UNA IMPORTANTE RESOLUCIÓN DE NACIONES UNIDAS SOBRE LA ECONOMÍA SOCIAL

 

Cuando se habla de economía – mundo solo se tiene en mente la economía del libre mercado, actualmente financiarizada y con una fuerte pulsión a la especulación y a la codicia corporativa de las grandes empresas. Se olvida que existe una porción importante de la economía que no se sitúa en estas coordenadas. Es la llamada economía social o economía social y solidaria  que se define como un modo de hacer economía, organizando de manera asociada y cooperativa la producción, distribución, circulación y consumo de bienes y servicios. Una economía que quiere organizar las relaciones de producción y de distribución por el principio de solidaridad y no sobre la base de la obtención del beneficio económico. Por eso es conocida como “tercer sector”, a medio camino entre el sector privado de la empresa capitalista y el sector público, cada vez más reducido y contraído.

Entre nosotros, tras la reordenación ministerial que trajo consigo el acuerdo de gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, se produjo la separación entre Trabajo y Seguridad Social, y mientras que éste último añadía a sus competencias Inmigración e Inclusión Social, el Ministerio de Trabajo incluyó en su radio de acción el de la Economía Social. En la estructura burocrática de éste se incluyó una Dirección General denominada “del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas”, que ha desempeñado desde el inicio la profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Autónoma de Madrid Maravillas Espín, que ha desarrollado un trabajo impresionante en este ámbito no muy atendido ni por la opinión pública ni desde luego por los medios de comunicación pública.

Una prueba evidente de lo anterior lo suministra el (relativo) escaso interés mediático que ha recibido un hecho internacionalmente muy importante, y es el de que Naciones Unidas adoptaran por unanimidad una resolución sobre la Economía Social y Solidaria a iniciativa de España. La Resolución enlaza con una reciente resolución de la Organización Internacional del Trabajo relativa al trabajo decente y la economía social y solidaria, aprobada en junio de 2022, en la que reconoce que “la economía social y solidaria engloba a empresas, organizaciones y otras entidades que realizan actividades económicas, sociales y medioambientales de interés colectivo o general, que se basan en los principios de la cooperación voluntaria y la ayuda mutua, la gobernanza democrática o participativa, la autonomía y la independencia, y la primacía de las personas y el fin social sobre el capital en la distribución y el uso de los excedentes o los beneficios, así como de los activos, que las entidades de la economía social y solidaria aspiran a la viabilidad y la sostenibilidad a largo plazo y a la transición de la economía informal a la economía formal, y operan en todos los sectores de la economía, que ponen en práctica un conjunto de valores que son intrínsecos a su funcionamiento y acordes con el cuidado de las personas y el planeta, la igualdad y la equidad, la interdependencia, la autogobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas, y el logro del trabajo decente y de medios de vida dignos, y que, en función de las circunstancias nacionales, la economía social y solidaria comprende cooperativas, asociaciones, mutuales, fundaciones, empresas sociales, grupos de autoayuda y otras entidades que operan según sus valores y principios”.

La Resolución alienta a los Estados Miembros a que promuevan y apliquen estrategias, políticas y programas nacionales, locales y regionales para apoyar y potenciar la economía social y solidaria como posible modelo de desarrollo económico y social sostenible, así como a las entidades pertinentes del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, incluidos los equipos de las Naciones Unidas en los países, a que presten la debida atención a la economía social y solidaria como parte de sus instrumentos de planificación y programación, en particular el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, y finalmente también a las instituciones financieras multilaterales, internacionales y regionales y a los bancos de desarrollo a que apoyen la economía social y solidaria, incluso a través de los instrumentos y mecanismos financieros existentes y de otros nuevos que se adapten a todas las etapas de desarrollo. El Secretario General se compromete a elaborar un informe sobre la base de esta Resolución e incluir este tema en el próximo período de sesiones dentro del epígrafe dedicado al “Desarrollo Sostenible”.

La formalización de la presentación de esta Resolución se produjo el martes 18 de abril, con la intervención de la Vicepresidenta y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la sede de la ONU en Nueva York. Emma Rodriguez, que es como se sabe una de las personas que alimentan el presente blog, ha enviado para su publicación en el mismo, a petición de su titular, la siguiente nota informativa sobre este tema que se inserta a continuación.

 

PRIMERA RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU EN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

Emma Rodriguez

El 18 de abril la Vicepresidenta Segunda, Yolanda Díaz, realizó visita oficial a Naciones Unidas Nueva York, con motivo de la adopción de la primera resolución de la Asamblea General de la ONU sobre Economía Social y Solidaria, promovida por España. Así, la Vicepresidenta intervino en la sesión plenaria de la Asamblea General en la que se adoptaba la resolución, en calidad de Estado proponente de la iniciativa.

Aunque la idea de una Resolución de la ONU fue sugerida por primera vez en 2016 y defendida desde entonces por el grupo de trabajo de Economía Social de Naciones Unidas, UN Task Force, no ha sido hasta 2022 cuando la negociación ha comenzado con un claro liderazgo español, a instancias de esta Vicepresidencia y Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En julio de 2022, con motivo de la visita oficial de la Vicepresidenta a Naciones Unidas, España organizó un evento de alto nivel para lanzar la iniciativa en Nueva York buscando identificar al grupo de países interesados en presentar junto a nuestro país la resolución en la Asamblea General.

Este grupo de países fue constituido en septiembre con Argentina, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Costa Rica, Eslovenia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Mongolia, Portugal, República Dominicana y Senegal. De éstos, los co-facilitadores del proceso de redacción y negociación de la resolución han sido Senegal, Chile y España. El grupo ha estado trabajando estos meses y ya en diciembre se alcanzó un primer borrador de resolución, que tras sucesivos intercambios ha sido presentado para su adopción en la Asamblea General de Naciones Unidas, el 18 de abril.

La Resolución incluye una definición universal y comúnmente acordada de la economía social y solidaria, consagrando así el concepto en el ámbito de Naciones Unidas. En palabras de la propia Vicepresidenta: “Definir universalmente el concepto de economía social y solidaria y consagrarlo en el ámbito de Naciones Unidas, es fruto de un trabajo colectivo que avanza en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 mejorando las herramientas para encarar los grandes desafíos que la humanidad tiene ante sí: la reducción de las desigualdades y la protección de nuestro planeta.”

El texto ofrece además una visión positiva del sector como modelo alternativo con capacidad de crear empleo de calidad, que entronca especialmente bien con los principales objetivos de la ONU (desarrollo sostenible, inclusión o solidaridad con los más vulnerables). La Vicepresidenta destacó la propia experiencia de España en este sentido: “Avanzar en una economía más participativa, más democrática, más comunitaria y más resistente a las crisis nos permite sentar las bases para mejorar la vida de la ciudadanía, incluso cuando la incertidumbre nos acecha. Las soluciones de la economía social, en las que ha profundizado el Gobierno de España, nos han demostrado que es posible superar un sistema económico despiadado, sin alma, que se funda en los recortes, el olvido de las personas más vulnerables y que está anclado en la desigualdad”.

Asimismo, en la parte operativa, la Resolución anima a los Estados Miembros y organizaciones internacionales a incluir la economía social y solidaria en sus planes nacionales y documentos marco y, finalmente, solicita informe a la Secretaría General de la ONU para volver a tratar este asunto en dos años.

Como país que presentaba la iniciativa, correspondió a la Vicepresidenta Segunda realizar la intervención de presentación y exposición de la iniciativa, tras cuya intervención, el Presidente de la Asamblea General de la ONU, el húngaro Csaba Kőrösi, solicitó la adopción de la resolución que se aprobó por consenso sin que ningún país miembro exprimiera desacuerdo u opinión desfavorable.

En definitiva, un paso importantísimo en un nuevo modelo social, no sólo laboral, como afirma la propia Vicepresidenta: “(…) la economía social ha logrado desmentir el interesado tópico de que el desarrollo económico de un país debe sacrificar, inevitablemente, unos ideales de justicia e igualdad que, muy al contrario, deben estar en el núcleo de nuestros sistemas políticos y económicos. Las cosas, lo hemos comprobado, pueden hacerse de otra manera”.