Convocados
a una gran concentración en Madrid, distribuidos en tres columnas que han
confluido en la Plaza Mayor, una vez atravesadas las calles de la capital,
50.000 manifestantes de CC.OO. y UGT se han movilizado para exigir que la
crisis no la paguen las personas que trabajan y que la CEOE se siente a
negociar un Acuerdo general que garantice una cláusula de revisión salarial que
palie la inflación que está generando una importante pérdida de poder
adquisitivo en los salarios.
La situación económica frente a
la cual se movilizan los sindicatos más representativos a nivel estatal queda
muy bien resumida en una serie de tuis que ha efectuado Carlos Martín
Urriza, responsable del Gabinete Económico confederal de CC.OO. En efecto,
como afirma sintéticamente:
“Los márgenes empresariales se
disparan tras la pandemia hasta el 10,1% sobre ventas según la estadística de
Ventas, Empleo y Salarios en las Grandes Empresa y PYMEs de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria (AEAT). El origen de la inflación no es solo
exterior hay una fuerte componente interna en los beneficios de las empresas.
Por el contrario, los salarios
sufrirán una pérdida histórica en su poder de compra en 2022. Los salarios
reales que se cobrarán este año serán un 12,8% inferiores a los de 2008 por
realizar el mismo trabajo. Esta pérdida aboca a la economía española a la recesión
y la destrucción de empleo si no se pone coto al crecimiento disparado de los
márgenes de beneficio: elevando los salarios en la negociación colectiva,
estableciendo precios máximos en bienes básicos y elevando la fiscalidad de los
sobre beneficios de las empresas”.
La movilización es clave en este
proceso, porque pretende forzar la adopción de un acuerdo general, a nivel
estatal, que posibilite su recepción en cascada en los sucesivos convenios
colectivos. Por el momento, la situación es desigual, con importantes conquistas
a partir de conflictos muy sostenidos por la mayoría de los trabajadores tanto
a nivel de sector – los convenios de industria de Ourense, de Vizcaya, de
Asistencia a domicilio de Asturias y tantos otros - como a nivel de empresa – Repsol, Airbus – pero
con muchos convenios por firmar que
requerirán una fuerte participación de las personas afectadas por el convenio
para lograr un incremento salarial razonable, junto con algunos otros
supuestos en los que los sindicatos han preferido cerrar el contencioso en
términos muy deficientes y sin cláusula de revisión ante la incapacidad de la organización
de impulsar la participación activa de los y las trabajadoras en una
movilización que incida en el tema salarial como eje de la negociación.
Felizmente, este empuje sindical coincide
con un panorama económico relativamente estable en estos tiempos de
incertidumbre. Los últimos datos sobre el empleo son muy positivos, aún con el
dato de casi tres millones de parados. La Seguridad social sigue sumando nuevos
afiliados hasta la cifra de 20.240.450
afiliados, una dinámica que se mantiene al alza por 18º mes consecutivo, y el paro
baja en octubre en 27.027 personas, el mayor descenso de este mes en la serie
histórica, y disminuye en todos los sectores. La reforma laboral sigue
mostrando su vigencia, de manera que el 45,75% de los contratos registrados en
este mes fueron indefinidos. Éstos se dividen, en cuanto a la duración de su
jornada, en 263.759 a tiempo completo, 173.742 a tiempo parcial y 259.834 fijos
discontinuos. En términos acumulados, los contratos indefinidos a tiempo
completo alcanzan de enero a octubre de este ejercicio un total de 2.534.409,
un aumento de 1.527.262 (151,64%) que en igual periodo del año 2021. Los
contratos indefinidos a tiempo parcial suponen un total de 1.484.660,
registrando un aumento de 1.047.402 (239,54%) en relación al mismo periodo del año
anterior. Frente a ello, los contratos de carácter temporal registrados en el
mes de octubre de 2022 han sido 826.804, representando el 54,25% del total. Son
867.284 (-51,19%) menos que el mismo mes del año 2021. Según los datos
facilitados por el Ministerio de Seguridad Social, en lo que va de año, se han
reducido en más de 2,8 millones los afiliados con contratos de menos de 30 días
y se ha incrementado en 48 días la duración media del total de contratos que
han causado baja en estos 10 meses en comparación con el mismo periodo de 2019.
Y el número de trabajadores en ERTE se estabiliza en torno a las 17.000
personas, con tendencia al descenso.
En este contexto, es evidente que
un acuerdo central a nivel estatal que incluyera una cláusula de revisión
salarial en varios tiempos, facilitaría la estabilidad económica y aseguraría la
recuperación económica incluso en un momento como el actual muy complicado e
inseguro. La CEOE se opone a ello y cada vez es más evidente que son razones
externas las que guían su negativa. Se trata de la presión política que está
sufriendo el presidente de la CEOE, que tiene que revalidar su posición en las
elecciones del 23 de noviembre próximo, por parte de las federaciones y
asociaciones empresariales más comprometidas con el Partido Popular que quieren
impedir a toda costa un pacto que facilite la gobernanza de la negociación colectiva
y por consiguiente que sea funcional al mantenimiento de una cierta recuperación
económica, unido a la codicia corporativa extrema de grandes firmas que se
están enriqueciendo de manera exponencial – bancas y empresas de energía – con la
crisis derivada de la guerra de Ucrania. Por ello, el conflicto es inevitable y
los sindicatos se verán obligados a ir poniendo en práctica una estrategia
articulada de huelgas y movilizaciones por sectores y empresas que no permitan
a las empresas instalarse en este espacio de preservación de ganancias
desaforadas en la crisis y de apoyo activo a las posiciones de hostilidad plena
frente al gobierno del Partido Popular, una estrategia que si no se modifica
después de las elecciones en el seno de la CEOE, puede llevar a esta organización
a intentar administrar un plan de conflicto social no deseable y a una
marginación en su capacidad de mediación frente a decisiones del poder público
muy incisivas.
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