DESPUÉS DE LA MOCIÓN DE CENSURA: ALGUNAS CUESTIONES

Entre el 31 de mayo y el 1 de junio se consumó la moción de censura contra el gobierno Rajoy. Empleando el calificativo que muchas veces usurpa para si la derecha española, se puede afirmar que para los demócratas de este país fue un día de júbilo, largamente esperado, que la sentencia de la Audiencia Nacional - la primera de las que se espera sobre Gürtel – y la detención de Zaplana aceleró felizmente. Son 180 votos que expresan el amplio pluralismo político que ha optado por la regeneración democrática. Enfrente quedan los diputados del PP y de Ciudadanos que defienden la estabilidad de un gobierno con cinco ministros reprobados por el Parlamento, y que obstaculiza cualquier propuesta legislativa aprobada en el congreso para evitar que las mayorías democráticas puedan regular las relaciones sociales y económicas.

Las consecuencias de esta moción de censura y el nombramiento de Sánchez están siendo comentadas en todos los medios de comunicación, públicos, privados, oficiales o independientes, y los mensajes en las redes sobre estos temas se multiplican. Como suele suceder, hay más pronósticos y opiniones que información. Se habla del desplome del PP y el encumbramiento de C’s, pero lo que parece evidente desde un observador externo es que el discurso de Rivera y Arrimadas sobre la regeneración democrática ha quedado muy devaluado con su apoyo al gobierno tras la sentencia Gürtel y su descripción de la red permanente de extorsiones y cohechos que tenía organizada el Partido Popular. Su actual leit motiv contra el nuevo gobierno democrático se concentra en execrar el apoyo nacionalista que ha tenido el candidato, sostenido por independentistas – a los que normalmente se les define como supremacistas, nazis y fascistas, sin matices – y amigos de ETA – en referencia a Bildu. Un argumentario vetusto que repite cien veces el sagrado nombre de España y que coincide plenamente con el rudo discurso de Hernando el 1 de junio en el Congreso que llenó de exabruptos y de amenazas la sala: Aquí estamos con 137 diputados y con mando en el Senado, a ver quién nos toca, vino a advertir.

Esta hostilidad del frente popular y ciudadano – hay que ver como se invierte el significado de las palabras cuando se utilizan como expresiones políticas de las clases dominantes – contra el gobierno que está por formarse, se extenderá sin duda a los medios de comunicación – prensa escrita, radio, televisión – que ya han comenzado a describir la situación como “caótica” y que actualmente se empeñan en explicar que se trata de un gobierno imposible que no podrá gobernar. Fracasado el intento de que los indicadores económicos mostraran su desaprobación a la decisión democrática del cambio de gobierno, es muy probable que ahora sus esfuerzos se concentren en la deslegitimación de cualquier acción de modificación de la regulación económica, social y ciudadana que quiera emprender el gobierno de Sánchez.

Es fácil situar el éxito de la moción de censura en el contexto del declive irreversible del bipartidismo que ha mantenido la estabilidad política del sistema junto con los nacionalismos periféricos como fuerzas compensatorias de la pérdida de mayorías absolutas de uno u otro partido. La votación del 1 de junio ha evidenciado la existencia de un pluralismo político fuerte que coincide, por motivos muy diferentes, en el rechazo al gobierno y a las fuerzas políticas que lo sostenían – PP y C’s – en el que convergían la corrupción sistemática como fórmula de financiación del partido, el progresivo desmoronamiento de las libertades cívicas, la reconstrucción de un estado unitario con desprecio de las identidades nacionales, el reforzamiento de la desigualdad social y los privilegios de clase y de casta, la degradación de los derechos laborales y sociales. Cada fuerza política que ha acumulado su voto al resto de los 180 ha ponderado más uno que otro motivo, y algunas posiblemente han considerado todos en su conjunto, pero el objetivo irrenunciable era terminar con el gobierno de Rajoy sostenido por su partido y C’s, lo que se resume en el término regeneración democrática. Un proceso en el que el sindicalismo confederal no podía intervenir directamente, pero por el que había apostado explícitamente.

En el momento de escribir esta entrada en el blog no se conoce el gobierno que va a montar Pedro Sánchez. Todo lo que se lee son pronósticos sobre los temas que van a abordarse y los nombres que suenan para este nuevo gabinete. Es cierto que la convergencia parlamentaria que le ha hecho presidente no es la que le puede sostener en su acción de gobierno, porque los intereses que representa cada fuerza política divergen. Es previsible que la “cuestión catalana”, con toda su complejidad agravada por la intervención judicial que alimenta una represión muy incisiva a través de la prisión de los imputados, tenga un trato preferente en el programa de actuación del nuevo gobierno. Como previsiblemente atraiga su atención en los primeros momentos áreas de regulación en donde el consenso anti autoritario esté más extendido: la discriminación de género y la igualdad salarial, la derogación de normas extraordinariamente represivas de las movilizaciones sociales, como la Ley de Seguridad Ciudadana. Y no conviene olvidar que el cambio de gobierno deberá suponer el cese de millares de altos cargos, algunos de ellos personajes siniestros de la última política, como Trillo, embajador en Londres, o Wert en Paris, cuya remoción supone un acto de higiene democrática que ha de ser forzosamente muy bien valorada por todos los demócratas.

En el terreno laboral, el gobierno tiene que efectuar algún movimiento positivo que afecte directamente a la reforma laboral del 2012, que es la que el PP impuso sobre su mayoría absoluta contra el sindicalismo confederal y las y los trabajadores en general. Ocho años después de las políticas “de austeridad” la situación de degradación de los derechos colectivos e individuales laborales debe ser al menos parcialmente reformulada. La CEOE sin embargo ha declarado ya el mismo día de la moción de censura, que la reforma laboral debe ser irreversible. No están por tanto dispuestos a cualquier cambio, por nimio que fuera, en el conjunto normativo de las relaciones laborales. Esta declaración tan tajante puede que se transforme en otra, más inteligente, cuando se conozcan los nombres de las personas que en el nuevo gobierno ocupen las carteras de trabajo (confiemos en que le devuelvan ese nombre al ministerio, eliminando el de empleo) y economía. A saber, la de confiar al “diálogo social” los acuerdos que posibiliten la reforma de la reforma laboral, que sólo puede llevarse a cabo si cuenta con el consenso de los interlocutores sociales. Una fórmula insincera que no tendrá recorrido político, pero que es posible que se defienda, también y especialmente por parte de los grandes medios de comunicación oficiales.

El segundo gran tema sobre el que el nuevo gobierno deberá adoptar una decisión es el relativo a las pensiones. La gran movilización de los pensionistas no puede tan sólo acabar en los resultados hasta el momento muy decepcionantes del compromiso presente en los presupuestos tras el pacto con el PNV. Es muy previsible que la reforma del 2013 pueda abolirse, pero también sería muy conveniente que en el Pacto de Toledo se plantee comenzar a abordar una revisión en profundidad de elementos centrales del sistema de pensiones que reformulen las líneas guía de la ley aprobada en el 2011. Es un tema en el que seguramente habrán de adoptarse decisiones relevantes en los primeros momentos.

La vitalidad democrática del Parlamento ha sido agredida por el gobierno del PP al vetar de manera sistemática las proposiciones de ley que obtenían la mayoría de la cámara y que tenían que ver con derechos sociales o de ciudadanía. Incluso un Tribunal Constitucional de una fuerte mayoría conservadora ha reprochado al gobierno la utilización arbitraria e inmotivada de la facultad a la que le habilita el art. 136.6 de la constitución. La STS 44/2018, de 26 de abril, ha considerado que el veto a una proposición de ley del grupo parlamentario socialista sobre la  modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados, no tenía conexión suficiente con los ingresos y gastos públicos. Liberar la capacidad legislativa de las cámaras en materia laboral es fundamental en estos momentos. Como lo es también acelerar los tiempos de tramitación de las proposiciones de ley, aceptadas por el pleno y siempre retrasadas en las comisiones, a lasque nunca se les aplica el procedimiento de urgencia y con el riesgo de que en la nueva situación el Senado, dominado por la bancada popular, ejerza una función de obstruccionismo legislativo sistemático.

Hay muchas más materias sobre las que se va a requerir una intervención del gobierno que altere el rumbo de las cosas que hasta ahora se había seguido. La lista de acciones que solo en materia de derechos laborales y sociales compromete al nuevo gobierno es inmensa, como inmensos han sido los efectos nocivos de la acción gubernamental del PP. Se abre un tiempo de revisión normativa y administrativa en el que el protagonismo del sindicalismo confederal ha de verse reforzado necesariamente. Imponer el punto de vista laboral a un proceso de regeneración democrática apenas iniciado es un objetivo claro en este nuevo tiempo político. Un nuevo horizonte que requiere una oscilación a la izquierda, buscar el apoyo parlamentario de los grupos que pueden sostener un marco normativo que revierta el actual y posibilite una mejora en puntos sensibles de las relaciones colectivas e individuales de trabajo. Estaremos atentos a los acontecimientos futuros en este blog.