UN CGPJ NO RENOVADO CARECE DE LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA PARA EFECTUAR NOMBRAMIENTOS EN EL TRIBUNAL SUPREMO

 

Hay momentos en los que no es preciso ocupar mucho espacio para afirmar lo evidente. Son hechos notorios que escapan a cualquier intento de interpretarlos de manera diferente a cómo se muestran. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces, tiene entre sus cometidos los nombramientos de la cúpula judicial, Magistrados del Tribunal Supremo y Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia. Su composición de20 miembros, elegidos por las Cortes Generales (Congreso y Senado) entre jueces y juristas de reconocida competencia, cada cinco años, hace que sea necesario para su renovación una mayoría cualificada lo que obliga a un acuerdo muy amplio entre las fuerzas políticas representadas en el Parlamento.

La actual composición del CGPJ responde a una mayoría política del Partido Popular. Desde diciembre de 2018, el Consejo debería haberse renovado, y está en funciones. Lejos de tener las limitaciones de cualquier órgano directivo de la Administración en funciones, el CGPJ ha continuado desarrollando toda su actividad sin ninguna cortapisa. En especial el nombramiento de Magistrados del Tribunal Supremo. Las mayorías políticas a que obedece el CGPJ han ido imponiendo de manera inexorable su decisión, construyendo así un cuadro de magistrados superiores plenamente orientados ideológica y corporativamente. El objetivo fundamental de esta política de nombramientos ha sido el control de la cúpula de la jurisdicción contencioso-administrativa y de la penal, aunque también se ha proyectado sobre otras salas, en concreto la de la social. La sala de lo penal ha sido especialmente atendida por su implicación directa tanto en la solución judicial de la cuestión catalana como de la posible implicación en tramas de corrupción del Partido Popular y altas jerarquías del mismo.

El Partico Popular se ha negado de manera explícita a renovar el Consejo. Ha justificado su posición en que el gobierno de coalición progresista incorpora partidos políticos a los que niega legitimidad democrática, así como a la mayoría parlamentaria que lo sostiene. El Partido Popular con ello incumple la Constitución boicoteando el proceso de renovación, y lo hace alegando que la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno no es legítima, lo que supone una contradicción con el  respeto al principìo de mayoría que funda el sistema democrático.

El presidente del CGPJ, por su parte, se ha posicionado repetidas veces contra lo que entendía que eran intromisiones del gobierno en la independencia judicial, mostrando una evidente actitud hostil frente al mismo. Pero ha sido con ocasión de la entrega de despachos a la última promoción de jueces y juezas cuando se ha explicitado la abierta confrontación entre quien personifica al CGPJ y el gobierno de la nación, utilizando a su vez la figura del Rey como elemento de conflicto. La asistencia de éste a un acto que por otra parte carecía de una significación institucional relevante, no refrendada por el Gobierno, ha sido el detonante de un conflicto en el que el propio monarca ha intervenido torpemente, siendo utilizado de manera directa tanto por Lesmes como, inmediatamente, por toda la derecha política, empeñada en apropiarse en exclusiva de la figura del monarca como patrimonio ideológico que se enfrenta al resto de la ciudadanía, como han efectuado con la bandera, que ha devenido el emblema de la derecha y la ultraderecha. Los gritos más propios de un cuarto de banderas que de un acto civil de entrega de nombramientos de jueces de ¡Viva el Rey! Introducen en este conflicto un cierto aire de vodevil.

Pero el tema de fondo es muy preocupante. Hoy mismo los grupos parlamentarios que forman la mayoría del Congreso han hecho público un comunicado en el que exigen la colaboración del resto de los grupos parlamentarios para cumplir el mandato legal de renovar la composición de las principales instituciones del Estado cuyo tiempo de ejercicio ha caducado, en primer lugar el CGPJ. Los partidos firmantes suman 187 escaños en el Congreso, por encima de la mayoría absoluta (176), aunque para la renovación de órganos pendientes como el Poder Judicial se necesitan mayorías de tres quintos. Se trata de una “obligación inexcusable” que compromete en primer lugar al Partido Popular como partido constitucional que es y a la que se resiste.

La situación es sin embargo muy preocupante, porque es previsible que el PP siga incumpliendo su deber constitucional de cooperar a la renovación de este órgano, sin que exista una norma que precise las competencias que un CGPJ en funciones pudiera realizar, como actos de trámite y no el nombramiento definitivo de magistrados en el Tribunal Supremo, una cuestión que sin duda facilitaría la renovación en tiempo y forma del Consejo, al contrario de lo que ahora sucede, que trabaja en contra de la misma sobre la base de conservar el equilibrio político en la composición del órgano que se ha perdido en el terreno electoral.

Frente a ello, es posible sin embargo dos soluciones. La primera, que, frente a la decidida toma de postura contra el gobierno del Presidente  del CGPJ y de la mayoría que le rodea, rompiendo un principio básico de neutralidad, los vocales del Consejo que no representan a la mayoría, deberían no asistir a la reunión en la que se produjeran los nombramientos de estos Magistrados, explicitando asi de manera clara su repulsa frente a una actuación a todas luces partidista de su presidente que además ha comprometido a la Jefatura del Estado contra el poder democrático del gobierno, generando una crisis institucional inconcebible en quien representa una institución básica del Estado como el CGPJ.

La segunda, que debería ser adoptada como lógica consecuencia de la obstrucción de los vocales progresistas del Consejo, es la de negar el refrendo del Ministro de Justicia a los nombramientos asi efectuados, una propuesta perfectamente factible que ha explicado Javier Pérez Royo y qu está disponible en este enlace https://www.eldiario.es/contracorriente/renovacion-no-hay-refrendo_132_6246699.html , de manera que un CGPJ que no se ha renovado por bloqueo expreso de las fuerzas políticas derrotadas electoralmente,  no puede nombrar magistrados.

El miércoles 30 de septiembre, previene Elisa Beni en otro artículo esclarecedor https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/conjura-necios_129_6248753.html , la mayoría caducada del CGPJ pretende nombrar tres nuevos magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. En medio del escándalo de la operación Kitchen, en el desarrollo del largo historial de corrupción a partir de Gürtel y de Bárcenas. Por decencia democrática, hay que impedirlo.