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La huelga
general del 11 de noviembre va a abrir un amplio debate entre la clase
trabajadora organizada y los movimientos sociales sobre la vivienda, los
salarios, los beneficios empresariales exorbitantes, la subida de los precios y
el encarecimiento del coste de la vida, pero también de los recursos que las
familias tienen que destinar para educación, sanidad o dependencia que no están
cubiertos por los servicios públicos, en muchas Comunidades Autónomas
infrafinanciados y decididamente destinados a su deterioro. Se inscribe además
en un movimiento generalizado de protestas y manifestaciones que ya han
comenzado en Francia y en Italia pero que se van a seguir proyectando en un
otoño caliente en Bélgica, Portugal y de nuevo Italia. El bloqueo de la
negociación colectiva que en España ha promovido la CEOE, alineada plenamente
con la propuesta política y el marco del discurso de la derecha representada
por el PP, ya se ha manifestado en un incremento muy amplio de la conflictividad
laboral desde el otoño del 2025 a la actualidad que muy pocos medios de
comunicación han destacado (salvo, como de costumbre, Sin Permiso, muy
atento a la realidad del conflicto de clases en estos momentos políticos. Cfr. G.
Buster, “El 11N en el otoño caliente del 2026”, https://www.sinpermiso.info/textos/el-11n-en-el-contexto-del-otono-caliente-del-26 ). De alguna manera la huelga del 11N pretende romper una
tendencia regresiva de las nuevas derechas y tiene su correlato final en las
elecciones del 29N, una especie de referéndum sobre la aceptación del paradigma
político y social del neofascismo. En
esta entrada sin embargo, se pretende simplemente ofrecer algunas reflexiones
jurídico-laborales sobre el desarrollo de la huelga y la previsible respuesta
anticolectiva por parte de poderes públicos y empresas privadas.
En efecto, la huelga general ha
sido continuamente atacada por el empresariado señalando su carácter ilegal por
tratarse de una huelga política, argumentación claramente incorrecta que se ha
abandonado al comprobar su falacia. Ello no ha impedido que algunos sindicatos
como la CSIF basaran sus motivos de oposición a una huelga en defensa de
mayores salarios, derecho a la vivienda y control de los precios, que se
trataba de una “huelga política” cuyos objetivos rechazaba. Toda una lección de
lo que significa la misión sindical de la defensa de los intereses de las
personas trabajadoras para algunas organizaciones sindicales. Posteriormente,
tanto la CEOE como sus aliados políticos PP y VOX han utilizado el accidente de
tren de Urda (Toledo) como motivo para desconvocar la acción colectiva,
utilizando asi sin rubor los muertos y heridos del siniestro como elemento
emocional que lograra desmontar una huelga que defiende derechos básicos de los
trabajadores. Es decir, la convocatoria de huelga se percibe como un peligro
para los intereses empresariales y de las formaciones políticas de derechas por
su carácter claramente disruptivo en un marco de discusión en el que el “todo
se degrada” y la “dictadura sanchista” son los mensajes más relevantes.
Ahora es el momento en el que
empresarios y poderes públicos intentaran utilizar todos los medios a su
alcance para impedir, obstaculizar o vaciar de contenido el ejercicio concreto
del derecho de huelga. He aquí algunas de las vías que van a utilizar y frente
a las que conviene reaccionar de inmediato.
El empleo de medios
tecnológicos como medida anti huelga
Una primera aproximación a estos
intentos se puede dar a través del recurso a la gestión algorítmica de personal
como medida anti huelga. Según la reciente doctrina constitucional – la muy
importante STC 24/2026 - el derecho de huelga
“impone al empresario el deber de abstención de acometer actos que
reduzcan la eficacia del ejercicio del derecho y, además, actúa como límite de
otros derechos o intereses en las controversias interpretativas que pueden
derivar de su coexistencia con la libertad de empresa (art. 38 CE) o el derecho
al trabajo (art. 35 CE)” Por eso la conducta de la empresa supuso un uso
abusivo de su potestad organizativa, porque “además de alterar los equilibrios
ponderados como necesarios entre el ejercicio de derecho de huelga y la
cobertura mínima del servicio público de transporte interurbano, disminuyó de
manera muy relevante las consecuencias que el paro laboral producía en los
usuarios del servicio, así como su impacto, su repercusión social y su
proyección de seguimiento ante la opinión pública, afectando directamente al
contenido esencial del derecho de huelga”.
El poder privado de dirección y
organización de los recursos de la empresa, reforzado por la introducción de
tecnologías de la información y comunicación y de la gestión algorítmica del
personal, no pueden dirigirse a reducir o minimizar la efectividad de la medida
de presión mediante el mantenimiento de la actividad productiva o la
continuidad del servicio
Esto se concreta en lo siguiente:
Está estrictamente prohibido al empresario la utilización de medios no
habituales o incorporados de manera expresa por la empresa para reducir la
incidencia de la medida de presión, o si se produce una alteración sustancial,
incluso con los medios técnicos habituales, del proceso productivo en esa misma
dirección, y a partir de este momento, mediante el uso de los medios técnicos
habituales, incluso con pequeñas correcciones o ajustes, o a través de la
reprogramación de estos con la finalidad de minimizar el impacto de la huelga.
Por otra parte, la presión de la
huelga no se limita a la paralización o disminución de la producción de bienes
y de servicios, sino también a “lograr un impacto mediático”, una “proyección
externa” a la empresa. Reducir el impacto público de la huelga y buscar la
desactivación de las consecuencias y la repercusión de la huelga convocada, son
asimismo conductas que vulneran el derecho de huelga. “La apariencia de
normalidad del servicio, al impedir la exteriorización y repercusión apreciable
de los efectos de la huelga, sustrae su virtualidad como medio de presión”.
Si se produjeran estas maniobras,
el sindicato y las personas trabajadoras de la empresa o del centro de trabajo
deben denunciar estos comportamientos ante la Inspección de Trabajo como
constitutivos de infracción muy grave del ordenamiento laboral.
La imposición de servicios
mínimos abusivos
El segundo espacio en el que se
va a mover la restricción del derecho de huelga va a ser el de los servicios
esenciales y la imposición de servicios mínimos. Hay una tendencia muy
acentuada a considerar en una convocatoria de huelga general que prácticamente
cualquier actividad pública o privada es susceptible de ser considerada
servicio esencial, desde luego todas las referidas a servicios de interés
general y ello pese a una doctrina constitucional que posibilita una mayor
contención en la determinación de esa cláusula abierta de la esencialidad del
servicio.
Otra práctica también cuestionada
por inconstitucional en una reciente sentencia – la STC 62/2026 – es la que
contempla la fijación de servicios mínimos por la autoridad gubernativa de
manera genérica, dejando a la empresa la concreción de un “complemento técnico”
para la determinación de las perdonas que van a cumplir estos servicios
mínimos. Se trata de una delegación muy amplia del poder público en la
dirección de la empresa, permitiendo una disponibilidad casi plena e
indeterminada de la organización de la plantilla de los trabajadores que han de
prestar servicio durante la huelga que ) incumple el principio de neutralidad e
imparcialidad que requiere el procedimiento de imposición d servicios mínimos
del art. 10.2 DLRT por las razones anteriores y en línea con el carácter
restrictivo que debe acordarse a la intervención de la empresa, que no puede
determinar con sus decisiones el alcance o la intensidad de la huelga. “Los
criterios de fijación de servicios mínimos han de sr lo suficientemente
concretos como para que pueda decirse que los servicios han sido establecidos
por la administración y no por la empresa, en el que no se puede delegar su
fijación”
En principio, el tiempo de
impugnar los servicios mínimos ya debe haberse consumido y no ha sido comentado
en la prensa las posibles impugnaciones de las decisiones administrativas de
las diferentes administraciones, en especial la de las Comunidades Autónomas.
Cabría haber efectuado una petición de suspensión cautelar de los mínimos
impuestos ante la jurisdicción contenciosa (con la posible sustitución de los mínimos
impuestos por otros fijados por el órgano judicial), y, en segundo lugar , una
específica sobre la designación de los trabajadores y de las trabajadoras para
desempeñar los servicios mínimos, esta vez conforme a la jurisdicción social también
en régimen de urgencia. Pero e todo caso, esta técnica posibilita en la
práctica la virtual supresión de la eficacia del derecho de huelga al
establecer en todo caso una continuidad del servicio que, si no es pactado con
los sindicatos convocantes, resulta normalmente exorbitante y abusivo.
Derecho de resistencia y
estado de necesidad
El caso es que algunos sindicatos
han denunciado la negativa de las autoridades de gobierno autonómicas a abrir
negociaciones con los sindicatos convocantes para la fijación de las prestaciones
indispensables en caso de huelga. Las noticias que llegan de las comunicaciones
de las empresas a los órganos representativos d ellos trabajadores son especialmente
alarmantes. Es muy común que se prescriba la asistencia al trabajo como
personal requisado para la realización del servicio mínimo a un porcentaje de personas
mayor que el que en situaciones de normalidad atienden el servicio de que se
trate. También que se exija la presencia de personas que están en una situación
de jornada reducida por cuidados familiares, o que sean representantes de los
trabajadores o que se encuentren de baja por enfermedad. En otras ocasiones, el
porcentaje de personal que es llamado al cumplimiento de esta actividad se
concreta en una cantidad tal de personas a la que se impone trabajar, privándolas
del derecho de huelga, que son excepción quienes pueden sumarse a esta acción
colectiva, puesto que son una minoría insignificante (el 10 o el 15% de la
plantilla)
La privación o la vulneración del
derecho de huelga produce un efecto inmediato en la amputación del derecho al
impedir su ejercicio a las personas que han sido designadas para cumplir el
servicio mínimo en razón de la restricción en el ejercicio del derecho al que
habilita la norma de aplicación del art. 10.2 del Decreto -Ley de Relaciones de Trabajo (DLRT). En estos
casos por consiguiente no cabe hacer uso de la garantía judicial del derecho,
cuya satisfacción es difícil por lo actual e inmediato de la vulneración del
derecho fundamental.
Es por tanto posible acudir a un
momento de autorregulación para preservar de forma directa por el sujeto
colectivo el ejercicio del derecho. Aunque la jurisprudencia no se ha
pronunciado sobre este asunto, es perfectamente posible – y convniente – que la
imposición de servicios mínimos abusivos se conteste por los sindicatos
convocantes por el rechazo o la negativa a cumplir el mandato de la autoridad
gubernativa, luego puesta en práctica por la empresa, que de manera notoria
suponen una vulneración del ejercicio del derecho.
Frente a la respuesta clásica que
se da a esta cuestión, aun vacilante, entre el derogado art. 16 DLRT, que por
tanto preveía la sanción de despido para todas las personas que hubieran
desobedecido el acto de imposición de un mínimo de actividad, y la remisión a
la doctrina gradualista que solo podría castigar con el despido a los
participantes “activos” en la propuesta de rehusar el cumplimiento de la continuidad
de la actividad que se le había asignado. La solución actual tiene sin embargo
que centrarse en la doctrina del propio Tribunal Constitucional y en la
utilización de instrumentos generales de interpretación, como es el recurso al
estado de necesidad. Esta fue la doctrina que se apreció por el Tc – y luego
por algunas sentencias del TS – en el sentido de entender que el incumplimiento
de requisitos formales como el de la notificación del preaviso, podía
excepcionarse ante una situación de necesidad, en la que los derechos
fundamentales de los trabajadores aparecen directamente afectados y puestos en
peligro – o directamente vulnerados- por un comportamiento empresarial - de
manera que una reacción mediante la huelga ante esta afectación grave de un
derecho fundamental es perfectamente lícita y desarma la pretensión de la
empresa de sancionar a los huelguistas por no haber mantenido el total de
servicios mínimos. La conclusión es que la negativa a llevar a cabo servicios
mínimos abusivos o contrarios a la doctrina constitucional no puede ser
considerada una falta sancionable al tratarse de una decisión motivada por el
estado de necesidad.
Manifestación y piqueres
La jornada del día 11 de
noviembre concluirá con una manifestación que se prevé amplia y nutrida, como
resultado de una alta participación de personas en la huelga general convocada.
Pero antes, durante los momentos durante los cuales se ejercita el derecho de
huelga, es el momento de la actuación de los piquetes de huelga, una manifestación
directa del ejercicio del derecho de huelga del art. 28.2 CE como tiene declarado el TC, y que por tanto
deben ser protegidos y no hostigados por las fuerzas de orden publico. Previsiblemente
sin embargo, la policía intentará intervenir sobre los piquetes, provocando
incidentes de orden público y detenciones que los sindicatos deberán acompañar
y reconducir al plano de la defensa jurídica. Hay que estar atentos porque la alta
participación de jóvenes que se prevé no conoce las pautas tradicionales de la
actuación de los piquetes y es muy posible que sean ellos sobre los que se cebe
la represión policial.
En todo caso, la huelga general del
11 de noviembre va a constituir una seria llamada a que el sindicalismo active
de forma permanente su capacidad de respuesta y de intimidación y se coloque
directamente en una perspectiva de futuro como la advertencia a quienes quieren
sustituir al gobierno progresista por un conglomerado revanchista decidido a llevar
adelante una política de desregulación laboral, antisindical y de recorte del
gasto público y los servicios pública.
