Inmersos como estamos en tantas noticias llamativas y en lo que Alberto Garzón denomina “espectacularización”
de la política, hay actos que revisten un gran significado simbólico que se nos
escapan. Como el acto de enorme relevancia consistente en que el rey Felipe VI
haya celebrado ante el cuerpo diplomático, la conveniencia del TTIP y el CETA.
A la blogosfera de Parapanda nos ha puesto sobre aviso el comentario del
siempre inteligente Javier de Lucas
a través de su muro de Facebook. El profesor de filosofía del derecho de la Universidad de Valencia lo ha dicho de manera muy clara: “Que el rey, hablando ante el cuerpo
diplomático, es decir, en un acto oficial, defienda el TTIP es un gravísimo
error. Lo es del Gobierno (del Ministro de Asuntos Exteriores) que
probablemente le impone ese discurso. Lo es del rey por aceptar esa imposición.
El TTIP está sujeto a fortísimas críticas por parte de muchos ciudadanos y
organizaciones sociales que detestamos buena parte de su contenido y objetivos
y que encontramos inaceptable por antidemocrático el secretismo que los EEUU
han impuesto sobre el Tratado en cuestión. Aquí vale lo de Kant: si no puede
ser público, ese Tratado no es legítimo”.
El video en el que se recoge este momento de elogio se encuentra en este
enlace
En él, el monarca, tras un encendido
panegírico de los Estados Unidos como nación – a cuyo nacimiento contribuyó
decisivamente España, recuerda el rey – establece categóricamente que “España
apoya con firmeza y esperanza el TTIP”.
De manera que la persona que ejerce la Jefatura del Estado por vía
hereditaria, de cuyo papel arbitral y moderador se hacen lenguas todos y todas
sus partidarios, multiplicados recientemente ante la sucesión habida tras la
abdicación de Juan Carlos I, se posiciona netamente a favor de una opción
política extremadamente discutida no sólo por las fuerzas políticas y sociales
españolas, sino por una buena parte de la sociedad europea y sus representantes
políticos.
Las manifestaciones contrarias al Tratado que se han celebrado el 18 de
abril en toda Europa cuentan con el impulso de organizaciones tan relevantes
como la Confederación Sindical Internacional a nivel global o la CES a nivel
europeo; las críticas al TTIP se suceden no solo desde la izquierda radical
europea, sino desde facciones muy importantes de la socialdemocracia de estos
territorios. Hay una Iniciativa legislativa ciudadana auto-organizada en Europa
que está caminando hacia los dos millones de firmas. La consideración secreta de casi un 30% de las
prescripciones del Tratado, que todavía permanecen opacas pese a la presión
política que ha obligado a las autoridades europeas a ir liberando algunos de
los capítulos que mantenía en la oscuridad, invalida en términos democráticos
la posibilidad de que este texto internacional pueda ser adoptado, y ello al
margen de las consideraciones de fondo sobre sus contenidos, suficientemente
criticados como se sabe. (En este mismo blog, cfr. http://baylos.blogspot.com.es/2015/04/las-clausulas-sociales-en-el-libre.html
)
En España, que es el país en el que Felipe VI es rey, el sindicalismo
español se opone decididamente al TTIP, y lo ha mostrado públicamente en
múltiples documentos, y en convocatorias de actos y manifestaciones. También
otros movimientos sociales, en especial los que están conectados con las
reivindicaciones ambientalistas. En el área de la representación política, sólo
coinciden en una apreciación positiva del TTIP el partido del gobierno y últimamente
Ciudadanos, de manera que no solo la izquierda emergente como Podemos o IU,
sino el propio PSOE, junto con otros muchos grupos políticos nacionalistas, han
mostrado posiciones críticas – de mayor o menor intensidad, pero en todo caso
contrarias – tanto al procedimiento con arreglo al cual se está desarrollando
el proceso como a sus contenidos.
¿Sobre qué ciudadanos se asienta la monarquía “renovada” de Felipe VI?
¿Sobre los que aplauden la exorbitante protección a los inversores y a las
empresas transnacionales que impiden que sus actos ilegales sean juzgados por
los tribunales nacionales, que desactivan cualquier impulso normativo que
limite su actuación? ¿Sobre los grupos económicos que perciben como un estorbo
para sus ganancias la democracia y las decisiones populares, cuestiones de las
que se debe prescindir? ¿Es éste el Rey que apoya “con firmeza y esperanza” la
desregulación del espacio social europeo, considerando gran parte de las normas
de tutela de los derechos de los trabajadores como un obstáculo al comercio y a
la inversión, y la intervención de las autoridades públicas en el control de
éstas como impedimentos burocráticos que deben ser removidos?
El rey Felipe se ha posicionado por tanto frente a una amplia base de la
ciudadanía española que se identifica con los ideales de igualdad y de
protección social y que entiende que el sistema democrático debe siempre
prevalecer frente a la opacidad criminal de las grandes multinacionales y la
violencia del poder económico que fuerza cada vez mayores dosis de desigualdad
y de exclusión social. Con ello se deslegitima profundamente más allá de las
convicciones republicanas o monárquicas que cada uno tenga. Su papel
institucional se devalúa, porque se convierte en el rey de las fuerzas del
privilegio económico que afianzan la injusticia y la desigualdad. Su imagen
abierta en la que posiblemente le gustaría personalmente asentarse, ha sufrido
un desgarro muy importante. Intentar enmendarlo sería inteligente, sobre todo
porque el potencial desaire se lo haría a un gobierno cada día más desahuciado
por la opinión pública.
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