ALGUNAS SUGERENCIAS JURIDICAS PARA LA HUELGA GENERAL DEL 11 DE NOVIEMBRE

 

La huelga general del 11 de noviembre va a abrir un amplio debate entre la clase trabajadora organizada y los movimientos sociales sobre la vivienda, los salarios, los beneficios empresariales exorbitantes, la subida de los precios y el encarecimiento del coste de la vida, pero también de los recursos que las familias tienen que destinar para educación, sanidad o dependencia que no están cubiertos por los servicios públicos, en muchas Comunidades Autónomas infrafinanciados y decididamente destinados a su deterioro. Se inscribe además en un movimiento generalizado de protestas y manifestaciones que ya han comenzado en Francia y en Italia pero que se van a seguir proyectando en un otoño caliente en Bélgica, Portugal y de nuevo Italia. El bloqueo de la negociación colectiva que en España ha promovido la CEOE, alineada plenamente con la propuesta política y el marco del discurso de la derecha representada por el PP, ya se ha manifestado en un incremento muy amplio de la conflictividad laboral desde el otoño del 2025 a la actualidad que muy pocos medios de comunicación han destacado (salvo, como de costumbre, Sin Permiso, muy atento a la realidad del conflicto de clases en estos momentos políticos. Cfr. G. Buster, “El 11N en el otoño caliente del 2026”, https://www.sinpermiso.info/textos/el-11n-en-el-contexto-del-otono-caliente-del-26 ). De alguna manera la huelga del 11N pretende romper una tendencia regresiva de las nuevas derechas y tiene su correlato final en las elecciones del 29N, una especie de referéndum sobre la aceptación del paradigma político y social del neofascismo.  En esta entrada sin embargo, se pretende simplemente ofrecer algunas reflexiones jurídico-laborales sobre el desarrollo de la huelga y la previsible respuesta anticolectiva por parte de poderes públicos y empresas privadas.

En efecto, la huelga general ha sido continuamente atacada por el empresariado señalando su carácter ilegal por tratarse de una huelga política, argumentación claramente incorrecta que se ha abandonado al comprobar su falacia. Ello no ha impedido que algunos sindicatos como la CSIF basaran sus motivos de oposición a una huelga en defensa de mayores salarios, derecho a la vivienda y control de los precios, que se trataba de una “huelga política” cuyos objetivos rechazaba. Toda una lección de lo que significa la misión sindical de la defensa de los intereses de las personas trabajadoras para algunas organizaciones sindicales. Posteriormente, tanto la CEOE como sus aliados políticos PP y VOX han utilizado el accidente de tren de Urda (Toledo) como motivo para desconvocar la acción colectiva, utilizando asi sin rubor los muertos y heridos del siniestro como elemento emocional que lograra desmontar una huelga que defiende derechos básicos de los trabajadores. Es decir, la convocatoria de huelga se percibe como un peligro para los intereses empresariales y de las formaciones políticas de derechas por su carácter claramente disruptivo en un marco de discusión en el que el “todo se degrada” y la “dictadura sanchista” son los mensajes más relevantes.

Ahora es el momento en el que empresarios y poderes públicos intentaran utilizar todos los medios a su alcance para impedir, obstaculizar o vaciar de contenido el ejercicio concreto del derecho de huelga. He aquí algunas de las vías que van a utilizar y frente a las que conviene reaccionar de inmediato.

El empleo de medios tecnológicos como medida anti huelga

Una primera aproximación a estos intentos se puede dar a través del recurso a la gestión algorítmica de personal como medida anti huelga. Según la reciente doctrina constitucional – la muy importante STC 24/2026 - el derecho de huelga  “impone al empresario el deber de abstención de acometer actos que reduzcan la eficacia del ejercicio del derecho y, además, actúa como límite de otros derechos o intereses en las controversias interpretativas que pueden derivar de su coexistencia con la libertad de empresa (art. 38 CE) o el derecho al trabajo (art. 35 CE)” Por eso la conducta de la empresa supuso un uso abusivo de su potestad organizativa, porque “además de alterar los equilibrios ponderados como necesarios entre el ejercicio de derecho de huelga y la cobertura mínima del servicio público de transporte interurbano, disminuyó de manera muy relevante las consecuencias que el paro laboral producía en los usuarios del servicio, así como su impacto, su repercusión social y su proyección de seguimiento ante la opinión pública, afectando directamente al contenido esencial del derecho de huelga”.

El poder privado de dirección y organización de los recursos de la empresa, reforzado por la introducción de tecnologías de la información y comunicación y de la gestión algorítmica del personal, no pueden dirigirse a reducir o minimizar la efectividad de la medida de presión mediante el mantenimiento de la actividad productiva o la continuidad del servicio

Esto se concreta en lo siguiente: Está estrictamente prohibido al empresario la utilización de medios no habituales o incorporados de manera expresa por la empresa para reducir la incidencia de la medida de presión, o si se produce una alteración sustancial, incluso con los medios técnicos habituales, del proceso productivo en esa misma dirección, y a partir de este momento, mediante el uso de los medios técnicos habituales, incluso con pequeñas correcciones o ajustes, o a través de la reprogramación de estos con la finalidad de minimizar el impacto de la huelga.

Por otra parte, la presión de la huelga no se limita a la paralización o disminución de la producción de bienes y de servicios, sino también a “lograr un impacto mediático”, una “proyección externa” a la empresa. Reducir el impacto público de la huelga y buscar la desactivación de las consecuencias y la repercusión de la huelga convocada, son asimismo conductas que vulneran el derecho de huelga. “La apariencia de normalidad del servicio, al impedir la exteriorización y repercusión apreciable de los efectos de la huelga, sustrae su virtualidad como medio de presión”.

Si se produjeran estas maniobras, el sindicato y las personas trabajadoras de la empresa o del centro de trabajo deben denunciar estos comportamientos ante la Inspección de Trabajo como constitutivos de infracción muy grave del ordenamiento laboral.

La imposición de servicios mínimos abusivos

El segundo espacio en el que se va a mover la restricción del derecho de huelga va a ser el de los servicios esenciales y la imposición de servicios mínimos. Hay una tendencia muy acentuada a considerar en una convocatoria de huelga general que prácticamente cualquier actividad pública o privada es susceptible de ser considerada servicio esencial, desde luego todas las referidas a servicios de interés general y ello pese a una doctrina constitucional que posibilita una mayor contención en la determinación de esa cláusula abierta de la esencialidad del servicio.

Otra práctica también cuestionada por inconstitucional en una reciente sentencia – la STC 62/2026 – es la que contempla la fijación de servicios mínimos por la autoridad gubernativa de manera genérica, dejando a la empresa la concreción de un “complemento técnico” para la determinación de las perdonas que van a cumplir estos servicios mínimos. Se trata de una delegación muy amplia del poder público en la dirección de la empresa, permitiendo una disponibilidad casi plena e indeterminada de la organización de la plantilla de los trabajadores que han de prestar servicio durante la huelga que ) incumple el principio de neutralidad e imparcialidad que requiere el procedimiento de imposición d servicios mínimos del art. 10.2 DLRT por las razones anteriores y en línea con el carácter restrictivo que debe acordarse a la intervención de la empresa, que no puede determinar con sus decisiones el alcance o la intensidad de la huelga. “Los criterios de fijación de servicios mínimos han de sr lo suficientemente concretos como para que pueda decirse que los servicios han sido establecidos por la administración y no por la empresa, en el que no se puede delegar su fijación”

En principio, el tiempo de impugnar los servicios mínimos ya debe haberse consumido y no ha sido comentado en la prensa las posibles impugnaciones de las decisiones administrativas de las diferentes administraciones, en especial la de las Comunidades Autónomas. Cabría haber efectuado una petición de suspensión cautelar de los mínimos impuestos ante la jurisdicción contenciosa (con la posible sustitución de los mínimos impuestos por otros fijados por el órgano judicial), y, en segundo lugar , una específica sobre la designación de los trabajadores y de las trabajadoras para desempeñar los servicios mínimos, esta vez conforme a la jurisdicción social también en régimen de urgencia. Pero e todo caso, esta técnica posibilita en la práctica la virtual supresión de la eficacia del derecho de huelga al establecer en todo caso una continuidad del servicio que, si no es pactado con los sindicatos convocantes, resulta normalmente exorbitante y abusivo.

Derecho de resistencia y estado de necesidad

El caso es que algunos sindicatos han denunciado la negativa de las autoridades de gobierno autonómicas a abrir negociaciones con los sindicatos convocantes para la fijación de las prestaciones indispensables en caso de huelga. Las noticias que llegan de las comunicaciones de las empresas a los órganos representativos d ellos trabajadores son especialmente alarmantes. Es muy común que se prescriba la asistencia al trabajo como personal requisado para la realización del servicio mínimo a un porcentaje de personas mayor que el que en situaciones de normalidad atienden el servicio de que se trate. También que se exija la presencia de personas que están en una situación de jornada reducida por cuidados familiares, o que sean representantes de los trabajadores o que se encuentren de baja por enfermedad. En otras ocasiones, el porcentaje de personal que es llamado al cumplimiento de esta actividad se concreta en una cantidad tal de personas a la que se impone trabajar, privándolas del derecho de huelga, que son excepción quienes pueden sumarse a esta acción colectiva, puesto que son una minoría insignificante (el 10 o el 15% de la plantilla)

La privación o la vulneración del derecho de huelga produce un efecto inmediato en la amputación del derecho al impedir su ejercicio a las personas que han sido designadas para cumplir el servicio mínimo en razón de la restricción en el ejercicio del derecho al que habilita la norma de aplicación del art. 10.2 del Decreto -Ley  de Relaciones de Trabajo (DLRT). En estos casos por consiguiente no cabe hacer uso de la garantía judicial del derecho, cuya satisfacción es difícil por lo actual e inmediato de la vulneración del derecho fundamental.

Es por tanto posible acudir a un momento de autorregulación para preservar de forma directa por el sujeto colectivo el ejercicio del derecho. Aunque la jurisprudencia no se ha pronunciado sobre este asunto, es perfectamente posible – y convniente – que la imposición de servicios mínimos abusivos se conteste por los sindicatos convocantes por el rechazo o la negativa a cumplir el mandato de la autoridad gubernativa, luego puesta en práctica por la empresa, que de manera notoria suponen una vulneración del ejercicio del derecho.

Frente a la respuesta clásica que se da a esta cuestión, aun vacilante, entre el derogado art. 16 DLRT, que por tanto preveía la sanción de despido para todas las personas que hubieran desobedecido el acto de imposición de un mínimo de actividad, y la remisión a la doctrina gradualista que solo podría castigar con el despido a los participantes “activos” en la propuesta de rehusar el cumplimiento de la continuidad de la actividad que se le había asignado. La solución actual tiene sin embargo que centrarse en la doctrina del propio Tribunal Constitucional y en la utilización de instrumentos generales de interpretación, como es el recurso al estado de necesidad. Esta fue la doctrina que se apreció por el Tc – y luego por algunas sentencias del TS – en el sentido de entender que el incumplimiento de requisitos formales como el de la notificación del preaviso, podía excepcionarse ante una situación de necesidad, en la que los derechos fundamentales de los trabajadores aparecen directamente afectados y puestos en peligro – o directamente vulnerados- por un comportamiento empresarial - de manera que una reacción mediante la huelga ante esta afectación grave de un derecho fundamental es perfectamente lícita y desarma la pretensión de la empresa de sancionar a los huelguistas por no haber mantenido el total de servicios mínimos. La conclusión es que la negativa a llevar a cabo servicios mínimos abusivos o contrarios a la doctrina constitucional no puede ser considerada una falta sancionable al tratarse de una decisión motivada por el estado de necesidad.

Manifestación y piqueres

La jornada del día 11 de noviembre concluirá con una manifestación que se prevé amplia y nutrida, como resultado de una alta participación de personas en la huelga general convocada. Pero antes, durante los momentos durante los cuales se ejercita el derecho de huelga, es el momento de la actuación de los piquetes de huelga, una manifestación directa del ejercicio del derecho de huelga del art. 28.2 CE  como tiene declarado el TC, y que por tanto deben ser protegidos y no hostigados por las fuerzas de orden publico. Previsiblemente sin embargo, la policía intentará intervenir sobre los piquetes, provocando incidentes de orden público y detenciones que los sindicatos deberán acompañar y reconducir al plano de la defensa jurídica. Hay que estar atentos porque la alta participación de jóvenes que se prevé no conoce las pautas tradicionales de la actuación de los piquetes y es muy posible que sean ellos sobre los que se cebe la represión policial.

En todo caso, la huelga general del 11 de noviembre va a constituir una seria llamada a que el sindicalismo active de forma permanente su capacidad de respuesta y de intimidación y se coloque directamente en una perspectiva de futuro como la advertencia a quienes quieren sustituir al gobierno progresista por un conglomerado revanchista decidido a llevar adelante una política de desregulación laboral, antisindical y de recorte del gasto público y los servicios pública.