PREGUNTAS ELECTORALES (V) ¿PARA QUÉ SIRVE CONOCER LOS PROGRAMAS ELECTORALES?

 

En el mundo de la democracia liberal, conocer el proyecto de sociedad que planteaban los partidos políticos que concurrían a las elecciones era un elemento fundamental porque permitía la opción libre y consciente por parte del ciudadano de las coordenadas sociales y económicas dentro de las cuales se iba a mover el partido al que se le daba el voto. La elección de representantes era asimismo una elección de la articulación concreta de un proyecto de sociedad a través de la afirmación de una serie de líneas maestras recogidas en los programas de los partidos. El mecanismo requería por tanto la información previa al conjunto de la ciudadanía del marco ideológico y de la propuesta de intervención de cada formación política que se presentaba al escrutinio popular y a la que se comprometía si llegaba a obtener la mayoría parlamentaria que le permitiera formar gobierno en solitario o en coalición con otras fuerzas afines mediante un acuerdo programático.

Este proceso a través del cual se perfeccionaba la representación política que daba sentido a la participación ciudadana en los asuntos públicos y en la formación del interés general, como señala el art. 23 de la Constitución española, permitía asimismo que para determinados sectores de población lo importante del programa electoral de los partidos era el referido a las medidas que habían de adoptar en relación con sus intereses más próximos, tanto en su relación con el trabajo y su situación social como en lo relativo a las demandas que surgían del territorio en el que desplegaban su existencia social. Este interés específico tenía que ver con su posición de clase, en su doble determinación a través del trabajo y de la subordinación en la que este hecho fundamental les colocaba – con la posición de doble explotación en el caso de las mujeres y su trabajo “donado” en los cuidados reproductivos – y del territorio en el que se desarrollaba su existencia social, la vivienda, el cuidado de la salud y de la educación, el ambiente. La presencia de partidos políticos que basaban su estrategia fundamentalmente en la ampliación de los derechos laborales y sociales como eje central de su actuación democrática revalorizaba ese aspecto propositivo que en cada cita electoral debía ser renovado pensando en el colectivo de personas que se podrían sentir representadas por su programa.

Durante bastante tiempo este aspecto programático quedó relegado con el bipartidismo y el turno de los dos grandes partidos que se confrontaban fundamentalmente sobre la base de lo realizado en el período existente entre elecciones, sin que por otra parte hubiera una gran diferencia en los grandes temas de la política económica, centrados en el arco que va de la flexibilización a la flexiseguridad de las relaciones de trabajo. A partir de la participación en la guerra de Irak y los atentados del 2004, las diferencias se centraron principalmente en el terreno de las libertades públicas y los nuevos derechos civiles, en donde la fuerza del feminismo y de los grupos LGTBI forzaban políticas de la diversidad. Sin embargo, el ciclo de la crisis financiera del 2010 al 2013 acabó por homologar las decisiones de gobierno bajo el paraguas de las políticas de la austeridad, con escasas diferencias de grado, y que condujo a una modificación constitucional de enorme trascendencia en materia de gasto social, a la devaluación salarial generalizada y a la contracción de las prestaciones de seguridad social en especial de jubilación.

La irrupción de Podemos a partir del 2014 como partido que se declaró heredero del movimiento 15M generó una corriente que cuestionaba el sistema de representación política hasta el momento dominante e impulsaba una fase del debate político y electoral en la que se impugnaba “el régimen del 78”, y que venía a sustituir la idea del programa de gobierno por la de proceso constituyente como significante potente de una transformación profunda de la propia estructura constitucional. La conventio ad excludendum de Podemos respecto de la posibilidad de intervenir en el gobierno de la nación y el agotamiento de esta fase mediante la derrota del procès que en paralelo había sostenido tanto el independentismo como el soberanismo catalán, combatido con la fuerza de los aparatos de Estado y de tres de los cuatro grandes partidos que habían ido conformándose en estos turbulentos años, resituó el instrumento del programa de gobierno como un elemento importante dentro de la estrategia de los grupos alternativos, en el marco de la discusión del 2019 en torno a la posibilidad o no de un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. La situación de excepción provocada por la pandemia y la declaración del estado de alarma sustituyó una parte de este programa por la elaboración de medidas de amortiguación del riesgo social sobre el empleo, a través de un importante esfuerzo económico que consiguió salvar millones de empleos y garantizar derechos a las personas que vivían de su trabajo en el marco de un continuado proceso de diálogo social. El proceso posterior de recuperación a pesar de la nueva crisis producida por la guerra en Ucrania, se ha revelado sólidamente afincado en los datos sobre empleo, seguridad social y crecimiento económico.

Esta es la realidad de la que se parte ante las elecciones del 23 de julio. En ellas, por tanto, el bloque de partidos que está en el gobierno junto con sus aliados provisionales en las mayorías parlamentarias tienen interés en defender ante la población los logros que, precisamente en el terreno socio-económico han conseguido y en el caso de la izquierda del PSOE reunida por vez primera, con todas las dificultades que este proceso encierra, en torno a SUMAR, se subrayan con énfasis los objetivos conseguidos en materia de derechos laborales individuales y colectivos y la mejora del sistema de pensiones. Conscientes de que la defensa de lo realizado no es suficiente, el programa electoral vuelve a tener una relevancia muy significativa en cuanto indica el rumbo que se tiene que seguir en los próximos cuatro años si la mayoría de la población opta por continuar por la senda de reconocimiento de derechos y profundización de la democracia. Para SUMAR además el proceso de confección del programa ha sido cuidado de manera especial a través del proceso de escucha en el que han participado más de mil personas en 35 grupos de trabajo, debatiendo y exponiendo sus conclusiones que luego han sido extractadas en un borrador de programa debatido a su vez con los partidos políticos que conforman la coalición hasta llegar a su formulación definitiva.

El programa de SUMAR no se ha desprendido por tanto de su característica originaria y su razón de ser: plantear propuestas para el debate de la ciudadanía, de manera que el período electoral sirva efectivamente para conocer y discutir el proyecto de sociedad con el que el movimiento SUMAR, liderado por Yolanda Diaz, se compromete en un futuro gobierno de la nación. Todas las medidas que se van desgranando – y que en una estrategia comunicativa clásica, se dan a conocer paulatinamente en sucesivos encuentros con la gente que acude a los actos de SUMAR o en las entrevistas a sus líderes – persiguen no tanto una promesa que agrade o cautive a un sector de la población cuanto una medida que pueda resultar sugerente y atractiva como forma de pensar un modelo de sociedad democrática más cercano a la participación ciudadana y a la extensión de los derechos de las personas que viven de su trabajo, incluyendo desde luego la presencia fundamental de las representaciones colectivas y de la acción colectiva en su determinación concreta.

Frente a esa propuesta ideológica y política sobre el programa electoral, el tándem del Partido Popular y de VOX parten de un planteamiento muy diferente. Ante todo, se mueven en una descalificación general del gobierno y de su presidente sobre bases puramente emocionales y de reproche moral. Se le niega la legitimidad democrática y se sustituye por una desautorización de las estructuras de poder sobre la base de la deslealtad con la que estas han funcionado respecto del pueblo español. Apoyados por una fuerte cobertura mediática, que llega a los propios medios de comunicación públicos, y por una hábil estrategia de mentiras y noticias falsas en las redes sociales, luego amplificadas por la propia prensa afín, han instalado en una buena parte de la población la conciencia de que es preciso un cambio de personas en el gobierno, sin que sea necesario indicar cual es el cambio de políticas que se pretende. Esa línea estratégica ha causado un fuerte impacto, tal como señalan las encuestas y esa es la razón por la que el líder del Partido Popular se niega a los debates a cuatro, exige uno solo frente al presidente del gobierno, en una afirmación simbólica de bipartidismo que es desmentida por su acuerdo estable con la extrema derecha para poder formar gobierno, como por otra parte los pactos en cadena en las comunidades autónomas y ayuntamientos están poniendo de manifiesto.

De esta manera el programa electoral para el Partido Popular no es conveniente. De hecho su líder afirma y niega sobre el mismo tema, confirma y rechaza a la vez sobre varios aspectos de manera que nunca pueda realmente concretarse un programa claro más allá de algunos elementos comunes con las peticiones del post/neo fascismo de Vox. Esta formación sin embargo ha optado por publicar un programa claramente inconstitucional en muchas de sus propuestas, pero esta claridad expositiva funciona más como un salvavidas para el PP – que permite a este partido diferenciarse formalmente de su partner político y aparecer como la derecha moderada sobre la indeterminación de sus propuestas – que como un programa de máximos que se deberá negociar en el momento de formar un gobierno de coalición entre ambas fuerzas en el caso de obtener la mayoría parlamentaria requerida.

En ese contexto, ¿cuál es la función del programa electoral que se esconde o se presenta de manera irrealizable para una gran parte de la ciudadanía? Y, considerando la cuestión desde otro lado, ¿cuál es la posibilidad de que se conozca el propio programa electoral por una gran parte de los ciudadanos si los debates públicos entre las fuerzas políticas que se posicionan radicalmente en contra, como el tándem PP-Vox, no se van a realizar en ninguna cadena de cobertura nacional? La cuestión es especialmente grave y discriminatoria respecto de las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE agrupadas en SUMAR, a las que se priva de la posibilidad de debatir su programa, extraordinariamente participado, frente a los que sostienen las otras fuerzas políticas y especialmente frente a lo que podrían mantener los lideres del bloque de la derecha y la extrema derecha. Obrando de esta manera, se impide conscientemente que una gran mayoría de personas puedan informarse del proyecto de sociedad que se dilucida en esta convocatoria electoral conscientemente por tanto puedan elegir la opción que les parezca más oportuna en función de las propuestas que se exponen a su escrutinio. Pero las respuestas a las cuestiones así planteadas conducen a la crisis real de los mecanismos de decisión y de participación política que ofrece nuestro sistema y que requerirían – más pronto que tarde – una reformulación radical si se quiere preservar el mecanismo de la representación de la ciudadanía en la formulación del gobierno de un país.