(Las fotos pertenecen al acto de presentación del Liber Amicorum de Juan Terradillos celebrado en Jerez de la Frontera, los días 24 y 25 de mayo de 2018)
Esa última semana se ha caracterizado porque en su inicio
ha coincidido una importante movilización sindical con una acción colectiva de
jueces y fiscales contra el Ministerio de Justicia con la detención de un
importante dirigente histórico del Partido Popular y una sentencia de la
Audiencia Nacional en la que se describe la trama corrupta que vincula a
grandes empresas con adjudicaciones públicas y en la que Partido Popular, por primera vez
en la historia, es condenado por beneficiarse "a título lucrativo" de
dichos acuerdos. Esta última parte ha generado una agitación política sin
precedentes, con la presentación de una moción de censura en el Parlamento.
En efecto, CCOO y UGT han protagonizado el día 22 de mayo una movilización
basada fundamentalmente en los delegados sindicales, que se ha plasmado en
concentraciones a la puerta de las sedes de la patronal CEOE y CEPYME con la
finalidad de romper la parálisis en que se encuentran las negociaciones para un
acuerdo salarial que garantice la recuperación del poder adquisitivo de los
salarios y de los derechos arrebatados por las reformas laborales. Se ha organizado en cuarenta ciudades del
Estado español este tipo de concentración, lo que ha supuesto que más de 20.000
personas han participado en estas acciones. La idea de los dos sindicatos
confederales es la de ir alimentando un proceso permanente de conflictividad
social que por el momento reposa en las propias estructuras sindicales y que
previsiblemente se irá extendiendo por sectores convergiendo en posibles
acciones de mayor enjundia, sin excluir incluso desembocar en una huelga
general, con las dificultades que eso lleva y más en el momento actual, como
luego se aludirá.
El eje de esta movilización se basa en la desigualdad creciente, la baja
calidad del trabajo y la extensión de la precariedad en el empleo y salarial,
frente a lo cual, la actitud del empresariado ha sido claramente reticente.
Efectuando unas propuestas sensiblemente inferiores a las demandas sindicales,
CEOE-CEPYME entiende que su propuesta es inmodificable y que, por el contrario,
son los sindicatos quienes “hacen todo lo posible por buscar cualquier excusa
para romper la negociación del IV Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva”.
En esa cerrazón el empresariado apuesta por no desarrollar el espacio de la
negociación colectiva como método idóneo de regulación de las relaciones laborales
en los sectores y territorios, poniendo todo su interés en el mantenimiento de
la legislación laboral derivada de la reforma del 2012 como un marco
institucional inmodificable y el fortalecimiento del unilateralismo empresarial
como ejes estratégicos en torno a los cuales se deben generar las reglas sobre
el trabajo a partir de ahora. Es decir, defienden de forma muy rígida un statu quo que ya no es posible, ante una
situación de postración salarial y de degradación de las condiciones de empleo
y de trabajo.
“La patronal nos está diciendo que mientras los dividendos se incrementan
en 17.000 millones y los beneficios en 36.000 millones, y el 80% de las pymes
están en beneficios, los salarios tienen que seguir perdiendo poder
adquisitivo. Esto es intolerable, y como esto es intolerable, no lo vamos a
tolerar. Hay que repartir los beneficios”, ha resumido al respecto Unai Sordo, secretario general de CCOO.
Pero la negociación se prolonga sin resultados, y no sería conveniente
prolongarla si se llega al verano. Por
eso mismo la movilización sindical tiene que ir creciendo y asumir un carácter
permanente si quiere ser efectiva. Pero también resulta importante anotar que
un hecho tan relevante como la concentración ante las sedes de las
organizaciones patronales en más de cuarenta capitales y ciudades del Estado
español de 20.000 delegados sindicales de UGT y CCOO, no haya tenido ninguna
recepción en los medios de comunicación, públicos o privados. La opción por
invisibilizar el conflicto no solo supone la negación del derecho de libre
información tal como este se concibe en términos constitucionales, el deber de
proporcionar a la ciudadanía elementos sensibles para poder proceder a formarse
una opinión consciente que les oriente política y socialmente. Implica también
un ataque a la libertad de acción sindical por parte de los medios públicos,
cuya opacidad al respecto supone desde luego una conducta material de
obstaculización de ésta. Al carecer además de instrumentos y medios para poder
ofrecer una queja ante los medios de comunicación que pudiera implicar una
reparación de estas actuaciones, urge desarrollar un principio de participación
sindical en el espacio mediático público que garantice un tratamiento
equilibrado de la información sobre las relaciones laborales.
Esta movilización sindical que enlaza con conflictos de empresas en curso,
ha coincidido con una agitación muy significativa en el área del aparato de
estado de la justicia a cargo de jueces y magistrados convocados a la huelga el
propio día 22 de mayo por la totalidad de las asociaciones del sector. Dejada
ya atrás la polémica sobre la legalidad o no de la huelga de magistrados,
resuelta en favor de su aceptación y su puesta en práctica de manera unánime
desde la APM hasta Juezas y Jueces para la Democracia, los datos de los que se
dispone – no muy completos, por otra parte – dan como resultado un amplio
seguimiento de la misma, en torno a un 50% de la plantilla. En el centro del
conflicto, se halla el disenso de los agentes de la justicia con una situación
muy degradada del servicio público, con carencias importantes de personal y en
medio de reivindicaciones retributivas que requieren un esfuerzo presupuestario
en gasto de personal y de infraestructuras que el gobierno del PP no está
dispuesto a aceptar. A eso se une una cierta crisis de confianza entre la
cúpula del poder judicial y el gobierno fundamentalmente en razón de las
turbulencias procesales a las que está sometido el Partido Popular en el caso
Gürtel y la presencia de Mariano Rajoy como
testigo en la misma, y la escasa credibilidad de un Ministro Rafael Catalá, reprobado por el
Parlamento.
Pero este conflicto ha resultado literalmente engullido por dos hechos
consecutivos de extrema gravedad para el PP. En primer lugar, la detención y
posterior ingreso en prisión e incomunicación de Eduardo Zaplana, acusado de blanquear dinero y de cobro de
comisiones por concesiones y obras públicas y que fue uno de los rostros más
conocidos de la etapa aznariana del “milagro económico” experimentado en
términos de especulación inmobiliaria y de burbuja financiera en el período
1996-2004. El segundo, el fallo de la Audiencia Nacional en el caso Gürtel, en
el que además de condenar a penas muy fuertes a los personajes que poblaron
esta trama criminal de extorsiones y sobornos, se ha establecido la existencia
de un “sistema de corrupción institucional” derivado del hecho de que el Partido
Popular recibía donaciones opacas que no se hacían "de modo altruista por
algunos empresarios" sino para "pagar favores" y como
"contrapartida por adjudicaciones irregulares” de obras o concesiones
administrativas. Por si fuera poco, la sentencia "pone en cuestión"
la "credibilidad" del presidente y de los otros testigos que negaron
en el juicio la contabilidad paralela y el cobro de sobresueldos, porque su
testimonio no es "verosímil".
Este proceso, largamente esperado y con una sentencia de extensión
desmesurada (más de 1.700 páginas) ha abierto una crisis política muy intensa,
que se solapa con la cuestión irresuelta de Catalunya y que por tanto complica
de manera importante la situación económica y social del país. El PSOE ha
decidido presentar una moción de censura en el Parlamento, inmediatamente
secundada por Podemos sin condiciones, aunque éste partido propone un programa
social para asegurar y garantizar las pensiones, la igualdad de los permisos de
paternidad y maternidad, el control del mercado de alquileres y diálogo en
cuestiones territoriales, lo que parece corresponderse en parte con el
propósito declarado del PSOE a través de su renacido secretario general Pedro Sánchez, de formar un gobierno
socialista para el que reserva “la tarea de normalización y regeneración
democrática”, además de poner en marcha “una agenda social que se ocupe de los
que más han perdido durante la crisis”.
Entramos por tanto en una etapa de turbulencia político-institucional que
erosiona de manera muy directa la legitimidad del PP para gobernar el país, y
que repercute muy negativamente tanto en su capacidad de gestionar la crisis
catalana, ya de por sí endeble, como en la ordenación concreta de la gobernanza
económica y política, que con el voto del PNV había conseguido sacar adelante a
través de la aprobación de los presupuestos.
El sindicalismo confederal ha reaccionado inmediatamente ante esta
eventualidad. La dirección confederal de CCOO se ha reunido el viernes 25 de
mayo y ha hecho público un comunicado en el que solicita “a los partidos
políticos” un compromiso institucional que prepare una transición corta hacia
la convocatoria de nuevas elecciones que den lugar a una nueva regeneración
democrática del sistema de partidos.
La declaración, tal como resulta de la nota de prensa que ha hecho público
el sindicato – y que previsiblemente no será recogida por los medios de
comunicación – es la siguiente:
“Estamos en un momento en el que este país requiere de importantes cambios
legislativos y normativos que corrijan el actual modelo de crecimiento sin
reparto. España no puede permitirse una parálisis institucional como la que
previsiblemente va a provocar esta sentencia, con un Gobierno que no contará
con apoyos para una acción legislativa que necesitamos.
CCOO advierte que no estamos ante otra sentencia contra la corrupción de
miembros del Partido Popular. La Audiencia Nacional asesta un duro golpe a la
imagen pública y a la trayectoria política del Partido Popular y del Gobierno,
y de no actuar a tiempo para solucionar esta situación, podríamos asistir a un
grave deterioro de la estabilidad política e institucional de la democracia
española”. Recuerda CCOO que la sentencia no solo condena con singular dureza a
29 de los 37 acusados, sino que afirma rotundamente la existencia de una caja b
de Partido Popular, en el marco de “un auténtico y eficaz sistema de corrupción
institucional”, además de cuestionar el testimonio del presidente Rajoy.
Para CCOO “ya no es posible recurrir a la explicación de que estamos ante
hechos aislados que afectan a unos cuantos dirigentes”. Igualmente, denuncia
CCOO, “hemos asistido a una actividad empresarial perversa y despreciable, que
ha primado la corrupción sobre proyectos empresariales basados en la
transparencia, la profesionalidad y la oportuna competencia”.
Finalmente, la decisión del PSOE de registrar una moción de censura,
merece, a juicio de CCOO, nuestro respeto, y más allá de expresar nuestro apoyo
o rechazo, consideramos que la misma debe contribuir a buscar, como señalábamos
con anterioridad, un compromiso de gobierno de regeneración democrática para
preparar la convocatoria de elecciones generales. Sea como fuere, CCOO
permanecerá vigilante y dispuesta a la movilización social y democrática para
que los derechos de las trabajadoras/es, pensionistas y personas en peor
situación, no sufran aún más las consecuencias de la actual convulsión política”.
La indeterminación política en la que entramos provocará posiblemente una
situación de expectativa en las movilizaciones sociales que dependan
fundamentalmente del gasto público, como las pensiones, o de decisiones
presupuestarias, sin perjuicio de seguir presionando también en este sector, y
aunque no influye muy directamente en el proceso de negociación de un acuerdo
general sobre la negociación colectiva, es evidente que también este espacio de
(des)encuentro sufrirá una dilación inevitable ante la inestabilidad política
que se puede desprender de estos momentos y la indefinición de las soluciones
de gobierno que se plantean, en especial por la postura siempre ambigua y
oportunista de Ciudadanos que no sabe todavía cómo aprovechar mejor electoralmente
este desmembramiento del Partido Popular.
Un momento por tanto de agitación política que no puede sustituir la
movilización social, pero que si obtiene un resultado positivo en términos
democráticos, podría suponer una oportunidad para iniciar la reversibilidad de
los procesos de degradación de derechos individuales y colectivos que hemos ido
soportando a partir de las reformas del 2010 y del 2012, y que vaya poniendo
las bases de una estrategia de recuperación salarial y de reunificación de las
colectividades del trabajo. Estaremos atentos en el blog a los acontecimientos
que se desarrollen en los próximos días.
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