Hoy es 13 de junio, la onomástica de quienes nos llamamos
Antonio, bajo la advocación del santo de Padua – en Madrid de la Florida – que
dicen que es un santo casamentero para distinguirlo de San Antón, el 17 de enero,
que es patrón de animales en general. Este año dieciocho será recordado por la
constatación judicial de que el Partido Popular participó y se lucró
directamente con los actos delictivos de malversación y cohecho que cometieron
sus prepósitos durante la primera triunfante década de este siglo (lo que
implica que esta definición de la participación probada del PP en este inmenso
proceso de corrupción no se debe confundir con la responsabilidad penal directa
del PP, imposible de establecer según el texto del Código Penal vigente durante
la comisión de los delitos, tal como insisten una y otra vez los voceros de ese
Partido). Y ojalá este mes de junio marque el comienzo de la reversibilidad de
la reforma laboral que hemos padecido en virtud de las políticas de austeridad
que todavía se mantienen como eje de la llamada gobernanza económica. En efecto,
esta mañana del 13 de junio se reúnen en la Moncloa la dirección del
sindicalismo confederal de CCOO y UGT con el presidente de gobierno y la
ministra de trabajo. Una reunión exploratoria de los planes del gobierno en
orden a modificar el marco institucional de las relaciones laborales en nuestro
país, frente al cual el sindicalismo de clase se ha posicionado reiteradamente
exigiendo una nueva regulación del mismo. Los sindicatos en la Moncloa
defenderán la importancia del punto de
vista laboral en la gobernanza de un país. Algo que sin embargo no será
fácil.
En efecto, es evidente que se ha perdido el punto de vista laboral como
forma de entender la propia existencia social.
Hay varias causas que explican esta pérdida de enfoque.
La estabilidad en el empleo es un elemento central en el diseño de la
tutela de los derechos de los trabajadores, y el trabajo estable ocupa el
centro de los preceptos que conforman la constitución del trabajo o constitución social en nuestro Estado
democrático. Sin embargo, tras décadas de disciplinamiento a partir de la
segmentación y fragmentación del trabajo, una amplia franja de trabajadores y
trabajadoras identifican la relación laboral con las nociones de precariedad y
vulnerabilidad, y la rotación entre la desocupación, el empleo precario y la
economía irregular constituye el hábitat natural de su existencia como personas
que trabajan a cambio de una remuneración, donde la calidad del trabajo se ha
esfumando.
El eje sobre el que se construye el pensamiento colectivo es el dinero y la
capacidad instantánea de transformarlo en mercancías. Separado culturalmente
del sistema económico que genera y reproduce socialmente el engarce entre
producción y distribución de bienes y servicios y circulación de mercancías, la
primacía del dinero induce una fuerte pulsión hacia la individualización
creciente de las opciones de vida, y esta tendencia es común a cualquier
persona que viva de su trabajo, sea éste estable o precario. Una buena parte de
la existencia que se escinde de la presencia en el espacio público de los
sujetos como ciudadanos, portadores de derechos, se afanan en la esfera privada
de las relaciones de vida en el ahorro y en la producción de dinero porque la
previsión de futuro depende cada vez más de decisiones individuales privadas
ante la carencia de seguridad a través del trabajo y la necesidad por tanto de
obtener otras rentas de subsistencia. Esto último explica la importancia actual
de la vivienda entendida no como valor de uso sino como inversión de futuro y
la posibilidad de obtener una renta adicional, sustitutiva en muchos casos de
un trabajo sin calidad o de una pensión reducida. La propiedad aparece como el
baluarte individual y familiar que es fruto de un trabajo pasado, acumulado en
el ayer, que ahora sirve de garantía frente a las situaciones de no-trabajo o
de trabajo inestable y rotatorio.
El punto de vista laboral se ha perdido en la política. La crisis del
partido monoclase y la construcción de agregaciones políticas sobre el
interclasismo ha desembocado en un relato lleno de referencias a la ciudadanía
como noción desgajada del trabajo, ligándola por el contrario a necesidades
abstractas, no conectadas con las reivindicaciones derivadas de la emancipación
de la explotación laboral, conectándose con espacios de acción en los que la
figura del trabajador se desvanece: la enseñanza, la sanidad, donde todas y
todos somos usuarios de un servicio que querríamos público y eficiente. El
universalismo de estos derechos se presenta también como una fórmula que
desdibuja el anclaje de los mismos en una existencia social marcada por el
trabajo subordinado. Un paso más allá y la consideración de la Seguridad Social
como un problema ante todo actuarial, de equilibrio presupuestario, de recursos
disponibles impide conceptuar este sistema de protección como una fundamental
garantía institucional de derechos que tutela los estados de necesidad en su
gran mayoría predeterminados por la condición del trabajo.
El trabajo como espacio clave en la emancipación política, económica y
social, ha desaparecido del campo discursivo de la política. Éste reproduce
como elemento fundamental la subordinación y la legitimación del dominio en los
lugares de producción como un dato inexorable e irreversible del que ni
siquiera es consciente.
El punto de vista laboral no aparece en el espacio de la opinión pública,
de los medios de comunicación, quienes se encuentran en una etapa de
concentración propietaria a partir de los grandes grupos económicos
financieros. La pauta de conducta más común al respecto consiste en
invisibilizar el trabajo como referencia ineludible de la acción social y
considerar prácticamente superfluas las figuras sociales que lo organizan y
representan. Hay todo un relato ya tópico sobre la ineficiencia de las organizaciones
sindicales, su “alejamiento” de la realidad, su carácter vetusto y anacrónico
o, en fin, su burocratización fuente de corruptelas y de mantenimiento de
situaciones personales de ventaja. En ese objetivo se acomodan tanto los
relatos neoliberales más agresivos como los argumentos ultraizquierdistas que
elogian la espontaneidad de las masas. Todo agitado pero no mezclado, en la
frase emblemática de James Bond. Particularmente
activos en acallar el conflicto, cuando éste se desborda más allá de los
lugares de trabajo y ocupa el espacio urbano, como acontece con los piquetes
masivos de huelga, el mundo del trabajo se sumerge en la cotidianeidad que
nunca puede ser noticia, salvo en los supuestos en los que a su través se
puedan denunciar los ataques al orden público o la emergencia de intereses
corporativos de parte como ejemplo del egoísmo insolidario de las y los
trabajadores.
Los medios de comunicación son hostiles al punto de vista laboral, a
comenzar por las propias condiciones de trabajo del personal que utiliza. Y es
esta una regla a la que se ajustan los medios privados oficiales y los medios públicos,
en especial radio y televisión, durante estos últimos años caracterizados por
una fortísima pulsión hacia la manipulación de los hechos y el adoctrinamiento
directo de los espectadores, oyentes y lectores. Lo que se ha traducido además
en una muy evidente degradación de la libertad de información, transmutada en
un producto mercantilizado y sesgado de consumo rápido, donde la banalización
del discurso político a través de los orientadores de opinión resulta prácticamente
insoportable.
Son los sindicatos quienes preferentemente adoptan el punto de vista
laboral en sus análisis y proyectos. Y no tanto para hablar del valor económico
del trabajo, aunque sea éste un elemento nuclear en la denuncia de la desigualdad
y la necesidad de recuperar el salario real a través del incremento en
convenios y el aumento del salario mínimo. La reivindicación del trabajo desde
la perspectiva sindical se centra en la consideración del valor político,
social y cultural del mismo, es decir en considerar que el pacto constituyente
tenía como exigencia prioritaria la
integración del trabajo en el centro de las relaciones sociales y económicas,
procediendo a liberarlo de su condición estrictamente mercantil y a
transformarlo en elemento conductor de un proceso gradual de nivelación social
y cultural, que por consiguiente debía orientar directamente las políticas públicas
y la acción colectiva. El sindicalismo se mueve en el terreno de la “mesura”,
no discurre por saltos bruscos sino a través de una cierta discontinuidad
suavemente controlada, que acepta por tanto como punto de partida y como
contexto de su acción el dominio empresarial y la explotación del trabajo, pero
lo sitúa en un proyecto general de emancipación gradual de trabajadoras y
trabajadores a partir de la consecución de un marco estable de situaciones jurídica
y políticamente protegidas y garantizadas. Ha ido amortiguando la dinámica de
la lucha de clases por una progresión en la lucha por los derechos individuales
y colectivos derivados del trabajo y la consecución de mayores y más amplios
derechos sociales. Es un sindicalismo de los derechos cuya referencia central
es el trabajo.
Este es el campo de acción del sindicalismo, donde desde hace más tiempo de
lo que la opinión pública conoce, se está produciendo un proceso de “repensamiento”
sindical, que se interroga sobre la gramática y la sintaxis de su actuación en
relación con su punto de vista predominante: qué tipo de trabajo, más allá del
trabajo asalariado, como objeto de la acción sindical, qué sujetos actúan y de
qué manera en su relación con el trabajo , qué formas de tutela son las más válidas
y las más eficaces, qué niveles o escalas suponen el asidero a partir del cual
se debe desarrollar la organización sindical y colectiva del trabajo, qué
identidades múltiples se expresan a través del sindicato como figura social
enraizada en la existencia social de millares de personas.
Se abren actualmente una serie de opciones concretas en las que el
sindicalismo confederal tiene que imponer el punto de vista laboral. No sólo
donde está acostumbrado a hacerlo, a través de la negociación colectiva y el
conflicto. Sino también a partir del diálogo social con los empresarios, en
donde se ha llegado a un acercamiento de posturas que ha hecho desconvocar la
jornada de movilización prevista para el sábado 16 de junio, sino también con
el gobierno, en un inicio de interlocución política real que se debe apartar de
los contactos episódicos y puntuales que se han ido llevando a cabo en estos últimos
años.
Es de esperar que este mes de junio del 2018 también traiga novedades
importantes en este aspecto. Estaremos atentos a su desarrollo y a su alcance.
Siempre enfocando el análisis desde el punto de vista laboral, as usual.
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