Es bien conocido el manifiesto desprecio y la ignorancia de todos los procedimientos consultivos o deliberativos sobre las normas jurídicas de eficacia general que mantiene el actual gobierno de España. En materia laboral, los ejemplos son múltiples y continuados. La vía de urgente necesidad se ha convertido en la forma normal de producción del derecho, dejando en una situación de subalternidad permanente al Parlamento. Naturalmente eso implica la elusión de las distintas instancias de mediación y de consulta de otros órganos de participación. La práctica en materia económica y social se extiende a terrenos en donde el respeto de las formas constituye una garantía para el respeto de derechos básicos, como es la libertad y la seguridad de las personas. El Código Penal, una pieza maestra de la deriva autoritaria y regresiva del gobierno del PP encarnada en el ministro Ruiz Gallardón está siendo tramitado ignorando los más elementales requisitos democráticos. Jueces para la Democracia ha elaborado un comunicado que explica este atropello democrático y la burla a los requisitos fundamentales que se está generando en este proceso de tramitación de la norma. A continuación se inserta el documento de JpD.
EN DEFENSA DEL PROCEDIMIENTO DEMOCRÁTICO
El 11 de
octubre de 2012 el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Reforma del
Código Penal, sin duda el más regresivo de la historia de la democracia por su
desproporcionada crueldad, remitiéndolo a los órganos competentes para la
elaboración de los preceptivos informes conforme a la legislación vigente. Tras
recabar los informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo
Fiscal, el día 4 de abril de 2013 se remitió al Consejo de Estado, último órgano
informante. Sin embargo, el texto remitido no es el mismo informado por el
Consejo General del Poder Judicial ni por el Consejo Fiscal. Por el contrario,
se trata de un texto que incluye numerosas novedades sustanciales. Huelga decir
que una vez emita informe el Consejo de Estado, el nuevo texto será aprobado
por el Consejo de Ministros como Proyecto de Ley para su envío como iniciativa
legislativa al Congreso de los Diputados.
El
Gobierno pone de relieve, nuevamente, su más absoluto desprecio hacia las
reglas procedimentales. Con su modo de proceder, hurta al Consejo General del
Poder Judicial y al Consejo Fiscal la posibilidad de emitir informe sobre las
novedades incluidas en el texto, violando con ello el artículo 108.1.f) de la
Ley Orgánica del Poder Judicial.
El escaso
respeto que al ejecutivo y al grupo parlamentario que lo sustenta les merece el
órgano de gobierno de los Jueces ha quedado claro mediante la suspensión ad hoc
de la normativa que regulaba el proceso de elección de vocales del Consejo
General del Poder Judicial, y mediante la proyectada reforma de este último, en
trámite parlamentario, que lo jibariza para impedir que desempeñe su función de
garante de la independencia judicial.
Este
nuevo paso patentiza algo más, la evidencia de un salto cualitativo. La
democracia se articula sobre la base de un conjunto de reglas que nos dicen
cómo deben adoptarse las decisiones colectivas. Ciertamente, para que un estado
sea verdaderamente democrático, no basta con el cumplimiento de tales reglas.
Además es necesario que la legislación y la acción de gobierno se ajusten al
programa de valores de la Constitución, lo que siempre es susceptible de
controversia y distintos puntos de vista. Ahora bien, lo que no es discutible
es que si las reglas se incumplen, el sistema deja de ser democrático. Esto es
lo que, con honda preocupación, constatamos que se está produciendo. Y por
ello, como asociación judicial defensora de los principios democráticos,
queremos llamar nuevamente la atención de la opinión pública.
Madrid, a
17 de mayo de 2013.
El
Secretariado de Jueces para la Democracia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario