El 27 de
enero de 1945 se cerraron para siempre las verjas del campo de Auschwitz, tras
la liberación del mismo por el Ejército soviético. Esa fecha ha servido como
referencia para recordar mundialmente a las víctimas del holocausto.
En Italia, el 27 de enero es el
día de la memoria que más allá de las víctimas del holocausto, se extiende a
todas aquellas producidas por la barbarie nazifascista. El componente
antifascista de esta efeméride se enlaza asimismo con la identidad democrática
de la República, y en los actos oficiales intervienen, con gran relieve, las
altas instituciones del Estado. No sólo la Presidencia de la República, sino
las personas que encarnan la presidencia de los órganos legislativos y el presidente del consejo de ministros, entre
otros. Es un día además que se conmemora en las escuelas públicas con actos
especiales, obras de teatro, proyecciones de cine. Recordar aquellos actos
criminales que produjeron un genocidio planificado como solución final, su
marcado carácter étnico – con una especial fijación en los hebreos, pero que
alcanzó a gitanos y a poblaciones eslavas, además de la represión asesina de
comunistas, socialistas y otros demócratas y a la comunidad homosexual – es hoy
más que nunca necesario, mucho más ante las tendencias políticas y de opinión
en una buena parte de la Europa del centro y del Norte que reeditan pautas de
conducta xenófobas y discriminatorias.
En España el día de la memoria no
se celebra. Pero tampoco hay en perspectiva una jornada oficial en la que se
señale la victoria contra el fascismo como una conquista democrática. Tampoco
se honran las víctimas de la represión franquista. Los problemas de la memoria
histórica son bien conocidos. No hay una identidad democrática basada en el
antifranquismo.
El contraste es terrible. El 24
de enero de 1977 se produjo el asesinato de los abogados de Atocha. El momento
temporal del crimen, en plena transición política, permitiría una convergencia
no conflictiva entre todos los demócratas en la consideración de este día como
una fecha que pudiera simbolizar el rechazo al terror fascista de quienes
querían mantener la dictadura y la dominación de clase que el franquismo había
llevado a cabo durante los cuarenta años de existencia. Y sin embargo nunca se
ha planteado por ningún gobierno democrático no sólo la posibilidad de
instaurar una fecha que recordara a la ciudadanía española que el fascismo es
criminal y que nunca más se instalará en nuestro país, sino la mera cobertura
oficial de estos actos de memoria de la matanza.
Durante años y años, ha sido CCOO
y su Fundación Abogados de Atocha, junto con el PCE e IU, principalmente, quienes han mantenido el
recuerdo, con los supervivientes de aquel acto criminal cuyos inductores
reales, como se sabe, permanecen impunes. La Fundación ha instituido un premio
que permite, cada año, asociar a la memoria antifascista la lucha por la
conquista de los derechos, en España y fuera de ella. Ningún gobierno español,
desde 1978 al 2006, consideró oportuno recibir a la Fundación Abogados de
Atocha como un signo de reconocimiento de lo que ésta significaba en la construcción
de un sistema democrático. Sólo el gobierno de Rodríguez Zapatero, en un gesto que debe ser reconocido y recordado,
procedió a recibir en el palacio de La Moncloa al Patronato de esta Fundación,
expresando públicamente su desolación por esa larga ausencia de reconocimiento
público a unos héroes de la libertad y pidiendo excusas públicas en nombre de
los sucesivos gobiernos de España que no lo hicieron.
Más aún, la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha, bajo la presidencia de José Bono, instituyó en el 2005 un premio Abogados de Atocha que
recordaba su memoria honrando a aquellas personas o instituciones que se habían
destacado, en el Estado español o fuera de sus fronteras, en la defensa de las
libertades democráticas. Este reconocimiento público fue inmediatamente
cancelado a la llegada al poder, en mayo de 2011, del Partido Popular, con Maria Dolores de Cospedal como
presidenta de la Junta. Las excusas fueron ridículas, el recorte
presupuestario, el contenido del mensaje extremadamente nítido: retirar
cualquier implicación del poder público en la exaltación de la figura de los
abogados comunistas que dieron su vida por la defensa de los derechos de los
trabajadores.
A partir del 2012, el premio
Abogados de Atocha en aquella región, lo otorga unilateralmente la Unión
Regional de Castilla La Mancha de CC.OO. Ha proclamado como personalidades
premiadas a Manolo López a título
póstumo, a Manuela Carmena y a J.A. Martín Pallín. El premio de este
año ya se está preparando y se dará cuenta en este blog con profusión de la
decisión, del personaje premiado, y de la entrega del galardón. Pero lo
relevante es que de nuevo la memoria antifascista queda en manos de un
colectivo sindical, al margen del espacio reservado a la acción y al
reconocimiento público, que nunca se produce.
Sólo este año, en el que se ha cumplido el 39º aniversario del asesinato, la Alcaldesa de Madrid y exponentes importantes de los diferentes partidos políticos (desde el PSOE al PCE e IU, junto con Podemos) - pero no del PP ni de Ciudadanos, demostrando una enorme insensibilidad democrática - han expresado públicamente su admiración por el sacrificio terrible de aquellos jóvenes fusilados por los fascistas y han reconocido la importancia política de este hecho, que resultó decisivo en la consolidación de la democracia española, con la legalización del PCE en abril de ese mismo año y la convocatoria de elecciones generales en junio. Pero el recuerdo que va ligado a la lucha por los derechos y libertades democráticas no es percibido como un patrimonio común de todos los sujetos políticos que pugnan en el espacio público electoral. No lo es, y es extremadamente grave, para el Partido Popular y para la figura emergente de Ciudadanos. Es un dato muy revelador.
Se necesita un día de la memoria
histórica en este país. Que en todos los medios de opinión, en las escuelas y
en los actos oficiales se rememore la brutalidad del franquismo, su carácter
criminal, la decisión democrática que impide volver atrás y paraliza cualquier “puesta
al día” de sus postulados autoritarios. El 24 de enero podría ser una buena
fecha para ello, uniendo el rechazo a la barbarie del asesinato de Atocha la
memoria toda de las víctimas del
franquismo.
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