuir las prestaciones (en su cantidad o en su cobertura), o de devaluarlas, o de las cinco cosas a la vez. En segundo lugar, porque de ser cierto que la gestión pública es menos eficaz, en manos de los gobiernos está el que no sea así. Hágase.

Tercer paso: Establecimiento de mecanismos diversos para sostener con fondos públicos la provisión privada de servicios públicos. Aquí entran los conciertos con las clínicas privadas, los nuevos modelos hospitalarios y, por supuesto, los conciertos con la enseñanza privada. Como estos mecanismos, en general, implican la compra de un servicio, una vez realizada la transacción, las condiciones de prestación del servicio en cuestión son opacas a la ciudadanía. En ocasiones, auténticos agujeros negros. En enseñanza sabemos algunas cosas: segregación por sexo en las aulas, resistencia a la escolarización de alumnado inmigrante, actividades complementarias de carácter aparentemente voluntario pero realmente obligatorio (que se cobran, naturalmente, a las familias), presencia (¿o intrusión?) de la Iglesia (católica, por supuesto)

Cuarto paso: (previsión) Lo que Vicenç Navarro denomina “Estado Social de baja intensidad” o, si se prefiere, porque es más breve, estado asistencial. Consecuencias: dualización, fragmentación social, pérdida de universalidad, pérdida de equidad, merma en la igualdad de oportunidades, invasión del criterio mercantil en lo político.

Y pérdida de derechos.

Pérdida de derechos para los colectivos más vulnerables, para la gran mayoría de la población; pérdida en el contenido real del propio concepto de ciudadanía. Pérdida en el modelo de sociedad que hemos conquistado, que queremos mantener, que tenemos que defender, como lo están haciendo quienes participan de las movilizaciones contra los recortes en educación en estos días, que no sólo defienden (lo que sería loable) sus condiciones laborales; defienden un modelo de escuela, un modelo de educación, un modelo de sociedad.