La victoria del MAS en Bolivia ha hecho
concebir la posibilidad de inversión el ciclo político autoritario y represivo en
las democracias andinas, lo que sin duda repercutiría favorablemente en la
estabilidad del gobierno argentino, perdida la referencia progresista en el Brasil
dirigido por Bolsonaro hacia la necropolítica. En ese contexto, la
convocatoria del domingo del plebiscito en Chile es muy importante, porque,
como ya se ha recogido en este blog, abre la necesidad de una nueva constitución
y el replanteamiento por tanto del marco institucional que regule el Estado y
las políticas sociales, los derechos de ciudadanía y el sistema de relaciones
laborales. Chile puede así atravesar durante un tiempo un período constituyente
– realmente iniciado a partir de los sucesos de octubre del año pasado, el 18-0
como dato ineludible – en el que se prepare un nuevo texto constitucional que
defina la vertiente social y económica de una democracia avanzada y que por
consiguiente rechace frontalmente el esquema derivado de la dictadura sobre las
reglas que disciplinan la relación laboral y especialmente las medidas de
acción colectiva.
En ese proceso, el sindicalismo chileno está
jugando un papel activo en compañía de otros movimientos sociales, resaltando
la perspectiva conforme a la cual el nuevo marco constitucional tiene
necesariamente que incorporar la perspectiva del trabajo asalariado y sus
derechos individuales y colectivos como un elemento fundamental para poder
definir las propuestas reguladoras que se están consolidando a lo largo de este
período constituyente. El trabajo por consiguiente tiene que ser un elemento
clave en la arquitectura del Estado y de la sociedad que cristalice en la futura
Constitución, junto con el establecimiento de un verdadero sistema de seguridad
social en el país. Pablo Zenteno, de la Fundación FIEL de la Central Única
de Trabajadores de Chile, ha escrito para este blog una síntesis de la posición
que esta confederación sindical tiene respecto del proceso constituyente en
Chile que se ofrece en primicia para los lectores de este blog.
LA POSICIÓN
DE LA CUT ANTE EL PROCESO CONSTITUYENTE EN CHILE:
EL VALOR DEL TRABAJO AL CENTRO DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN
La CUT definió en su último Congreso Nacional, realizado los días 24 y 25
de enero de 2020 en la ciudad de Santiago, apoyar en el plebiscito del 26 de
abril de 2020 (hoy del 25 de octubre) la opción APRUEBO y CONVENCIÓN
CONSTITUCIONAL, conformando además el Comando Nacional de Trabajadores y
Trabajadoras Nueva Constitución para Chile, presidido por la presidenta de
la CUT, Barbara
Figueroa Sandoval, con el objeto de contribuir a
una coordinación estratégica del mundo sindical en este
contexto. El informe de dicho Congreso contiene el diágnostico, la perspectiva
y los desafios que se juega el mundo sindical en este proceso constituyente.
En aquel documento se recalca que
es importante hacer memoria en qué estábamos cuando llegó el 18 de octubre,
pues la tentación de mirar y evaluar todo a partir del estallido social,
podría terminar por negar las acciones que previamente desplegaba como CUT y
otras organizaciones sociales y a suponer que los trabajadores y trabajadoras
organizadas también fueron sorprendidos como otros ante la movilización,
cuestion que no es efectiva, pues desde la Central Unitaria
de Trabajadores y otras organizaciones sociales hemos demandado desde décadas derrotar
la desigualdad existente en nuestro país y superar un modelo económico, político, cultural y social, responsable de generar una sociedad
excluyente, discriminadora y poco solidaria, donde la precariedad existente en
la vida de millones de chilenos y chilenas se había invisibilizado y
normalizado como algo natural en la vida de los trabajadores y su familia. Es por esto mismo, que
no es extraño que los primeros en movilizarnos tras el estallido social y
frente a las acciones represivas del Gobierno, fuera precisamente unidad social
(Organización Social conformada por cientos de organizaciones sociales,
movimientos, sindicatos y la CUT).
En este sentido, se destacan los
hitos de movilización que realizó la CUT desde el 18 de octubre en adelante,
dentro de los cuales figuran la primera manifestación contra el gobierno por
decretar estado de excepción que fue el 19 de octubre y que desarrollaron como
Unidad Social, llevando una carta a La Moneda (palacio presidencial) que fuimos
a dejar marchando desde la sede de Frenpruss, para solicitar al presidente
terminar con el estado de emergencia. El 23 de octubre, en pleno estado de
excepción, convocamos a huelga general y el día 22, los gremios de la salud y
la educación inicial desarrollaron marchas nacionales. El 25 de octubre, día
de la marcha del millón quinientos mil en la alameda, dimos a conocer como CUT
el pliego de los trabajadores. El 27 de octubre convocamos como Unidad Social
al acto político cultural en el parque O ́Higgins y se convocó desde este
evento al paro nacional del 30 de octubre. El domingo 28 de octubre, como
bloque sindical, levantamos el pliego de los trabajadores como plataforma y
demanda del paro convocado para el 30 de ese mes. Retomamos la agenda de
actividades con el súper lunes el 04 de noviembre y el 07 de ese mes,
convocamos, con el comité de huelga, a la huelga general del 12 de noviembre.
Desarrollando, como actividad previa, el copamiento del congreso nacional el
día lunes 11 de noviembre.
No cabe duda, que de todo el
itinerario de movilizaciones, la que marca un antes y un después, fue la
convocatoria a la huelga general del 12 de noviembre de 2019, una huelga
histórica y no vista desde el retorno a la democracia. Por ello, indica la CUT
que si bien podrán decirnos que lo que gatilló el acuerdo del día 15 de
noviembre de 2019, en la madrugada, fue el temor a un nuevo estado de
excepción producto de la violencia que se estaba desatando en las
movilizaciones. Sin embargo, a ojos de la CUT, no hay otra razón que acelerara
este acuerdo, al menos en la derecha, que no fuera el miedo a la clase trabajadora
organizada y la unidad en esta huelga.
En el informe se realiza una
critica profunda a las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos
con posterioridad al estallido social. Respecto a los derechos humanos, la
CUT sostiene que lo que hemos debido enfrentar durante estos meses (desde el
estallido social) no puede sino calificarse como violación flagrante y
sistemática de los derechos humanos por parte del Estado. A 90 días del
estallido social se criticaba que habia más de 30 mil personas detenidas en el
marco de las protestas sociales, de los cuales 2 mil personas se encontraban con
medida cautelar de prisión preventiva; 5 querellas criminales presentadas por
asesinatos atribuibles a personal de las FFAA y Carabineros; más de mil acciones
judiciales presentadas solo por el INDH por diversos delitos, entre ellos,
asesinatos, torturas homicidas frustradas, violencia sexual (158); entre otros.
Más de 3.600 personas heridas (solo datos del INDH), de los cuales 269 fueron
niños, niñas y adolescentes y más de 400 con heridas oculares de diversa
consideración llegando incluso a la pérdida de su visión por uno o sus dos
ojos.
Con decenas de muertos, miles de
detenidos, cientos de mutilados, decenas de violados y violadas, sostiene la CUT
que nadie puede decirnos que estamos ante un estado de derecho. Las acciones
del nuevo intendente de Santiago que asumió en 2019, de copar la plaza dignidad
(centro de las movilizaciones), son la prueba que las acciones contra el ex
ministro del interior, Andrés Chadwick, no solo fueron correctas sino
que demuestran que tras la salida de éste y la llegada de Gonzalo Blumel,
la acción represiva del gobierno no son actos aislados e individuales, sino
que una política de Estado, donde asumen como un costo del establecimiento del
“orden público” el atropello a los derechos humanos del pueblo.
En cuanto al proceso
constituyente, si bien destacan que fueron críticos respecto de la forma y el
origen en que fue suscrito el acuerdo por la paz social y una nueva
constitución, expresan que nadie los va a restar de un proceso que ha sido una
demanda histórica del sindicalismo y de la CUT, y que se ganó en las calles. Ello,
por cuanto el proceso hacia una nueva constitución política es el triunfo
del pueblo; el pueblo lo ha conquistado, y no permitiremos que nadie se lo
arrebate. Asi, se asume como responsabilidad de la CUT velar porque nadie
quede fuera de este proceso, que seamos millones los que votemos el 25 de
octubre y que lo hagamos para que triunfe la aprobación a una nueva
constitución que se construya con 100% de delegados electos desde el mundo
popular. Por ello, se aprobó en dicho Congreso Nacional la constitución del Comando
Nacional de Trabajadores y Trabajadoras por la Nueva Constitución, que recorra
todo Chile convocando a votar el 25 de octubre (entonces 26 de abril).
Lo anterior, pues así como en su
momento el Comando Nacional de Trabajadores y la Coordinadora Nacional
Sindical, fueron actores fundamentales en la unidad de las fuerzas progresistas
y el mundo popular para derrocar al dictador Pinochet. Hoy, enfrentados a un
nuevo momento histórico trascendental, por lo que la CUT asume con mucha
humildad pero con total convicción, el rol que le toca jugar en este preciso
momento, ya no para derrotar a un dictador, sino que para derrotar de una vez
por todas al modelo neoliberal, depredador, causa principal de las grandes
injusticias y violentas desigualdades que vive Chile. Y será la victoria del
pueblo movilizado, que lucha por causas justas y nobles.
Se termina señalando que La
Central Unitaria de Trabajadores debe poner al centro del proceso constituyente
sus propuestas para una Nueva Constitución Social nacida en democracia, con
el valor del Trabajo como pilar fundamental de la ciudadanía social, que
reconozca y garantice el derecho al trabajo y a un salario digno y los más
amplios derechos sociales en el ámbito de la salud, la educación, la seguridad
social, la libertad sindical y el medio ambiente, bajo el paraguas de un nuevo
modelo de desarrollo económico que genere espacios de participacion e
incidencia de los trabajadres, redifiniendo el rol de la empresa y los derechos
de propiedad que ejercen los poderosos sobre el sistema productivo, los recursos
naturales y básicos de nuestro territorio y que haga participes a los actores
sociales en las definiciones estratégicas de inversión, productividad y
crecimiento económico. Chile debe no sólo democratizar su gestión política y
social, sino que su gestión económica para garantizar y alcanzar mayores
niveles de igualdad social.
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