EN DEFENSA DEL DERECHO DE HUELGA

Hay 81 procedimientos penales en curso que encausan a más de 300 sindicalistas por participar en los piquetes en las huelgas generales del 2010 y 2012. Se trata de una vasta acción de incriminación penal que no tiene precedentes en los países democráticos de nuestra misma área cultural.

El derecho de huelga reconocido en nuestra Constitución no ha sido desarrollado legislativamente, como si ha sucedido con la libertad sindical, y esta anomalía ha sido solventada por una copiosa doctrina del Tribunal Constitucional y de los tribunales ordinarios que han configurado los límites y el contenido del derecho en unos términos compatibles con la democracia. Dentro de esta doctrina constitucional, el piquete de huelga, que pretende lograr una adhesión lo más general posible de los trabajadores en el ámbito sometido a la convocatoria de huelga y a la vez obtener la mayor visibilidad social y ciudadana del conflicto, dándolo a conocer y recabando la solidaridad de todas las personas, es un elemento central en la dinámica y el desarrollo de la huelga. En esta figura del piquete no sólo está en juego el derecho de huelga, de la que constituye una expresión directa, sino también la libertad de información y el propio derecho de manifestación en los piquetes masivos. La doctrina del Tribunal Constitucional (la conocida STC 120/1983 y la STC 137/1997)  ha establecido que la acción que lleva a cabo el piquete forma parte del contenido esencial del derecho de huelga, pues la proyección exterior de la huelga forma parte indisoluble del derecho, y “el piquete de huelguistas, con sus funciones de propaganda, información o persuasión a los demás trabajadores para que se sumen a la huelga o disuasión a los que han optado por continuar el trabajo, integra el contenido del derecho reconocido en el art. 28.2 CE”.

El derecho penal ha recogido en sus textos un delito especial que incrimina los comportamientos coactivos que pudieran realizarse en el marco de estos piquetes de huelga, un texto que proviene de 1976 y que prácticamente sin modificaciones se ha mantenido en el Código Penal de 1995 y ha subsistido hasta la última reforma del año pasado obra del Ministerio Gallardón. El uso antisindical de este precepto resulta evidente al impulsarse directamente por el ministerio fiscal la incoación de sumarios contra dirigentes sindicales y activistas que participaron en la huelga general del 2010, y, de forma más reducida, sobre la del 2012. Si se pudiera conocer con mayor exactitud el iter de este programa represivo y disuasorio contra los militantes sindicales, sería muy interesante ver en qué medida se han concentrado en el mismo las instrucciones del ministerio del interior a la Policía y las del Ministerio de Justicia a los Fiscales, puesto que la acción policial de denuncia – y la consideración de los hechos denunciados como prueba irrefutable – ha resultado determinante en el procesamiento de estas personas.

Hay una contradicción evidente entre la regulación conforme a la Constitución del derecho de huelga y del piquete como contenido esencial de este derecho y la incriminación penal, basada esencialmente en la denuncia policial, de esta forma de expresión del conflicto. El caso Airbus es emblemático al respecto, y el juicio que se celebrará a partir del 9 de febrero, permitirá comprobar hasta qué punto la exacerbación de la vertiente represiva puede ser compatible con un sistema democrático que establece el conflicto como un punto clave en un itinerario progresivo hacia la consecución de la igualdad efectiva.

Mientras tanto, es conveniente que en un tiempo en el que se está constituyendo el Congreso de los Diputados en una legislatura novedosa que permite pensar en cambios legislativos de importancia, la opinión pública conozca esta situación y denuncie esta deriva represiva de un derecho ciudadano fundamental. El sindicalismo europeo e internacional ha tomado buena nota de la gravedad de estos sucesos y ha mandado una serie de mensajes de solidaridad. Las autoridades políticas – tanto del PSOE como del PP – con las que hablaron los secretarios generales de CCOO y UGT prometieron soluciones políticas inmediatas que repararan en lo posible la lesión del derecho de huelga y la condena a los sindicalistas. Indultos de los ya condenados que nunca se han llevado a cabo y derogación del precepto, a la que se comprometió el Ministro Gallardón en vano, ante el proceso de reforma del Código Penal en curso. Se da así la impresión de una cierta impotencia de los gobernantes ante una decisión de incriminación penal de la acción huelguística que sigue adelante viabilizada por las denuncias policiales y la intervención del Ministerio Fiscal sin que desde los poderes públicos se encauce esta conducta hacia márgenes aceptables por el sistema democrático.

A combatir esa desinformación y visibilizar el problema se están dedicando importantes esfuerzos por parte de los sindicatos confederales. Han presentado una queja a la OIT, han obtenido una declaración solemne del Congreso de la CES en Paris, han desarrollado una intensa actividad de contactos con autoridades de gobierno y han convocado acciones en la calle. Para hoy las dos confederaciones sindicales, UGT y CCOO han convocado a un acto público que se celebrará hoy, 19 de enero, en el Auditorio Marcelino Camacho de Madrid, con arreglo al programa que a continuación se transcribe. Esperamos una gran asistencia y la solidaridad de todas y todos los lectores de este blog.

PROGRAMA

El acto será presentado y conducido por Almudena Grandes.

Darán la bienvenida los secretarios generales de CCOO y UGT de Madrid, Jaime Cedrún y Carmelo Ruíz, e intervendrán dos de los 300 sindicalistas encausados, Rubén Ranz, miembro del equipo de trabajo de Comercio de SMC – UGT y José Alcázar, representante de CCOO y portavoz de los 8 de Airbus.

A continuación intervendrán: Yolanda Valdeolivas y Antonio Baylos, catedráticos de universidad, -en nombre de los profesionales del derecho leerán un manifiesto contra la criminalización del derecho de huelga-, Jeffrey Vogt, director de la Unidad Jurídica de la CSI y Joaquín Nieto, director de la Oficina de la OIT para España.

Luis García Montero, poeta y profesor de Literatura Española en la Universidad de Granada, presentará un manifiesto de apoyo en representación del mundo de la cultura.

El último bloque de intervenciones será del ámbito sindical, tomando la palabra Rudy De Leeuw, presidente de la Confederación Europea de Sindicatos, Cándido Mendez, secretario general de UGT e Ignacio F. Toxo, secretario general de CCOO.