HISTORIAS DE LA REFORMA LABORAL ( III )

Las reformas laborales y las políticas de empleo siguen siendo el horizonte en el que se desenvuelven algunas historias verídicas que difícilmente gozarán del interés de los medios de comunicación. La existencia concreta de tantas personas a las que afectan de manera negativa los cambios legislativos y la progresiva afirmación del autoritarismo empresarial y la violencia del mercado.

 

1.- Ernesto O., cuarenta años de edad, es conductor de autobús y trabaja para una gran empresa multiservicios a jornada laboral completa, por 1.300 € mensuales. La empresa contrata sus servicios con el ayuntamiento de Calatayud para el transporte de ancianos a residencias de día. A primeros de año, se rescinde la contrata con la empresa para la que trabajaba  y es asumido por otra empresa, también multiservicios, que gana el concurso con el ayuntamiento, la cual  le aplica el art. 41 ET y le modifica directamente las condiciones de trabajo, reduciendo a la mitad su jornada y, naturalmente, su salario, que ahora es “un poco más” del salario mínimo, como le ha dicho el encargado al entregarle el escrito con las nuevas condiciones de trabajo, 650 € mensuales. Como ha habido subrogación entre las empresas contratistas, Ernesto no ha entrado en la situación legal de desempleo y pierde por tanto cualquier derecho a obtener una prestación por desempleo parcial. Su mujer trabaja por horas de asistenta, y obtiene otros 600 € mensuales. No saben cómo afrontar la pérdida de un tercio de sus ingresos, ahora precisamente que estaban a punto de terminar los pagos de la hipoteca de su casa.

La empresa puede reducir de forma drástica salario y jornada, modificando sustancialmente las condiciones de trabajo de este trabajador sin ninguna compensación. Tampoco tiene acceso a prestaciones públicas que por un tiempo pudieran amortiguar la reducción de su sueldo a la mitad. La reforma laboral piensa que se trata de una solución justa, puesto que el trabajador dispone de la mitad de su jornada para poner en juego su empleabilidad en el mercado. Si no lo consigue, será un problema suyo. La modificación de las condiciones de vida, la abrupta reducción de ingresos, no tiene ningún relieve frente al imperativo racional de la contención de costes empresariales. Que, recordemos, es la llave de la creación de empleo para la Ley 3/2012. La empresa ha comunicado a Ernesto que no debe protestar. La alteración unilateral del contrato es no sólo lícita, sino benéfica, porque la decisión podría haber sido más drástica, no subrogarse, despedir  a Ernesto y sustituirle por otro trabajador “subvencionado” para mitigar el desempleo juvenil. Debe por tanto mostrarse agradecido y aceptar, convencido y sumiso, que ha tenido suerte porque conserva su empleo, aunque sea demediado.

2.- El Ayuntamiento de Albacete ha contratado la gestión de los parkings municipales con la empresa LUBASA, una empresa  que se ocupa de la “promoción de inmuebles”, considerando tales  los aparcamientos en Castellón, Valencia, Alicante, Tarragona y Albacete. La empresa, con sede en Valencia, y cuyo nombre salió a la prensa, en junio de 2012, por haber procedido a la  financiación ilegal del PP de Camps en una cantidad  cifrada por la Policía en 110.000 € (http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/13/valencia/1339615354_555603.html), subcontrata con otra los servicios de parquímetros y a su vez ésta lo hace con las personas que lo han de atender, para lo que ha establecido un acuerdo con los centros especiales de empleo, para contratar en estos puestos a personas con discapacidad a las que se les paga el salario mínimo interprofesional.

A comienzos de año, LUBASA cambia de subcontrata y la nueva contratista no se subroga en los contratos de los ocho discapacitados que atienden los parkings del municipio. Despide por tanto a estos trabajadores discapacitados y procede a contratar ocho nuevos trabajadores con discapacidad beneficiándose de las ayudas estatales y de las subvenciones del gobierno regional.

Se despide a ocho discapacitados para contratar de nuevo otros ocho con ayudas públicas, de forma que se produce un efecto de sustitución directa subvencionada por el dinero público doblemente, mediante la prestación de desempleo de los despedidos, y la rebaja de cotizaciones y ayudad directas por la contratación de nuevos. Todo un símbolo de la política de empleo de la reforma laboral, destrucción y sustitución de empleo patrocinado por fondos públicos, que fomentan este proceso y lo estimulan. Y un verdadero ejemplo para la estrategia global de empleo para las personas con discapacidad.

CCOO de Castilla La Mancha ha hecho conocer este terrible hecho, ha solicitado una entrevista con la alcaldesa de Albacete y ha anunciado que interpondrá acciones legales contra esta “tropelía”. No conocemos que la inspección de trabajo o alguna autoridad pública, hayan intervenido ante esta noticia. Nada de extrañar, ante el silencio generalizado y clamoroso de los aparatos inspectores y sancionatorios del Estado ante los incumplimientos ilícitos de las leyes de este país, y no sólo en materia laboral.

3.-  Dice la prensa, (http://www.eldiario.es/economia/pobreza-laboral-aumenta-Espana_0_115488999.html), citando diversas fuentes, que la pobreza laboral ha aumentado de forma significativa en España. Es una situación que se caracteriza porque aunque las personas tengan un puesto de trabajo remunerado, se encuentran en riesgo de exclusión social. “La devaluación salarial, la subida de precios, la pérdida de poder adquisitivo, el empeoramiento de los servicios públicos, y los trabajos precarios han hecho que crezca el número de personas que, a pesar de tener un empleo, rozan la pobreza”. La tasa de pobreza laboral, calculada según un estudio de la Fundación Alternativas, pasó de un 10,7% en el 2007, a un 12,07% en el 2012. La alta temporalidad y la poca incidencia de las prestaciones sociales a la hora de paliar las situaciones de exclusión social son los dos factores claves que aumentan el riesgo de pobreza laboral, que afecta a más colectivos 'no marginales' de trabajadores, y menos a jóvenes (por el abandono más tardío del hogar familiar) y a mujeres, ya que el número de hogares monoparentales es aún bajo. Según un estudio sobre desigualdad social de la Fundación 1 de mayo,  la crisis económica ha agudizado la pobreza de las personas con empleo, pero con un impacto diferente en función de las desigualdades laborales que existían previamente. La fuerte precariedad del empleo, que sigue siendo una característica del mercado de trabajo en España, la reducción de los salarios o la prolongación de la jornada de trabajo son algunos de los elementos que ponen de relieve esta tendencia. 

4.- En un estudio de Amaia Otaegi para la Fundación 1 de mayo,  (http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio57.pdf  ) se recuerda  que “la pobreza infantil ha aumentado en número, en intensidad, en duración. Hay más niños pobres, son más pobres, es más persistente: 2 millones doscientos mil niños en España viven en hogares que están por debajo del umbral de la pobreza. Casi el 30% de los menores de 16 años está en riesgo de pobreza. Tenemos el dudoso honor de estar a la cabeza de Europa en pobreza infantil, y solamente somos superados por Rumanía y Bulgaria. Los estudios y estadísticas indican que el factor que más influye en el riesgo de pobreza infantil es la insuficiencia de ingresos del sustentador principal del hogar, la irregularidad de los mismos, o el número de perceptores de renta o salario en el hogar. En el último año, el empeoramiento de la situación marcado por el aumento y mantenimiento de las altísimas tasas de desempleo, a lo que se suma un  progresivo agotamiento de los sistemas de protección social.  El rápido empeoramiento de la situación en España viene de la mano del brutal aumento del desempleo y de los recortes en los sistemas de protección, de las políticas de disminución de los recursos estatales y del agotamiento de los sistemas de protección social. El gasto en protección social tiene niveles bajos de eficacia a la hora de reducir la pobreza infantil, básicamente por su escasez, y esto, además de suponer una regresión en un sector clave, pone en cuestión la capacidad de nuestro sistema de protección  para luchar de manera específica contra la pobreza y la exclusión social de los niños que van viendo que sus derechos económicos más básicos y elementales, pero también sus derechos educativos, sanitarios, culturales, van disminuyendo”. La reforma laboral y los recortes en protección social ayudan e impulsan este camino hacia la pobreza.