Todos sabíamos que el 1-0 era una fecha decisiva que iba
a atraer la atención de todo el público no sólo en España, sino en una buena
parte de Europa. De hecho ha borrado cualquier otra noticia concurrente. Lo que
más llama la atención hasta el momento es la capacidad inmensa de la
movilización de la ciudadanía – un término más apropiado que el del pueblo, a
pasear de que se insista en esa noción como un referente vacío – en la defensa
de su capacidad de decisión. Una amplia mayoría de catalanas y catalanes ha
ocupado espacios públicos, escuelas e institutos, plazas, para reivindicar esa
potencia constituyente. Este es el hecho que habría que resaltar por encima de
los argumentos previos sobre los acontecimientos que están acompañando este
proceso de confrontación a propósito del autogobierno de Catalunya.
Sin embargo, las imágenes más repetidas serán las que reflejan el
enfrentamiento de los cuerpos de seguridad del Estado contra los ciudadanos que
pretenden votar. 38 heridos a la una de la tarde (465 a las seis de la tarde), según los datos de El País, dos de ellos graves por el uso
de pelotas de goma (cuyo uso fue prohibido por el Parlamento Catalán) y 313 colegios cerrados, un 13% de los disponibles, según la Sexta. Estas
imágenes, y el discurso que las mantiene, sugieren dos reflexiones. La primera
hace referencia a la actuación permisiva de la policía autonómica respecto de
la constitución de las mesas electorales que la Fiscalía y el poder judicial
han declarado contrarias a la ley. La policía no desobedece sino en situaciones
límite, pero para el coronel Perez de
los Cobos el encargado del Gobierno para coordinar la acción policial, la
policía autonómica “ha traicionado la confianza” que pusieron en ellos el poder
judicial y el gobierno, lo que implica que no tiene el control de la misma y
por tanto ha confesado su fracaso como instaurador de la acción policial
impeditiva del referéndum. Toda una señal de las consecuencias del enfoque
represivo como dinamizador de una crisis de Estado. No digamos nada si el
Fiscal del Estado cumple su promesa de iniciar una persecución penal contra los
Mossos, porque demostraría la
impotencia del mecanismo de articulación del control represivo de que dispone
el Estado español, que sin embargo en el atentado terrorista de agoto en
Barcelona había sido celebrado con razón. Este hecho es tan evidente que las
fuerzas políticas que dirigen el proceso represivo han dado marcha atrás, insistiendo
en la unidad de las fuerzas policiales en un mando único. El propio ministro Zoido ha templado gaitas incluyendo a
la policía autonómica en el conjunto de las fuerzas del estado, sin insistir en
la “traición a la confianza” que sin embargo se anunció a comienzos del día,
aunque otros protagonistas del campo político, como Margallo haya insistido en la “traición” de este cuerpo de
seguridad autonómico.
La intervención de los cuerpos de seguridad del Estado arrancando urnas y
papeletas, rompiendo cristales para entrar en los colegios electorales, enfrentados
a cientos de ciudadanos, es la confesión de un descalabro político, el de las
indicaciones del gobierno para prohibir que la gente participe. Las filas de
votantes, que permanecen impertérritos durante horas y horas, no pueden
entender la intervención policial para impedirles ejercer lo que entienden
unánimemente es un derecho democrático. Desde otro punto de vista, es la
muestra de una vitalidad democrática y ciudadana extensa, a la que ni la acción
policial y el miedo que esta puede inducir, no impide su realización.
La movilización está siendo formidable. Eso es indudable. Y los que
priorizamos el análisis de este tipo de procesos sociales, no podemos sino valorar
este hecho notorio que ha puesto en marcha a tantas personas, de edades, clases
e ideologías diversas en defensa del derecho a participar en la determinación
de su futuro como ciudadanos y ciudadanas.
No podemos hoy atender a quienes piensan que se trata de un Brexit
insolidario, que impugna el elemento central distributivo del Estado Social. Las
amenazas contra los no independentistas, las acusaciones de traición contra los
Comunes y las personalidades que mantenían que el referéndum carecía de
garantías, los insultos en las redes, Coscubiela
y Serrat, todo se ha borrado este primero de octubre ante miles de
ciudadanos que exigen votar como un derecho y que demuestran su voluntad de
poder a partir de una resistencia activa pacífica, masiva. Un proceso lleno de
irregularidades, sin atender el respeto de las minorías, una imposición del
resultado sin ninguna posibilidad de verificación objetiva, son hechos asumidos
que sin embargo pierden inmediatez ante la gigantesca incorporación ciudadana.
El argumento que machaconamente repite el gobierno es que el referéndum no
se está produciendo porque es ilegal y porque no es posible. Que en un campo
está la legalidad y en otro la sedición. Sin embargo, todos sabemos que la
relación entre el campo de la realidad social y su regulación jurídica es complicada.
En muchas ocasiones, lo legal se convierte en ilegítimo, es decir, que para una
gran parte de la ciudadanía la norma prohibitiva de la celebración de
referéndum carece de validez y ahora también de eficacia. Y viceversa, a partir
de este día, el espesor político de las actuaciones ilegales es mucho más
grande.
La formidable movilización debe abrir un espacio de negociación para encauzar
esta crisis aguda de legitimación del Estado y del orden constitucional que
permita encontrar un marco que abandone la unilateralidad del independentismo y
del gobierno catalán y que redefina de una manera consensuada y ciudadana el
encaje territorial de Catalunya con el estado español, lo que tiene que llegar
a diseñar una nueva estructuración territorial en la Constitución. Pero al
margen de las posiciones políticas que se deben confrontar en este proceso, lo
que ha sucedido en el 1-0 debe servir fundamentalmente para una cuestión
prioritaria, la de revertir sobre el gobierno las consecuencias de este
momento. El inmenso error que ha cometido el gobierno del PP el día de hoy lo
tienen que aprovechar las fuerzas democráticas. El gobierno de Mariano Rajoy no
puede seguir ni un momento más con un apoyo parlamentario suficiente. Urge que
los partidos políticos presentes en el Congreso de Diputados acuerden una
moción de censura que desaloje al personaje y al partido que le sostiene de la
dirección del gobierno y los sustituyan por una nueva gobernación del Estado
que aborde este proceso de redefinición del Estado español. Y no sólo eso, ya
los lectores me entienden. Esperemos noticias, atentos como siempre a la
pantalla del dispositivo móvil.
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